El gobierno del presidente Gustavo Petro abrió el lunes un nuevo tablero de negociación, esta vez con el Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) con quien, según la resolución, tendrá un “espacio de conversación sociojurídico”, una modalidad de diálogo de paz con miras al sometimiento a la justicia de los grupos armados.
Ese será el primero de los numerosos desafíos jurídicos en este proceso, especialmente porque ese grupo armado ha dicho varias veces que no quiere ese tipo de negociación que le apuntan a un sometimiento a la justicia.
Hace un año, cuando el presidente dijo que invitaba al Clan del Golfo a una negociación, Ricardo Giraldo, representante jurídico del EGC, habló con este diario y dijo que ese grupo no aceptaría un sometimiento, entre otras cosas, porque el grupo, decía Giraldo, sí responde a una estructura con orden y control político y con una jerarquía clara de mando.
Más recientes fueron las declaraciones de Jesús Ávila Villadiego, a quien las autoridades llaman ‘Chiquito Malo’, y quien es el máximo jefe del EGC. “No existe ninguna posibilidad de que se acepte una Ley de Sometimiento. En el pasado, varias agrupaciones armadas como las AUC aceptaron una Ley de Sometimiento que no condujo a una paz estable y duradera”, dijo en declaraciones Caracol Radio.
Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el hecho de que el Gobierno se haya lanzado a tener una resolución con esa modalidad de diálogo deja ver que no se hizo un trabajo de reuniones exploratorias que son los encuentros donde se dejan claridades sobre el proceso y se ponen sobre algunos de los pedidos mínimos de las partes.
“Estamos en un momento en que es evidente que el Gobierno no cree en las fases exploratorias y abre este nuevo proceso presionado por un contexto en el que el Clan del Golfo es el gran spoiler de la paz total. Quizás hubo un intercambio de mensajes, pero no una conversación real. Esta decisión, además, coincide con el último conteo de la fuerza pública que dio cifras sobre expansión y número de hombres de esa estructura. Tenía una presión política por tomar una decisión sobre ese tercer año de Gobierno (que empieza este miércoles 7 de agosto)”, explica.
Para el investigador, esa incertidumbre jurídica —que también la tienen grupos como las bandas urbanas con quien el Gobierno sostiene procesos sin marco jurídico— no es algo que pueda solucionarse de manera expedita, pues algo que debe tramitarse en el Congreso.
“Ese será un proceso que podría tardar hasta un año de discusión. El Gobierno no tiene la maniobrabilidad para presentar eso en el Legislativo, pero además el Clan del Golfo hace una interpretación diferente de su papel en ese proceso”, explica.
Este grupo criminal se ha convertido en la principal amenaza para la paz en el país debido a su expansión territorial, control social, y compleja organización interna. A pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública y las disputas internas del grupo, el Clan del Golfo se ha consolidado como un holding criminal, como lo denomina el más reciente informe de la Fundación de Paz y Reconciliación (Pares) denominado “¿Plomo es lo que viene?”, dado sus múltiples formas de financiación.
“El Clan del golfo actúa como “holding criminal” en tanto es una estructura delictiva que, similar a un holding empresarial, no se dedica únicamente a actividades delictivas operativas, ni su único propósito es la dedicación a rentas ilícitas, sino que gestiona y coordina a diversos grupos delincuenciales. En el caso del Clan del Golfo, esta organización ha consolidado su poder mediante la externalización de actividades delictivas (outsourcing) a grupos delincuenciales más pequeños y locales. Estos grupos realizan labores en función de los intereses del Clan, lo que les permite expandirse desde su fortín en el Bajo Cauca, Urabá Antioqueño y sur de Córdoba, hacia otras regiones del país, como la costa caribe, los llanos orientales y el suroccidente, en departamentos como Huila y Tolima”, explica ese informe.
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El perfil de los negociadores
El otro punto sobre el que hubo sorpresas fue la designación de los negociadores tanto del Gobierno como del Clan del Golfo. En el caso de quienes llevarán las negociaciones por el lado del Ejecutivo, el jefe será Álvaro Jiménez, quien es quien tiene el perfil más alto. Este exmilitante del M-19, fue el director de la Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal- CCCM, es la mano derecha del comisionado consejero, Otty Patiño, y tiene una cercanía con el presidente Petro.
Por otro lado, está María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), y nieta del prócer liberal Jorge Eliécer Gaitán. Su llegada no pasará inadvertida, pues en múltiples ocasiones ha pedido que el grupo cambie de nombre porque agrede la memoria de su abuelo.
A ellos se suman Armando Wouriyu Valbuena, presidente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC); Víctor Negrete Barrera, sociólogo y director de la Fundación del Sinú y docente de la Universidad del Sinú, y Águeda Plata Gómez, quien actualmente es la directora de la Unidad de Víctimas en el Magdalena Medio.
Para el investigador Arias, esa delegación tiene múltiples virtudes porque está compuesta de personas que conocen mucho los territorios por donde se mueve el Clan del Golfo, pero también se distancia de otras mesas que se han intentado tener con ese grupo (la última con el expresidente Juan Manuel Santos) que tenían perfiles con más poder de decisión.
“Para el grupo siempre ha sido un punto clave ver cómo lo trata el Gobierno y con quién lo pone a conversar y eso incluso implica la frase exploratoria. En el proceso con Santos, ellos reconocían que esa idea de tener conversaciones previas con la Fiscalía o con el entonces vicepresidente Óscar Naranjo era una muestra de reconocimiento, pero también de que sí había una negociación seria”, detalla.
El Clan del Golfo es una organización criminal dedicada principalmente al narcotráfico y otras actividades ilícitas, lo que complica su inclusión en un proceso de paz tradicional. La legitimidad del diálogo con el Clan del Golfo también ha sido ampliamente cuestionada. Sectores críticos argumentan que negociar con un grupo criminal podría establecer un precedente peligroso y socavar el Estado de derecho en Colombia.
No es menor, por ejemplo, que el mismo gobierno de Estados Unidos tenga una orden de extradición y una recompensa de 5 millones de dólares en contra de Chiquito Malo. ¿Qué hará el Gobierno de Petro con este tema ahora que será uno de los delegados? Ese es otro interrogante que se abre, junto con los procesos judiciales que tienen los otros representantes.
Estará Orozman Orlando Osten, conocido como Rodrigo Flechas y José Gonzalo Sánchez, Gonzalito. Además, aparecen José Miguel Demoya Hernández, Chirimoya; Luis Armando Pérez Castañeda, Bruno o Jerónimo, y Elkin Casarrubia Posada, conocido como el Cura o Joaquín; al parecer un reincidente, pues alcanzo a desmovilizarse como exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El diálogo entre el gobierno Petro y el Clan del Golfo no es el primer intento de negociar con este grupo. Durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, se realizaron esfuerzos significativos para establecer un proceso de paz con el EGC. Sin embargo, estas negociaciones enfrentaron obstáculos considerables y, aunque se lograron algunos avances, no se consiguió un desmantelamiento completo del grupo ni una reducción significativa de su poder.
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El proceso con el Clan del Golfo parece estar estancado en los mismos temas que hace ocho años generaron trabas: un marco jurídico para el sometimiento y una serie de incentivos que motiven la desmovilización del grupo. También hay que tener en cuenta que durante los acercamientos con Santos el Clan del Golfo ‘Urabeños’ o ‘clan Úsuga’, como se le decía entonces) estaba debilitado tras una serie de golpes producto de la Operación Agamenón.
En este contexto, el éxito del diálogo entre el gobierno de Petro y el Clan del Golfo dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para navegar por el complejo entramado legal y político, así como de su habilidad para construir consensos tanto a nivel nacional como internacional. Será crucial que el gobierno mantenga un enfoque riguroso y transparente, y garantice que cualquier acuerdo respete los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de un país más seguro y justo.
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