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La visita del Consejo de Seguridad de la ONU que esta semana arribó a Colombia sacudió el tablero de la paz en el país. Antes de su llegada y durante su estadía ocurrieron al menos tres hechos importantes relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz —al que ese organismo le hace seguimiento— y con la apuesta de paz total del gobierno Petro, a la que también le han puesto el ojo encima.
El primero fue la extensión del cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ocurrió apenas dos días antes de que los 15 representantes aterrizaran en el país. A eso se sumó el duro choque entre el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las FARC con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, por último, la nueva mesa de diálogo que abrió el Gobierno con la disidencia de las FARC que comanda ‘Iván Márquez’.
Con excepción de la pugna entre los ex-FARC y la JEP, las demás noticias exponen el interés —y afán— del Gobierno por mostrar resultados ante la comunidad internacional sobre su política de paz y el fin del conflicto en Colombia y así recibir su apoyo no solo en este esfuerzo, sino también en las denuncias que el presidente Gustavo Petro ha hecho sobre un supuesto intento de debilitar su mandato.
En contexto: Claves de la visita del Consejo de Seguridad de ONU a Colombia
Petro sabe que esa puede ser una vía para recibir ayuda. Es que pocas cosas unen al Consejo de Seguridad como Colombia. En ese organismo, en donde siempre se está tensando la cuerda por tener a las máximas potencias del mundo sentadas tomando decisiones sobre el resto de la Tierra, el Acuerdo de Paz sigue siendo el gran ejemplo. En medio de las confrontaciones de Ucrania y lo que ocurre entre Israel y Palestina, el pacto firmado por el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC sigue siendo el último gran acuerdo de paz firmado y apoyado por la ONU.
“Colombia es importante para el Consejo de Seguridad y eso se ve en el apoyo al trabajo de la Misión de Verificación con la implementación del Acuerdo, pero también en los otros mandatos que ha ido ampliando y con el que se ha involucrado con la política de paz de Petro”, dice Jorge Mantilla, investigador de crimen y conflicto.
Al término de la visita, el organismo dio una breve declaración desde Cartagena donde queda claro su apoyo, aunque invita a acelerar la ejecución del pacto de 2016.
Carrera contrarreloj por el cese con el ELN
El duro trabajo para mostrar la casa en orden empezó en realidad afuera, en La Habana, donde, durante 13 días, el Gobierno y el ELN tuvieron intensas negociaciones para extender el cese al fuego por seis meses. Lograrlo significó superar una serie de tensiones que incluyeron una semana de retraso, pues el vencimiento original del cese al fuego se cumplió el pasado 29 de enero, y luego un segundo aplazamiento el lunes pasado. Al final el anuncio se dio al filo de esa medianoche.
El otro acuerdo fue la creación del fondo multidonante para el proceso de paz con el ELN, un tema que venía sonando desde hace meses y al que se había referido Petro en junio de 2023 desde Alemania como instrumento que ayude a evitar la comisión de secuestros y otros delitos que perpetra el grupo guerrillero para financiar su actividad ilegal.
En el documento acordado por las partes se establece que tiene como objetivo “soportar y fundamentar el conjunto de la implementación de los acuerdos”, según explicó ese día Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN en los diálogos, quien agregó que “no solo estarán presentes los países garantes, sino también los acompañantes, la Organización de Naciones Unidas, y que está abierto a que otros donantes ayuden”.
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El Consejo de Seguridad está muy involucrado en este proceso de paz, a través de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que hace parte del Mecanismo de Verificación y Monitoreo (MVM) del cese al fuego con esa guerrilla y que mantiene la articulación y comunicación con el Gobierno, el grupo armado y la Iglesia.
La carta de los ex-FARC
El martes en la noche, en la víspera de la llegada del Consejo a Bogotá, se reavivó un debate entre el antiguo secretariado de las FARC y la JEP por algunas dudas que desde hace un tiempo venían expresando los excombatientes sobre algunas decisiones de esa jurisdicción transicional.
En una carta enviada a Petro y firmada por siete de los que fueron los últimos máximos jefes de ese extinto grupo, entre ellos Rodrigo Londoño (conocido en la guerra como Timochenko), actual presidente del Partido Comunes, Pastor Alape y el senador Julián Gallo, se puso sobre la mesa la posibilidad de que si persistían los incumplimientos, los ex-FARC se apartarían de las decisiones del tribunal.
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Varios de ellos se reunieron el jueves al mediodía con los delegados del Consejo, a quienes les comunicaron las tres alertas que también recoge la misiva: que la JEP quiere dictar resoluciones por cada macrocaso, cuando debería haber una resolución única de conclusiones.
“Es verdad que el Acuerdo de Paz habla de una ‘resolución de conclusiones’. Sin embargo, la Ley Estatutaria dice que se pueden ‘presentar resoluciones de conclusiones (…) con la identificación de los casos más graves’. En ese sentido, no veo un incumplimiento del Acuerdo de Paz (...) pueden existir discusiones razonables sobre la manera como la JEP ha adelantado el procedimiento, pero esas discusiones no se pueden elevar al grado de un supuesto incumplimiento”, explica Juana Acosta, profesora asociada de la Universidad de La Sabana, quien trabajó como codirectora del Observatorio de la JEP de esa institución educativa.
Las otras dos alertas de los ex-FARC eran la poca diligencia de la JEP en la resolución de amnistías y que hay una tendencia a ampliar la vinculación en las investigaciones de exintegrantes de esa guerrilla de rangos medios y bajos del mando.
Esa mañana, Petro y los delegados del Consejo dieron una rueda de prensa. El mandatario no desperdició la oportunidad para, sin mencionarlo directamente, referirse a la carta y decir lo que hace rato viene pidiendo: que la JEP debe ser flexible y ampliar su concepto de verdad.
“El esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, tenemos que decir que no se ha cumplido; lo que ha existido es que la verdad se fragmentó en diversos tribunales de acuerdo con el tipo de sujeto de violencia (...) El resultado hasta esta fecha alrededor del conflicto armado colombiano es que sigue existiendo la impunidad”.
De la cita con los firmantes, el Consejo de Seguridad salió para la reunión con la JEP. Fuentes enteradas le contaron a este diario que lo único fuera del protocolo fue que, durante la reunión, la magistrada Ana Caterina Heyck volvió a poner sobre la mesa el espinoso tema del entrampamiento hecho al ex-FARC Jesús Santrich. Justamente ese caso es investigado por Antonia Urrejola, experta internacional sobre los derechos humanos de la ONU, quien en su informe preliminar, publicado el pasado 14 de diciembre, afirma que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez sí obstaculizó el trabajo de la JEP y no aportó pruebas suficientes para comprobar la culpabilidad de Santrich en el delito de narcotráfico.
El anuncio de la Segunda Marquetalia
Unido al tema del entrampamiento también está el anuncio del viernes sobre el inicio formal del proceso de paz con la disidencia de las FARC, comandada por Iván Márquez.
En ese comunicado se menciona el entrampamiento. “La Segunda Marquetalia coincide con el Gobierno en adelantar un proceso de paz que garantice la vida y la seguridad de quienes se comprometan en él, sin incumplimientos ni entrampamientos, a fin de brindar la debida confianza y superar prácticas contrarias y recurrentes de quienes han gobernado el Estado colombiano frente a los compromisos que firma”, se lee.
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El entrampamiento, cuya última razón podría darla el informe final que Urrejola entregará en marzo, podría ser la vía jurídica del Gobierno para negociar con la Segunda Marquetalia. Esto porque el Acuerdo de Paz prohíbe una renegociación con quienes hayan decidido apartarse de sus compromisos, como ocurrió en el caso de algunos miembros fundadores de ese grupo como ‘Iván Márquez’, ‘el mismo ‘Santrich’, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’.
“El Acuerdo de Paz es explícito en señalar que las personas que hicieran parte de este y se salieran no tenían la capacidad de volver a tener este tipo de garantías en un nuevo proceso. Legalmente el acuerdo se blindó para que las personas que se apartaran no tuvieran la posibilidad de volver a hacer negociaciones de tipo político con el Gobierno. Ese es un obstáculo y quizá la principal razón de por qué se ha demorado”, explica a este diario Andrés Cajiao, director de la Unidad de Monitoreo de la Fundación Ideas para la Paz.
El investigador explica que, no obstante, un entrampamiento probado podría ser un argumento político con el que se pueda justificar una nueva negociación.
Para el investigador Mantilla, el rédito de esta negociación con un grupo tan débil como la Segunda Marquetalia —que solo tiene fuerza en Nariño y Putumayo, aunque en este último se pone en duda su capacidad de mando sobre su facción los Comandos de Frontera— es político y de opinión.
“Una desmovilización de la Segunda Marquetalia sería un golpe de opinión muy grande para decir: este Gobierno sí cumplió. Es un triunfo sobre el ‘villano’, que es como han pintado a Márquez por ser quien firmando se fue”, dice.
Los resultados de la visita del Consejo de Seguridad, que, por ejemplo, debe decidir si amplía o no el mandato de la Misión de Verificación en el proceso con la disidencia del Estado Mayor Central, no se verán pronto, pero este viaje empieza a mover las fichas de Petro para su paz total y encontrar el blindaje internacional que busca desde hace rato.
