El consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, habló con Colombia+20 desde Tumaco, Nariño, donde este fin de semana se llevó a cabo un encuentro de las delegaciones de Gobierno y Segunda Marquetalia con líderes de distintas organizaciones sociales y se anunció la fecha para el segundo ciclo de negociaciones que se lleva con ese grupo armado.
Patiño habló, otra vez, sobre la posibilidad de abrir un tribunal de cierre, y sobre la participación que tendrá este martes el presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU.
El presidente estará en la ONU el martes y su discurso va a volver a estar enfocado en la paz de Colombia y en el Acuerdo de Paz. ¿Qué va a poder mostrar cuando algunas de sus negociaciones estrella, entre ellas la del ELN, está suspendida?
Creo que mucho puede decir. Tenemos nueve frentes de paz abiertos, uno de ellos es el de aquí de Comuneros del Sur, el que nos convoca este fin de semana en Nariño con la Segunda Marquetalia, el de los frentes del EMC que todavía están en paz. El Gobierno abrió exploraciones con los herederos de (Hernán) Giraldo: Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, más las que se están haciendo con lo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, pero que la gente los conoce más como Clan del Golfo. Más los procesos de paz urbana. Hay cosas por contar.
Pero tenemos otros frentes de trabajo: el cierre del proceso de Justicia y Paz, el mismo cierre de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), que también es muy importante y que de todas maneras en ese cierre se puedan acoger personas u otras entidades, incluso puede ser propicio para una organización como el ELN porque es muy difícil generar nuevos procesos de justicia. Ya tenemos varias justicias con las que no se han cerrado los procesos y hemos venido hablando con la fiscal general (Luz Adriana Camargo) para que la justicia ordinaria más bien se fortalezca y adquiera cierta flexibilidad en el manejo territorial.
Aquí, por ejemplo, en Nariño, donde las comunidades indígenas son de las que más padecen el tema de la violencia, se puede acudir a la jurisdicción especial indígena muy bien articulada con la justicia ordinaria para ver cómo se puede redimir sin que haya impunidad.
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¿Qué quiere decir con el cierre de la JEP? ¿Es la idea del tribunal de cierre que ha rondado desde el Gobierno y otros sectores?
Es que todas esas justicias especiales son justicias transicionales, pero que también deberían ser transitorias. A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a esa justicia transicional.
Hay una puja, hay una tensión entre quienes piensan que debe prolongarse mucho más, y hay quienes pensamos que hay que acotar esa justicia y darle término para que puedan cerrarse los procesos. Le cito un caso, el macrocaso 01 de la JEP que tiene que ver con secuestro, y donde los que estaban acusados de secuestro que eran la cúpula de las FARC, el antiguo secretariado, ellos decidieron asumir la responsabilidad de todos los secuestros.
Sin embargo, las investigaciones que ha hecho la JEP empezó más bien a bajar. A los bloques, a los frentes, y de ahí para abajo, pues hasta, supongo que a las bases mismas de las FARC, y eso ha generado una inseguridad jurídica que molesta mucho a los firmantes de paz. Entonces se está pensando cómo se acota, cómo se cierra, cómo se impide que la justicia, esa justicia especial, se prolonga en el tiempo y puedan debilitar a la justicia ordinaria.
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Hay un borrador de decreto sobre el tema que desarrolla lo que pedía la Corte Constitucional al Gobierno sobre ley de paz total. Este diario sabe que esa no es la única opción que se está barajando desde el Gobierno, especialmente desde su oficina, para el tema del sometimiento… ¿Qué es lo que se está trabajando?
Sí, es cierto. No es lo único. Hay unas iniciativas dentro del Congreso que dependen de varios congresistas para hacer un nuevo marco jurídico. En eso el Gobierno está mirando los distintos elementos porque se ha preferido ser prudentemente y dejar que eso discurra para no casarse con hacer una iniciativa propia. Creemos que para que eso salga adelante tiene que haber un proceso de concertación política y es preferible para este Gobierno no esperar que las fuerzas políticas se alineen y estén de acuerdo en un proyecto común o un proyecto que tenga viabilidad a no desgastarse en un proyecto propio.
Lo preferible es un proyecto que permita que la justicia ordinaria se fortalezca. La ley de paz total está inmersa en la ley de orden público, pero resulta que el concepto de orden público fue un producto de la Constitución del 86. La Constitución del 91 tiene como eje fundamental otra cosa: el tema del derecho a la paz. Entonces, el tema de orden público es básicamente un tema que es responsabilidad del Estado, pero la paz es un derecho que nos compromete y nos beneficia a todos. Lo ideal es que pudiéramos hacer una ley de paz donde el espíritu fundamental no sea la defensa del orden público, sino la defensa del derecho a la paz.
