Con acuerdo, firma y apretón de manos cerró el primer ciclo de diálogo entre el Gobierno y la disidencia de las extintas FARC, conocida como Segunda Marquetalia. Ambas delegaciones estuvieron reunidas cinco días en Caracas, Venezuela, y este sábado, 29 de junio, emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron un “Acuerdo de medidas tempranas para el desescalamiento integral y gradual del conflicto en los territorios”.
El acuerdo, firmado por el delegado del Gobierno, Armando Novoa, y el delegado de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza, consta de nueve puntos de los que se destaca la creación de una subcomisión técnica que se encargará de “georreferenciar los municipios, corregimientos y veredas” donde esta disidencia hace presencia. En la práctica, se espera que el próximo 15 de julio, los representantes del Gobierno y del grupo armado ilegal presenten un informe al respecto.
Ese punto del documento cobra sentido cuando se lee que las partes también acordaron un “cese unilateral de fuego” que, según establecieron, no limitará las competencias constitucionales y legales de la Fuerza Pública. Además, elaborarán “un conjunto de medidas de contribución temprana a la reparación de las víctimas del conflicto” donde tienen presencia.
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Para Elizabeth Dickinson, investigadora del International Crisis Group, este ejercicio con la Segunda Marquetalia refleja un aprendizaje de las otras mesas de negociación, específicamente por la implementación de la georreferenciación que de entrada plantea la necesidad de que esa disidencia comparta sus ubicaciones con el Gobierno con el fin de evitar confrontaciones bilaterales.
“Eso efectivamente evita un cese con alcance nacional que ha sido muy criticado, no solo porque no protege la población, sino porque también ha dejado que los grupos de cierta manera se fortalezcan. La lógica de usar este mecanismo de la georreferenciación es limitar esa expansión porque si el Estado sabe dónde están las tropas de la Segunda Marquetalia, realmente no hay posibilidad de que ellos puedan aprovechar para cooptar nuevos territorios”, explicó Dickinson, quien también expuso que ha sido una estrategia que se ha querido implementar en la mesa con la otra disidencia de las extintas FARC, Estado Mayor Central (EMC), pero en esa negociación no se ha podido establecer una georreferenciación, por eso “es interesante que la Segunda Marquetalia arranque con ese compromiso”, apuntó.
Si bien desde el Gobierno se había rechazado la idea del cese al fuego para mejor pensar en una estrategia de desescalamiento de la violencia, en realidad esa medida era algo esperado por analistas del conflicto en este panorama de negociación teniendo en cuenta que el EMC y el ELN están dialogando en medio de ceses al fuego. Sin embargo, este también era uno de los temas más espinosos, debido a las respuestas que ha tenido en esas otras mesas de negociación.
Novoa, jefe de la delegación del Gobierno, señaló en entrevista con Caracol Radio que el acuerdo es en realidad una buena señal sobre las intenciones de paz del grupo disidente. “La Segunda Marquetalia ha dicho que no adelantará acciones contra la Fuerza Pública y pues el sentido de un cese bilateral del fuego deja de tener la importancia que ha tenido en otras mesas. Aquí de lo que se trata es que el Estado, en correspondencia a esa conducta de ellos, tiene también que adoptar unas medidas que permitan crear unas condiciones de seguridad para que el proceso de paz avance”, dijo Novoa y agregó que el concepto de desescalar es integral en ambos sentidos.
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Así mismo, el jefe negociador explicó el mecanismo que tendrá la estrategia de georreferenciación tras la entrega del documento el próximo 15 de julio. Para ello, se tendrá que dictar un decreto que fije los puntos específicos en departamentos como Nariño y Putumayo en los que se va a empezar a brindar garantías e implementar medidas para el cese al fuego unilateral con la Segunda Marquetalia.
A la par de esa estrategia, el próximo 20 de julio, se realizará una reunión en Tumaco (Nariño) con las comunidades y representantes de las partes para “definir la metodología y el cronograma para la identificación de proyectos sociales y económicos de impacto rápido”, se lee en el documento.
En ese sentido, Novoa explicó que “el desescalamiento militar se acompaña de un proceso de desescalamiento de orden social en el sentido de que allí vamos de común acuerdo a promover, a facilitar y a contribuir a que se pongan en ejecución proyectos de efectos prontos para incorporar a las comunidades y mostrar un camino diferente a su articulación a las economías ilícitas”.
Para la investigadora Dickinson, si bien la estrategia es buena, un obstáculo tiene que ver con la capacidad del Estado en cuanto a la implementación de lo acordado. “El problema es la rapidez que hasta ahora no hemos visto en terreno a la hora de cumplir con las expectativas, no solo del grupo sino de la misma población”.
Otro de los compromisos que se fijaron para trabajar en el desescalamiento del conflicto tiene que ver con que el grupo armado no permanecerá armado ni uniformado “en cabeceras municipales y cascos urbanos, ni en vías terrestres y fluviales primarias y secundarias”. También se acordó que se comprometerán a entregar a las personas que tengan retenidas. Además, se priorizarán programas de reforma agraria integral y restitución de tierras, los cuales serán respetados por el grupo armado ilegal en los territorios donde se encuentran.
Los principales retos a resolver
La Segunda Marquetalia llegó a la mesa de negociación con un número total de integrantes de 1.751 miembros: 1.162 en armas y 589 que componen las redes de apoyo. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ese número total se divide en las tres facciones que lo componen: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico: los Comandos de la Frontera; y la Dirección Nacional, la facción bajo el mando de Iván Márquez.
El panorama es importante cuando se tiene en cuenta que de entrada la Segunda Marquetalia tiene serias dudas sobre la unidad y articulación. “El tema principal para el equipo del Gobierno es lograr establecer si existe unidad dentro de la disidencia, porque eso es un matrimonio de varios grupos que realmente tienen intereses y economías distintas. La pregunta recae entonces en si ese grupo tiene realmente la unidad para negociar en conjunto y si tiene intereses alineados frente al tema de la paz”, explicó Dickinson.
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Y no se trata de un tema menor, pues en caso de una división en medio de la negociación, el panorama no sería muy distante de lo que actualmente pasa con el Estado Mayor Central en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En una reciente entrevista con Colombia+20, Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló que no es descabellado pensar en que eso podría pasar con la Segunda Marquetalia. “Desde la FIP hemos dicho que es un escenario probable. Ante una estructura que no sepa contener su violencia e incurra en ese tipo de acciones, es probable que se tome esa decisión de atacar. La visibilidad de esos hechos violentos determina el aplicar o no la ofensiva total”, apuntó.
Tras el cierre del ciclo, Novoa reconoció que sectores del país ven con escepticismo el proceso con la Segunda Marquetalia, específicamente por las dudas en cuanto al tratamiento jurídico para los firmantes que abandonaron el Acuerdo de Paz de 2016. En la entrevista radial, el jefe negociador del Gobierno explicó dos de los puntos principales en esa discusión. Por un lado, la teoría del “entrampamiento” que ha defendido el firmante disidente Iván Márquez, no se debatirá en la mesa de negociación porque “no creemos que sea conveniente enfrascarnos en esa discusión. Hay unos escenarios, unas políticas y unas decisiones de gobierno orientadas a lograr el pronto cumplimiento para superar el déficit en la aplicación de ese acuerdo”, señaló. Por otro lado, Novoa también destacó que, con respecto a las dudas sobre un posible panorama de reincidencia, lo importante es la generación de confianza.
Lo cierto es que la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia avanza con dudas de fondo sin resolver, en parte porque se cree que podría ser el “mango bajito” de la paz total. “A pesar de que se trata de un grupo total, esta es una negociación local porque tienen un alcance limitado. Sus tropas están muy concentradas, entonces las dinámicas realmente son muy locales, lo cual puede facilitar. El gobierno espera que sea más fácil realmente lograr compromisos concretos porque el alcance en terreno es limitado”, concluyó Dickinson.
Se espera que el próximo ciclo se desarrollé en la segunda semana de agosto, en Cuba.
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