Luego de nueve meses de trámite, esta semana el Congreso de la República aprobó la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), la principal norma para garantizar los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado en el país.
Se trata de un paso clave para lograr la reparación de esta población, que en los últimos 13 años se ha enfrentado a demoras y trabas del Estado. De hecho, la Ley 1448 inicialmente tenía vigencia solo por 10 años (hasta 2021), pero ante el bajo índice de cumplimiento tuvo que prorrogarse hasta 2031.
“Tenemos unas expectativas altas porque el proyecto recoge en buena parte lo que hemos planteado desde los territorios. Consideramos que sí puede haber un avance significativo y confiamos en que el Gobierno, los ministerios y entidades se sumen en este proceso para tener un nuevo punto de partida que garantice la reparación integral en todos los territorios”, dice Eduardo Zapata, vocero de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.
El proyecto de reforma fue presentado por la Defensoría del Pueblo y entre sus principales ejes está fortalecer la protección de niñas, niños y jóvenes huérfanos(as), robustecer el derecho a la participación efectiva de las víctimas y elevar a política pública el programa de atención psicosocial.
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Además, el texto -que ahora pasa a sanción presidencial- “incluye el tema del desplazamiento forzado transfronterizo con el fin de cubrir a las víctimas en el exilio, propone las compensaciones como estrategia para superar el rezago en los procesos de restitución de tierras, proyecta una mejor articulación y coordinación entre los sistemas de justicia transicional, entre otros”, informó la Defensoría.
Desde la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas insisten en que aún hay algunos vacíos y retos importantes para darles respuesta.
“Sabemos que las dificultades también tienen que ver con el amplio número de víctimas, que sigue aumentándose por las situaciones de conflicto vigentes, y esto tiene que tenerse en cuenta en los ajustes presupuestales para que el Estado cumpla. La reforma es un paso importante, pero no estamos del todo satisfechos. Hace falta generar más cambios para que haya acciones totalmente creíbles y para que la población víctima pueda restablecer su confianza en las instituciones”, dice Zapata.
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Las claves para entender qué cambiará con la reforma a la Ley 1448
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), acompañó a las organizaciones de victimas en la discusión en el Congreso y presentó las observaciones a las propuestas de reforma que fueron presentadas por la Defensoría y por el Gobierno. En entrevista con Colombia+20, Luis Fernando Sánchez, coordinador jurídico de CODHES, habló de algunos aspectos claves de la reforma.
¿Este proyecto de reforma satisface las expectativas de las víctimas?
Inicialmente el proyecto presentado por la Defensoría tenía un alcance limitado, pero poco a poco en los debates del Congreso se fue nutriendo de propuestas, incluso hubo elementos del proyecto presentado por la Unidad para las Víctimas que terminaron incorporándose en este.
El proyecto evolucionó y ya incorpora temas más estructurales como el enfoque de soluciones duraderas, propone ajustes institucionales en el tema de paz, justicia y verdad con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), trae algunos artículos de reparación colectiva, focalización de la oferta políticas restaurativas, etcétera. De todas formas, en lo que tiene que ver con política social, las víctimas hubieran esperado un poco más, pero el proyecto es un avance sustancial.
¿Y eso qué significa para las garantías de las víctimas? ¿Qué pueden esperar que cambie?
Destacaría, primero, esta idea de la incorporación de soluciones duraderas con obligaciones específicas de contar con algunos ajustes en la oferta institucional. El proyecto de ley habla de una nueva focalización en términos de ingresos, de vivienda digna, de acceso a tierras, que si se operativiza bien, podría tener un impacto importante en superación de vulnerabilidades. A eso se suman las estrategias de intervención territorial integrales, en perspectiva de soluciones duraderas, que permita desarrollar una mejor articulación de la política social y la superación de vulnerabilidades.
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También es interesante el tema de la Comisión de Financiamiento, en dos perspectivas, una crítica y una positiva. La crítica, una de las que más han destacado algunas organizaciones de víctimas, es que no se sabe de dónde salen los nuevos recursos, porque la comisión no crea nuevas fuentes de ingreso por las restricciones de ley que existen, pero por el otro lado, están creando un mecanismo para identificar y reorientar esos recursos, y si esta comisión logra identificar estas fuentes de financiamiento sería una estrategia fuerte para agilizar el paso de implementación de la Ley 1448
Otro tema clave es el fortalecimiento de reparaciones colectivas y articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, y Reparación y No Repetición. Lo que tal vez hay que ver con más detalle es el tema de restitución de tierras, que trae el Sistema de Seguimiento y Monitoreo de las Medidas de Restitución. Eso de pronto ayuda un poco a que esas órdenes no se queden en el papel.
El proyecto también trae una disposición sobre integración local, que es importante en términos del fortalecimiento de estrategias más urbanas de los desplazados que llevan ya varios años y que no tienen perspectivas de retorno. Desde allí se podría desarrollar algunos instrumentos para para fortalecer el esquema.
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Algunas víctimas dicen que se mantienen vacíos. ¿En qué temas?
Sí, lo que queda faltando es, por un lado, definir bien este tema del financiamiento, que como lo decía quedó en una solución intermedia. Dos, una articulación quizás un poco más profunda con el Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC en 2016, por ejemplo en temas de reforma rural integral, democratización, ampliación de la participación. Agregaría que falta también mayor claridad en la priorización de las víctimas para la superación de vulnerabilidades. Otro punto es el tema étnico, por el tema de la necesidad de las consultas previas. Y un fortalecimiento de la reparación colectiva , porque si bien el proyecto trae algunos elementos que son interesantes, hay que mirar más en detalle este tema.