¿Cómo responder al desplazamiento forzado? 20 años de aprendizajes y retos
Se cumplen dos décadas de la sentencia T-025 que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en el desplazamiento forzado. La Corte Constitucional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se dieron cita para rememorar el emblemático fallo y planear el camino que queda por delante.
Tras 20 años de la histórica sentencia T-025 de la Corte Constitucional, que protege los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, pareciera que, a este fenómeno, que persiste, no se le presta la atención necesaria para detenerlo. “Lo esencial es que el país se tome en serio el dolor de los desplazados”, dijo el magistrado Manuel José Cepeda, quien fue ponente del fallo. Sus palabras sirvieron de faro para iniciar una discusión que cada tanto desaparece del foco del Estado y se rememoró en el evento “Justicia constitucional en contextos de conflicto”, organizado por la Corte Constitucional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y tuvo el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID Colombia y ACDI-VOCA.
Magistrados, representantes de la sociedad civil, organismos internacionales, académicos y expertos en derechos humanos y justicia constitucional se dieron cita en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, en Bogotá, para reflexionar y profundizar en esta problemática, la que ha generado más víctimas en el conflicto armado colombiano. Según el Registro Único de Víctimas, de las poco más de 9,5 millones de personas que ha afectado la guerra en Colombia, 8,5 millones han vivido desplazamiento forzado; es decir, el 89 %.
Fueron dos días continuos en los que se abrieron diálogos en torno a los retos y desafíos que impiden que el desplazamiento forzado deje de suceder en las comunidades. Asimismo, se plantearon proyecciones para que en Colombia se instalen soluciones duraderas y reales. El evento fue parte de la conmemoración de las dos décadas del fallo, considerado un hito en la jurisprudencia tras declarar el estado de cosas inconstitucional (ECI) por la vulneración de los derechos de los desplazados.
Visibilizar lo silenciado
“Hoy no celebramos los 20 años de la sentencia, sino que reflexionamos sobre ella”, dijo el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, quien reconoció el dolor por la invisibilización a la que estuvo sometida la población desplazada durante años.
La sentencia cumple con una particularidad y es que hizo visible un fenómeno que, a pesar de sus efectos devastadores, permanecía oculto y silenciado. Así lo describió la magistrada Natalia Ángel, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, durante la instalación oficial del evento: “La Corte no puede evitar que ocurran desplazamientos, ni es la encargada de responder. Nuestro rol es lo que hacemos para que el Gobierno cumpla sus obligaciones y continúe con la tarea de la superación del ECI”, señaló y agregó que lo más importante es que el desplazamiento forzado vuelva a ser central en la agenda pública.
Lea también: “Colombia debe escuchar la voz de los desplazados”: Walter Kälin, experto de ONU
Por su parte, el abogado Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, dijo que las dos décadas que cumple la sentencia en parte reflejan un sentimiento de vergüenza por las condiciones en las que siguen los desplazados, pero por otro lado señala que es un orgullo saber que las organizaciones civiles y la Corte reaccionaron: “Tenemos que tener vergüenza como país por la situación que vivimos, pero sin la sentencia T-025 todo sería peor porque sí hay contribuciones significativas como una política más articulada y robusta, el incremento de los recursos y los elementos simbólicos en la representación pública”, dijo Uprimny.
El llamado al gobierno Petro
Si bien el impacto de la sentencia ha cobijado a muchas víctimas de desplazamiento forzado, Eucaris Salas, la primera mujer coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, hizo un llamado al Gobierno para que atienda la situación actual, pues aún quedan muchos retos en el territorio. “En 2022 y 2023 el incremento del desplazamiento ha sido del 37 %. Esto aterroriza al país porque uno aspiraba a que después de los acuerdos de paz disminuyera la cifra, pero por el contrario aumenta todos los días. Lanzamos un S.O.S. al Gobierno, a la Corte, a la cooperación internacional para que ponga una mirada en el territorio y encontremos una forma de acabar con la guerra”, afirmó.
En ese contexto, la Corte Constitucional, desde hace 20 años, le hace un riguroso seguimiento a la sentencia y revisa los informes del Gobierno, organizaciones de víctimas y entidades internacionales sobre la evolución de políticos, recursos e impactos, para identificar los obstáculos normativos que impiden que las políticas públicas puedan avanzar y asegurar los derechos de la población desplazada. Sin embargo, según Luis Jorge Garay Salamanca, integrante de la Comisión de Seguimiento, los informes no mostraban mayores avances e incluso repetían información. Por eso, hizo un llamado para que el Estado deje a un lado la recopilación de datos históricos y le dé una mirada actual a la problemática, recogiendo lo que está pasando en los territorios con el fin de acelerar las respuestas al fenómeno del desplazamiento forzado. “Infortunadamente, después de 20 años persiste el ECI en la medida en que esta población es la más vulnerable entre las vulnerables”, advirtió.
Vale resaltar que el conflicto armado tiene un impacto diferencial sobre todo en la vida de las mujeres. La Corte ha respondido a ese contexto identificando a los grupos vulnerables y, entre ellos, otros mucho más vulnerables. La magistrada Diana Fajardo resaltó que la Sala de Seguimiento ha expedido más de 20 autos dirigidos a generar estrategias para atender a mujeres víctimas, niños, niñas y adolescentes, los grupos étnicos, afros y raizales. Para entender el fenómeno, Julia Cogollo, delegada del Proceso de Comunidades Negras, explica que las mujeres sufren un impacto colectivo y es ahí donde radica la importancia de manejar un enfoque diferencial. La violencia sexual y el desplazamiento forzado no afectan de manera individual, sino que influyen en los proyectos de vida, en la familia y en la sociedad. “¿Cuándo vamos a cumplir la sentencia si aumenta el número todos los días? Eso es llegar a ninguna parte”, señaló. Cogollo agregó que que también es importante mostrar lo que se ha logrado porque el panorama “no puede ser desesperanzador, tiene que revisarse para que algún día se cumpla”.
Soluciones duraderas
Tras revisar los desafíos que todavía quedan para atender el desplazamiento forzado, desde una perspectiva a futuro, Robert Piper, asesor especial del secretario general de Naciones Unidas sobre soluciones a los desplazamientos internos hizo un llamado al Estado para que se siga trabajando en la terminación de la problemática.
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“La disputa ha creado suficientes diferencias y personas desplazadas, así como muchos desafíos porque sus derechos han sido violados. Queremos que el desplazamiento sea un estado pasado. No queremos que las personas continúen con esa marca un día más. Necesitamos soluciones duraderas. Un proceso de restauración como camino para que termine el ECI. Colombia tiene una organización que está enfocada en las necesidades de las víctimas, pero el mover a las personas de su desplazamiento a las soluciones requiere actores. Se ha construido una maquinaria de respuesta poderosa, pero las soluciones están por verse. Requiere un liderazgo político muy fuerte y una alineación entre Bogotá y las regiones”, explicó.
En esa misma línea, Paula Gaviria, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas desplazadas, habló de la importancia de darles continuidad a soluciones duraderas: “Creo que el tema tiene que ser liderado por el Estado y con la participación de las comunidades, que son las que saben. Ahí están las pistas. No se puede hacer sin ellas y sin sus ideas, pero claramente no se puede hacer sin el Gobierno. Esto solo se logra con voluntad política al más alto nivel”, dijo Gaviria.
Por su parte, Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia, explicó que es positivo que los desplazados estén en las ciudades porque “hay que pensar en soluciones urbanas. Es más fácil porque hay menos temas de ocupación de tierras por grupos armados, que los hacen esperar 10 años más hasta que se vayan. Pero si la población ya está en la ciudad, se puede solucionar de forma más rápida”. Girard planteó que una de las soluciones para atender el tema de vivienda para las víctimas de desplazamiento forzado en las ciudades, es incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial los asentamientos que tienen las personas vulnerables.
“La solución es una intervención de urbanización, de valoración del territorio, de regularización del territorio en algo más seguro. Muchas veces los desplazados se asientan en zonas riesgosas porque no hay alternativas. Hay que dar una vivienda segura. Además, la concentración de personas genera demanda de consumo, entonces hay que pensarlo en un círculo virtuoso”, señaló.
Para aplicar esas soluciones duraderas en los territorios, el experto de la ONU Walter Kälin hizo un llamado a “remover todo obstáculo” que evite lograr la solución: “con frecuencia tenemos obstáculos administrativos en las leyes que son innecesarios”.
Durante la intervención de Sandra Liebenberg, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stellenbosch; David James Cantor, director del Refugee Law Initiative de la Universidad de Londres, y Ana María Ibañez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se concluyó que Colombia es el único país del mundo con lineamientos jurisprudenciales claros y significativos sobre el desplazamiento. En ese sentido, se destacó que la sentencia T-025 tiene la obligación de garantizar el derecho a vivienda, tierra y generación de ingresos de la mano del Gobierno, que es el que diseña e implementa las políticas públicas.
La magistrada Natalia Ángel indicó que lo más importante como solución de cara a la problemática es aplicar la idea de priorización para definir lo urgente porque “las tareas son grandes y monumentales”. “Es importante enfocarnos incluso para tener resultados mucho más contundentes”, dijo la magistrada. Asimismo, la togada hizo énfasis en los planes de mitigación del riesgo porque “no vamos a superar el desplazamiento sin prevención”.
Las respuestas a futuro
Bajo la premisa de reforzar las soluciones duraderas de cara a lo que viene por delante, el magistrado Juan Carlos Cortés señaló que la sentencia no se queda en el tiempo, sino que trasciende al territorio. Además, envió un mensaje de aliento para continuar con el trabajo que se ha realizado durante 20 años: “No podemos desfallecer porque tenemos un compromiso ético y jurídico”.
En ese contexto, Colombia es un país piloto para trabajar la implementación de la agenda de acción que propone la ONU en cuanto al desplazamiento interno. En ese sentido, se han identificado necesidades en el trabajo articulado entre las agencias de cooperación y el Gobierno, por lo que las políticas públicas de víctimas y las políticas sociales del Estado deben tener una transversalización.
Además: “Atender al fenómeno del desplazamiento sigue siendo prioritario”: magistrada Ángel
“La implementación de la política pública de retornos y reubicaciones es una esperanza para las familias, pero hasta ahora muestra un avance insuficiente. Además, existe la nula desarticulación entre las entidades del Estado. En las alcaldías no tienen idea de cómo atender a una víctima de conflicto armado, las gobernaciones no saben cómo se activa una ruta y no dejan presupuesto para atender a las víctimas. Muchas entidades todavía desconocen la sentencia”, explicó Laura Borrero, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas.
Por su parte, Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señaló que uno de los problemas más serios en el desplazamiento es que es una práctica normalizada que incluso practican actores legales desde el despojo de tierras. “Es una práctica legalizada a través de mecanismos. No solo está vinculada con actores de la guerra, sino que tiene una relación con los actores legales del país y actores de la economía. Es decir que el desplazamiento está vinculado a la minería, agroindustria y los esfuerzos para apropiarse del territorio”, dijo Vidal, y agregó que entender las modalidades del desplazamiento es fundamental para encontrar la verdad y caminar hacia la paz.
Sobre ese punto de llegada que es la paz, y a modo de conclusión, el vicepresidente de la Corte, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, dijo que hasta ahora “podemos afirmar con tristeza que el contexto del desplazamiento forzado si bien no es el mismo de hace casi 30 años, o 20 cuando se profirió la T-025, lo cierto es que el fenómeno en lugar de decrecer ha ido en aumento, tanto como han venido aumentando los tipos de grupos armados catalogados como victimarios (...) Cuando alcancemos la paz, no habrá más conflicto armado y sin él no habrá más desplazamiento forzado en Colombia”.
Tras 20 años de la histórica sentencia T-025 de la Corte Constitucional, que protege los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, pareciera que, a este fenómeno, que persiste, no se le presta la atención necesaria para detenerlo. “Lo esencial es que el país se tome en serio el dolor de los desplazados”, dijo el magistrado Manuel José Cepeda, quien fue ponente del fallo. Sus palabras sirvieron de faro para iniciar una discusión que cada tanto desaparece del foco del Estado y se rememoró en el evento “Justicia constitucional en contextos de conflicto”, organizado por la Corte Constitucional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y tuvo el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID Colombia y ACDI-VOCA.
Magistrados, representantes de la sociedad civil, organismos internacionales, académicos y expertos en derechos humanos y justicia constitucional se dieron cita en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, en Bogotá, para reflexionar y profundizar en esta problemática, la que ha generado más víctimas en el conflicto armado colombiano. Según el Registro Único de Víctimas, de las poco más de 9,5 millones de personas que ha afectado la guerra en Colombia, 8,5 millones han vivido desplazamiento forzado; es decir, el 89 %.
Fueron dos días continuos en los que se abrieron diálogos en torno a los retos y desafíos que impiden que el desplazamiento forzado deje de suceder en las comunidades. Asimismo, se plantearon proyecciones para que en Colombia se instalen soluciones duraderas y reales. El evento fue parte de la conmemoración de las dos décadas del fallo, considerado un hito en la jurisprudencia tras declarar el estado de cosas inconstitucional (ECI) por la vulneración de los derechos de los desplazados.
Visibilizar lo silenciado
“Hoy no celebramos los 20 años de la sentencia, sino que reflexionamos sobre ella”, dijo el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, quien reconoció el dolor por la invisibilización a la que estuvo sometida la población desplazada durante años.
La sentencia cumple con una particularidad y es que hizo visible un fenómeno que, a pesar de sus efectos devastadores, permanecía oculto y silenciado. Así lo describió la magistrada Natalia Ángel, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, durante la instalación oficial del evento: “La Corte no puede evitar que ocurran desplazamientos, ni es la encargada de responder. Nuestro rol es lo que hacemos para que el Gobierno cumpla sus obligaciones y continúe con la tarea de la superación del ECI”, señaló y agregó que lo más importante es que el desplazamiento forzado vuelva a ser central en la agenda pública.
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Por su parte, el abogado Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, dijo que las dos décadas que cumple la sentencia en parte reflejan un sentimiento de vergüenza por las condiciones en las que siguen los desplazados, pero por otro lado señala que es un orgullo saber que las organizaciones civiles y la Corte reaccionaron: “Tenemos que tener vergüenza como país por la situación que vivimos, pero sin la sentencia T-025 todo sería peor porque sí hay contribuciones significativas como una política más articulada y robusta, el incremento de los recursos y los elementos simbólicos en la representación pública”, dijo Uprimny.
El llamado al gobierno Petro
Si bien el impacto de la sentencia ha cobijado a muchas víctimas de desplazamiento forzado, Eucaris Salas, la primera mujer coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, hizo un llamado al Gobierno para que atienda la situación actual, pues aún quedan muchos retos en el territorio. “En 2022 y 2023 el incremento del desplazamiento ha sido del 37 %. Esto aterroriza al país porque uno aspiraba a que después de los acuerdos de paz disminuyera la cifra, pero por el contrario aumenta todos los días. Lanzamos un S.O.S. al Gobierno, a la Corte, a la cooperación internacional para que ponga una mirada en el territorio y encontremos una forma de acabar con la guerra”, afirmó.
En ese contexto, la Corte Constitucional, desde hace 20 años, le hace un riguroso seguimiento a la sentencia y revisa los informes del Gobierno, organizaciones de víctimas y entidades internacionales sobre la evolución de políticos, recursos e impactos, para identificar los obstáculos normativos que impiden que las políticas públicas puedan avanzar y asegurar los derechos de la población desplazada. Sin embargo, según Luis Jorge Garay Salamanca, integrante de la Comisión de Seguimiento, los informes no mostraban mayores avances e incluso repetían información. Por eso, hizo un llamado para que el Estado deje a un lado la recopilación de datos históricos y le dé una mirada actual a la problemática, recogiendo lo que está pasando en los territorios con el fin de acelerar las respuestas al fenómeno del desplazamiento forzado. “Infortunadamente, después de 20 años persiste el ECI en la medida en que esta población es la más vulnerable entre las vulnerables”, advirtió.
Vale resaltar que el conflicto armado tiene un impacto diferencial sobre todo en la vida de las mujeres. La Corte ha respondido a ese contexto identificando a los grupos vulnerables y, entre ellos, otros mucho más vulnerables. La magistrada Diana Fajardo resaltó que la Sala de Seguimiento ha expedido más de 20 autos dirigidos a generar estrategias para atender a mujeres víctimas, niños, niñas y adolescentes, los grupos étnicos, afros y raizales. Para entender el fenómeno, Julia Cogollo, delegada del Proceso de Comunidades Negras, explica que las mujeres sufren un impacto colectivo y es ahí donde radica la importancia de manejar un enfoque diferencial. La violencia sexual y el desplazamiento forzado no afectan de manera individual, sino que influyen en los proyectos de vida, en la familia y en la sociedad. “¿Cuándo vamos a cumplir la sentencia si aumenta el número todos los días? Eso es llegar a ninguna parte”, señaló. Cogollo agregó que que también es importante mostrar lo que se ha logrado porque el panorama “no puede ser desesperanzador, tiene que revisarse para que algún día se cumpla”.
Soluciones duraderas
Tras revisar los desafíos que todavía quedan para atender el desplazamiento forzado, desde una perspectiva a futuro, Robert Piper, asesor especial del secretario general de Naciones Unidas sobre soluciones a los desplazamientos internos hizo un llamado al Estado para que se siga trabajando en la terminación de la problemática.
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“La disputa ha creado suficientes diferencias y personas desplazadas, así como muchos desafíos porque sus derechos han sido violados. Queremos que el desplazamiento sea un estado pasado. No queremos que las personas continúen con esa marca un día más. Necesitamos soluciones duraderas. Un proceso de restauración como camino para que termine el ECI. Colombia tiene una organización que está enfocada en las necesidades de las víctimas, pero el mover a las personas de su desplazamiento a las soluciones requiere actores. Se ha construido una maquinaria de respuesta poderosa, pero las soluciones están por verse. Requiere un liderazgo político muy fuerte y una alineación entre Bogotá y las regiones”, explicó.
En esa misma línea, Paula Gaviria, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas desplazadas, habló de la importancia de darles continuidad a soluciones duraderas: “Creo que el tema tiene que ser liderado por el Estado y con la participación de las comunidades, que son las que saben. Ahí están las pistas. No se puede hacer sin ellas y sin sus ideas, pero claramente no se puede hacer sin el Gobierno. Esto solo se logra con voluntad política al más alto nivel”, dijo Gaviria.
Por su parte, Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia, explicó que es positivo que los desplazados estén en las ciudades porque “hay que pensar en soluciones urbanas. Es más fácil porque hay menos temas de ocupación de tierras por grupos armados, que los hacen esperar 10 años más hasta que se vayan. Pero si la población ya está en la ciudad, se puede solucionar de forma más rápida”. Girard planteó que una de las soluciones para atender el tema de vivienda para las víctimas de desplazamiento forzado en las ciudades, es incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial los asentamientos que tienen las personas vulnerables.
“La solución es una intervención de urbanización, de valoración del territorio, de regularización del territorio en algo más seguro. Muchas veces los desplazados se asientan en zonas riesgosas porque no hay alternativas. Hay que dar una vivienda segura. Además, la concentración de personas genera demanda de consumo, entonces hay que pensarlo en un círculo virtuoso”, señaló.
Para aplicar esas soluciones duraderas en los territorios, el experto de la ONU Walter Kälin hizo un llamado a “remover todo obstáculo” que evite lograr la solución: “con frecuencia tenemos obstáculos administrativos en las leyes que son innecesarios”.
Durante la intervención de Sandra Liebenberg, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stellenbosch; David James Cantor, director del Refugee Law Initiative de la Universidad de Londres, y Ana María Ibañez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se concluyó que Colombia es el único país del mundo con lineamientos jurisprudenciales claros y significativos sobre el desplazamiento. En ese sentido, se destacó que la sentencia T-025 tiene la obligación de garantizar el derecho a vivienda, tierra y generación de ingresos de la mano del Gobierno, que es el que diseña e implementa las políticas públicas.
La magistrada Natalia Ángel indicó que lo más importante como solución de cara a la problemática es aplicar la idea de priorización para definir lo urgente porque “las tareas son grandes y monumentales”. “Es importante enfocarnos incluso para tener resultados mucho más contundentes”, dijo la magistrada. Asimismo, la togada hizo énfasis en los planes de mitigación del riesgo porque “no vamos a superar el desplazamiento sin prevención”.
Las respuestas a futuro
Bajo la premisa de reforzar las soluciones duraderas de cara a lo que viene por delante, el magistrado Juan Carlos Cortés señaló que la sentencia no se queda en el tiempo, sino que trasciende al territorio. Además, envió un mensaje de aliento para continuar con el trabajo que se ha realizado durante 20 años: “No podemos desfallecer porque tenemos un compromiso ético y jurídico”.
En ese contexto, Colombia es un país piloto para trabajar la implementación de la agenda de acción que propone la ONU en cuanto al desplazamiento interno. En ese sentido, se han identificado necesidades en el trabajo articulado entre las agencias de cooperación y el Gobierno, por lo que las políticas públicas de víctimas y las políticas sociales del Estado deben tener una transversalización.
Además: “Atender al fenómeno del desplazamiento sigue siendo prioritario”: magistrada Ángel
“La implementación de la política pública de retornos y reubicaciones es una esperanza para las familias, pero hasta ahora muestra un avance insuficiente. Además, existe la nula desarticulación entre las entidades del Estado. En las alcaldías no tienen idea de cómo atender a una víctima de conflicto armado, las gobernaciones no saben cómo se activa una ruta y no dejan presupuesto para atender a las víctimas. Muchas entidades todavía desconocen la sentencia”, explicó Laura Borrero, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas.
Por su parte, Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señaló que uno de los problemas más serios en el desplazamiento es que es una práctica normalizada que incluso practican actores legales desde el despojo de tierras. “Es una práctica legalizada a través de mecanismos. No solo está vinculada con actores de la guerra, sino que tiene una relación con los actores legales del país y actores de la economía. Es decir que el desplazamiento está vinculado a la minería, agroindustria y los esfuerzos para apropiarse del territorio”, dijo Vidal, y agregó que entender las modalidades del desplazamiento es fundamental para encontrar la verdad y caminar hacia la paz.
Sobre ese punto de llegada que es la paz, y a modo de conclusión, el vicepresidente de la Corte, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, dijo que hasta ahora “podemos afirmar con tristeza que el contexto del desplazamiento forzado si bien no es el mismo de hace casi 30 años, o 20 cuando se profirió la T-025, lo cierto es que el fenómeno en lugar de decrecer ha ido en aumento, tanto como han venido aumentando los tipos de grupos armados catalogados como victimarios (...) Cuando alcancemos la paz, no habrá más conflicto armado y sin él no habrá más desplazamiento forzado en Colombia”.