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Aunque la agenda del presidente Gustavo Petro ha estado marcado por dos temas: su apuesta de paz total y el tema de cambio climático y medio ambiente, un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (UIA) muestra que, uno de los mayores desafíos de todos los tableros de negociación ha sido abordar los impactos ambientales generados por los grupos armados no estatales involucrados en el conflicto armado.
La destrucción ambiental ha sido una constante en las zonas de influencia de estas organizaciones, con consecuencias catastróficas para la biodiversidad de Colombia, justamente el tema central de la COP16 del que el país es anfitrión.
Con eso de fondo, el informe muestra una exhaustiva medición de los daños y afectaciones contra el medio ambiente perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias Segunda Marquetalia y las comandadas por Iván Mordisco y Calarcá Córdoba, y por el Clan del Golfo.
De acuerdo con el documento, que hace la medición entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de septiembre de 2024, en ese periodo se presentaron 233 afectaciones al medioambiente, lo que significa que cada tres días, de esos casi dos años, se cometió por lo menos una grave afectación a la naturaleza.
La lista de los daños más graves la lidera la minería ilegal que representa el 68% de los hechos registrados para el periodo analizado con 151 hechos registrados, seguido de la tala masiva de árboles (42 hechos), los atentados a la infraestructura petrolera (27 hechos) y actividades asociadas a la producción de cocaína (12 hechos)
El informe apunta a que las principales afectaciones ambientales se han concentrado en el Bajo Cauca antioqueño, el Nordeste de Antioquia y el Cañón del Micay, “enclaves donde convergen importantes economías criminales, como la minería ilegal de oro, el cultivo de hoja de coca y el procesamiento de cocaína”.
A ello se suman otras regiones como el Atrato y el Medio San Juan, blanco de la minería ilegal que ha contaminado los afluentes de los ríos San Juan y Atrato, este último reconocido como sujeto de derechos por la Corte Constitucional en 2016.
Clan del Golfo, el gran depredador
Una de las conclusiones del informe es que el Clan del Golfo es el grupo armado ilegal que más ha afectado al medio ambiente y continúa siendo el principal responsable de los daños ambientales relacionados con la minería ilegal.
“La subestructura Carretera del Frente Jairo de Jesús Durango se mantiene como el mayor responsable de los impactos ambientales ocasionados por la minería de oro en la subregión del Atrato, en Chocó. Desde enero de 2023, esta actividad ilícita ha conducido a la deforestación de al menos 34 hectáreas, generando daños en el ecosistema que podrían tardar entre 30 y 40 años en recuperarse”, dice el informe.
En áreas como el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, esta organización criminal ha deforestado vastas áreas para extraer oro y expandir sus actividades ilegales. Además de la minería, el Clan del Golfo ha impuesto normas a las comunidades para regular la tala de árboles, lo que agrava el problema de la deforestación en zonas como Urabá y Chocó. Esta combinación de actividades ilegales no solo afecta el medio ambiente, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y violencia en las comunidades locales.
En municipios como Carmen del Darién y el Litoral del San Juan (Chocó), el Clan, autodenominando como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y con quien el Gobierno está a punto de iniciar un diálogo de paz, ha ordenado a las comunidades asistir a reuniones en las que “los obligan a aumentar los cultivos de uso ilícito” y a “cumplir con una meta de hectáreas cultivadas con hoja de coca”, dice el informe.
Y agrega: “En muchos casos, al interior de los territorios colectivos o en áreas selváticas les fuerzan a realizar procesos de deforestación y resiembra de cultivos. Estos hechos están afectando desproporcionadamente a los resguardos indígenas del pueblo emberá”.
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El cese al fuego con el ELN sí le sirvió a la naturaleza
El alto al fuego con el ELN, el más largo que se ha tenido con un grupo armado, terminó el pasado 3 de agosto tras un año de estar en operación. La crisis que atraviesa esa mesa, que está suspendida hace un mes, impidió que se diera la renovación de ese cese que, según el informe de la UIA, habría evitado el derrame de por lo menos 3,1 millones de litros de crudo por efecto de atentados contra la infraestructura petrolera.
“Durante el cese al fuego bilateral, se evidenció una disminución del 100% en los ataques contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas. Esto significó que se dejaron de derramar al menos 3.180.000 litros de crudo, lo cual tendría un impacto positivo en por lo menos 53.650 habitantes de las zonas por donde atraviesa el oleoducto”, detalle el documento.
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El impacto de la Segunda Marquetalia en Putumayo
La Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, ha mantenido una actividad más limitada en cuanto a impactos ambientales, pero en regiones como el Putumayo, su implicación en la minería ilegal ha generado deforestación y contaminación de fuentes hídricas.
Se estima que en los últimos dos años, el Frente Comandos de la Frontera ha deforestado más de 140 hectáreas de selva amazónica, con lo que ha afectado el equilibrio ecológico de una de las zonas más biodiversas del planeta.
La contaminación de los ríos Caquetá y Putumayo con mercurio y otros productos tóxicos utilizados en la extracción de oro pone en riesgo la salud de las comunidades indígenas y la fauna local.
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La disidencia Mordisco y Chiribiquete
Las disidencias de las FARC, comandandas por Iván Mordisco, son otro actor relevante en la destrucción del medio ambiente, especialmente en la Amazonía. La deforestación masiva para la expansión de cultivos de coca y la ganadería extensiva ha causado daños irreparables en la selva amazónica. En el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, estas facciones han deforestado más de 13.000 hectáreas para construir carreteras ilegales. Estos corredores ilegales no solo facilitan el tráfico de drogas y armas, sino que también aceleran la destrucción de áreas protegidas.
“Estas facciones armadas habrían estado involucradas en al menos 11 casos de tala indiscriminada, algunos de ellos vinculados a la cadena productiva de la minería ilegal, así como otros referidos a la construcción o adecuación de carreteras, actividades relacionadas con la ganadería o el tráfico de madera”, dice el documento.
Las facciones del EMC han implementado reglas ambivalentes respecto al medio ambiente. Por ejemplo, en algunas áreas, imponen sanciones a quienes contaminan fuentes hídricas, mientras que en otras, promueven la resiembra de coca y la deforestación para actividades ilícitas.
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La deforestación en la Amazonía es uno de los problemas más alarmantes en el contexto del conflicto armado. Las facciones disidentes de las FARC han destruido vastas áreas de selva en su lucha por controlar territorios estratégicos para el tráfico de drogas. Este fenómeno no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino también la supervivencia de las comunidades indígenas que habitan la región, como los pueblos pijao, tucano y piratapuyo.
La construcción de carreteras ilegales ha facilitado la entrada de actores criminales y ha generado un aumento en la deforestación. Estos caminos, que atraviesan áreas protegidas como el Parque Chiribiquete, representan una amenaza directa para los esfuerzos de conservación y para la integridad cultural de las comunidades indígenas que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia.
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