Comisión de la Verdad pide a la CIDH que exhorte al Estado a entregarle información

En medio de una audiencia virtual organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Comisión de la Verdad en Colombia, el comisionado Alejandro Valencia denunció de forma vehemente varias obstrucciones que ha tenido esa instancia nacida del Acuerdo de Paz. Según dijo, dichos obstáculos han venido principalmente de instituciones estatales y del partido de gobierno, el Centro Democrático.

Entre los tres reclamos que el comisionado puso en conocimiento de la CIDH, hizo especial énfasis en las limitaciones que ha tenido la comisión para acceder a información de entidades oficiales que consideran clave para el esclarecimiento de lo que ocurrió en más de medio siglo de guerra. Un reclamo que desde la comisión ya han expresado en distintos escenarios, llamando la atención en particular sobre la vigencia de su mandato, que culmina en noviembre de 2021.

Lea: Comisión de la Verdad advierte que se le ha negado información de inteligencia

Según denunció, no ha habido colaboración lo cual se traduce en “falta de respuestas, requerimientos adicionales imposibles de cumplir en lo que resta de existencia de la Comisión de la Verdad, o respuestas negativas a comunicaciones oficiales enviadas en las que se solicita el acceso y copia de documentos identificados como relevantes para el proceso de esclarecimiento”.

En su intervención hizo referencia explícita a algunas entidades estatales con las que han enfrentado ese tipo de obstrucciones: el ministerio de Justicia, Medicina Legal, el Inpec, la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF), el ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

También puso en conocimiento de la CIDH caso específicos en los que han encontrado esas limitaciones. Por ejemplo, aseguró que la Armada Nacional les ha negado el acceso a los inventarios documentales a cargo de la jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia argumentando que se trata de documentos amparados por reserva legal. Denunció también que “ante solicitudes a la Fuerza Pública sobre documentos específicos oficiales sobre determinada masacre, o sobre una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se ha dado respuesta con informes de contexto construidos a partir de información provenientes de fuentes abiertas, como prensa, Internet o libros académicos”.

Entre los casos mencionados, también habló de que cuando han pedido información al ministerio de Defensa sobre interceptaciones ilegales, este ha respondido de manera elusiva, diciendo que la comisión debe dirigirse a otra autoridad o que se ha dado traslado a otra dependencia. Denunció también que cuando han pedido información a las Fuerzas Militares sobre los hechos victimizantes contra los integrantes del partido Unión Patriótica, la respuesta ha sido que “no se halló información disponible”.

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Y llamó la atención especialmente sobre el hecho de que algunas entidades han respondido que la información solicitada no existe pues ha sido destruida o incinerada por esa misma institución. Específicamente mencionó que esa fue la respuesta del Ejército y la Policía con respecto a cuatro masacres ocurridas en el Magdalena Medio entre 1987 y 1999 y la masacre de Tacueyó (Cauca).

Además de esas limitaciones para acceder a información, el comisionado también denunció “los mensajes de desprestigio y difamación hacia su trabajo (el de la comisión), fundados en afirmaciones e información falsa o tergiversada que pone en riesgo la integridad de los y las Comisionados, así como todo el equipo de la entidad y las víctimas que han participado en sus diferentes escenarios”. Aseguró que dichos mensajes han venido principalmente de integrantes del partido de Gobierno, el Centro Democrático.

Como también han venido de ese partido los intentos de reformar los organismos del sistema de justicia transicional, que fue el tercer reclamo del comisionado. Según denunció, en 2018 un representante a la Cámara del Centro Democrático presentó el proyecto de Acto Legislativo 087 que establecía que ninguno de los organismos de ese sistema de justicia pudiera acceder a información de carácter reservado relacionada con la seguridad nacional, “como operaciones militares, estatales, inteligencia y contrainteligencia que pusiera en riesgo la seguridad nacional o de sus agentes”.

Con base en esos reclamos, fueron cinco las peticiones que desde la Comisión de la Verdad le hicieron a la CIDH. Quizá la más importante, que esa instancia requiera al Estado colombiano que presente antes de marzo de 2021 “un informe detallado sobre el estado de las peticiones elevadas por la comisión de la Verdad relacionadas con el acceso a información y, en cualquier caso, presentar la justificación para la negativa de entrega de esta”. Junto a ella, que la CIDH requiera al Estado a que garantice la colaboración armónica con los mandatos y funciones de la Comisión de la Verdad.

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Igualmente, la comisión le pidió a la CIDH que exhorte al Estado para que se abstenga de presentar iniciativas legislativas que busquen reformar los mecanismos del sistema de justicia transicional. Las otras dos peticiones están relacionadas con que esa instancia reconozca la labor e importancia del trabajo de la Comisión frente a los derechos de las víctimas del conflicto; y que en su informe anual, en lo relativo a Colombia, la CIDH presente un balance a la situación que le expusieron los comisionados de la Verdad en la audiencia de este martes.

En medio de una audiencia virtual organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Comisión de la Verdad en Colombia, el comisionado Alejandro Valencia denunció de forma vehemente varias obstrucciones que ha tenido esa instancia nacida del Acuerdo de Paz. Según dijo, dichos obstáculos han venido principalmente de instituciones estatales y del partido de gobierno, el Centro Democrático.

Entre los tres reclamos que el comisionado puso en conocimiento de la CIDH, hizo especial énfasis en las limitaciones que ha tenido la comisión para acceder a información de entidades oficiales que consideran clave para el esclarecimiento de lo que ocurrió en más de medio siglo de guerra. Un reclamo que desde la comisión ya han expresado en distintos escenarios, llamando la atención en particular sobre la vigencia de su mandato, que culmina en noviembre de 2021.

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Según denunció, no ha habido colaboración lo cual se traduce en “falta de respuestas, requerimientos adicionales imposibles de cumplir en lo que resta de existencia de la Comisión de la Verdad, o respuestas negativas a comunicaciones oficiales enviadas en las que se solicita el acceso y copia de documentos identificados como relevantes para el proceso de esclarecimiento”.

En su intervención hizo referencia explícita a algunas entidades estatales con las que han enfrentado ese tipo de obstrucciones: el ministerio de Justicia, Medicina Legal, el Inpec, la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF), el ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

También puso en conocimiento de la CIDH caso específicos en los que han encontrado esas limitaciones. Por ejemplo, aseguró que la Armada Nacional les ha negado el acceso a los inventarios documentales a cargo de la jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia argumentando que se trata de documentos amparados por reserva legal. Denunció también que “ante solicitudes a la Fuerza Pública sobre documentos específicos oficiales sobre determinada masacre, o sobre una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se ha dado respuesta con informes de contexto construidos a partir de información provenientes de fuentes abiertas, como prensa, Internet o libros académicos”.

Entre los casos mencionados, también habló de que cuando han pedido información al ministerio de Defensa sobre interceptaciones ilegales, este ha respondido de manera elusiva, diciendo que la comisión debe dirigirse a otra autoridad o que se ha dado traslado a otra dependencia. Denunció también que cuando han pedido información a las Fuerzas Militares sobre los hechos victimizantes contra los integrantes del partido Unión Patriótica, la respuesta ha sido que “no se halló información disponible”.

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Y llamó la atención especialmente sobre el hecho de que algunas entidades han respondido que la información solicitada no existe pues ha sido destruida o incinerada por esa misma institución. Específicamente mencionó que esa fue la respuesta del Ejército y la Policía con respecto a cuatro masacres ocurridas en el Magdalena Medio entre 1987 y 1999 y la masacre de Tacueyó (Cauca).

Además de esas limitaciones para acceder a información, el comisionado también denunció “los mensajes de desprestigio y difamación hacia su trabajo (el de la comisión), fundados en afirmaciones e información falsa o tergiversada que pone en riesgo la integridad de los y las Comisionados, así como todo el equipo de la entidad y las víctimas que han participado en sus diferentes escenarios”. Aseguró que dichos mensajes han venido principalmente de integrantes del partido de Gobierno, el Centro Democrático.

Como también han venido de ese partido los intentos de reformar los organismos del sistema de justicia transicional, que fue el tercer reclamo del comisionado. Según denunció, en 2018 un representante a la Cámara del Centro Democrático presentó el proyecto de Acto Legislativo 087 que establecía que ninguno de los organismos de ese sistema de justicia pudiera acceder a información de carácter reservado relacionada con la seguridad nacional, “como operaciones militares, estatales, inteligencia y contrainteligencia que pusiera en riesgo la seguridad nacional o de sus agentes”.

Con base en esos reclamos, fueron cinco las peticiones que desde la Comisión de la Verdad le hicieron a la CIDH. Quizá la más importante, que esa instancia requiera al Estado colombiano que presente antes de marzo de 2021 “un informe detallado sobre el estado de las peticiones elevadas por la comisión de la Verdad relacionadas con el acceso a información y, en cualquier caso, presentar la justificación para la negativa de entrega de esta”. Junto a ella, que la CIDH requiera al Estado a que garantice la colaboración armónica con los mandatos y funciones de la Comisión de la Verdad.

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