La primera Convención Nacional Campesina de Colombia logró reunir a más de 2.500 campesinos, campesinas y pesqueros en un mismo escenario con altos funcionarios como el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, senadores de la bancada de Paz del Congreso, los ministros de Agricultura, Ambiente, Trabajo y del Interior, entre otros altos ejecutivos. El propósito de la Convención, llevada a cabo en la Universidad Nacional, era escuchar las voces de los líderes de distintas zonas rurales del país que esperan que sus propuestas sean incluidas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.
El presidente Gustavo Petro, quien instaló la Convención el viernes 2 de diciembre, habló sobre la reforma agraria, el cambio climático y la nueva política de drogas. En su discurso, fue enfático en la necesidad de “construir un movimiento nacional capaz de presionar las reformas fundamentales que necesita la sociedad en Colombia”. Uno de los puntos en los que más enfatizó fue en la necesidad de avanzar en la implementación de la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo de Paz de La Habana y que ahora encabezará Cecilia López como ministra de Agricultura.
En ese primer día comenzaron los anuncios del alto gobierno. Uno de ellos fue la decisión de crear la dependencia de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior. El ministro de esa cartera, Alfonso Prada, aseguró que la meta para el 2023 será tener un incremento presupuestal del 1.200 % con el fin de que ese Ministerio pueda aportar en la prevención de riesgos a la seguridad humana de los líderes sociales y campesinos en los territorios.
Ese día la ministra de Agricultura Cecilia López Montaño también se refirió al compromiso del Gobierno Nacional de reconocer los derechos del campesinado en la Constitución Política: desde agosto de este año cursa en el legislativo el proyecto que busca reconocer al campesinado como sujeto de derechos de especial protección constitucional. Justamente este lunes 5 de diciembre la iniciativa pasó a quinto debate en el Congreso (de ocho en total). En Cámara de Representantes hubo un respaldo casi absoluto con 114 votos por el sí y solo cinco por el no. El ponente de ese proyecto es el senador Alexander López Maya, del partido Polo Democrático.
Ese fue precisamente uno de los ejes centrales del encuentro campesino. Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), aseguró que esa propuesta legislativa se alinea con el compromiso del nuevo Gobierno de adherirse a la Declaración de Derechos Campesinos de la ONU. En 2018, en la Asamblea General de las Naciones Unidas 121 países votaron a favor de esa resolución que busca hacer seguimiento a que los gobiernos de cada país respeten los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de esas poblaciones. Sin embargo, en ese año, durante el gobierno de Iván Duque, Colombia se abstuvo de votar a favor de la Declaración porque “la resolución contenía derechos colectivos que iban más allá de lo dispuesto en la legislación colombiana y que trascendían a la definición de trabajador agrario que estaba reconocida por la Constitución”.
Para Quintero, como vocero de los campesinos en Catatumbo, “el primer paso debe ser que Colombia reconozca la Declaración Campesina de la ONU para después hacer cambios sustanciales como el reconocimiento como sujetos de derechos en la Constitución. Esa es una lucha que llevamos muchos años y que nunca había tenido tanto eco político como ahora”. Otro de los pactos que se hicieron desde el primer día fue lograr que el Plan Nacional de Desarrollo tenga un capítulo específico dedicado a la implementación del Acuerdo de Paz y otro capítulo destinado al campesinado colombiano.
Otro de los anuncios importantes fue la ampliación de los municipios PDET en el país. Aunque no se determinó el número de municipios que entrarían a esos programas, Quintero aseguró que eso beneficiaría a varias regiones del país en las que el conflicto armado se ha recrudecido y la población vive en condiciones de pobreza.
En materia de paz, las delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que están en diálogos en Caracas (Venezuela), invitaron a los representantes de la Convención Nacional Campesina a participar como sociedad civil en las negociaciones. Aunque aún no se ha definido la ruta de esa participación ni los delegados que irían a la mesa, ese fue uno de los anuncios más importantes de la jornada de cara al avance de la política de paz total del nuevo gobierno.
Las peticiones de los campesinos al gobierno Petro
Joana Pinzón, vocera de la Asociación Nacional Campesina José A. Galán Zorro –Asonalca- de Arauca, aseguró que aunque se logró avanzar en los compromisos del Gobierno Nacional con el campesinado no se incluyeron algunas propuestas que hicieron desde el territorio. “Para intentar subsanar el tema de soberanía alimentaria propusimos que desde la Reforma Agraria se destinen 10 millones de hectáreas únicamente para producir alimentos”.
Su propuesta respondería a la problemática que planteó Petro el primer día de la Convención sobre hambre en el mundo: “Hoy hay más hambre en el mundo que nunca, se habla del mil millones de personas que podrían quedar en condición de hambruna”, dijo.
La lideresa campesina también habló de la necesidad de que en esos espacios hubiera un representante del Ministerio de Defensa para hablar sobre las garantías de seguridad en los territorios. “La dificultad que tenemos, no solamente en Arauca sino en el resto del país es que muchos no podemos avanzar en los procesos sociales en distintos municipios porque está en riesgo nuestra vida”.
Pinzón fue enfática en que la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo de Paz no será suficiente para cumplirle al campesinado. “Es necesario que hablemos de una Reforma agraria integral y popular que incluya planes y procesos a corto, mediano y largo plazo y que incluya políticas que eviten el acaparamiento de tierras y la criminalización que vivimos algunos campesinos en este momento”.
Nilson Liz, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc), mencionó que una de las peticiones que esperan que el Gobierno Petro tenga en cuenta es la formalización de tierras en departamentos como Bolívar, Cauca y Córdoba. “Nos han planteado la necesidad de la unidad del gobierno campesino, pero aunque hemos dicho que sí, no creemos que las organizaciones sociales debamos unificarnos para crear un nuevo movimiento”.
Para velar por el cumplimiento de los compromisos que se pactaron en esa reunión, se creará en los próximos días un comité de seguimiento de campesinos y campesinas de diversas regiones del país para entablar diálogos con la institucionalidad y avanzar en lo prometido. Darío Fajardo, viceministro de Desarrollo Rural aseguró que “aunque se quedaron muchos temas en el tintero, fue fructífero lograr esa interlocución entre el Gobierno y la sociedad civil porque nos aproxima a una población que siempre ha estado marginada en el país”.