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Jesús Santiago Patiño, reciclador de oficio, aprendió el trabajo que definió su vida cuando era muy joven, a principios de los años 90. Un día encontró un caballo muerto sobre la antigua vía del ferrocarril y vendió sus huesos para ganarse algo a cambio. Esos, cuenta, fueron sus comienzos en el reciclaje, del que vivió por más de 20 años.
Patiño pasó su infancia y juventud junto al jarillón del río Cauca, en las afueras de Cali, una zona de alto riesgo por las inundaciones frecuentes y que ha sido ocupada de forma irregular desde hace décadas por familias sin vivienda, desplazados por la violencia o la pobreza desde otras partes del país.
En 2014 Jesús Santiago fue reubicado con su familia por medio del Plan Jarillón. Junto con otras 798 familias recibió una casa en 2014, en la urbanización Llano Verde, un plan de vivienda oficial ubicado en el oriente de Cali, donde un año antes se habían entregado 3.521 casas a familias víctimas del conflicto, para un total de 4.319 viviendas.
Hoy Patiño funge como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Llano Verde y reconoce que, aunque pensó “que lo había perdido todo” cuando fue reubicado del jarillón, se dio cuenta de que no era así: “Hemos ganado mucho, tenemos una multiculturalidad”.
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En la urbanización Llano Verde no solo conviven víctimas del conflicto, generalmente indígenas o afrocolombianos desplazados que lo perdieron todo en medio de la guerra del suroccidente del país, sino también personas reubicadas del Plan Jarillón y, además, refugiados y migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela.
“Todo el tiempo está llegando alguien al barrio”, explica Patiño, quien lidera procesos de huertas comunitarias y murales en su comunidad: “De alguna manera tratamos de acogerlos”.
La urbanización Llano Verde se ha convertido en lo que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) llama una “comunidad de acogida”, es decir, una población en donde las personas refugiados, migrantes y desplazados encuentran un lugar en donde viven y son recibidos por residentes locales.
De acuerdo con la Casa de los Derechos, un programa impulsado por la Defensoría del Pueblo para atender a la población más vulnerable directamente en su territorio, al oriente de la ciudad vive una tercera parte de la población caleña -más de 500 mil personas- y al menos el 90 % de ellas han sido, en algún momento de su historia, población en movilidad humana, como los refugiados, migrantes y desplazados.
Cali es la ciudad de mayor recepción de población desplazada de todo el suroccidente colombiano, una situación histórica ligada con fuerza a las dinámicas del conflicto armado interno en esa región del país, pero ahora también es ciudad de acogida para refugiados y migrantes, algunos con vocación de permanencia y otros que hacen su tránsito entre el sur y el norte del continente, en ambas vías: bien sea migrantes de lugares tan disímiles del planeta, como Haití o Afganistán que llegan en vuelos comerciales a países del sur y emprenden por tierra la ruta que los llevará hacia Estados Unidos, o refugiados y migrantes venezolanos que se han visto obligados a huir de su país por culpa del contexto social y político, quienes parten en sentido contrario buscando suerte en países como Ecuador, Perú y Chile.
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Según funcionarios de esa entidad, en los dos años que lleva de operaciones la Casa ha atendido a más de 4.500 refugiados y migrantes, la mayoría venezolanos, que llegan en busca de asesoría jurídica, social o psicológica. También atienden a población colombiana desplazada y víctima del conflicto.
Desde la Casa de los Derechos insisten en una realidad invisibilizada que, no obstante, atienden todos los días: las personas refugiadas y desplazadas se asientan en el oriente de Cali y allí viven situaciones complejas como la revictimización y, en el caso de los desplazados, suelen toparse nuevamente con los actores armados que los sacaron de sus territorios. En el caso de las personas refugiadas y migrantes se trata de una doble afectación, pues salen de sus países buscando mejorar sus condiciones de vida, pero se encuentran con la violencia.
Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo así lo confirman: en el oriente de Cali hay presencia de las disidencias de las antiguas FARC y del Clan del Golfo, grupos armados que cooptan a pandillas y combos de barrios dedicados al microtráfico para que trabajen según sus intereses. Esta dinámica de confrontación ha generado un desplazamiento intraurbano que es muy difícil de cuantificar y suele ser invisible ante los ojos de las instituciones.
Jesús Santiago Patiño lo explica en su visión de antiguo poblador del jarillón, que de pronto vio llegar a estos territorios a diversas personas afrodescendientes e indígenas con costumbres e historias de vida diferentes: “Esas familias que llegaron a mi territorio, eran familias víctimas del conflicto, llegaron porque los habían sacado, los habían matado, los habían violado y abusado”.
Es por ello que la Acnur ha priorizado el trabajo con las comunidades de acogida, como la urbanización Llano Verde, con el objetivo de buscar soluciones duraderas para la población desplazada, refugiada y migrante.
Sander van Niekerk, jefe de la suboficina suroccidente de la Acnur Colombia, explicó: “Cali ha cumplido un rol clave como uno de los principales receptores de la dinámica humanitaria del suroccidente; de manera recurrente situaciones asociadas a comunidades afectadas por desplazamiento forzado llegan al distrito buscando protección, recibiendo asistencia humanitaria por parte de las autoridades distritales y con expectativas de lograr soluciones duraderas al desplazamientos forzado; soluciones relacionadas con la reubicación, la integración local o el retorno a sus comunidades”.
De acuerdo con el informe de respuesta de la Acnur, comprendido entre enero y julio de 2023, durante los primeros siete meses de este año la agencia “complementó los esfuerzos de las autoridades locales y nacionales para responder a las necesidades humanitarias de la población con necesidad de protección y sus comunidades de acogida”, apoyando al menos a 23.484 personas en estas comunidades en Colombia, entre ellas trabajando en el fortalecimiento de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Llano Verde.
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Además, la Acnur ha atendido a 221.874 refugiados y migrantes -la mayoría venezolanos- durante el mismo período, así como a 14.118 desplazados internos.
Van Nieker agregó que desde la Acnur “se viene acompañando a las autoridades distritales, departamentales y a estas comunidades para promover los escenarios idóneos para alcanzar soluciones duraderas para la población, documentando los desafíos en la implementación de medidas de protección a la comunidad”.
Las idas y venidas de dos líderes afrocolombianos
Alexis Mondragón Garcés recuerda el evento que lo obligó a sus nueve años a escapar junto a su comunidad, sin nada entre las manos, huyendo del río Naya, su territorio ancestral.
Fue la tristemente famosa masacre del río Naya, una incursión de los paramilitares desde la parte alta de la cordillera en abril de 2001, que dejó un estimado de un centenar de víctimas entre asesinatos y desaparecidos a lo largo del río.
En Buenaventura, a donde había llegado con sus padres y hermanos, Alexis volvió a encontrar una violencia incluso peor, por la confrotación entre paramilitares y guerrilleros que arreciaba en el puerto. En su corta vida suma varios desplazamientos, yendo y volviendo del Naya, hasta su asentamiento definitivo en la urbanización Llano Verde en Cali, en 2014, donde una hermana suya había recibido una vivienda.
Su historia personal le sirve para explicar por qué Llano Verde sigue siendo una comunidad de acogida: “Somos muy receptivos porque reconocemos lo difícil que es ser víctima de desplazamiento, seríamos egoístas al no recibir a nuestros hermanos, porque nosotros pasamos lo mismo, las casas eran más estrechas y nos tocaba vivir hasta siete, sin gas, pero vivíamos”.
Entre las penurias del desplazamiento Alexis Mondragón descubrió su vocación de líder social y siempre ha impulsado proyectos comunitarios donde sea que se encuentre: en el Naya, protegiendo el medio ambiente; en Buenaventura, con los jóvenes de su barrio, o ahora en Llano Verde, con la Fundación Afro Motivos y Razones, que impulsa varios comedores comunitarios en el oriente de Cali y quiere mostrar a los jóvenes del sector alternativas diferentes a la delincuencia y la violencia. Además, trabaja articulado con la Junta de Acción Comunal.
“Es muy importante que la juventud de Llano Verde conozca sus derechos”, dice, y agrega que tratan de “capacitar a los jóvenes en derechos humanos y la creación de su proyecto de vida. Que conozcan la política pública de juventud”.
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Su historia es semejante a la de Erlendy Cuero, también vecina de Llano Verde e importante lideresa social de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), quien lleva 15 años defendiendo los derechos de las mujeres afrocolombianas desplazadas en Cali y el suroccidente del país. Erlendy recuerda que su liderazgo empezó casi a la par con el Auto 092 de la Corte Constitucional en 2008, un pronunciamiento de ese alto tribunal que dicta medidas especiales de protección para las mujeres desplazadas.
Ella también salió huyendo de Buenaventura tras el asesinato de su padre en 2000, para llegar a Cali a desafiar el hambre y la pobreza con dos hijos a cuestas. “Lo que hoy sufren los mestizos y afros que están viviendo el conflicto armado son situaciones que ya vivimos y que debemos tener presentes”, asegura Erlendy. Y agrega: “Es la única manera que tenemos de mantenernos articulados, rodearnos”.
Luchar como campeones en El Valladito
El “profe” Juan Castro cree que si hubiera un apoyo institucional más decidido, su comunidad sería una verdadera mina de campeones. Castro lidera una escuela de fútbol que todas las tardes atiende a cerca de 90 niños y jóvenes de las comunidades de El Vallado y El Valladito, también al oriente de Cali, donde jóvenes refugiados, migrantes y desplazados juegan de igual a igual: “Aquí no vemos fronteras, no vemos si este es desplazado o venezolano. Aquí lo que vemos es amigos, compañeros, aquí lo que vemos es una oportunidad más”, dice Ccastro, quien articula acciones con los líderes de la Junta en El Valladito.
El Valladito es un asentamiento humano de desarrollo incompleto (mal llamados “invasiones”) que se ubica en el límite de Aguablanca con los cañaduzales que forman parte de la zona rural de Cali. Allí se pueden conseguir algunos de los arrendamientos más baratos de Cali, un costo asequible para familias que no tienen nada: “Hay gente que se acuesta con una comida, entonces es difícil venir a pagar unos servicios, la gran mayoría nos salimos a ganar el día”, dice Amalio Chocó, que desde la Junta de Acción Comunal ha luchado porque se garanticen servicios básicos, como el agua y las conexiones de luz. Esta es otra de las juntas apoyadas por la Acnur en su estrategia de fortalecer a comunidades de acogida.
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“Aquí ha llegado gente que viene humillada por la guerra y al cabo de los años encuentra un conflicto igual o peor al que ha pasado”, dice Amalio. Su diagnóstico es duro y revelador a la vez porque resume el drama de estos asentamientos urbanos en Colombia, un problema ligado a los problemas sociales del país: “La situación no deja de desplazar gente. Mientras el país siga desplazando gente, estos asentamientos van a ser la única acogida que les brinda el país, en las mismas condiciones o aun peor de como venían. Es muy difícil que estos asentamientos crezcan hasta que el Gobierno haga algo para evitar los desplazamientos masivos”, concluye.