Los arquitectos del Acuerdo de Paz cierran filas y rechazan idea de constituyente de Petro

El presidente Petro dijo que, si quisiera, podría llamar a las altas partes contratantes para convocar una constituyente. Los negociadores de Santos afirmaron que no es posible.

Foto: El Espectador

Fue en Cali, el 15 de marzo, cuando el presidente Gustavo Petro soltó la idea de que Colombia tenía que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. “Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo el mandatario en un discurso en la simbólica plaza Puerto Resistencia, un barrio que fue punto central en las marchas de 2021.

Tras dos meses de esas declaraciones, en las últimas dos semanas el Gobierno ha vuelto a poner la propuesta sobre la mesa, esgrimiendo que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC lo habilita para convocar a un “gran acuerdo nacional”, lo que ha sido interpretado como un llamado a una constituyente.

Sin embargo, miembros del equipo negociador del pacto de La Habana que hablaron con Colombia+20 calificaron la propuesta como una “trampa” del gobierno Petro en su afán por encontrar una forma de llevar a cabo la constituyente o el “poder constituyente”, como últimamente lo ha llamado el jefe de Estado. De esa manera, podría saltarse los pasos que se necesiten para ello: presentar un proyecto de reforma a la Constitución en el Congreso, que sea aprobado y que sea revisado por la Corte Constitucional.

“Es una tesis descabellada”

Uno de los negociadores explicó que el Acuerdo de 2016 nunca fue diseñado con miras a una Asamblea Constituyente, y que cuando se decía que se necesitaba un acuerdo político nacional para impulsar las reformas que el pacto con las antiguas FARC proponía, se decía con el ánimo de que el país político tuviera una conversación sobre los cambios estructurales que propone el acuerdo y se implementaran.

Humberto de la Calle, senador y jefe negociador del gobierno Santos en ese proceso de paz, también fue tajante en esa idea y dijo que el Acuerdo con las FARC no pactó una constituyente y que “no hay lugar a ninguna interpretación” que lleve a ese planteamiento, que calificó de “descabellado”.

“Es una tesis absolutamente equivocada. No había querido opinar sobre esto porque me parecía realmente tan descabellada que no valía la pena (...) No hay ninguna posibilidad de una interpretación que consista en que a través de mecanismos de declaraciones unilaterales se pueda echar al tarro de la basura la Constitución e inventarse una constituyente totalmente espuria”, dijo De la Calle en un video que difundió este domingo en sus redes sociales.

En la grabación, De la Calle hace referencia a una idea que surgió al principio de las negociaciones de La Habana, y fue que los delegados de las antiguas FARC sí plantearon en varias ocasiones que se pactara una constituyente. La idea fue rechazada por la delegación del Gobierno y, de hecho, nunca fue adoptada.

“Categóricamente, a nombre del Gobierno, dije que esa no era una posibilidad aceptable. Es más, precisamente el plebiscito por la paz fue lo que se pactó para evitar ese camino de la constituyente, que siempre estuvo por fuera de consideración del Gobierno”, explicó el senador.

Sobre el tema también se pronunció el presidente Juan Manuel Santos, quien calificó de “absurdo” usar el Acuerdo de Paz para convocar una constituyente.

“Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación (..) la teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que puede modificar las partes contratantes, tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa, y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC”, explicó el exmandatario.

El abogado Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, afirma que tanto Petro como Leyva se equivocan en la lectura que hacen sobre que el Acuerdo no ha concluido.

“Lo que no ha concluido es la implementación del Acuerdo, que entre otras cosas tiene unos retrasos importantes, pero eso no quiere decir que por ello se deba convocar a una constantemente. Para esas modificaciones hay otros mecanismos que debe hacer el Gobierno, como presentar las reformas, pasar por el Congreso e incluso otro tipo de trámites”, explica.

Para Burbano, la idea de Petro es incluso violatoria de la Constitución actual y no se puede equiparar, como ayer mismo lo hizo el mandatario con lo que ocurría en el país en 1991. En palabras del jefe de Estado, “pasó lo mismo que con el acuerdo con eñ M-19, que viví: no se aplicó la Constitución del 91, ni se construyó el Estado social de derecho”, publicó el presidente en X.

Según el profesor, este es un planteamiento equivocado. “Lo que está en el espíritu, en el corazón mismo del Acuerdo de Paz es el cumplimiento de la Constitución, esta se reformó según lo pactado, y la propia Corte Constitucional le dio viabilidad a todas esas reformas (…) No ocurría lo mismo en 1991, hay una diferencia enorme: la Constitución de 1886 solo podía ser reformada por acto legislativo, hoy existen otros mecanismos para reformar la Constitución como la asamblea constituyente y el referendo, lo que debe hacer el presidente -si quiere hacerlo- es seguirlos”, indica.

El lunes el presidente aseguró que “el papel histórico del Congreso es tramitar su convocatoria, si no, el poder constituyente, tarde que temprano, lo hará”.

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Firmantes de paz estarían de acuerdo con convocar la Constituyente

El viernes pasado, en Popayán, Petro lideró un encuentro con las comunidades por cuenta de la ola de violencia que está azotando a ese departamento. Desde allí se insistió en la idea de usar el Acuerdo de Paz como excusa para una constituyente: “A través de las altas partes contratantes se podría citar a una Asamblea Nacional Constituyente, tiene esa fuerza”, precisó el jefe de Estado, quien agregó que “lo que causa violencia en el territorio es incumplir un acuerdo de paz que es una declaración unilateral de Estado”.

Colombia+20 habló con el senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, y uno de los miembros del último secretariado que tuvo la extinta guerrilla de las FARC, justamente una de esas partes contratantes afirmó que Petro tiene razón y que apoyan la idea de la constituyente.

“Sí, el presidente podría convocar a las altas partes contratantes. Ese párrafo al que se ha hecho referencia del Acuerdo de Paz, hablando sobre el Acuerdo Nacional es, como todo lo del documento, algo vinculante. Eso que ha dicho Petro es exactamente el alcance que también le damos nosotros. En varias ocasiones hemos hecho referencia a ese mismo párrafo”.

Al menos desde febrero, el exsecretariado de las FARC ha estado enviando mensajes sobre la necesidad no de cambiar el Acuerdo de Paz, pero sí algunas partes como la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Por su parte, Victoria Sandino, firmante de paz y exsenadora, dijo que un amplio sector de los ex-FARC respaldan la propuesta de Petro. “Este propósito del proceso constituyente es más que pertinente de cara a la necesidad de cumplir e implementar el Acuerdo. Construir la paz implica una nueva institucionalidad. La propuesta del presidente es viable y un sector de los firmantes apoyamos la propuesta”, afirmó Sandino, quien tomó distancia del Partido Comunes en 2021.

Lo cierto es que esas críticas de Petro al pacto de La Habana ya han sido allanadas en un largo camino que inició hace meses el destituido canciller Álvaro Leyva, quien desde julio de 2023 se pronunció sobre “obstáculos” al Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Al menos cinco veces se ha insistido en la constituyente

En marzo, cuando el presidente lanzó la propuesta de una constituyente por primera vez, su declaración estaba enmarcada en un contexto que no es muy diferente al que vive ahora: el frenazo que desde el Congreso tienen sus reformas sociales, las investigaciones alrededor de su campaña por presuntas irregularidades en su financiación, y decretos y nombramientos que le han tumbado altos tribunales.

La idea, aunque sin desarrollar, fue combustible para la oposición que remarcaba que era la prueba de que Petro quería llevar su mandato más allá de 2026, un fantasma que ronda al mandatario desde la campaña. Varios miembros del Gobierno salieron a medios a bajarles el tono a las afirmaciones del presidente. “No vamos a saltarnos las reglas de la Constitución”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, palabras a las que se sumó el ministro de Defensa, Néstor Osuna, entre otros.

Sin embargo, desde hace dos semanas la excusa principal para mover esta apuesta ha sido el Acuerdo de Paz. El 13 de mayo, el mandatario hizo una declaración inédita y extraña al decir que iría ante la ONU a denunciar que el “Estado no quiere cumplir” la ejecución de lo pactado con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

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Luego unió la idea de esa denuncia con la de convocar el “poder constituyente” y, de hecho, lo presentó como uno de los puntos para lo que llama “el acuerdo nacional”. Lo hizo a través de un trino en el que exponía siente puntos, entre ellos el Acuerdo de Paz, que deberían decidirse “a través de asamblea constituyente, constitucional o referendo constituyente”, según expresa.

El primero de ellos decía: “La concreción del Acuerdo de Paz en materia de reforma agraria, transformación territorial y verdad”. Los otros seis tienen que ver con las reformas a la justicia, salud, pensión y educación, entre otras.

A esa declaración,le siguió la semana pasada la del destituido canciller Álvaro Leyva. Tras meses sin apariciones públicas por el escándalo de los pasaportes que llevó a que la Procuraduría lo apartara de su cargo, el también exconstituyente -y quien estuvo involucrado en el Acuerdo de Paz de La Habana- dijo que se había encontrado en ese pacto de 2016 “una fórmula” que encamine al país hacia un “acuerdo político nacional”.

Y aunque nunca menciona la figura de la constituyente, su mensaje deja entrever que el Acuerdo de Paz aún no ha concluido y que, por tanto, es posible activar algún tipo de función para que se realicen las reformas que necesita el país.

De hecho, puntualmente cita este apartado que está consignado en el Acuerdo de Paz: “Con lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los restos que la paz demanda, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”.

Proceso con ELN, ¿un plan B?

El otro tema que se ha movido en los últimos días, tras la firma del primer punto de la agenda de negociaciones con el ELN sobre la participación de la sociedad, es que ese documento podría volverse también otra forma de tramitar la constituyente.

Se trata no solo del mayor logro en el proceso, sino del avance más significativo en más de 30 años de intentos de negociación de varios gobiernos con este grupo guerrillero.

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El documento de 10 páginas plantea cuatro grandes ejes de transformaciones: el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y la educación y cultura. Sin embargo, el acuerdo por ahora no especifica cómo se abordarán esos temas claves y, para algunos críticos, el Comité Nacional de Participación, de donde salieron todas esas propuestas, sobrepasó su papel e incluso podría estar “suplantando” al Congreso.

El exministro Juan Camilo Restrepo, quien lideró la negociación con el ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos, reconoce la importancia del acuerdo de participación, pero asegura que “subsiste la ambigüedad de cuál es el papel del Congreso si alguna o algunas de estas conclusiones a que se llegue requieren cambios constitucionales o legales”, una de las principales críticas de los gremios al borrador del documento.

El senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno en el proceso con el ELN, afirmó a este diario que vincular la idea de la constituyente a ese acuerdo firmado con la guerrilla es “una especulación”.

“Ni el ELN ni el Gobierno han planteado algo semejante en la mesa. Lo que hemos dicho es que el propósito es que lleguemos ojalá al final de este proceso a un gran acuerdo nacional”, dice Cepeda.

Pero a renglón seguido explica que ese gran acuerdo debe pasar por el Congreso. “Ese gran acuerdo no significa una constituyente, significa que nos pongamos de acuerdo con los grandes sectores del país, sociales, populares políticos y económicos sobre esas transformaciones (…) Si usted tiene un acuerdo con los partidos políticos cualquier iniciativa que se someta al Congreso se aprobará rápida y eficazmente”, detalló.

El otro punto que generó suspicacias fue que el mismo ELN expresó su respaldo al llamado de Petro a convocar una Asamblea Constituyente. En un comunicado publicado a finales de marzo, el grupo ilegal aseguró que entiende el anuncio del jefe de Estado “como un esfuerzo encaminado a la democratización y construcción del buen vivir para todas y todos”.

A ese apoyo se sumó Iván Márquez, comandante de la Segunda Marquetalia, quien en el video en el que reapareció el pasado 11 de mayo dijo que respaldaba la propuesta de Petro. “Vamos a rescatar la majestuosidad del constituyente primario, que es el pueblo. Él es la legítima autoridad. Su voluntad debe ser acatada por todas las instituciones del Estado. Jamás debe olvidarse que el soberano es el pueblo”, dijo.

Por ahora, el Gobierno no ha dicho exactamente cómo será ese proceso de convocar al “poder constituyente”, pero a la luz del cierre de filas de varios sectores, no hay ambiente para ello.