La defensa colectiva de comunidades y territorios es una de las grandes deudas que tiene el Estado colombiano en las periferias. También es el resultado de muchas promesas incumplidas para proteger la vida de cualquier riesgo que provenga de grupos armados y sus actividades criminales.
El Acuerdo de Paz en su tercer punto (Fin del Conflicto) creo la primera gran instancia en los últimos 30 años para ofrecer una salida posible a esto. Se trata del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, cuyas medidas se centran en liderazgos sociales, representantes populares, poblaciones étnicas, mujeres, voceros de políticas de género, líderes y lideresas medioambientales y comunidad LGBTIQ+ y cómo puede haber medidas de protección integral sobre ellos.
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Sin embargo, el posconflicto violento, las voluntades políticas volátiles y la ausencia de un piso jurídico para atender temas de seguridad territorial hicieron que esa instancia quedara en el papel.
Con el afán de intentar el cierre de estas brechas, este domingo el Ministerio del Interior comunicó que ya está al aire un rediseño de ese programa integral con el que las personas y sus organizaciones pueden solicitar su ingreso.
El anuncio lo dio Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos de esa cartera, quien a través de su cuenta de Twitter dio algunas indicaciones sobre el programa. “Las comunidades y organizaciones sociales que quieran acceder a programas que fortalezcan sus capacidades de autoprotección, a programa de protección colectiva, de prevención de riesgos, pueden hacerlo (…) desde el Ministerio vamos a apuntarla a un cambio sustancial en la protección de líderes sociales y sobre todo a las organizaciones organizadas de Colombia”, dijo.
Aunque el programa no es nuevo, pues fue reglamentado en el Decreto 660 de 2018, no ha podido traducir en medidas reales y sus alcances han sido nulos en los cuatro pilares del programa: el fomento de condiciones para la convivencia y la prevención; la promoción del acceso comunitario a internet; el reconocimiento a la labor de las mujeres y sus organizaciones; y la prevención para superar la estigmatización y discriminación de las comunidades.
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¿Qué contiene el formulario?
En la página web del Ministerio del Interior, las organizaciones interesadas pueden descargar un documento en Word que les dará acceso a un formato único para diligenciar y enviar al correo decreto660@mininterior.gov.co.
Allí deberán presentar su organización (historia, enfoques, derechos que defienden, estructura), los hechos que sustentan su solicitud de protección y autoprotección (hechos de violencia, violaciones de derechos humanos en los últimos tres años), para luego describir los tipos de conflictos sociales, territoriales y ambientales que se han dado en sus territorios.
Con ese contexto, las organizaciones deben explicar los escenarios de riesgo que hayan identificado, las denuncias que tengan ante entidades públicas (como Fiscalía, Defensoría del Pueblo o Naciones Unidas), si cuentan o ya contaron con otras medidas de protección y la consigna de la información de contacto de la comunidad que envía la solicitud.
De acuerdo con Dejusticia, el desarrollo del programa integral se vio obstaculizado en el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, a raíz de su “mirada militarista del Estado en la protección de las comunidades y los defensores de derechos humanos”.
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De hecho, contrario a eso, lo que busca ese decreto en el papel es que las comunidades que pidan pista en la protección colectiva de sus derechos e integridad vean en esta instancia un fortalecimiento para la creación de mecanismos de participación entre la población y las autoridades civiles; marginando así los discursos de seguridad de la vía militar como único camino.
División de roles
El Ministerio del Interior es la cabeza de este programa. Sin embargo, desde el mismo Acuerdo de Paz quedó escrito que la Unidad Nacional de Protección (UNP) es la doliente directa de las rutas de protección colectivas.
El problema ha recaído en que dentro del Decreto 660 no se encontraba la especificidad mínima para tener información precisa respecto a análisis de contexto integral de las organizaciones a proteger y ni siquiera había un estudio riguroso sobre las particularidades de cada colectivo dentro del programa integral.
Una crítica que personas como Franklin Castañeda le daban al funcionamiento de ese decreto de protección era que el acceso para sus beneficiarios se daba de forma errada. Había elementos como el asignarles esquemas individuales a varios defensores de una misma organización y demás fallas logísticas que no permitían una operatividad plena.
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En una antigua división de roles para dar con políticas de protección colectiva también había la participación de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General, oficina desde la cual se buscaba desmantelar estructuras criminales; lo cual era una instancia que debilitaba instituciones surgidas tras el mismo Acuerdo de La Habana, como denunció el medio digital “Verdad Abierta” en 2022.
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos entran desde ahora a un nuevo capítulo de protección colectiva. El tiempo y la articulación interinstitucional serán los encargados de decir si ese decreto funcionó o irremediablemente se quedó engavetado entre las páginas del Acuerdo de Paz, como lleva desde hace casi siete años.