Comisión de la Verdad recibe 6.000 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales

Luego de nueve años, Beatriz Valencia recibió por parte de la Fiscalía la noticia de que uno de los cuerpos exhumados del cementerio de Granada (Meta) correspondía al de su hija, Clara Patricia. Allí fue enterrada junto con otros cuerpos sin nombre por miembros del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas, localizado en Villavicencio. A Clara la hicieron pasar como guerrillera muerta en combate.

Era 2006 y mientras Clara a sus 23 años trabajaba en el restaurante Tres Esquinas, en Granada, varios hombres se la llevaron. Beatriz nunca supo qué ocurrió con ella. Quedó a cargo de sus tres nietas desde entonces.

(Le puede interesar: El documental para recordar a las víctimas de “falsos positivos” del país)

También recuerda que Clara había sufrido amenazas y persecuciones por hombres desconocidos apenas empezó a averiguar por la muerte de su hermana Luz Marina. Ella, también cuenta Beatriz, tenía 16 años cuando fue reclutada de manera forzada por las Farc en el municipio de El Castillo y luego de 10 meses murió en medio de combates, el 28 de enero de 2002.

Por ir a reclamar el cuerpo de su hermana la amenazaron y cuatro años después la desaparecieron.

Su caso hace parte de las investigaciones que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del caso 003 sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado. El Batallón 21 Vargas es uno de los priorizados para empezar a dilucidar quiénes fueron los responsables de estas ejecuciones y de dónde vinieron las órdenes.

También hace parte de los posibles 6.912 casos de los mal llamados falsos positivos que ha recogido la Mesa sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos desde 2006, año en el que se empezó a conocer este delito por las denuncias de las Madres de Soacha.

“Ya se venían conociendo casos de falsos positivos, sobre todo en el nordeste antioqueño, pero esa era no más la punta del iceberg, por eso se crea la mesa, con el fin de recoger información de las organizaciones sociales que llevaban los procesos jurídicos de estos casos”, explica Adriana Pestana, coordinadora del área psicosocial del Colectivo Orlando Fals Borda, una de las 15 organizaciones que hacen parte de la mesa.

Después de un ejercicio de recolección de información, investigación y contrastación, la Mesa creó una base de datos sobre falsos positivos que data desde 1990 hasta 2015. En total, la base tiene 6.912 registros de este delito cometidos en todo el territorio nacional y que se presentaron sobre todo en Antioquia y el Meta.

La mayoría de estos casos, 5.763, ocurrieron entre el 2002 y el 2010, los dos períodos presidenciales del senador Álvaro Uribe Vélez, promotor de la política de Seguridad Democrática, la cual fortaleció las acciones militares en el país para combatir a la exguerrilla de las Farc.

(Lea también: La versión ante la JEP del coronel (r) Hernán Mejía, quien quiere ser presidente)

“Queremos mostrar que la mayoría de estos casos están en la impunidad, que no se han esclarecido las estrategias que permitieron cometer estos actos ni han sido llevados a la justicia los máximos responsables. La justicia ordinaria no ha cumplido su papel: ni un solo miembro de la cúpula militar ha sido judicializado”, señala Alberto Yepes, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Tanto organizaciones como las familias víctimas tienen esperanza de que en la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se establezca quiénes fueron los máximos responsables de estos hechos, las responsabilidad de sectores políticos y militares y ayuden a encontrar a sus familiares.

Por eso, este miércoles de 22 de julio, la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales le entregará a la Comisión de la Verdad dos bases de datos con los 6.912 casos y 12 informes que han hecho desde 2006 y han llevado a instancias internacionales, donde están los detalles de los casos y el modus operandi por regiones de la comisión de las ejecuciones extrajudiciales.

Esas bases de datos también han servido para construir otros informes ya entregados a la JEP y la UPBD sobre falsos positivos cometidos en Antioquia, la región Caribe, Arauca, entre otras regiones, y que involucran a unidades militares como el Batallón N° 2 La Popa, la 1a División del Ejército, la X Brigada Blindada, la Brigada XVIII, entre otras, durante el 2000 y el 2010 principalmente.

“Queremos que la Comisión de la Verdad establezca en su informe cuáles fueron las motivaciones de esos miles de asesinatos, las doctrinas, manuales de entrenamiento y operaciones de inteligencia que consideraron a sectores de la población como enemigos y que los hicieron objeto de estas prácticas de exterminio”, sostiene Yepes.

Y agrega que, aunque la Comisión no va a señalar las responsabilidades individuales, sí puede establecer la responsabilidad institucional del Estado y de los sectores políticos y militares que estuvieron posiblemente detrás de este fenómeno.

Esta entrega coincide con la conmemoración de los diez años de la audiencia en La Mararena (Meta), impulsada por algunas de las organizaciones sociales que integran la Mesa y que partió en dos el avance en las investigaciones de los falsos positivos que se empezaron a conocer desde esa época.

Recordemos que el 22 de julio de 2010, la comisiones de Paz del Congreso en compañía de delegados del Parlamento Europeo realizaron una audiencia pública en esta región de los Llanos Orientales para escuchar las denuncias de los habitantes, quienes reportaron múltiples casos de desapariciones forzadas, falsos positivos, violencias sexuales y desplazamiento forzado.

Durante la audiencia, el país conoció la existencia de diversas fosas clandestinas en cinco cementerios (La Macarena, Vista Hermosa, Granada y Villavicencio en el Meta, y el del San José del Guaviare) donde los militares tiraban y enterraban los cuerpos de presuntos guerrilleros, muchos de los cuales quedaron inhumados como no identificados por varios años.

Entre esos cuerpos estuvo el de Clara Patricia, la hija de Beatriz, quien a partir de esa audiencia pudo denunciar su caso y la Fiscalía desde entonces asumió la investigación.

Luego de esa audiencia, en esta institución se creó el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) para trabajar en estos cementerios. Diez años después, se ha logrado demostrar que 2.304 cuerpos estaban enterrados como no identificados 1.674 de ellos fueron reportados como muertos en combate por parte de la Fuerza Pública.

Según el Grube, al 15 de julio de 2020 han sido exhumados 1.371 cuerpos, identificados 899, y 221 entregados, con el acompañamiento del Colectivo Orlando Fals Borda.

Luego de nueve años, Beatriz Valencia recibió por parte de la Fiscalía la noticia de que uno de los cuerpos exhumados del cementerio de Granada (Meta) correspondía al de su hija, Clara Patricia. Allí fue enterrada junto con otros cuerpos sin nombre por miembros del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas, localizado en Villavicencio. A Clara la hicieron pasar como guerrillera muerta en combate.

Era 2006 y mientras Clara a sus 23 años trabajaba en el restaurante Tres Esquinas, en Granada, varios hombres se la llevaron. Beatriz nunca supo qué ocurrió con ella. Quedó a cargo de sus tres nietas desde entonces.

(Le puede interesar: El documental para recordar a las víctimas de “falsos positivos” del país)

También recuerda que Clara había sufrido amenazas y persecuciones por hombres desconocidos apenas empezó a averiguar por la muerte de su hermana Luz Marina. Ella, también cuenta Beatriz, tenía 16 años cuando fue reclutada de manera forzada por las Farc en el municipio de El Castillo y luego de 10 meses murió en medio de combates, el 28 de enero de 2002.

Por ir a reclamar el cuerpo de su hermana la amenazaron y cuatro años después la desaparecieron.

Su caso hace parte de las investigaciones que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del caso 003 sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado. El Batallón 21 Vargas es uno de los priorizados para empezar a dilucidar quiénes fueron los responsables de estas ejecuciones y de dónde vinieron las órdenes.

También hace parte de los posibles 6.912 casos de los mal llamados falsos positivos que ha recogido la Mesa sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos desde 2006, año en el que se empezó a conocer este delito por las denuncias de las Madres de Soacha.

“Ya se venían conociendo casos de falsos positivos, sobre todo en el nordeste antioqueño, pero esa era no más la punta del iceberg, por eso se crea la mesa, con el fin de recoger información de las organizaciones sociales que llevaban los procesos jurídicos de estos casos”, explica Adriana Pestana, coordinadora del área psicosocial del Colectivo Orlando Fals Borda, una de las 15 organizaciones que hacen parte de la mesa.

Después de un ejercicio de recolección de información, investigación y contrastación, la Mesa creó una base de datos sobre falsos positivos que data desde 1990 hasta 2015. En total, la base tiene 6.912 registros de este delito cometidos en todo el territorio nacional y que se presentaron sobre todo en Antioquia y el Meta.

La mayoría de estos casos, 5.763, ocurrieron entre el 2002 y el 2010, los dos períodos presidenciales del senador Álvaro Uribe Vélez, promotor de la política de Seguridad Democrática, la cual fortaleció las acciones militares en el país para combatir a la exguerrilla de las Farc.

(Lea también: La versión ante la JEP del coronel (r) Hernán Mejía, quien quiere ser presidente)

“Queremos mostrar que la mayoría de estos casos están en la impunidad, que no se han esclarecido las estrategias que permitieron cometer estos actos ni han sido llevados a la justicia los máximos responsables. La justicia ordinaria no ha cumplido su papel: ni un solo miembro de la cúpula militar ha sido judicializado”, señala Alberto Yepes, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Tanto organizaciones como las familias víctimas tienen esperanza de que en la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se establezca quiénes fueron los máximos responsables de estos hechos, las responsabilidad de sectores políticos y militares y ayuden a encontrar a sus familiares.

Por eso, este miércoles de 22 de julio, la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales le entregará a la Comisión de la Verdad dos bases de datos con los 6.912 casos y 12 informes que han hecho desde 2006 y han llevado a instancias internacionales, donde están los detalles de los casos y el modus operandi por regiones de la comisión de las ejecuciones extrajudiciales.

Esas bases de datos también han servido para construir otros informes ya entregados a la JEP y la UPBD sobre falsos positivos cometidos en Antioquia, la región Caribe, Arauca, entre otras regiones, y que involucran a unidades militares como el Batallón N° 2 La Popa, la 1a División del Ejército, la X Brigada Blindada, la Brigada XVIII, entre otras, durante el 2000 y el 2010 principalmente.

“Queremos que la Comisión de la Verdad establezca en su informe cuáles fueron las motivaciones de esos miles de asesinatos, las doctrinas, manuales de entrenamiento y operaciones de inteligencia que consideraron a sectores de la población como enemigos y que los hicieron objeto de estas prácticas de exterminio”, sostiene Yepes.

Y agrega que, aunque la Comisión no va a señalar las responsabilidades individuales, sí puede establecer la responsabilidad institucional del Estado y de los sectores políticos y militares que estuvieron posiblemente detrás de este fenómeno.

Esta entrega coincide con la conmemoración de los diez años de la audiencia en La Mararena (Meta), impulsada por algunas de las organizaciones sociales que integran la Mesa y que partió en dos el avance en las investigaciones de los falsos positivos que se empezaron a conocer desde esa época.

Recordemos que el 22 de julio de 2010, la comisiones de Paz del Congreso en compañía de delegados del Parlamento Europeo realizaron una audiencia pública en esta región de los Llanos Orientales para escuchar las denuncias de los habitantes, quienes reportaron múltiples casos de desapariciones forzadas, falsos positivos, violencias sexuales y desplazamiento forzado.

Durante la audiencia, el país conoció la existencia de diversas fosas clandestinas en cinco cementerios (La Macarena, Vista Hermosa, Granada y Villavicencio en el Meta, y el del San José del Guaviare) donde los militares tiraban y enterraban los cuerpos de presuntos guerrilleros, muchos de los cuales quedaron inhumados como no identificados por varios años.

Entre esos cuerpos estuvo el de Clara Patricia, la hija de Beatriz, quien a partir de esa audiencia pudo denunciar su caso y la Fiscalía desde entonces asumió la investigación.

Luego de esa audiencia, en esta institución se creó el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) para trabajar en estos cementerios. Diez años después, se ha logrado demostrar que 2.304 cuerpos estaban enterrados como no identificados 1.674 de ellos fueron reportados como muertos en combate por parte de la Fuerza Pública.

Según el Grube, al 15 de julio de 2020 han sido exhumados 1.371 cuerpos, identificados 899, y 221 entregados, con el acompañamiento del Colectivo Orlando Fals Borda.