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El último de la agenda de trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU en Colombia tuvo como escenario Buenaventura, en el corazón del pacífico colombiano y uno de los lugares más afectados por el conflicto armado.
Los 15 representantes se reunieron allí con la vicepresidenta Francia Márquez y otros miembros del gabinete para escuchar la voz de líderes y lideresas afrodescendientes e indígenas y así hacerle seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz, uno de los más retrasados en sus implementación y sobre los que tiene mandato el Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
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La vicepresidenta Márquez quedó a cargo de esta tarea de implementación. El pasado 20 de noviembre, el Gobierno y entidades estatales renovaron su compromiso con la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final, firmando un pacto para alcanzar al menos un 60 % de implementación para el año 2026. De hecho, jefes de los Ministerios y entidades gubernamentales se comprometieron a incorporar el enfoque étnico, por ejemplo, en la reforma rural integral, para salvaguardar los derechos de las comunidades y las víctimas, y para garantizar la participación política y la seguridad colectiva e individual de los pueblos étnicos.
Antes de ello, Márquez firmó un acuerdo en octubre de 2022 con Estados Unidos, país que acompaña este proceso para que apoyo su ejecución. Por eso esta visita era importante, pues supone un seguimiento a esa gestión.
“Que ustedes estén aquí es una gran oportunidad para que puedan escuchar las voces de quienes han enfrentado y siguen enfrentando y resistiendo las distintas violencias que por décadas han padecido fruto de la política de violencia y saqueo que ha azotado nuestro país”, explicó Márquez en un acto en un hotel del centro de la ciudad frente al mar.
La visita tuvo tres encuentros. En el primer, representantes de organizaciones afrocolombianas e indígenas de Chocó, Cauca, Valle y Nariño expusieron los principales retos que enfrentan las comunidades étnicas en el proceso de implementación integral del Acuerdo de Paz. Además, se realizó una sesión con jóvenes provenientes de Buenaventura y Quibdó que promueven iniciativas de construcción de paz. Por último, familiares de víctimas de desaparición forzada y violencia de género también tuvieron espacio para hablar sobre los retos y obstáculos en la búsqueda de sus desaparecidos.
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Buenaventura también alberga el que es llamado el primer laboratorio de la paz urbano, un espacio de diálogo que el Gobierno tiene con Shottas y Espartanos, las dos bandas criminales más grandes del puerto. De hecho, la misma semana de la llegada del Consejo, ambas estructuras ampliaron la tregua que tienen hace seis meses hasta el 5 de mayo.
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De hecho, en la reunión con el Consejo de Seguridad también hizo presencia Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Valle del Cauca y jefe de la delegación del Gobierno en ese diálogo socio jurídico que se instaló el 18 de julio del año pasado.
Aunque el proceso no ha tenido más avances, solo la tregua le ha significado a Buenaventura una reducción de al menos el 30%, especialmente en los homicidios. Además, también se han disminuido los hurtos y las agresiones. Así mismo, logró sacar al puerto de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo.
“Sabemos las intenciones que tuvo el expresidente Juan Manuel Santos al firmar la paz, los territorios sintieron una temporal calma, pero se requiere continuar con los compromisos dentro de la implementación”, explicó el consejero de juventudes de Buenaventura, Ronald Caicedo.
Esos incumplimientos forzaron la creación de disidencias y también la falta de oportunidades hace que aun decenas de jóvenes acaben en las filas de los grupos armados. Por eso, la implementación de la paz pasa por llevar a cabo los proyectos de infraestructura, sanidad o educación que se prometieron con el acuerdo y que las propias comunidades deben trazar.
La visita del Consejo termina la noche del sábado desde Cartagena, desde donde se espera una declaración final.