“El estado mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia declara objetivo militar al guerrillero César Augusto Tamayo, Claudia Juliana Bustos Jiménez, Carmen Jurado, Jhon Tamayo y a toda la junta directiva de la Asociación que representa la ANFAP. Quienes trabajan por el país sabemos de sus movimientos. Tienen 72 horas para desalojar o muerte”.
Este es el tipo de mensajes que han estado recibiendo a sus celulares los miembros de la junta directiva de la Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz (ANFAP) desde mayo de este año por presuntos paramilitares de las AGC.
Según las denuncias de los excombatientes, durante estos cinco meses los hostigamientos en su contra no han parado y las amenazas de muerte han llegado junto con el cobro de extorsiones y otras exigencias económicas.
Colombia+20 conoció que la amenaza más reciente se dio el pasado 28 de agosto, cuando la tesorera de la Asociación recibió en su celular varias llamadas en las que supuestos paramilitares le exigían millonarias sumas de dinero a cambio de no declararla objetivo militar.
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Se dice que los hostigamientos en su contra también estarían relacionados con un proyecto colectivo de firmantes de paz que lidera la mujer y que busca generar oportunidades para los excombatientes, a través de los cultivos de palma aceitera en el Magdalena Medio,
César Augusto Tamayo, presidente de la asociación, aseguró que dichas amenazas ponen en riesgo su vida y que desde el Estado no han recibido la atención. De hecho, dijo que en noviembre de 2023 interpusieron una denuncia contra el Estado colombiano por el asesinato masivo de firmantes de paz.
“Hemos presentado la denuncia por el genocidio de los firmantes y por el incumplimiento del Acuerdo de Paz con algunos de los sectores. El partido Comunes se ha apoderado de todo el Acuerdo y quienes no estamos dentro del partido no tenemos seguridad ni derechos políticos”, aseguró Tamayo.
En su denuncia, el excombatiente dice que son más de 15 organizaciones en todo el territorio las que han quedado desprotegidas y que 9.000 firmantes podrían estar en riesgo al no pertenecer al partido político que se creó tras la firma del Acuerdo.
Los hostigamientos contra firmanes de paz en Santander hacen parte de la estrategia del Clan del Golfo para ocupar municipios que aún no están bajo su dominio y ejercer más control territorial como lo ha hecho en algunas regiones al sur de Bolívar.
Además, Santander es un punto clave que usa el Clan del Golfo para expandirse desde el noroccidente hacia al centro del país y va de la mano con las advertencias que han hecho algunas organizaciones sobre las intenciones que tendría este grupo armado de expandirse hacia la región del Catatumbo.
Este último punto le daría a la organización heredera del paramilitarismo el control de uno de los corredores más importantes de narcotráfico y minería ilegal en el país para ampliar sus rentas criminales.
La presencia de Clan en varias ciudades de Santander también estaría ligada a la conformación de organizaciones criminales de alto nivel.
El violento panorama contra firmantes de paz en Colombia
Esta no es la primera vez que los firmantes del acuerdo reciben amenazas, justamente por grupos armados que sostienen mesas de diálogos con el Gobierno Nacional.
En junio de este año, una comunidad firmante del acuerdo que estaba asentada en un ETCR en Miravalle, Caquetá, tuvo que salir del territorio tras las constantes amenazas y enfrentamientos armados del Estado Mayor Central (EMC).
Meses antes, en marzo específicamente, excombatientes que estaban asentados en el ETCR Mariana Páez, ubicado en la vereda de Mesetas, Meta, también tuvieron que salir del territorio por el riesgo inminente de desplazamiento forzado ante la presencia del EMC en la zona.
Según las denuncias hechas por los firmantes en ese momento, el ala de las disidencias comandadas por Iván Mordisco les dijeron que tenían un máximo de 30 días para abandonar el territorio.
Los firmantes han señalado en varias oportunidades que estas amenazas ponen en riesgo el Acuerdo de Paz y sus procesos de reincorporación en la sociedad.
El informe de la Misión de Verificación al Acuerdo de Paz de la ONU en Colombia, de junio pasado, da cuenta que desde la firma del acuerdo y hasta el 26 de junio de 2024 se habían reportado 421 firmantes asesinados.
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El más violento desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC fue el 2019, cuando 80 excombatientes fueron asesinados. Por su parte, hasta el 26 de junio de 2024 se habían registrado 13 firmantes asesinados en lo que había corrido del año.
A la cifra de muertes se suma el intento de 142 homicidios y 40 firmantes de paz que han desaparecido.
Los departamentos con las cifras más altas de violaciones contra derechos de firmantes del Acuerdo de Paz han sido Arauca, Caquetá, Cauca, Huila y Putumayo.
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