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A través de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que a partir de este miércoles 13 de noviembre abrirá un corredor humanitario para que puedan llegar las ayudas a Chocó, afectado por las intensas lluvias.
Esa guerrilla tiene un paro armado desde el pasado sábado 9 de noviembre en tres ríos Sipí, San Juan y Cajón. Varias entidades del Gobierno habían pedido a la guerrilla que levantaran esa acción dadas las condiciones climáticas que azotan a ese departamento. “Para aliviar las afectaciones del invierno de los pobladores en las zonas donde está vigente el paro armado, se autoriza un corredor humanitario desde el día 13 de noviembre, para que puedan llegar las ayudas humanitarias”.
De acuerdo con el comunicado, las embarcaciones que se movilicen por el río “deben llevar de manera visible los logos institucionales que los identifiquen, para evitar incidentes”, dice el comunicado firmado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN que precisa que “en ningún caso se permite la movilidad nocturna”.
COMUNICADO PÚBLICO:
— COMANDANTE FABIAN (@CMDT_FABIAN_) November 12, 2024
Para aliviar las afectaciones del invierno de los pobladores en las zonas donde está vigente el paro armado, se autoriza un corredor humanitario desde el día 13 de noviembre, para que puedan llegar las ayudas humanitarias.#COMANDANTE #FABIÁN #VENCEREMOS pic.twitter.com/hTALCNWqYI
En el texto, la guerrilla vuelve a hacer señalamientos -sin pruebas- sobre presunta connivencia entre las Fuerzas Militares y el Clan del Golfo. “A raíz del actual paro armado indefinido decretado en la subregión del San Juan, se ha presentado un despliegue noticioso en contra del ELN, para ocultar las razones de fondo por las cuales se toma esta medida; entre otras, la presencia paramilitar en el departamento y la connivencia con las fuerzas militares para asesinar, desplazar y confinar a sus habitantes”, dice.
Por tercera vez este 2024, el Frente de Guerra Occidental restringió la movilidad en el suroriente chocoano, en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, dejando incomunicadas a 85 comunidades afros e indígenas (unas 45.000 personas, según cálculos de la Defensoría del Pueblo).
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Actualmente, el territorio es disputado por la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo (o EGC), que en medio de sus confrontaciones han afectado a decenas de comunidades, especialmente en las zonas rurales.
De hecho, según el Balance Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2023 Chocó fue, de lejos, el departamento con más casos de confinamiento en el país: 20.720 de los 43.047 registrados a nivel nacional.
Para los pobladores, que son los que resisten al actuar violento de estas estructuras, lo que se necesita es una respuesta estructural, porque incluso sin paro armado ni lluvias se ven afectados por el control de los grupos.
El paro armado se dio apenas unas horas después de que esa guerrilla se reuniera con la delegación del Ejecutivo en los diálogos de paz para tratar de descongelar la mesa de negociación. Aunque las partes se volverán a encontrar el próximo 19 de noviembre, aún no se sabe cuál será el impacto en ese diálogo de este paro armado.
Los llamados al ELN para levantar el paro armado
Desde que comenzó el paro armado este sábado, diferentes organizaciones e instituciones han pedido a la guerrilla del ELN que levante los patrullajes por el departamento y que permita el ingreso de ayudas humanitarias, en este momento tan crítico para el Pacífico y el país en general.
La organización Defendamos la Paz aseguró que “es tan incoherente como inadmisible que una guerrilla que se encuentra próxima a retomar las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional vulnere de esta manera a cualquier comunidad y más aún, a una población que se encuentra en extrema condición de sufrimiento por las inundaciones que han dejado en el Chocó a miles de damnificados”.
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En un comunicado, el movimiento por la paz pide la libre circulación de los chocoanos y el acceso de la ayuda humanitaria, entendiendo esto como un llamado del pueblo.
Por su parte, la gobernadora Córdoba ha dicho que la situación del confinamiento ha afectado a los habitantes de los municipios afectados y que hay vidas que están en riesgo ante la negativa del grupo armado de atender la emergencia.
“El paro armado genera una superposición de las emergencias humanitarias e incrementa la violación al derecho internacional humanitario. No ha permitido una atención y respuesta oportuna de parte de la institucionalidad, lo cual es ya muy grave, entendiendo las condiciones de ruralidad y dispersión en la que habitan nuestras comunidades”, agregó la gobernadora a Colombia+20.
Este lunes, la Corte Suprema de Justicia también había mostrado su preocupación por la situación del departamento y la imposibilidad de algunas familias para evacuar sus territorios ante el confinamiento ejercido por el grupo armado.
“Lamentamos tanta indolencia (...) exigimos el cese del bloqueo territorial para que sea posible el ingreso de la ayuda humanitaria para los colombianos y colombianas que habitan en este territorio”, se lee en un comunicado.
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En esa misma línea, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó de inaceptable el paro armado y dijo que la situación afectaría a más de 40.000 familias en la región.
“El tema de Chocó, sobre todo, es muy grave; a mí, francamente, me duele mucho lo que está pasando. Al Gobierno le duele profundamente la situación en Chocó, y es francamente inaudito, inaceptable, que en medio de esa situación que está viviendo el pueblo chocoano, y cuando el Gobierno y el ELN estaban conversando para asumir las negociaciones, estos señores del ELN demuestren lo desconectados que están del pueblo colombiano”, dijo Cristo.
La Unidad para las Víctimas también se sumó a los llamados de este martes y se refirió a la violación de derechos humanos que hay en esa zona del país no solo por parte del ELN, sino que también del Clan del Golfo. Además, se comprometió con atención inmediata a la emergencia.
“En ejercicio de sus competencias y obligaciones constitucionales y legales, en plena coordinación con las autoridades locales y ante la evidente futura afectación de derechos fundamentales de la población civil, la Unidad, para morigerar los nocivos efectos de estas acciones que la afectan, estará presta a atender la emergencia humanitaria que se prevé”, dijo la unidad.
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