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La mayoría de los miembros de la comunidad de Chimborazo pensaron que no iban a sobrevivir. Hace 23 años, cuando los grupos armados de paramilitares tomaron el control de su territorio, se enfrentaron a una violencia indiscriminada que produjo cientos de desplazamientos forzados, amenazas, asesinatos, secuestros y violaciones de niños, niñas, mujeres y hombres.
“Acá ocurrieron todos los hechos victimizantes, menos el de minas antipersonales. De resto, sufrimos todo”, cuenta Beatriz García Lechuga, lideresa de la Fundación FUNDAPAR, que reúne a 112 familias del proceso de Chimborazo.
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FUNDAPAR nació 10 años después de que esta comunidad entera fue desplazada por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tuvieron que abandonar sus fincas en la vereda Tierra Nueva del municipio de Pueblo Viejo, ubicado en el Magdalena, al norte de Colombia. Tras una década lejos de sus tierras y separados de sus vecinos, se unieron para exigirle al Estado que los repare y garantice la restitución de sus predios.
Se trata de una lucha que están adelantando decenas de organizaciones en la región Caribe, varias de las cuales están aglomeradas en la Comisión de Seguimiento a la Política de Reparación Colectiva de Montes de María y el centro del Magdalena (CECCMA).
Esa organización social, apoyada por el Programa de Participación y Reparación Colectiva de las víctimas, de USAID e implementado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), se ha consolidado como una red de colaboración de víctimas para hacer labores de incidencia, prevención y protección de violencias, ejercicios de memoria histórica y reclamación de derechos.
En el departamento del Magdalena, uno de cada tres habitantes está registrado como víctima (527.413 personas, según las cifras de la Unidad para las Víctimas). El panorama es similar en los otros dos departamentos de donde provienen el resto de integrantes de la CECCMA: Bolívar (721.066 víctimas) y Sucre (328.056).
Allí, en la subregión de los Montes de María, el Programa CODHES-USAID empezó a trabajar hace más de ocho años con las organizaciones étnico campesinas que conforman algunos de los sujetos de reparación colectiva más emblemáticos del país: El Salado, Chengue, Seis Veredas, Alta Montaña, entre otros, que siguen luchando por el cumplimiento de sus derechos.
Hoy, el mayor logro de la comunidad de Chimborazo fue recibir la resolución de entrega de sus predios, después de cinco años esperando que se diera cumplimiento a una sentencia de restitución de tierras del Tribunal de Cartagena.
“Yo lloré de alegría porque ya tenemos esa resolución que garantiza nuestro derecho al acceso a tierras. Estamos dispuestos a volver al campo, a trabajar y producir no solamente para el campesinado, que tiene tanta necesidad, sino también para darle una nueva oportunidad a nuestras comunidades”, afirma Beatríz.
Para la lideresa, el trabajo conjunto con la CECCMA ha generado grandes avances en el fortalecimiento de su organización y la incidencia ante el Estado:
“En medio de tantas reuniones, nos dimos cuenta de que era necesario unirnos para compartir cómo hemos enfrentado los procesos colectivos en cada departamento y aprender el uno del otro. Es más, de no ser por un encuentro que tuvimos en Cartagena, en el que reclamamos por el cumplimiento de nuestra sentencia, ese proceso seguiría durmiendo y no nos habrían entregado la resolución que nos otorga el acceso a la tierra”.
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En este camino para alcanzar la restitución, también se ha avanzado en la garantía de otros derechos. En uno de los primeros proyectos del Programa CODHES-USAID con el proceso de Chimborazo, a través del acompañamiento psicosocial y de fortalecimiento organizacional, más de 40 miembros de la comunidad se empoderaron para hacer su declaración como víctimas de violencia sexual y decirle al Estado que los hombres también sufrieron este crimen.
Poco a poco, la comunidad empezó a dar pasos para sanar las heridas de la victimización. Con el tiempo, esas más de 100 familias que en su momento fueron obligadas a dispersarse casi hasta perder contacto, se fueron uniendo y empezaron a trabajar por reconstruir el tejido social que los grupos armados fracturaron.
“Otro de los logros que gracias al apoyo de USAID pudimos alcanzar fue haber regresado a la zona de la que fuimos desplazados y rescatarnos como campesinos”, dice Beatríz.
Después de retornar a su región de origen y reencontrarse con sus familiares y vecinos, empezaron a registrar sus memorias.
De la mano del Programa han realizado y presentado una serie de informes dirigidos a las entidades del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición que surgieron en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP en 2016. Algunos de estos aparecen citados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Se trata de un ejercicio que llena un vacío de información en esta región sobre la que pocos académicos e investigadores han puesto la lupa, a pesar de las graves afectaciones por cuenta del conflicto.
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Ahora, después del desplazamiento, las familias empiezan a planear qué frutos cosechar en sus fincas y cómo constituir empresas comunitarias para transformar sus cosechas e impulsar el desarrollo de la región. Beatriz, que hace poco cumplió 60 años, ya tiene una imagen de su vida en esa tierra: “Yo me sueño trabajando el campo, viviendo allá con mis nietos y criando mis gallinas para poder invitar a las visitas a un sancocho 100% natural”.