Masacres aumentaron en Colombia: se han perpetrado 52 entre enero y junio, dice ONU
El más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia también indicó que existen al menos 11 “manuales de conducta” de grupos armados para controlar a la población. Los homicidios a defensores y defensoras se redujeron.
Este martes, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentó su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, un documento que muestra algunos avances en seguridad, pero que alerta por los altos índices de violencia en algunas zonas del país.
Por ejemplo, el informe indica que ha habido un aumento del 11% en el número de masacres verificadas respecto al segundo semestre de 2022. ONU Derechos Humanos dice que han ocurrido 52 masacres entre enero y junio de este año, cuya presunta responsabilidad recae en los grupos armados.
“En las masacres verificadas se sigue observando que un alto porcentaje de estas tienen como presunta autoría grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca”, indica el informe.
En contexto: Los 15 años de incumplimientos de Colombia ante la ONU en derechos humanos
Justamente sobre la presencia de estructuras criminales en los territorios, la investigación que afirma que se ha verificado la expansión de algunos de estos grupos en departamentos como o Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare.
Su figura en el territorio, dice el informe, “viene acompañada de medidas de control social violentas, que incluyen: homicidios, amenazas, reclutamiento infantil, carnetización de la población, restricciones a la libertad de movimiento, horarios y el control del manejo de la información en las comunidades, entre otras”, explicó Juliette De Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Las poblaciones más afectadas son los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las comunidades campesinas.
Uno de los puntos de este informe habla sobre los reglamentos de conducta que los grupos armados le han dado a la población. Si bien, desde hace años se conocen prácticas como la carnetización en algunas zonas del país, es la primera vez que se revisan esas disposiciones. El análisis dice que al menos hay 11 manuales de conducta con los que las estructuras armadas “controlan la vida social, económica, cultural y política de las comunidades, organizaciones sociales y étnico territoriales”.
Esto ocurre, de acuerdo con la ONU, en Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Valle del Cauca, Tolima y Nariño.
El análisis también aborda la situación de reclutamiento infantil. Rivero pidió expresamente al Gobierno incluir la protección de la niñez “en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales”.
Además: Caso Santrich: ONU designará experto para investigar entrampamiento al ex-FARC
Entre enero y junio, esa oficina de la ONU recibió 57 denuncias sobre uso de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados. De ellas, se pudo verificar 48 casos y los otros 9 se encuentran en proceso de comprobación. De esos 48 casos, 25 eran niños y niñas indígenas y 2 afrodescendientes.
“La inseguridad alimentaria y la falta de satisfacción del derecho a un nivel de vida adecuado, la desprotección frente a las violencias basadas en género y la pérdida cultural de los pueblos étnicos por el impacto del conflicto, generan una mayor vulnerabilidad de la niñez frente a estas prácticas”, dice Rivero.
El informe también hace énfasis en la trata con fines de explotación sexual contra niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales y las violaciones de mujeres y niñas. Se recibieron 42 reportes de violencia sexual y basada en género.
Candidatos políticos, en riesgo
La otra alerta del informe es la persistencia de los grupos armados para desarticular a las organizaciones sociales “cooptar sus espacios y/o suplantar los mismos”.
Según la investigación, se ha documentado, por ejemplo, cómo representantes de las Juntas de Acción Comunal, son citados constantemente a reuniones para rendir cuentas a los actores armados no estatales. “Esto conlleva que, en territorios en donde hay más de un grupo armado no estatal, las comunidades y los miembros de las Juntas se enfrenten a la encrucijada de responder a todos los actores armados del territorio y decidir entre órdenes que pueden ser contradictorias, todo esto bajo amenazas a la vida y la integridad personal”, explica el documento.
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El análisis dice que la acumulación de normas y restricciones impuestas por los grupos armados han generado “un deterioro para la libertad de expresión”, especialmente de personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y comunidades en los territorios. La alerta no es menor dado el contexto electoral del país que tendrá comicios regionales en octubre.
Sobre este punto, ONU Derechos Humanos también hace mención a las denuncias que han llegado sobre homicidios de candidatos y líderes y lideresas políticos. En el primer semestre de 2023, se recibieron 18 reportes y una desaparición forzada de lideres y lideresas políticas. El mayor número de casos ocurrieron en Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle de Cauca y Nariño.
En otros departamentos como Antioquia, Amazonas, Arauca, Caquetá Chocó, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Meta, Tolima y Putumayo hay reportes sobre prohibiciones para ciertos candidatos para entrar y hacer campaña en determinadas partes de esas zonas.
Finalmente, ONU Derechos Humanos también dijo que había preocupación por las últimas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en el país, que evidencias un aumento en las amenazas y extorsiones en los territorios.
El único punto en el que ha habido una disminución, según esa entidad, es el de homicidios de defensores y defensoras de Derechos Humanos. De acuerdo con los registros, hubo una baja del 19 % en los casos verificados y con relación al último semestre de 2022. “Esto es positivo, pero el alto número de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable”, dice el informe.
Además: Violencia en Manrique: ¿fin de tregua de bandas de Medellín o saboteo al diálogo?
En la comparación con ambos periodos, los casos de homicidios de personas defensoras se dan sobre todo en Cauca (12 homicidios en el primer semestre de 2023).
Las recomendaciones de la ONU para el Gobierno
Dentro del informe hay dos apartados sobre los avances del Gobierno que destaca la ONU, y las recomendaciones que hace ese organismo. Se celebra, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos de este Gobierno y su “apertura a los temas de derechos humanos y su compromiso con la garantía” de los mismos.
También destaca la priorización en las políticas públicas de protección de las personas defensoras de derechos humanos, el reconocimiento de la población campesina como sujeto de derechos.
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Además, se celebra el impulso al desarrollo rural integral y el progreso en la formulación de una política de drogas “con un enfoque no punitivo”.
Entre las recomendaciones, la ONU Derechos Humanos pide una mejor articulación entre la política de Paz Total con las de desmantelamiento de estructuras armadas y la política de seguridad humana.
“Nos preocupa que las poblaciones locales continúan sintiendo el abandono estatal. Y que las organizaciones sociales, territoriales de base y autoridades étnicas se sientan tan presionadas por los grupos armados no estatales. Es urgente, reforzar el control territorial del Estado y frenar la expansión de los grupos armados no estatales”, dice el análisis.
Este martes, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentó su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, un documento que muestra algunos avances en seguridad, pero que alerta por los altos índices de violencia en algunas zonas del país.
Por ejemplo, el informe indica que ha habido un aumento del 11% en el número de masacres verificadas respecto al segundo semestre de 2022. ONU Derechos Humanos dice que han ocurrido 52 masacres entre enero y junio de este año, cuya presunta responsabilidad recae en los grupos armados.
“En las masacres verificadas se sigue observando que un alto porcentaje de estas tienen como presunta autoría grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca”, indica el informe.
En contexto: Los 15 años de incumplimientos de Colombia ante la ONU en derechos humanos
Justamente sobre la presencia de estructuras criminales en los territorios, la investigación que afirma que se ha verificado la expansión de algunos de estos grupos en departamentos como o Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare.
Su figura en el territorio, dice el informe, “viene acompañada de medidas de control social violentas, que incluyen: homicidios, amenazas, reclutamiento infantil, carnetización de la población, restricciones a la libertad de movimiento, horarios y el control del manejo de la información en las comunidades, entre otras”, explicó Juliette De Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Las poblaciones más afectadas son los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las comunidades campesinas.
Uno de los puntos de este informe habla sobre los reglamentos de conducta que los grupos armados le han dado a la población. Si bien, desde hace años se conocen prácticas como la carnetización en algunas zonas del país, es la primera vez que se revisan esas disposiciones. El análisis dice que al menos hay 11 manuales de conducta con los que las estructuras armadas “controlan la vida social, económica, cultural y política de las comunidades, organizaciones sociales y étnico territoriales”.
Esto ocurre, de acuerdo con la ONU, en Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Valle del Cauca, Tolima y Nariño.
El análisis también aborda la situación de reclutamiento infantil. Rivero pidió expresamente al Gobierno incluir la protección de la niñez “en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales”.
Además: Caso Santrich: ONU designará experto para investigar entrampamiento al ex-FARC
Entre enero y junio, esa oficina de la ONU recibió 57 denuncias sobre uso de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados. De ellas, se pudo verificar 48 casos y los otros 9 se encuentran en proceso de comprobación. De esos 48 casos, 25 eran niños y niñas indígenas y 2 afrodescendientes.
“La inseguridad alimentaria y la falta de satisfacción del derecho a un nivel de vida adecuado, la desprotección frente a las violencias basadas en género y la pérdida cultural de los pueblos étnicos por el impacto del conflicto, generan una mayor vulnerabilidad de la niñez frente a estas prácticas”, dice Rivero.
El informe también hace énfasis en la trata con fines de explotación sexual contra niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales y las violaciones de mujeres y niñas. Se recibieron 42 reportes de violencia sexual y basada en género.
Candidatos políticos, en riesgo
La otra alerta del informe es la persistencia de los grupos armados para desarticular a las organizaciones sociales “cooptar sus espacios y/o suplantar los mismos”.
Según la investigación, se ha documentado, por ejemplo, cómo representantes de las Juntas de Acción Comunal, son citados constantemente a reuniones para rendir cuentas a los actores armados no estatales. “Esto conlleva que, en territorios en donde hay más de un grupo armado no estatal, las comunidades y los miembros de las Juntas se enfrenten a la encrucijada de responder a todos los actores armados del territorio y decidir entre órdenes que pueden ser contradictorias, todo esto bajo amenazas a la vida y la integridad personal”, explica el documento.
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El análisis dice que la acumulación de normas y restricciones impuestas por los grupos armados han generado “un deterioro para la libertad de expresión”, especialmente de personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y comunidades en los territorios. La alerta no es menor dado el contexto electoral del país que tendrá comicios regionales en octubre.
Sobre este punto, ONU Derechos Humanos también hace mención a las denuncias que han llegado sobre homicidios de candidatos y líderes y lideresas políticos. En el primer semestre de 2023, se recibieron 18 reportes y una desaparición forzada de lideres y lideresas políticas. El mayor número de casos ocurrieron en Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle de Cauca y Nariño.
En otros departamentos como Antioquia, Amazonas, Arauca, Caquetá Chocó, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Meta, Tolima y Putumayo hay reportes sobre prohibiciones para ciertos candidatos para entrar y hacer campaña en determinadas partes de esas zonas.
Finalmente, ONU Derechos Humanos también dijo que había preocupación por las últimas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en el país, que evidencias un aumento en las amenazas y extorsiones en los territorios.
El único punto en el que ha habido una disminución, según esa entidad, es el de homicidios de defensores y defensoras de Derechos Humanos. De acuerdo con los registros, hubo una baja del 19 % en los casos verificados y con relación al último semestre de 2022. “Esto es positivo, pero el alto número de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable”, dice el informe.
Además: Violencia en Manrique: ¿fin de tregua de bandas de Medellín o saboteo al diálogo?
En la comparación con ambos periodos, los casos de homicidios de personas defensoras se dan sobre todo en Cauca (12 homicidios en el primer semestre de 2023).
Las recomendaciones de la ONU para el Gobierno
Dentro del informe hay dos apartados sobre los avances del Gobierno que destaca la ONU, y las recomendaciones que hace ese organismo. Se celebra, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos de este Gobierno y su “apertura a los temas de derechos humanos y su compromiso con la garantía” de los mismos.
También destaca la priorización en las políticas públicas de protección de las personas defensoras de derechos humanos, el reconocimiento de la población campesina como sujeto de derechos.
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Además, se celebra el impulso al desarrollo rural integral y el progreso en la formulación de una política de drogas “con un enfoque no punitivo”.
Entre las recomendaciones, la ONU Derechos Humanos pide una mejor articulación entre la política de Paz Total con las de desmantelamiento de estructuras armadas y la política de seguridad humana.
“Nos preocupa que las poblaciones locales continúan sintiendo el abandono estatal. Y que las organizaciones sociales, territoriales de base y autoridades étnicas se sientan tan presionadas por los grupos armados no estatales. Es urgente, reforzar el control territorial del Estado y frenar la expansión de los grupos armados no estatales”, dice el análisis.