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“Desde el tercer trimestre de 2022 se han venido desescalando las violencias generadas por los grupos armados ilegales y sus impactos en la población civil como consecuencia de las iniciativas para la solución dialogada de los conflictos”. Con esta hipótesis el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) comienza su primer informe de seguimiento a los ceses al fuego bilaterales decretados por el Gobierno Nacional el 31 de diciembre de 2022, en el marco de la estrategia de Paz Total que busca acuerdos y sometimiento con más de una decena de grupos armados.
Hay que aclarar que Indepaz es una organización independiente y no un verificador oficial de los ceses al fuego, por ello este trabajo es sólo un insumo académico que permite hacer seguimiento a los impactos del mismo, pero no se constituye en un documento oficial. Los decretos de cese bilateral al fuego promulgados por el gobierno cobijan a cuatro grupos ilegales: Las dos facciones disidentes del proceso de paz con las Farc: Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las Agc o Clan del Golfo.
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Con datos de fuentes abiertas y en terreno Indepaz confirmó que la violencia disminuyó en amplias zonas del país. “En unas regiones es más notorio este comportamiento, como en el noroccidente, Norte de Santander y algunos municipios del departamento de Magdalena y del Valle de Aburrá en Antioquia”, asegura el informe, pero aclara que la situación se ha degradado en otras zonas como el Putumayo, Nariño, Cauca, Arauca y el sur de Bolívar, por choques -en los tres primeros departamentos- entre las disidencias de las Farc.
El caso de Arauca se explica por la disputa del Eln, antes hegemónico en ese departamento, con las estructuras del EMC de las Farc, mientras que la situación en el sur de Bolívar se agravó por la expansión territorial de las Agc, también llamadas Clan del Golfo. El informe además hace énfasis en que el sicariato se impone como una modalidad de violencia mucho más silenciosa que no permite determinar quiénes son los verdaderos responsables de los crímenes. Por ello Indepaz habla de una situación compleja después de los decretos de cese al fuego.
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“Esta complejidad se evidencia en el comportamiento de algunos indicadores durante el mes de enero -primer mes de los acuerdos de cese al fuego bilateral-. Por ejemplo, no ocurrieron homicidios de personas en proceso de reincorporación. Caso contrario, las masacres presentan un aumento registrando doce (12) casos, una menos que el último trimestre del año anterior (octubre-diciembre). En relación al asesinato de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos se presentaron once (11) casos, igual que en diciembre, dos (2) menos en comparación con noviembre y nueve (9) menos que para octubre de 2022″, asegura el informe.
El documento establece que hubo 29 hechos considerados como violatorios al cese bilateral entre el 1 y el 31 de enero de 2023. Sólo uno de estos hechos se atribuyó a la Fuerza Pública con un caso en que hubo disparos de la Armada contra un grupo armado en zona rural de Buenaventura. Las Agc cometieron tres hechos violatorios. El resto de actos violatorios al cese los cometieron los grupos disidentes de las Farc.
El documento reseña hechos muy graves, como el ataque el la Columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc hizo contra la guardia indígena en Caldono, Cauca, el 20 de enero, hiriendo a cuatro personas, entre ellas un niño y una mujer. Avelino Chocué, guardia indígena y reincorporado de las Farc, salió gravemente herido de ese hecho.
No obstante, la valoración de estos actos depende de Indepaz, ya no existen todavía protocolos establecidos que permitan determinar de manera técnica cuáles son los actos prohibidos.
Dentro de los hechos más significativos están asesinatos selectivos, hostigamiento a unidades militares, retenciones de civiles y enfrentamientos entre las estructuras ilegales (que no hacen parte de los ceses al fuego acordados, ya que estos son bilaterales, es decir, entre cada uno de los grupos y la fuerza pública. El informe además reseña 16 hechos que no son todavía atribuibles a ningún grupo y deberán ser verificados.
También se reseñan 11 masacres cometidas en este mismo período. Aunque la investigación atribuye a la presunta responsabilidad a grupos que operan en las zonas donde fueron cometidas, entre ellos el Eln, las Agc y los Comandos de la Frontera, aclara que es importante verificar la autoría, pues no ha sido confirmada por las autoridades, ni reivindicada por los grupos armados.
“Hay que señalar que en informes anteriores la presunta responsabilidad de asesinatos y masacres no ha sido posible establecerse en alrededor del 60% de los casos, dificultad que se explica por un patrón de acción, el sicariato. Allí se encuentra amplio un espectro de grupos locales que no se someten a una jerarquía, pero que en muchos casos hacen trabajos tercerizados o que efectivamente actúan bajo la sombra de estructuras de mayor calado, sin que la totalidad de sus acciones respondan a esta subordinación”, concluye el informe.
Lea el informe completo acá: