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Juan conserva claro el recuerdo de su padre yéndose a pescar lo del almuerzo al río. “Monten unos guineos en la estufa mientras vuelvo”, les decía. Antes de que los plátanos terminaran de asarse, el viejo estaba de regreso con una mano de pescados. De eso ya pasaron 30 años y solo quedan memorias fugaces. “Ya eso no se ve. Las empresas de madera cambiaron el curso de los ríos, las mineras los contaminaron y hoy es imposible coger un pescado por acá”, cuenta Juan, quien con los años se convirtió en líder ambiental del Bajo Atrato y Darién.
En esta región del norte de Chocó las comunidades, en su mayoría afros e indígenas, no solo vieron desaparecer paulatinamente el pez boquiancha o el sabaleta, sino también especies como la danta, el puma o la tortuga morrocoy. Junto a estos animales, árboles como el guayaquil, el cativo, el pino o la choibá, que antes abundaban, poco a poco fueron desapareciendo al son de las motosierras, para darles paso a miles de hectáreas de palma de aceite, arroz, coca o pastizales para alimentar vacas.
La degradación es difícil de medir, pero de acuerdo con un reciente informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), por lo menos 65.100 hectáreas han sido deforestadas en los últimos años, un área que equivale, aproximadamente, a dos veces el tamaño de Medellín.
Detrás de todos estos daños ambientales, que tienen en jaque a los ecosistemas, a la salud y a la seguridad alimentaria de cientos de poblaciones, está la sombra del Clan del Golfo, el grupo ilegal más poderoso de Colombia, cuyo control se extiende desde el Urabá antioqueño hasta esta zona de Chocó que conecta con Panamá.
“Acá ellos manejan todo. La tala indiscriminada, la extracción de oro, la producción de coca, todo pasa por el Clan del Golfo, todo se les vende a ellos al precio que pongan, por eso es tan difícil denunciar”, dice un defensor de derechos humanos que pidió reservar su identidad.
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Una región, todas las afectaciones
Ahora mismo, a 800 kilómetros de este territorio, en la COP16, los líderes mundiales debaten cómo preservar la biodiversidad del planeta, mientras en el Bajo Atrato -considerado uno de los pulmones del mundo- aumenta silenciosamente la devastación por la deforestación, la minería (legal e ilegal), los monocultivos agroindustriales y la cría intensiva de animales.
A esa dinámica de décadas se suma la huella ambiental de los migrantes que atraviesan el Tapón del Darién en su tránsito hacia Norteamérica: solo en 2023 fueron al menos 520.000 personas que, en medio de una enorme vulnerabilidad, van dejando en la selva desechos de plásticos y metales que contaminan los ecosistemas y las fuentes hídricas, sin mencionar la tala de árboles para ampliar las rutas por las que se mueven, un negocio que también controla el Clan del Golfo.
El grupo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), podría iniciar en las próximas semanas diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, que ya reconoció a algunos de sus jefes criminales como voceros. Entre la baraja de temas que el Ejecutivo deberá tener en cuenta a la hora de negociar se resaltan estas afectaciones.
Justo esta semana, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reveló un estudio que concluye que “el Clan del Golfo es el grupo ilegal que más ha afectado al medio ambiente” en Colombia. En Chocó, la UIA identificó que esta organización criminal sostiene una “actividad depredadora de los recursos mineros y forestales”.
Que esto ocurra en el Bajo Atrato no es un asunto menor. Este territorio, que conecta el centro de América con el sur, “es uno de los lugares más húmedos del mundo, haciendo que su riqueza hídrica sea absolutamente crucial para el planeta y nuestra supervivencia como especie. Se dice que, en esta región, en un solo árbol de más de 50 metros de altura pueden encontrarse más insectos que en toda el área de las Islas Británicas”, explica el informe del Cinep.
El documento hace énfasis en que son precisamente estos árboles los que constituyen hábitats de biodiversidad únicos y están siendo talados masivamente, afectando áreas de alto valor ambiental y de conservación: “Esta deforestación atenta contra el ciclo del agua y del carbono, conduciendo inexorablemente a la pérdida de biodiversidad”.
Acá ellos manejan todo. La tala indiscriminada, la extracción de oro, la producción de coca, todo pasa por el Clan del Golfo, todo se les vende a ellos al precio que pongan, por eso es tan difícil denunciar
Líder social
Los desechos de la tala, al igual que los de la agroindustria, la producción de pasta base de coca y la minería van a parar al río Atrato, que desemboca en el mar Caribe, poniendo en jaque el ecosistema marino del país entero.
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La huella paramilitar de los Castaño y la nueva dinámica del Clan
Para los investigadores, la crisis ambiental del Bajo Atrato no responde solo a las dinámicas actuales, sino al desplazamiento forzado, el despojo y el vaciamiento de la región promovido por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a finales de la década de 1990 y principios de 2000.
Los pobladores aún recuerdan cómo, después de que los obligaron a abandonar el territorio, miles de hectáreas de cultivos de pancoger y bosques fueron arrasadas para sembrar palma de aceite.
Con los años, la justicia estableció el nexo de la casa paramilitar de los hermanos Castaño con empresas como Urapalma, Palmura S.A., Extractora de Bajirá, Palmas de Curvaradó, entre otras, que recibieron créditos y apoyos para consolidar su proyecto agroindustrial. Y aunque las víctimas llevan más de 13 años luchando para que el Estado les devuelva sus tierras, el porcentaje de restitución aún es irrisorio.
“Se dice que, en esta región, en un solo árbol de más de 50 metros de altura pueden encontrarse más insectos que en toda el área de las Islas Británicas”
Informe del Cinep
A pesar de que el Clan es considerado heredero del paramilitarismo y tiene entre su comandancia a varios ex-AUC, la forma en la que impone su dominio ha cambiado.
Ya no desplazan, sino que confinan a la población, la obligan a mantenerse en la región e incluso han tratado de politizar su actuar para obtener apoyos y legitimidad. Sin embargo, se ha desarrollado una práctica que algunos investigadores asocian a un “nuevo despojo”.
“Le permiten a la gente estar en las tierras, pero sin tener el derecho de usarlas y administrarlas. O también está ocurriendo que están comprando las tierras, pero no necesariamente bajo amenazas, sino que ofrecen precios atractivos. Y hay que tener en cuenta el nivel de pobreza de la población, entonces acceden a vender terrenos, incluso cuando eso es ilegal dentro de territorios colectivos, pues son inalienables, imprescriptibles, inembargables”, explica el Cinep.
Sus hallazgos en terreno van en el mismo sentido de los que los líderes sociales le contaron a Colombia+20 y de lo que documentó la UIA de la JEP.
El informe de esta entidad judicial indica que en municipios como Carmen del Darién y el Litoral del San Juan (Chocó) integrantes de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez “les han ordenado a las comunidades asistir a reuniones en las que los obligan a aumentar los cultivos de uso ilícito y les comunicaron que deben cumplir con una meta de hectáreas cultivadas con hoja de coca. En muchos casos, en el interior de los territorios colectivos o en áreas selváticas, les fuerzan a realizar procesos de deforestación y resiembra de cultivos”. Otras unidades del Clan “han promovido la tala y deforestación masivas” y han citado a reuniones para informar que “son los únicos autorizados para promover la tala de árboles”.
Es más, la UIA encontró que en la subregión del Atrato el Clan estuvo detrás de la deforestación de al menos 34 hectáreas para minería de oro desde 2023.
Y aunque el grupo ilegal asegura que tiene voluntad de paz de cara al eventual proceso con el gobierno Petro, en el Bajo Atrato varias personas ponen en duda esa afirmación.
“Están tratando de cooptar a los liderazgos sociales para mover sus apuestas. Obligan a la gente a que pida proyectos de desarrollo como carreteras, conectividad y energía, pero acá sabemos que lo hacen para moverse más fácil, para que le sirva a su proyecto criminal”, dijo un defensor de derechos humanos de la región.
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Quienes pudieron retornar tras el paso de las AUC vieron cómo los males de ese monocultivo se extendían a sus siembras. Por ejemplo, la pudrición del cogollo que afectó a las palmas pronto llegó a las especies nativas, como el chontaduro o el níspero, que no han vuelto a prosperar. La expansión de proyectos agroindustriales y ganaderos también marcó el inicio de un cerco a los territorios étnicos que ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria y la salud de los pobladores.
“Nosotros nos sentimos acorralados por todas partes. Los grupos armados nos confinan, las plantas medicinales que usábamos para los remedios ya no se consiguen por la deforestación, los animales que cazábamos se extinguieron de acá y ya no hay espacio en los resguardos para sembrar comida. Alrededor hay ganadería extensiva, arriba los colonos tienen lleno de coca, a un lado talan y al otro los ríos están llenos de químicos”, le contó a Colombia+20 un líder indígena de la región.
Para el Cinep, es claro que en el proyecto macrocriminal del Clan del Golfo en Bajo Atrato “poco importa la presencia de procesos comunitarios y étnicas, y lo que se ha impuesto es un control psicológico y físico de la población, de sus cuerpos y del control territorial para hacer uso de la tierra”.
Los graves efectos de la contaminación en la salud de pobladores
La afectación de las fuentes hídricas es una de las mayores heridas que ha dejado el deterioro ambiental en el Bajo Atrato y Darién. Una lideresa afro aseguró que los ríos y ciénegas, que eran casi la única opción de estas poblaciones para consumir proteína, están tan contaminados por el mercurio usado en la minería, que la gente prefiere no pescar. La afectación es tan notoria, que las comunidades evitan incluso bañarse por las molestias en la piel.
Según el informe del Cinep, “la desviación o desecación de cuerpos de agua para la construcción de canales que abastecen grandes cultivos o transportan maderas, la sedimentación de ríos por la tala selectiva, la contaminación del agua por parte de la actividad ganadera de reses y búfalos, el uso de agroquímicos en cultivos como el de palma africana o el de arroz, y las sustancias tóxicas utilizadas en el procesamiento de coca que se vierten en las aguas, se suma a la ya conocida contaminación del río Atrato y sus afluentes por mercurio y otros metales usados para la minería ilegal”.
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Producto de esa contaminación, las comunidades denuncian el aumento de enfermedades como el paludismo, las infecciones en la piel, problemas respiratorios, pérdida del cabello y envenenamiento por mercurio, entre otros impactos. Todas estas aguas contaminadas que llegan al Atrato terminan desembocando en el mar Caribe, “generando afectaciones al ecosistema marino del país”, resalta el documento.
Otras de las afectaciones que más preocupan a los pobladores son la violencia sexual y el reclutamiento de menores de edad, que según aseguran, ha aumentado en los últimos dos años.
Se trata de una estrategia violenta que, en estos territorios alejados de los grandes centros urbanos como el Bajo Atrato, donde ni siquiera hay carreteras para acceder a algunos municipios, queda completamente invisibilizada, el escenario ideal para que el grupo extienda su poder sin frenos, a costa de la población y del ecosistema entero.
