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En escasos dos días, el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y la disidencia que ahora se autodenomina Estado Mayor de Bloques, bajo el mando de Calarcá Córdoba, que se mantiene en el proceso de paz, cumplirá un año desde su instalación y terminará su vigencia. Sin embargo, todo en la mesa apunta a que esa prórroga sucederá, al parecer, por un periodo de seis meses.
Esa medida, que desde ya es un pedido de las comunidades por los alivios humanitarios que significa para los territorios, ha tenido sus altos y bajos en el año que lleva vigente, y ha dejado algunos otros hechos que están siendo investigados.
A finales de 2022, el presidente Gustavo Petro decretó un cese al fuego conj varias estructuras, entre ellas esta disidencias. Sin embargo, en mayo de ese año, el presidente tomó la decisión de una una suspensión parcial del cese en cuatro departamentos: Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta por el reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas del pueblo Murui en Putumayo.
Tras ese suceso y varios meses de congelamiento del proceso, ambas partes se sentaron para acordar la instalación de la mesa de diálogos de paz en la que discutieron, principalmente, la necesidad de un cese al fuego bilateral. A partir de ese momento se comenzaron a dar los pasos necesarios como la suspensión de acciones ofensivas, tanto por parte del Gobierno como por parte del grupo armado, hasta que el 16 de octubre de 2016 se instaló en Tibú la negociación con la disidencia, que para ese entonces se autodenominaba Estado Mayor Central e incluía a la fracción de Iván Mordisco que abandonó el proceso en marzo de este año. En ese momento, la mesa arrancó con cese al fuego a bordo.
En un evento en Tibú, Norte de Santander, se anunció la esperada medida de carácter bilateral y nacional que se extendió por tres meses, hasta el 15 de enero de 2024, con posibilidad de una prórroga. El decreto, que fue firmado por el presidente Gustavo Petro con cuatro horas de retraso, tenía también dentro de sus objetivos el respeto a la vida de grupos de especial protección, incluidos los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, promoción de la participación de la sociedad en el proceso, permitir el desarrollo de las elecciones regionales del 29 de octubre y crear las “condiciones para el cumplimiento de los acuerdos territoriales”.
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Sin embargo, ese cese al fuego también arrancó con polémicas a su alrededor. Por ejemplo, un mes después de las elecciones de ese año, este diario conoció que entre el Gobierno y la disidencia existía un acuerdo para sacar al Ejército de El Plateado, Cauca, el mayor fortín del grupo armado en el corazón del Cañón del Micay, durante la época de los comicios. En ese momento, El Espectador confirmó que el 26 de octubre de 2023 se firmó un pacto con las disidencias de Iván Mordisco con el compromiso de que las tropas salieran del casco urbano el 1º de noviembre.
Esa acción, más allá de poner en duda lo que se pactó en la mesa, también iba en contra de lo estipulado en la Ley de Paz Total, donde se especifica que las regiones de paz ‘no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública’.
Ese fue un episodio que se sumó a una serie de pasos en falso, pues apenas 20 días después de la instalación oficial del proceso, el 5 de noviembre el grupo armado anunció que se suspendía el escenario de negociación, pero se mantenía el cese al fuego. El pronunciamiento se dio unas horas después de que se conociera sobre la retención de unos 200 militares que estaban en la zona. Aunque en el comunicado del 5 de noviembre, el EMC no hizo una mención directa a El Plateado, apartados del documento sí indicaba que la tensión por el control era el punto de discordia.
“Los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso; sin embargo, la respuesta ha sido incrementar el pie de fuerza, copando todos los espacios que las partes nos comprometimos en desocupar, demandando en ellos una actuación contraria a los acuerdos adoptados”, sostuvo la disidencia.
Para el cuarto ciclo, la participación de Alexander Díaz Mendoza, Calarcá Córdoba, como delegado de la mesa ya era una realidad. Ese ciclo finalizó con normalidad e incluso se llegaron a varios acuerdos, como las transformaciones territoriales en Caquetá, Meta, Guaviare y Catatumbo. Además, se fijaron líneas para una agenda.
Sin embargo, 10 días después de concluir, el 17 de marzo de 2024 y previo a una reunión extraordinaria en el Cauca que justamente quería tratar las diferencias que empezaron a surgir entre los frentes de ese departamento y los otros, la disidencia de Mordisco atacó a indígenas en el Cauca, lo que fue considerado por el presidente Petro como una violación al cese al fuego que se pactó por seis meses. En ese ataque, murió la mayora Carmelina Yule Paví.
Ese episodio de violencia provocó la suspensión del cese al fuego con la disidencia en tres departamentos: Valle, Nariño y Cauca. Además, marcó, en parte, el inicio de la crisis al interior de la disidencia hasta ese momento comandada por Mordisco.
Ese 17 de marzo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, firmó un decreto que ordenaba “la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 00:00 del día 20 de marzo de 2024 en contra de las estructuras del Estado Mayor Central” en los tres departamentos.
El tercer ciclo entre ambas partes arrancó el 9 de enero con la principal tarea de evaluar la prórroga del cese al fuego que vencía el 15 de enero. Fue la primera vez que se pactó un cese al fuego por seis meses y fue la primera vez que Otty Patiño, en su papel de comisionado de paz, participó en un ciclo con la disidencia.
“Hemos acordado prorrogar el cese al fuego bilateral a partir del 16 de enero de 2024 y hasta el 15 de julio de 2024, el cual podrá ser prorrogado previa evaluación de las partes”, dice en el documento.
Con dicha resolución, el cese al fuego estaba cubierto con la ampliación de su vigencia, pero fue justo cuando comenzaron las fracturas internas en la disidencia.
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En medio de semanas agónicas, el Gobierno y la disidencia tuvieron una reunión extraordinaria en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 5 de abril, donde se acordó darle continuidad a los diálogos, avanzar en las transformaciones territoriales e incluso se pactó una fecha tentativa para el desarrollo del siguiente ciclo en Ocaña.
En el comunicado las partes afirmaron que tras evaluar las “situaciones críticas”, así como las dificultades con la suspensión parcial del cese al fuego regional, se “acordó continuar con los diálogos”. Sin embargo, a esa reunión extraordinaria no asistieron los negociadores del Cauca ni de Arauca. De hecho, algunas voces del Estado Mayor Central afirmaron que esa reunión no tenía el aval de la dirección general. Esa inasistencia comenzó a develar las fracturas internas en la disidencia.
A la cita llegó Alexander Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba, hombre cercano a Mordisco; Andrey Avendaño, exjefe de la delegación del Estado Mayor Central y hombre fuerte del Catatumbo, y representantes de la estructura Carolina Ramírez que opera en Putumayo y que está adscrita al EMC. Sobre las ausencias, concretamente se hablaba de los representantes de los bloques y frentes de Cauca -que también tienen incidencia en Nariño- y los Arauca (Willy Romero).
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El 16 de abril, Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno en los diálogos, confirmó lo evidente: la salida de la mesa de diálogos de Iván Lozada, también conocido como Iván Mordisco. “Iván Lozada está fuera de la mesa”, dijo González.
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Un mes después, el Ministerio de Defensa lanzó la “Misión Cauca”, un plan para recuperar el orden territorial en esa región y frenar la escalada de violencia en esa zona del país a causa de los ataques de la disidencia de Mordisco.
Mientras tanto, los diálogos con las otras fracciones de la disidencia continuaron andando. El 9 de julio se dio inició al quinto ciclo con la participación de menos de la mitad de las estructuras del EMC, (los frentes de Cauca, Nariño, Valle y Amazonía, que sumarían el 53% del grupo) y pese a hechos de violencia, el Gobierno reactivó los diálogos con esa disidencia.
Uno de los episodios más repudiado fue el desplazamiento de firmantes de paz del ETCR Miravalle luego de que un frente del Estado Mayor Central comandado por ‘Calarcá Córdoba’, envió un panfleto en el que amenazaba a la comunidad y le daba un ultimátum de 40 días para abandonar el lugar, ubicado en el municipio de San Vicente del Caguán. Los firmantes de paz de Miravalle son reconocidos por su apuesta de ecoturismo, que en los últimos años movilizó a más de 3.000 visitantes a la región. Allí nació Remando por la Paz, un grupo de rafting integrado por excombatientes y vecinos del ETCR que ha representado a Colombia en los mundiales de esta disciplina en Australia e Italia.
Otro episodio más reciente fue la polémica por el uso de camionetas de la Unidad Nacional de Protección por miembros de algunas facciones del EMC, episodio que incluyó un jefe disidente a bordo de una camioneta de la UNP con una orden de captura vigente -algo en contra de los protocolos- y varios elementos hallados dentro del vehículo, como dinero, dos armas, balas y un cargador, que también violan lo establecido en las normas de este tipo de vehículos de protección.
Pese a ello, el 16 de julio el Gobierno y la disidencia de Calarcá extendieron el cese al fuego por tres meses más, hasta el 15 de octubre. Ad portas de que se venza esa medida que cumple su primer año de funcionamiento, el ambiente en la mesa es positivo y se espera que se prorrogue por seis meses más.
* Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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