Una resolución ejecutiva publicada en el Diario Oficial formaliza el diálogo de paz que iniciará el Gobierno de Gustavo Petro con el Clan del Golfo, también conocido como AGC, pero autodenominada como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
El documento, que se enmarca en la Ley 2272 o de paz total, reconoce a seis personas como miembros representantes del grupo en el espacio sociojurídico, entre ellos a Jobanis de Jesús Avila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, máximo jefe de esa organización criminal.
Colombia+20 conoció que entre los negociadores estará Álvaro Jiménez, la mano derecha del comisionado de Paz Otty Patiño, y también María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica.
En cuanto al EGC, también estará Orozman Orlando Osten Blanco, conocido como Rodrigo Flechas; José Gonzalo Sánchez, Gonzalito. Sobre Orozman se conoce muy poco, pero se sabe que declaró en el proceso penal contra los exparamilitares que secuestraron y torturaron a la periodista Jineth Bedoya. Sobre Gonzalito es señalado de ser uno de los causantes de la crisis humanitaria de Ituango y se disputa las rutas del narcotráfico con el frente 18 de las disidencias de las extintas Farc.
Además, aparecen José Miguel Demoya Hernández, Chirimoya, señalado de estar detrás de los enfrentamientos que se dieron en el paro minero en el Bajo Cauca en 2023 y que derivó en el levantamiento del cese al fuego con ese grupo armado. También está Luis Armando Pérez Castañeda, Bruno o Jerónimo, quien actúa como vocero político del grupo; y Elkin Casarrubia Posada, conocido como el Cura o Joaquín; exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que pasó por los bloques Bananero, Calima y Centauros. De acuerdo con las autoridades, Casarrubia se habría rearmado hace cuatro años.
En la resolución también se pide que se levanten las órdenes de captura y que la Consejería Comisionada de Paz constate que el grupo armado “haya dado muestras objetivas de su compromiso de desmantelamiento y de transitar al Estado de derecho”.
‘Chiquito Malo’ es el actual comandante de los Gaitanistas. El hombre, oriundo de la región del Urabá antioqueño, asumió el liderazgo del grupo tras la captura en octubre de 2021 de Dairo Antonio Úsuga (conocido como Otoniel).
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Estatus político, un tema determinante para destrabar los diálogos
Llama la atención que la resolución afirme que se trata de un “espacio de conversación socio-jurídica” como se han denominado los diálogos que tiene el Gobierno con estructuras armadas con miras al sometimiento a la justicia. Esto porque el Clan del Golfo ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere ese tipo de proceso, sino una negociación de paz, que implicaría concederles estatus político.
El proceso con el Clan del Golfo, que no solo es la organización con más personas en armas y mayor presencia territorial, sino la que tiene más potencial de expandirse, estaba paralizado hace casi un año.
Desde el inicio del gobierno Petro se han desarrollado fases exploratorias, pero no han avanzado por dificultades de comunicación y la ausencia de claridades frente al marco jurídico de los diálogos.
En el último año, el EGC reiteró en más de cinco comunicaciones oficiales su intención de dialogar con el Gobierno, pero durante varios meses el Ejecutivo no respondió a sus solicitudes.
En diciembre de 2022, Petro anunció un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, que se suspendió con esa estructura en marzo de 2023, tras un ataque con fusil a agentes de policía. Desde entonces se retiraron las resoluciones de los facilitadores del proceso y los acercamientos se fueron diluyendo.
“Las AGC tienen disposición total de conversar, pero si el Gobierno no lo desea, seguirán en sus actividades. La única condición es que se hable de un proceso de paz y no de un sometimiento, y que se respete el nombre de la organización”, asegura Ricardo Giraldo, vocero de las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo) en una reciente entrevista con Colombia+20.
Uno de los principales retos para continuar con estos diálogos de paz es precisamente ese: que tanto el Clan del Golfo como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) ponen como condición que el Gobierno les conceda estatus político, como ya ocurrió con la guerrilla del ELN y el EMC.
Se trata de una discusión que marca por completo el rumbo de cada proceso, pues define, entre otros puntos, si el Gobierno inicia un proceso de paz con cada organización o crea un sistema de incentivos para que se someta a la justicia.
De hecho, en el caso del sometimiento, la Corte Constitucional ordenó que sea el Congreso el que defina en qué condiciones se llevaría a cabo. Aunque el alto tribunal dejó en claro que eso aplica para las llamadas estructuras criminales de alto impacto, no hizo calificación sobre qué grupos entrarían allí, lo que deja al estatus político como un tema determinante.
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