Consejo de Seguridad de ONU rechaza violencia en Arauca y el asesinato de líderes
Los enfrentamientos en Arauca y los asesinatos de líderes como Luz Marina Arteaga y Breiner Cucuñame fueron condenados por este organismo internacional. Exhortaron al gobierno de Iván Duque a garantizar la seguridad en el país, ad portas de las elecciones de Congreso y Presidencia.
Carolina Ávila Cortés
En la mañana de este jueves, en Nueva York, los 15 Estados miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas escucharon la presentación del informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Este documento, presentado el pasado 12 de enero por António Guterres, secretario general de esta organización, resaltó los avances del Acuerdo de Paz, como la reincorporación de lo excombatientes y los avances del Sistema Integral de Paz. Sin embargo, entre las principales preocupaciones señaló la violencia en distintos territorios del país que impedirían la consolidación de la paz en el país.
Durante la sesión fueron rechazados los recientes enfrentamientos entre el Eln y el frente 10 de las disidencias de las Farc en Arauca, que resultaron en una masacre de 27 personas y desplazamientos masivos, así como la explosión del carro bomba que ocurrió en la noche del 19 de enero.
“Condenamos el asesinato de Luz Marina Arteaga y Bréiner Cucuñame, un niño indígena de solo 14 años. Esto demuestra la necesidad de que haya más garantías de seguridad”, señaló Noruega.
Le puede interesar: Una excombatiente de Farc habla por primera vez ante Consejo de Seguridad de ONU
Otra de las preocupaciones es el asesinato de los excombatientes de las Farc. Si bien estos homicidios en 2021 disminuyeron con respecto a 2020, países como Reino Unido, sostuvieron que la muerte de solo uno de ellos es un retroceso en la construcción de paz en Colombia.
Emiratos Árabes y México afirmaron que la violencia en distintas regiones son el principal reto frente a los procesos electorales que se llevarán a cabo en marzo de este año, para elegir al Congreso, y en mayo, para elegir al próximo presidente.
Además, se pidió al Gobierno de Iván Duque que refuerce las medidas de seguridad para las y los candidatos, incluyendo las víctimas que aspiran a las 16 circunscripciones especiales de paz que se definieron en el Acuerdo de Paz y que van a permitir que tengan voz y voto en la Cámara de Representantes. Este fue unos de los puntos que destacó el Consejo de Seguridad como avance en la implementación de la paz.
“La falta de negociación entre el Gobierno y el Eln no nos parece satisfactorio”, indicó Rusia. “Estas negociaciones tienen que comenzar y tienen que realizarse como si no hubiera un conflicto”. Además, aseguró que la paz sería sostenible en la medida en que también se normalizaran las relaciones entre Colombia y Venezuela para evitar el repunte de la violencia en la frontera.
Además: Los retos de la JEP para implementar sanciones a los responsables del conflicto
Entre los avances que mencionó el Consejo de Seguridad sobre la implementación del Acuerdo de Paz destacó el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que este año sacará sus primeros fallos, y el informe final que presentará la Comisión de la Verdad.
Con relación a la JEP, los representantes de los Estados miembro felicitaron al Gobierno por el cierre del examen preliminar sobre Colombia por parte de la Corte Penal Internacional ya que con este tribunal el país va a juzgar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Otros aspectos resaltados durante la sesión fue el aumento del número de excombatientes que hace parte de proyectos productivos. Carlos Ruiz Masseiu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia destacó el papel del Gobierno en este sentido, aunque instó a que se acelere el acceso a tierra y vivienda por parte de los excombatientes.
Sobre el tema de seguridad, Masseiu dijo que es necesario que haya una presencia integral del Estado en todos los territorios del país con presencia de instituciones civiles e inversión social. Acerca de las sanciones propias que tendrá que imponer la JEP, y que esta Misión va a verificar, afirmó que han avanzado en los diálogos con esta entidad y que están a la espera de los avances de los macrocasos.
“El tratamiento debe ser satisfactorio para las víctimas, pero también debemos respetar la independencia y autonomía de la JEP en las decisiones que tome con respecto a las sanciones”, añadió. Finalmente, mostró a disposición de este organismo a ayudar en eventuales negociaciones de paz que se puedan dar con el Eln.
También puede leer: Secretario General de ONU: ‘Consolidar la paz requiere de acciones más efectivas’
Durante la sesión del Consejo de Seguridad también se dio un hecho inédito. Por primera vez una excombatiente de las Farc habló ante ese organismo de la ONU. Se trata de Luz Marina Giraldo, excombatiente y esposa de Alexander Parra, exFarc asesinado en Mesetas en 2019, quien en su intervención le pidió al Gobierno que incluya a las viudas e hijos de firmantes de la paz asesinados en programas de educación, seguridad y pensiones.
La respuesta del Gobierno
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y representante del gobierno colombiano ante el Consejo de Seguridad, destacó que la prioridad del Gobierno es la seguridad de los excombatientes y sus familias. “A tres años y medio de este Gobierno, el 70% de las 13.000 personas reincorporadas tienen sostenibilidad económica, el 57% tienen acceso a educación y el 77% están vinculadas a programas para el trabajo y el desarrollo humano”.
Sobre la seguridad de los excombatientes, sostuvo que están trabajando con los espacios de reincorporación. “Más de 12.500 de excombatientes no reportan situación de riesgo o amenaza de seguridad alguna. Obviamente continuaremos redoblando esfuerzos. En este tema el único objetivo es cero ataques, cero muertes”.
Y sobre la inseguridad a nivel nacional aseguró que las diversas fuentes de violencia en el países no son un incumplimiento del Acuerdo de Paz. “Ese Acuerdo no garantizó la identificación de todas las rutas del narcotráfico, ni la desactivación de los carteles que operan desde antes de la firma en Colombia y en otros países. Tampoco significó la desaparición de otros grupos al margen de la ley que existían previamente. Son temas en los que estamos trabajando en otras líneas de nuestras responsabilidades”, señaló.
En la mañana de este jueves, en Nueva York, los 15 Estados miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas escucharon la presentación del informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Este documento, presentado el pasado 12 de enero por António Guterres, secretario general de esta organización, resaltó los avances del Acuerdo de Paz, como la reincorporación de lo excombatientes y los avances del Sistema Integral de Paz. Sin embargo, entre las principales preocupaciones señaló la violencia en distintos territorios del país que impedirían la consolidación de la paz en el país.
Durante la sesión fueron rechazados los recientes enfrentamientos entre el Eln y el frente 10 de las disidencias de las Farc en Arauca, que resultaron en una masacre de 27 personas y desplazamientos masivos, así como la explosión del carro bomba que ocurrió en la noche del 19 de enero.
“Condenamos el asesinato de Luz Marina Arteaga y Bréiner Cucuñame, un niño indígena de solo 14 años. Esto demuestra la necesidad de que haya más garantías de seguridad”, señaló Noruega.
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Otra de las preocupaciones es el asesinato de los excombatientes de las Farc. Si bien estos homicidios en 2021 disminuyeron con respecto a 2020, países como Reino Unido, sostuvieron que la muerte de solo uno de ellos es un retroceso en la construcción de paz en Colombia.
Emiratos Árabes y México afirmaron que la violencia en distintas regiones son el principal reto frente a los procesos electorales que se llevarán a cabo en marzo de este año, para elegir al Congreso, y en mayo, para elegir al próximo presidente.
Además, se pidió al Gobierno de Iván Duque que refuerce las medidas de seguridad para las y los candidatos, incluyendo las víctimas que aspiran a las 16 circunscripciones especiales de paz que se definieron en el Acuerdo de Paz y que van a permitir que tengan voz y voto en la Cámara de Representantes. Este fue unos de los puntos que destacó el Consejo de Seguridad como avance en la implementación de la paz.
“La falta de negociación entre el Gobierno y el Eln no nos parece satisfactorio”, indicó Rusia. “Estas negociaciones tienen que comenzar y tienen que realizarse como si no hubiera un conflicto”. Además, aseguró que la paz sería sostenible en la medida en que también se normalizaran las relaciones entre Colombia y Venezuela para evitar el repunte de la violencia en la frontera.
Además: Los retos de la JEP para implementar sanciones a los responsables del conflicto
Entre los avances que mencionó el Consejo de Seguridad sobre la implementación del Acuerdo de Paz destacó el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que este año sacará sus primeros fallos, y el informe final que presentará la Comisión de la Verdad.
Con relación a la JEP, los representantes de los Estados miembro felicitaron al Gobierno por el cierre del examen preliminar sobre Colombia por parte de la Corte Penal Internacional ya que con este tribunal el país va a juzgar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Otros aspectos resaltados durante la sesión fue el aumento del número de excombatientes que hace parte de proyectos productivos. Carlos Ruiz Masseiu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia destacó el papel del Gobierno en este sentido, aunque instó a que se acelere el acceso a tierra y vivienda por parte de los excombatientes.
Sobre el tema de seguridad, Masseiu dijo que es necesario que haya una presencia integral del Estado en todos los territorios del país con presencia de instituciones civiles e inversión social. Acerca de las sanciones propias que tendrá que imponer la JEP, y que esta Misión va a verificar, afirmó que han avanzado en los diálogos con esta entidad y que están a la espera de los avances de los macrocasos.
“El tratamiento debe ser satisfactorio para las víctimas, pero también debemos respetar la independencia y autonomía de la JEP en las decisiones que tome con respecto a las sanciones”, añadió. Finalmente, mostró a disposición de este organismo a ayudar en eventuales negociaciones de paz que se puedan dar con el Eln.
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Durante la sesión del Consejo de Seguridad también se dio un hecho inédito. Por primera vez una excombatiente de las Farc habló ante ese organismo de la ONU. Se trata de Luz Marina Giraldo, excombatiente y esposa de Alexander Parra, exFarc asesinado en Mesetas en 2019, quien en su intervención le pidió al Gobierno que incluya a las viudas e hijos de firmantes de la paz asesinados en programas de educación, seguridad y pensiones.
La respuesta del Gobierno
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y representante del gobierno colombiano ante el Consejo de Seguridad, destacó que la prioridad del Gobierno es la seguridad de los excombatientes y sus familias. “A tres años y medio de este Gobierno, el 70% de las 13.000 personas reincorporadas tienen sostenibilidad económica, el 57% tienen acceso a educación y el 77% están vinculadas a programas para el trabajo y el desarrollo humano”.
Sobre la seguridad de los excombatientes, sostuvo que están trabajando con los espacios de reincorporación. “Más de 12.500 de excombatientes no reportan situación de riesgo o amenaza de seguridad alguna. Obviamente continuaremos redoblando esfuerzos. En este tema el único objetivo es cero ataques, cero muertes”.
Y sobre la inseguridad a nivel nacional aseguró que las diversas fuentes de violencia en el países no son un incumplimiento del Acuerdo de Paz. “Ese Acuerdo no garantizó la identificación de todas las rutas del narcotráfico, ni la desactivación de los carteles que operan desde antes de la firma en Colombia y en otros países. Tampoco significó la desaparición de otros grupos al margen de la ley que existían previamente. Son temas en los que estamos trabajando en otras líneas de nuestras responsabilidades”, señaló.