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La Comisión de la Verdad arribó a Buenaventura (Valle del Cauca) para escuchar a las organizaciones sociales que, desde hace dos semanas, le están exigiendo al Estado que tome acciones sobre la crisis humanitaria que viven sus comunidades. Francisco de Roux, presidente de la Comisión, y Leyner Palacios, comisionado de la Verdad, conocieron de primera mano los problemas estructurales de esta ciudad, para tenerlos en cuenta a la hora de escribir las recomendaciones para la no repetición que presentarán en su el informe final, que será entregado en noviembre de este año.
A este conversatorio privado asistieron 15 delegados de organizaciones sociales, entre ellas, la Comisión de la Verdad Interétnica del Pacifico, Fundescode, Pastoral Social, quienes expresaron su preocupación por la persistencia del conflicto armado en su territorio. Por temas de seguridad prefirieron pronunciarse de manera colectiva y exigirle al Estado garantías de no repetición para los pueblos étnicos, que han sido tan afectados en la guerra. Se refirieron, además, a las consecuencias de la estigmatización, los asesinatos de líderes y la violencia contra las mujeres, fenómenos que no cesan a pesar de la firma del Acuerdo de Paz.
Una de las personas que asistió a la reunión calificó el encuentro como una “luz de la esperanza” para que se implemente a cabalidad el punto cinco del Acuerdo de Paz, sobre la reparación a las víctimas. “Hablar con el padre fue la posibilidad de narrar desde los territorios los hechos que hemos vivido las víctimas. Queremos restaurar un tejido social y esto solo es posible a través del diálogo. Hasta hoy no habíamos tenido este espacio. Soy de la zona rural de la ciudad y allá nadie llega. Que la Comisión esté en Buenaventura tomando nota de lo que estamos viviendo es muy importante”, señaló.
Tanto en la zona rural como en la urbana, denunció la fuente, se presentan a diario asesinatos, reclutamientos y enfrentamientos entre grupos armados: “Eso ha hecho que la comunidad esté intranquila, que no podamos salir de las casas, que se escuchen las balaceras. Queremos una justicia, una verdad y garantías de no repetición. Esperamos que ese informe que se entregará recoja lo que hemos vivido para que pueda menguar el conflicto armado”.
Pero además del informe, según otro líder, se necesita “inversión social, presencia efectiva del Gobierno y que se ponga en marcha las peticiones por la comunidad”. Buenaventura, dijo, “no es un puerto sin comunidad. Por el contrario, es una población diversa de indígenas, afros y campesinos, que merecen vivir en armonía y tranquilidad”.
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El comisionado Palacios, ante las denuncias, ratificó el compromiso de la Comisión de hacer un informe con un enfoque de reconciliación, pero contando todas las verdades de las afectaciones del conflicto armado que aún el país desconoce. También anunció que “con el pleno de comisionados decidimos fortalecer la dirección de pueblos étnicos, porque somos conscientes de que tenemos vacíos y necesitamos apuntar más a algunos elementos que ustedes nos han señalado”.
Asimismo, Palacios mencionó que en este documento se incluirá un capítulo de género que hablará de las violencias múltiples hacia las mujeres y de las consecuencias de la guerra que han vivido los niños, niñas y adolescentes: “En ese sentido Buenaventura es un punto de referencia muy importante para la construcción de ese capítulo”.
Si bien la Comisión, espera que la recomendaciones del informe final contribuyan a transformar en algo la realidad, Palacios dejó claro que como entidad no se pueden prometer soluciones inmediatas. Con esta afirmación estuvo de acuerdo el padre Francisco de Roux, quien les propuso a las vocerías plantear los problemas estructurales de fondo, para que luego estos sean comunicados “a los políticos y los empresarios del país”.
“Me da mucha esperanza cuando ustedes dicen que les quitaron hasta el miedo. Y les digo que no le tengan miedo a la verdad, porque nosotros vamos a decir unas verdades muy profundas. Nosotros queremos depositar en ustedes el legado de la Comisión porque lo hemos trabajado juntos y porque ustedes venían luchando por esto desde mucho antes de que nosotros existiéramos y lo van a continuar”, agregó el presidente de la Comisión.
La pasado 3 de febrero miembros de la comunidad del barrio Juan XXIII, de Buenaventura, denunciaron que dos grupos armados se enfrentaron con armas de fuego y artefactos explosivos en la zona. La crisis de seguridad y el temor a quedar en medio del fuego cruzado, llevó a que por lo menos 30 familias salieran desplazadas de ese barrio.
(Vea: Buenaventura resiste: así fue la cadena humana por la paz)
Al parecer, se trata de disputas entre las bandas Los Shotas y Los Espartanos, cuyo accionar ha sido alertado y documentado por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el hecho develó otros problemas que se viven Buenaventura, como el reclutamiento, el hambre, la desigualdad, el abandono del Estado y el recrudecimiento de la violencia.
Hace cinco días, habitantes de Buenaventura hicieron un recorrido de 22 kilómetros de línea humana, para exigir paz en el territorio. La actividad estuvo liderada por el obispo de la ciudad, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien aseguró que con esta actividad buscan que haya un cese definitivo de acciones violentas como homicidios, extorsiones, confinamientos y desplazamientos.