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Este viernes el Congreso retoma sus labores legislativas con una agenda que seguramente será copada por las reformas promovidas por el Gobierno, que buscará que le sean rápidamente aprobadas. Entre ellas está la reforma a la salud, la pensional y la de educación.
Este regreso anticipado de los congresistas, que se debe a la reforma a la Constitución que redujo sus vacaciones, también pone la lupa sobre algunos proyectos de ley que están relacionados con el Acuerdo de Paz de 2016 y que están en riesgo de hundirse por terminarse el periodo para surtir todos los debates.
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Esa es la conclusión del proyecto Del Capitolio al Territorio, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que le hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en el Congreso. Según su informe, 68 iniciativas legislativas (46 radicados por Cámara de Representantes y 22 por Senado) podrían no tener tiempo para todo el trámite legislativo.
De ese total de proyectos, 46 deben ser aprobados en primer debate antes del próximo 20 de junio (34 en Cámara y 12 en Senado). Además, 18 proyectos deben terminar todo su trámite porque fueron radicados en la legislatura 2022-2023 (10 en Cámara y ocho en Senado); y cuatro deben surtir todos los debates en este período porque son proyectos de ley estatutaria o actos legislativos (dos en Cámara y dos en Senado).
Entre algunos de los proyectos que tienen esa urgencia de trámite legislativo están varios que estructuran la recién creada Jurisdicción Agraria y Rural. Además, del tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos ilícitos y la reforma a la Ley de Víctimas.
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Para Carolina Varela, coordinadora del proyecto Del Capitolio Al Territorio, dice que el tema de la jurisdicción tiene una alta prioridad porque determina los lineamientos de la misma. “Sobre ese tema hay dos proyectos en trámite, uno que fija su competencia y funcionamiento. Ese debe ser aprobado en primer debate antes del 20 de junio. El otro, que es sobre cómo es su integración y estructura, tiene es sobre el que se tiene más afán porque todo su trámite debe terminar ese 20 de junio y está pendiente de tercer debate”.
Ley de víctimas, otro pendiente
Y advierte que existe un riesgo porque, aunque estos dos proyectos no han sido aprobados, “sí se han instalado Tribunales de la Jurisdicción, lo que significa la ausencia de reglas claras para su funcionamiento”.
La otra advertencia del informe es alrededor de los proyectos que hay sobre la reforma a la Ley de víctimas. En el documento se afirman que hay al menos siete iniciativas sobre esta materia, cuatro fueron acumuladas. Aunque están pendientes de radicar ponencia, deben ser aprobados en primer debate antes del 20 de junio.
Este punto es especialmente importante, pues desde distintos sectores, incluidos organizaciones de víctimas, se han pedido modificaciones a la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas. Sobre todo para solventar un tema que ha sido el palo en la rueda de la ley: los recursos disponibles. De hecho, en ese sentido va el proyecto que fue presentado por el Gobierno.
Sin embargo, parece no haber buen ambiente para esa reforma. El pasado 30 de enero, la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, denunció presuntas irregularidades dentro del Congreso en el trámite de esa reforma. “Hoy los congresistas tienen la responsabilidad de sacar adelante este debate, pero también debo decir la verdad: nosotros tenemos en el Congreso una omisión legislativa para sacar la Ley de Víctimas como la propuso el Gobierno Nacional”, dijo Tobón un evento organizado por El Espectador.
La directora agregó que gran parte de los recursos de la Unidad de víctimas “se han perdido porque se han entregado a la burocracia, se han perdido porque se han priorizado la agenda política y no la agenda de las víctimas. Y hoy que estamos haciendo un esfuerzo muy grande anticorrupción, para que la plata se estire, para que le llegue a las comunidades, no se le puede entregar a los corruptos del país y a la mermelada de las burocracias del Congreso. No puedo hacer eso”.
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¿En qué va la implementación?
De acuerdo con Varela, aunque acelerar la implementación del Acuerdo de Paz no es un trabajo solo del Congreso y, de hecho, los mayores retos de ese trabajo no están relacionados con la agenda legislativa, sí se necesita ese impulso para ciertos temas.
“El cuello de botella de la implementación del Acuerdo de 2016 no es la legislación y lo tenemos claro, pero hay otras formas para ejecutar lo que falta. Decretos, políticas públicas que pueden hacerlas otras entidades. Por ejemplo, ahí podría entrar el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y el de Justicia porque la mayoría de los temas pendientes pasan por esas carteras”, explica la coordinadora.
Aunque el presidente Gustavo Petro ha dicho que tiene un firme compromiso en la ejecución del Acuerdo firmado con la extinta guerrilla de las FARC, incluso en una carta enviada en octubre ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la realidad es que el Gobierno le meterá todo el acelerador a las reformas estructurales que no pasaron en la legislatura pasada o, al menos, quedaron pendientes.
Además, las fuerzas en el Congreso le siguen tambaleando a Petro. Sobre esto, Varela afirma que el Gobierno todavía tiene oportunidades de apostarle a las iniciativas relacionadas con el pacto de La Habana, si se concentra en los proyectos que entraron por la Cámara de Representantes, donde aún tiene apoyo, contrario a lo que le pasa en el Senado en el que ya no tiene mayorías. “Tiene aún de su lado a la presidencia de la Cámara, están las Citrep (curules de las víctimas) donde puede sumar apoyo, también están las curules del partido Comunes (que justamente surgió del Acuerdo de Paz) y la gente del Pacto Histórico. Ahí tendría más oportunidades”, asegura.
Por último, el informe llama la atención sobre otros ajustes normativos que tocan puntos importantes del Acuerdo y no han sido aprobados o tramitados, como la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las recomendaciones de la Misión Electoral Especial sobre la reforma política y electoral y la ley sometimiento a la justicia de grupos de crimen organizado.
Esta última fue una petición especial de la Corte Constitucional cuando revisó la Ley de Paz Total. En su fallo dijo que era el Legislativo y no el Ejecutivo el que debía proponer dicha iniciativa. Esta ley además ayudaría a los diálogos que el Gobierno adelanta con grupos armados urbanos y sin estatus político.
El gran problema que ahora enfrentan este tipo de procesos de paz, en los que se busca un sometimiento, es que aún no se concreta un marco jurídico que permita que el proceso no sea solo un acuerdo de voluntades.
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