Chocó busca un desarrollo sostenible

Un día después del cierre de la mesa de negociaciones en La Habana, los municipios de Bahía Solano, Nuquí y Juradó, en el Chocó, hicieron la primera mesa étnico-territorial para que las comunidades les mostraran a representantes del Estado sus propuestas de desarrollo territorial. En el evento participaron las tres alcaldías municipales, cuatro ministerios, la Gobernación del Chocó, consejos comunitarios, cabildos indígenas y asociaciones de campesinos.

Todo esto se desarrolló en el marco del proyecto Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, del Ministerio de Agricultura, y con apoyo de la Unión Europea (UE). “El proyecto se articula con otros ministerios, como el de Comercio, Industria y Turismo, para que la oferta nacional que resulte sea integral, coherente y articulada”, explica Johny Ariza, oficial de Cooperación de la UE. Durante dos días, los habitantes del territorio explicaron sus logros y los retos que enfrentan de cara a la implementación de los acuerdos de La Habana.

Uno de los logros que más enorgullecen a los habitantes de la subregión costera es haber conseguido que, desde 2008, el Gobierno asignara 2,5 millas náuticas del Pacífico sólo para pesca artesanal y una zona especial de manejo pesquero de 12 millas. Esto quiere decir que los pescadores que trabajen en esa zona deben cumplir estrictos parámetros ambientales.

Esa estrategia de protección del ecosistema marino nació de la comunidad y les tomó 15 años materializarla. Ahora, ocho años después, las asociaciones de pesca notan que el coral rocoso que abunda en la zona está más sano, los peces son más grandes y los pescadores tienen ingresos más estables.

Usando esta experiencia exitosa como ejemplo, la comunidad se unió e hizo una lista de propuestas conjuntas para mejorar su industria pesquera, turística y agropecuaria basándose en su conocimiento ancestral del territorio. Esta visión interétnica es vital en el Chocó, donde, según el último censo del DANE, el 95 % de la población es afrocolombiana o indígena. “Nosotros somos gente del mar y de los ríos. De ellos depende nuestra vida. Nuestra visión del mundo ha ayudado a preservar los ecosistemas y por eso el Estado debe reconocer nuestro conocimiento ancestral”, dice Alberto Áchito, alcalde embera de Juradó. El municipio, que colinda con Panamá, sufrió dos tomas armadas, una de las Farc (en 1987) y otra de las autodefensas (en 1999). Estos episodios violentos hicieron que el 75 % de la población huyera y dejara tres veredas completamente vacías. En el nuevo escenario del poscacuerdo, el alcalde espera acondicionar el municipio para que “cuando juradureños vuelvan a sus hogares se sientan orgullosos de su territorio”, afirma.

Este municipio es un ejemplo de cómo el Chocó ha soportado la violencia de múltiples grupos armados, la pobreza extrema y una histórica desatención del Estado. Historias que se repiten en diferentes territorios del país.

Para atender a las poblaciones más afectadas por estas problemáticas, la cooperación de la UE eligió cuatro zonas de las diez que priorizó el Ministerio de Agricultura para el posacuerdo: Norte del Chocó (Bahía Solano, Nuquí y Juradó); Tierradentro, en el Cauca (los municipios de Páez, Inzá y Totoró); el área de manejo especial de La Macarena (específicamente Mesetas, San Juan de Arama, Vista Hermosa y Puerto Rico), y, por último, el norte del Valle del Cauca (en Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Argelia y Dovio).

La Unión Europea destinó cerca de 95 millones de euros para apoyar a los diferentes ministerios y formular planes de desarrollo territorial que saquen las políticas públicas de las oficinas en Bogotá y las pongan a disposición de los habitantes de estas regiones apartadas. También destinará recursos para fortalecer las organizaciones sociales de base, de modo que puedan dialogar con el gobierno central.

Ana Paula Zacarías, embajadora de la Unión Europea en Colombia, explicó que en esta primera etapa lo más importante es escuchar a las comunidades. “Para articular la oferta nacional con la experiencia de la Unión Europea y el conocimiento de las comunidades necesitaremos mucho diálogo. Los proyectos deben responder a la forma como los habitantes visualizan su propio desarrollo”.

Biodiversidad, el tesoro del Chocó

Entender el aprecio que la comunidad siente por su territorio requiere conocer sus maravillas naturales. Un ejemplo son los manglares del Parque Natural Nacional de Utría, ubicado en el municipio de Bahía Solano. Allí, donde se junta el agua dulce de los ríos con el inmenso océano Pacífico, se puede apreciar cómo la tupida selva tropical se mezcla con el mar. Árboles de largas y enredadas raíces se sostienen majestuosos sobre la arena. Ese ecosistema tan frágil es vital para la vida marina y selvática. Más de 2.000 especies de peces van a los manglares a depositar sus huevos, para que sus crías tengan refugio y alimento. A pocos kilómetros del lugar queda la ensenada de Utría, también llamada la sala cuna de las ballenas, porque ahí nacen los mamíferos más grandes del mundo.

Las exóticas playas, paradisíacas cascadas y la amplia variedad de frutas que se encuentran en toda la subregión del Pacífico norte son algunos de los atractivos para cientos de turistas extranjeros.

Por eso uno de los factores que más preocupan a los habitantes es encontrar un punto medio entre el desarrollo y la preservación del medioambiente. “Aquí no nos sirve un desarrollo que sea depredador, que atente contra nuestra biodiversidad”, explica Jorge Murillo, presidente del consejo comunitario Los Riscales, en Nuquí. Ese es uno de los retos más importantes.

En materia de pesca, los habitantes explicaron que necesitan mecanismos de monitoreo de la vida marina, así como más seguridad en la zona para verificar que las normas ambientales se cumplan.

Los habitantes explicaron también sus necesidades comerciales. Una de ellas es el acompañamiento técnico para entrar a mercados internacionales. “Nosotros nos inscribimos a la Andi, pero nos desanimamos porque hacíamos un gran esfuerzo para llegar a las reuniones y no teníamos cómo competir con los grandes industriales y toda su capacidad técnica. Nuestro pescado es de la mejor calidad, pero necesitamos acompañamiento para encontrar los clientes que lo valoren”, explica Jorge Iván Chica, líder de la Red de Frío, un colectivo de pesca artesanal que agrupa 48 socios.

Los prestadores del servicio turístico también tienen como prioridad ofrecer un servicio sostenible, pero tienen varias preocupaciones: desde el mal estado del aeropuerto y las vías terciarias hasta los servicios de salud. “El turismo es un servicio transversal y necesitamos hacer muchos cambios para ser mejores anfitriones”, reconoce Edusmilia Córdoba, propietaria de una posada en Bahía Solano.

Los habitantes tienen la esperanza de que en los próximos cuatro años se alcancen estas metas, pues tienen un excelente producto que vender: el turismo en comunidades indígenas y afrocolombianas, una verdadera experiencia del Pacífico colombiano. “El indígena no puede ser un elemento decorativo para las fotos. Debe ser el emprendedor que lidera el proyecto turístico”, explica Julio César Sanapio, administrador de la etnoaldea turística Kiphara Te, del pueblo embera.

Los retos del sector agropecurario son los más complejos, ya que en el Chocó se producen plátano, arroz, maíz y decenas de frutas, y cada una debe tener apoyo técnico para que las cosechas sean de la mejor calidad y se puedan elaborar productos terminados. Pero un problema que afecta a todos los campesinos son las pocas vías de acceso a las zonas rurales de los municipios y el alto costo de la gasolina. Eso encarece todos los productos y los hace poco competitivos en el mercado. Muchas veces les toca dejar que las cosechas se pudran porque no tienen quién las compre.

“Otro gran reto en el marco del posacuerdo es cambiar la visión que se tiene de este municipio como corredor de droga. Para eso debemos ofrecerles a nuestros habitantes alternativas a la economía ilegal”, explica Harley Liliana Ortiz, alcaldesa de Bahía Solano.

Como conclusión, los tres alcaldes se comprometieron a construir un esquema de ordenamiento territorial conjunto para la subregión. Así podrán plasmar las metas de aquí a los próximos 12 años.

Para muchos habitantes, la mesa fue el escenario donde pudieron hablar por primera vez con funcionarios del gobierno central. Por su parte, algunos representantes del Estado nunca habían estado en el Chocó. Ese encuentro, dice Jorge Iván Chica, es clave para que ambas partes se entiendan. “En resumen, lo que queremos es que en el Pacífico la institucionalidad sea como la amenaza de tsunami: que nos acompañe siempre”.

Un día después del cierre de la mesa de negociaciones en La Habana, los municipios de Bahía Solano, Nuquí y Juradó, en el Chocó, hicieron la primera mesa étnico-territorial para que las comunidades les mostraran a representantes del Estado sus propuestas de desarrollo territorial. En el evento participaron las tres alcaldías municipales, cuatro ministerios, la Gobernación del Chocó, consejos comunitarios, cabildos indígenas y asociaciones de campesinos.

Todo esto se desarrolló en el marco del proyecto Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, del Ministerio de Agricultura, y con apoyo de la Unión Europea (UE). “El proyecto se articula con otros ministerios, como el de Comercio, Industria y Turismo, para que la oferta nacional que resulte sea integral, coherente y articulada”, explica Johny Ariza, oficial de Cooperación de la UE. Durante dos días, los habitantes del territorio explicaron sus logros y los retos que enfrentan de cara a la implementación de los acuerdos de La Habana.

Uno de los logros que más enorgullecen a los habitantes de la subregión costera es haber conseguido que, desde 2008, el Gobierno asignara 2,5 millas náuticas del Pacífico sólo para pesca artesanal y una zona especial de manejo pesquero de 12 millas. Esto quiere decir que los pescadores que trabajen en esa zona deben cumplir estrictos parámetros ambientales.

Esa estrategia de protección del ecosistema marino nació de la comunidad y les tomó 15 años materializarla. Ahora, ocho años después, las asociaciones de pesca notan que el coral rocoso que abunda en la zona está más sano, los peces son más grandes y los pescadores tienen ingresos más estables.

Usando esta experiencia exitosa como ejemplo, la comunidad se unió e hizo una lista de propuestas conjuntas para mejorar su industria pesquera, turística y agropecuaria basándose en su conocimiento ancestral del territorio. Esta visión interétnica es vital en el Chocó, donde, según el último censo del DANE, el 95 % de la población es afrocolombiana o indígena. “Nosotros somos gente del mar y de los ríos. De ellos depende nuestra vida. Nuestra visión del mundo ha ayudado a preservar los ecosistemas y por eso el Estado debe reconocer nuestro conocimiento ancestral”, dice Alberto Áchito, alcalde embera de Juradó. El municipio, que colinda con Panamá, sufrió dos tomas armadas, una de las Farc (en 1987) y otra de las autodefensas (en 1999). Estos episodios violentos hicieron que el 75 % de la población huyera y dejara tres veredas completamente vacías. En el nuevo escenario del poscacuerdo, el alcalde espera acondicionar el municipio para que “cuando juradureños vuelvan a sus hogares se sientan orgullosos de su territorio”, afirma.

Este municipio es un ejemplo de cómo el Chocó ha soportado la violencia de múltiples grupos armados, la pobreza extrema y una histórica desatención del Estado. Historias que se repiten en diferentes territorios del país.

Para atender a las poblaciones más afectadas por estas problemáticas, la cooperación de la UE eligió cuatro zonas de las diez que priorizó el Ministerio de Agricultura para el posacuerdo: Norte del Chocó (Bahía Solano, Nuquí y Juradó); Tierradentro, en el Cauca (los municipios de Páez, Inzá y Totoró); el área de manejo especial de La Macarena (específicamente Mesetas, San Juan de Arama, Vista Hermosa y Puerto Rico), y, por último, el norte del Valle del Cauca (en Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Argelia y Dovio).

La Unión Europea destinó cerca de 95 millones de euros para apoyar a los diferentes ministerios y formular planes de desarrollo territorial que saquen las políticas públicas de las oficinas en Bogotá y las pongan a disposición de los habitantes de estas regiones apartadas. También destinará recursos para fortalecer las organizaciones sociales de base, de modo que puedan dialogar con el gobierno central.

Ana Paula Zacarías, embajadora de la Unión Europea en Colombia, explicó que en esta primera etapa lo más importante es escuchar a las comunidades. “Para articular la oferta nacional con la experiencia de la Unión Europea y el conocimiento de las comunidades necesitaremos mucho diálogo. Los proyectos deben responder a la forma como los habitantes visualizan su propio desarrollo”.

Biodiversidad, el tesoro del Chocó

Entender el aprecio que la comunidad siente por su territorio requiere conocer sus maravillas naturales. Un ejemplo son los manglares del Parque Natural Nacional de Utría, ubicado en el municipio de Bahía Solano. Allí, donde se junta el agua dulce de los ríos con el inmenso océano Pacífico, se puede apreciar cómo la tupida selva tropical se mezcla con el mar. Árboles de largas y enredadas raíces se sostienen majestuosos sobre la arena. Ese ecosistema tan frágil es vital para la vida marina y selvática. Más de 2.000 especies de peces van a los manglares a depositar sus huevos, para que sus crías tengan refugio y alimento. A pocos kilómetros del lugar queda la ensenada de Utría, también llamada la sala cuna de las ballenas, porque ahí nacen los mamíferos más grandes del mundo.

Las exóticas playas, paradisíacas cascadas y la amplia variedad de frutas que se encuentran en toda la subregión del Pacífico norte son algunos de los atractivos para cientos de turistas extranjeros.

Por eso uno de los factores que más preocupan a los habitantes es encontrar un punto medio entre el desarrollo y la preservación del medioambiente. “Aquí no nos sirve un desarrollo que sea depredador, que atente contra nuestra biodiversidad”, explica Jorge Murillo, presidente del consejo comunitario Los Riscales, en Nuquí. Ese es uno de los retos más importantes.

En materia de pesca, los habitantes explicaron que necesitan mecanismos de monitoreo de la vida marina, así como más seguridad en la zona para verificar que las normas ambientales se cumplan.

Los habitantes explicaron también sus necesidades comerciales. Una de ellas es el acompañamiento técnico para entrar a mercados internacionales. “Nosotros nos inscribimos a la Andi, pero nos desanimamos porque hacíamos un gran esfuerzo para llegar a las reuniones y no teníamos cómo competir con los grandes industriales y toda su capacidad técnica. Nuestro pescado es de la mejor calidad, pero necesitamos acompañamiento para encontrar los clientes que lo valoren”, explica Jorge Iván Chica, líder de la Red de Frío, un colectivo de pesca artesanal que agrupa 48 socios.

Los prestadores del servicio turístico también tienen como prioridad ofrecer un servicio sostenible, pero tienen varias preocupaciones: desde el mal estado del aeropuerto y las vías terciarias hasta los servicios de salud. “El turismo es un servicio transversal y necesitamos hacer muchos cambios para ser mejores anfitriones”, reconoce Edusmilia Córdoba, propietaria de una posada en Bahía Solano.

Los habitantes tienen la esperanza de que en los próximos cuatro años se alcancen estas metas, pues tienen un excelente producto que vender: el turismo en comunidades indígenas y afrocolombianas, una verdadera experiencia del Pacífico colombiano. “El indígena no puede ser un elemento decorativo para las fotos. Debe ser el emprendedor que lidera el proyecto turístico”, explica Julio César Sanapio, administrador de la etnoaldea turística Kiphara Te, del pueblo embera.

Los retos del sector agropecurario son los más complejos, ya que en el Chocó se producen plátano, arroz, maíz y decenas de frutas, y cada una debe tener apoyo técnico para que las cosechas sean de la mejor calidad y se puedan elaborar productos terminados. Pero un problema que afecta a todos los campesinos son las pocas vías de acceso a las zonas rurales de los municipios y el alto costo de la gasolina. Eso encarece todos los productos y los hace poco competitivos en el mercado. Muchas veces les toca dejar que las cosechas se pudran porque no tienen quién las compre.

“Otro gran reto en el marco del posacuerdo es cambiar la visión que se tiene de este municipio como corredor de droga. Para eso debemos ofrecerles a nuestros habitantes alternativas a la economía ilegal”, explica Harley Liliana Ortiz, alcaldesa de Bahía Solano.

Como conclusión, los tres alcaldes se comprometieron a construir un esquema de ordenamiento territorial conjunto para la subregión. Así podrán plasmar las metas de aquí a los próximos 12 años.

Para muchos habitantes, la mesa fue el escenario donde pudieron hablar por primera vez con funcionarios del gobierno central. Por su parte, algunos representantes del Estado nunca habían estado en el Chocó. Ese encuentro, dice Jorge Iván Chica, es clave para que ambas partes se entiendan. “En resumen, lo que queremos es que en el Pacífico la institucionalidad sea como la amenaza de tsunami: que nos acompañe siempre”.