Más de 120.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en 2022: CICR
El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó este miércoles el informe “Retos Humanitarios 2023″, documento que recoge un balance de la violencia armada que sigue persistiendo en Colombia y que puntualmente dejó en 2022 un panorama desalentador. Respecto al año 2021, aumentaron los casos de desplazamiento forzado individual y confinamientos en algunos departamentos.
El 2022 fue un año doloroso para miles de poblaciones en las periferias colombianas. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en su más reciente informe “Retos Humanitarios 2023″, esto se expresó en 400 presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. Esta cifra trajo consigo flagelos que perduran a casi siete años de la firma del Acuerdo de Paz con la ex guerrilla de las Farc.
A lo largo del año pasado se registraron familias desplazadas, menores de edad vinculados a grupos armados, pueblos enteros confinados y otras afectaciones diferenciales que mostraron a las conductas criminales como algo que se resiste a irse de la vida de decenas de departamentos en el territorio nacional.
Le puede interesar: Pico más alto de violencia en Colombia en los últimos cinco años fue en 2021: CICR
El CICR reportó 58.010 personas afectadas por desplazamientos forzados masivos y 123.220 por desplazamientos individuales. Si vemos los números del mismo fenómeno en 2021 -también emitidos por la organización humanitaria- el panorama es más desalentador, pues en 2021 los desplazamientos colectivos dejaron un saldo de 52.880 víctimas.
Los confinamientos fueron otro flagelo no menos grave. Entre Chocó, Nariño y Valle del Cauca se llevaron el grueso de estos casos que dejaron un saldo de 39.404 personas afectadas. El Consejo Noruego para Refugiados reportó que para noviembre de 2022 en el país había más de 100.000 personas confinadas y si bien las cifras entre ambas organizaciones no coinciden, lo cierto es que dejaron un elemento en común: los pueblos étnicos (indígenas y afro) fueron los más golpeados por estas manifestaciones de la violencia armada. De hecho, CICR confirmó que dentro de sus reportes de confinamiento, el 64% del total pertenece a pueblos indígenas.
Hubo casos muchísimo más delicados. Arauca, por ejemplo, tuvo 3.704 personas confinadas, lo que equivale a un 10% más respecto a 2021. En adición a eso, según el informe, en ese departamento se registraron 19.000 personas desplazadas forzosamente frente a 763 en 2021.
Sobre la situación actual, Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia, explicó que han observado una disminución en los enfrentamientos entre los grupos armados y la fuerza pública, lo que ha significado cierto alivio para la población civil desde que fueron anunciados los ceses al fuego por parte del presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre.
“No hemos observado una disminución sustancial en la lucha territorial que sostienen grupos armados, lo que tiene consecuencias humanitarias contra población civil por enfrentamientos entre ellos o por la presión de ser acusados de pertenecer o apoyar a un lado o al otro”, señaló Caraffi.
Acerca de los diálogos que sostiene el actual gobierno con algunos grupos armados ilegales, el jefe del CICR indicó: “En 2022 observamos una continuidad en la situación que se viene presentando desde 2018 con la reconfiguración de los actores armados, con territorios más afectados como el sur del país y la frontera con Venezuela. Hay razones sistémicas detrás de esa situación y eso no se puede resolver en poco tiempo. Esperamos que las negociaciones puedan reducir las consecuencias humanitarias y finalmente logren la supresión de los conflictos armados. La guerra es una realidad infeliz, cruel, pedimos a todos los actores que respeten las normas básicas del derecho internacional”.
Lea aquí el informe completo:
Siete conflictos armados
Hace un año, el Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que en Colombia estaban vigentes seis conflictos armados. Los desplazamientos forzados, las desapariciones, los confinamientos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de autoridades militares y policiales fueron una constante que en 2022 no arrojó cambios sustanciales.
En 2022, la ausencia de entornos seguros, los casos de violencia sexual y los escenarios de reclutamiento forzado de menores de edad fueron continuos. Este contexto hizo otro cambio en el informe “Retos Humanitarios 2023″ en contraste con el publicado hace un año: ahora hay siete conflictos armados latentes.
Según detalla el documento, tres de estos son entre el Estado colombiano y: el ELN (en proceso de diálogos de paz), las AGC (con un cese al fuego suspendido por el gobierno) y con estructuras disidentes de las extintas Farc. Los cuatro restantes son las siguientes guerras internas: AGC vs. ELN; Comandos de la Frontera vs. Estado Mayor Central (facción disidente); ELN vs. Estado Mayor Central; y Segunda Marquetalia (disidencia Farc) vs. Estado Mayor Central.
Mariana Chacón, coordinadora de la Unidad Jurídica del CICR, explicó que tras un análisis, basado en el Derecho Internacional Humanitario, sobre la jerarquía y la estructura militar Comandos de Frontera, se concluye que es un grupo armado diferente a la Segunda Marquetalia, pese a que hayan anunciado una alianza o coalición militar. “No podemos abordarlos como un solo grupo”, concluyó.
En ese mismo sentido, la funcionaria explicó que las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta no son consideradas un grupo independiente. “El análisis y las conclusiones se hacen sobre dos criterios, la organización del grupo y la intensidad de las hostilidades, durante un espacio de tiempo, y en ese caso no se cumplen esos dos criterios, los seguiremos analizando”.
Otro contexto: Con regalos y licor: así reclutan a niños y jóvenes los grupos armados ilegales
El CICR analiza la estructura y las ofensivas de estos grupos armados -a la luz de la normativa internacional- para determinar si su actividad criminal frente a otras organizaciones es causante de un conflicto armado no internacional. Es decir, esta clasificación de siete conflictos no es fortuita sino producto de un análisis de criterios recogidos en territorios donde la violencia persiste.
Estos grupos armados no han permitido pasar la página de la guerra y han revivido los horrores de los años más duros del conflicto. Otra prueba de esto, según CICR, es la afectación de personas por artefactos explosivos. El informe determinó que 515 civiles fueron víctimas de minas antipersonales (56 de estas personas fallecieron). Esto sucedió en 18 departamentos, cuya lista fue encabezada por Cauca, Antioquia, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Meta. En estos entes territoriales sucedieron el 70% de los casos.
Si bien esta cantidad de personas afectadas disminuyó un 13% respecto a 2021, las víctimas por detonaciones controladas y explosivos lanzados aumentó (354 casos).
El 2021 fue considerado por el CICR como el año más violento en Colombia después de la firma del Acuerdo Final. El año pasado no mostró una mejor tendencia, en buena parte por ocurrencia de crímenes atroces como la desaparición forzada.
No es un dato menor que desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 el año 2022 haya sido el segundo con mayores registros de desapariciones forzadas. Los 209 reportados por el CICR en su más reciente informe superan con creces los 133 de 2017, los 148 de 2018 y tan solo son superados por los 243 episodios de este tipo que fueron perpetrados en 2021.
Esta conducta criminal no fue excluyente con niños, niñas y adolescentes. Los números de CICR arrojan que 42 personas de esta población fueron desaparecidos. En total, contando mayores y menores de edad, los departamentos con más repetición de este crimen fueron Arauca, Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander, representando un 79%.
Lea también: Desplazamiento forzado aumentó 181% en 2021
Violencia sexual y llamados a la acción
Los cuerpos de las personas siguen siendo un terreno de guerra. Es una verdad tan aterradora como innegable, de acuerdo con las cifras del CICR. A lo largo de 2022, la organización humanitaria apoyó a 1.170 víctimas sobrevivientes de este crimen.
Frente a esto hay problemas históricos que siguen vigentes. “Las barreras para el reporte de los casos de violencia sexual son una limitación para que la víctima acceda a las rutas de atención antes de que transcurran 72 horas de los hechos, aun tratándose de una urgencia médica por estar en riesgo la vida de la víctima”, se lee en el documento.
Sobre el flagelo: La terrible tragedia del abuso sexual en Colombia
Ahora, al margen de las conductas criminales dentro de los conflictos armados, CICR marcó otra situación que preocupa: los ataques contra la asistencia en salud. En 2022, hubo 426 ataques contra la Misión Médica, el 55% de los casos fueron en Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Chocó y Huila. Al igual que con los casos de desaparición forzada, este fenómeno fue el que tuvo los segundos más grandes registros desde 2016 después de 2021, con 553 episodios violentos de esta clase.
Ante semejante complejidad en el panorama nacional, ¿qué concluyó y recomendó el CICR? Por un lado, hicieron un llamado frente a los conflictos armados internos para que los actores involucrados dimensionaran los daños que siguen haciendo en el territorio nacional y que consecuentemente el Estado fortalezca sus capacidades institucionales a la hora de atender a las poblaciones que más necesitan de políticas urgentes.
Referente al conflicto y sus efectos, otro gran llamado tiene que ver con la desaparición forzada. Este fue un capítulo aparte por su magnitud y aquí se instó la generación de mecanismos de búsqueda urgentes para dar con estas personas. Asimismo, se pidió esclarecimiento para dar con ellos y que los esfuerzos se articulen con las labores humanitarias de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Si bien los temas de seguridad en los territorios siguen estando críticos, El CICR aseguró en su informe que “saluda el diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y los diferentes grupos armados no estatales, y espera que esto pueda transformarse en hechos concretos que alivien el sufrimiento de la población civil […] El año pasado 334.000 personas se beneficiaron con la labor humanitaria de la organización”.
El 2022 fue un año doloroso para miles de poblaciones en las periferias colombianas. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en su más reciente informe “Retos Humanitarios 2023″, esto se expresó en 400 presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. Esta cifra trajo consigo flagelos que perduran a casi siete años de la firma del Acuerdo de Paz con la ex guerrilla de las Farc.
A lo largo del año pasado se registraron familias desplazadas, menores de edad vinculados a grupos armados, pueblos enteros confinados y otras afectaciones diferenciales que mostraron a las conductas criminales como algo que se resiste a irse de la vida de decenas de departamentos en el territorio nacional.
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El CICR reportó 58.010 personas afectadas por desplazamientos forzados masivos y 123.220 por desplazamientos individuales. Si vemos los números del mismo fenómeno en 2021 -también emitidos por la organización humanitaria- el panorama es más desalentador, pues en 2021 los desplazamientos colectivos dejaron un saldo de 52.880 víctimas.
Los confinamientos fueron otro flagelo no menos grave. Entre Chocó, Nariño y Valle del Cauca se llevaron el grueso de estos casos que dejaron un saldo de 39.404 personas afectadas. El Consejo Noruego para Refugiados reportó que para noviembre de 2022 en el país había más de 100.000 personas confinadas y si bien las cifras entre ambas organizaciones no coinciden, lo cierto es que dejaron un elemento en común: los pueblos étnicos (indígenas y afro) fueron los más golpeados por estas manifestaciones de la violencia armada. De hecho, CICR confirmó que dentro de sus reportes de confinamiento, el 64% del total pertenece a pueblos indígenas.
Hubo casos muchísimo más delicados. Arauca, por ejemplo, tuvo 3.704 personas confinadas, lo que equivale a un 10% más respecto a 2021. En adición a eso, según el informe, en ese departamento se registraron 19.000 personas desplazadas forzosamente frente a 763 en 2021.
Sobre la situación actual, Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia, explicó que han observado una disminución en los enfrentamientos entre los grupos armados y la fuerza pública, lo que ha significado cierto alivio para la población civil desde que fueron anunciados los ceses al fuego por parte del presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre.
“No hemos observado una disminución sustancial en la lucha territorial que sostienen grupos armados, lo que tiene consecuencias humanitarias contra población civil por enfrentamientos entre ellos o por la presión de ser acusados de pertenecer o apoyar a un lado o al otro”, señaló Caraffi.
Acerca de los diálogos que sostiene el actual gobierno con algunos grupos armados ilegales, el jefe del CICR indicó: “En 2022 observamos una continuidad en la situación que se viene presentando desde 2018 con la reconfiguración de los actores armados, con territorios más afectados como el sur del país y la frontera con Venezuela. Hay razones sistémicas detrás de esa situación y eso no se puede resolver en poco tiempo. Esperamos que las negociaciones puedan reducir las consecuencias humanitarias y finalmente logren la supresión de los conflictos armados. La guerra es una realidad infeliz, cruel, pedimos a todos los actores que respeten las normas básicas del derecho internacional”.
Lea aquí el informe completo:
Siete conflictos armados
Hace un año, el Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que en Colombia estaban vigentes seis conflictos armados. Los desplazamientos forzados, las desapariciones, los confinamientos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de autoridades militares y policiales fueron una constante que en 2022 no arrojó cambios sustanciales.
En 2022, la ausencia de entornos seguros, los casos de violencia sexual y los escenarios de reclutamiento forzado de menores de edad fueron continuos. Este contexto hizo otro cambio en el informe “Retos Humanitarios 2023″ en contraste con el publicado hace un año: ahora hay siete conflictos armados latentes.
Según detalla el documento, tres de estos son entre el Estado colombiano y: el ELN (en proceso de diálogos de paz), las AGC (con un cese al fuego suspendido por el gobierno) y con estructuras disidentes de las extintas Farc. Los cuatro restantes son las siguientes guerras internas: AGC vs. ELN; Comandos de la Frontera vs. Estado Mayor Central (facción disidente); ELN vs. Estado Mayor Central; y Segunda Marquetalia (disidencia Farc) vs. Estado Mayor Central.
Mariana Chacón, coordinadora de la Unidad Jurídica del CICR, explicó que tras un análisis, basado en el Derecho Internacional Humanitario, sobre la jerarquía y la estructura militar Comandos de Frontera, se concluye que es un grupo armado diferente a la Segunda Marquetalia, pese a que hayan anunciado una alianza o coalición militar. “No podemos abordarlos como un solo grupo”, concluyó.
En ese mismo sentido, la funcionaria explicó que las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta no son consideradas un grupo independiente. “El análisis y las conclusiones se hacen sobre dos criterios, la organización del grupo y la intensidad de las hostilidades, durante un espacio de tiempo, y en ese caso no se cumplen esos dos criterios, los seguiremos analizando”.
Otro contexto: Con regalos y licor: así reclutan a niños y jóvenes los grupos armados ilegales
El CICR analiza la estructura y las ofensivas de estos grupos armados -a la luz de la normativa internacional- para determinar si su actividad criminal frente a otras organizaciones es causante de un conflicto armado no internacional. Es decir, esta clasificación de siete conflictos no es fortuita sino producto de un análisis de criterios recogidos en territorios donde la violencia persiste.
Estos grupos armados no han permitido pasar la página de la guerra y han revivido los horrores de los años más duros del conflicto. Otra prueba de esto, según CICR, es la afectación de personas por artefactos explosivos. El informe determinó que 515 civiles fueron víctimas de minas antipersonales (56 de estas personas fallecieron). Esto sucedió en 18 departamentos, cuya lista fue encabezada por Cauca, Antioquia, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Meta. En estos entes territoriales sucedieron el 70% de los casos.
Si bien esta cantidad de personas afectadas disminuyó un 13% respecto a 2021, las víctimas por detonaciones controladas y explosivos lanzados aumentó (354 casos).
El 2021 fue considerado por el CICR como el año más violento en Colombia después de la firma del Acuerdo Final. El año pasado no mostró una mejor tendencia, en buena parte por ocurrencia de crímenes atroces como la desaparición forzada.
No es un dato menor que desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 el año 2022 haya sido el segundo con mayores registros de desapariciones forzadas. Los 209 reportados por el CICR en su más reciente informe superan con creces los 133 de 2017, los 148 de 2018 y tan solo son superados por los 243 episodios de este tipo que fueron perpetrados en 2021.
Esta conducta criminal no fue excluyente con niños, niñas y adolescentes. Los números de CICR arrojan que 42 personas de esta población fueron desaparecidos. En total, contando mayores y menores de edad, los departamentos con más repetición de este crimen fueron Arauca, Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander, representando un 79%.
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Violencia sexual y llamados a la acción
Los cuerpos de las personas siguen siendo un terreno de guerra. Es una verdad tan aterradora como innegable, de acuerdo con las cifras del CICR. A lo largo de 2022, la organización humanitaria apoyó a 1.170 víctimas sobrevivientes de este crimen.
Frente a esto hay problemas históricos que siguen vigentes. “Las barreras para el reporte de los casos de violencia sexual son una limitación para que la víctima acceda a las rutas de atención antes de que transcurran 72 horas de los hechos, aun tratándose de una urgencia médica por estar en riesgo la vida de la víctima”, se lee en el documento.
Sobre el flagelo: La terrible tragedia del abuso sexual en Colombia
Ahora, al margen de las conductas criminales dentro de los conflictos armados, CICR marcó otra situación que preocupa: los ataques contra la asistencia en salud. En 2022, hubo 426 ataques contra la Misión Médica, el 55% de los casos fueron en Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Chocó y Huila. Al igual que con los casos de desaparición forzada, este fenómeno fue el que tuvo los segundos más grandes registros desde 2016 después de 2021, con 553 episodios violentos de esta clase.
Ante semejante complejidad en el panorama nacional, ¿qué concluyó y recomendó el CICR? Por un lado, hicieron un llamado frente a los conflictos armados internos para que los actores involucrados dimensionaran los daños que siguen haciendo en el territorio nacional y que consecuentemente el Estado fortalezca sus capacidades institucionales a la hora de atender a las poblaciones que más necesitan de políticas urgentes.
Referente al conflicto y sus efectos, otro gran llamado tiene que ver con la desaparición forzada. Este fue un capítulo aparte por su magnitud y aquí se instó la generación de mecanismos de búsqueda urgentes para dar con estas personas. Asimismo, se pidió esclarecimiento para dar con ellos y que los esfuerzos se articulen con las labores humanitarias de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Si bien los temas de seguridad en los territorios siguen estando críticos, El CICR aseguró en su informe que “saluda el diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y los diferentes grupos armados no estatales, y espera que esto pueda transformarse en hechos concretos que alivien el sufrimiento de la población civil […] El año pasado 334.000 personas se beneficiaron con la labor humanitaria de la organización”.