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Al menos tres alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, emitidas en los últimos cuatro años, advierten sobre los impactos a los ecosistemas por actividades controladas por grupos armados ilegales en la región del Bajo Atrato, en el norte del Chocó.
Tras la publicación de un reportaje de Colombia+20 que expuso cómo el Clan del Golfo (o EGC) está detrás de la crisis ambiental de este territorio, la entidad publicó un comunicado en el que detalla sus hallazgos y rechaza los señalamientos contra defensores ambientales y de derechos humanos.
“La deforestación, la pérdida de hábitats y la contaminación derivada de las actividades de minería ilegal, la extensión de la frontera agrícola y pecuaria, y los cultivos de uso ilícito son algunas de las economías que los grupos armados ilegales han consolidado, generando un impacto devastador en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos”, informó la Defensoría en el comunicado.
Y agregó que “el EGC y otros grupos controlan economías ilegales, como la minería de oro y la tala de árboles, lo que causa daños ecológicos y pone en riesgo a líderes y lideresas ambientales”. En el documento también se menciona la participación del ELN en estas actividades ilícitas.
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El pronunciamiento del ente de control se da en el marco de su participación en la COP16, la conferencia de las Naciones Unidas sobre la diversidad, en la cual se han hecho múltiples advertencias sobre la afectación de los grupos armados en algunos ecosistemas del país.
Estas afectaciones también han sido documentadas y advertidas por la entidad al menos desde 2020, a través de las alertas 013-23, 021-20 y 014-23 (esta, de carácter binacional y producida junto a la Defensoría de Panamá). Sin embargo, habitantes y líderes del Bajo Atrato aseguran que el Estado no ha actuado eficazmente para frenar el daño ambiental en la región, de las más húmedas del planeta y considerada un pulmón de Colombia.
El llamado a respetar el trabajo de las organizaciones y poner el tema en mesas de negociación
Luego de la publicación del reportaje de este diario, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia circuló un comunicado en el que niega su rol en estas actividades y señala a algunas organizaciones que han denunciado su nexo con el deterioro ambiental.
Según dijo la Defensoría, el mensaje del grupo armado “es contrario a la realidad que enfrentan miles de colombianos y colombianas, y es un intento por deslegitimar las alertas y denuncias emitidas por organizaciones”.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado “a que la protección y recuperación del ambiente, así como la protección de los liderazgos ambientales, sean un tema de primer orden en las mesas de negociación de paz y diálogos socio jurídicos con actores armados organizados”.
No hay que olvidar que el Clan del Golfo podría iniciar en las próximas semanas diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, que ya reconoció a algunos de sus jefes como voceros.
¿Qué dicen las alertas tempranas de la Defensoría?
La alerta 021-20, publicada el 14 de mayo de 2020, da cuenta de las amenazas por la disputa armada entre el EGC (para entonces conocido como AGC) y el ELN en Chocó. Se trata de una guerra que con los años ganaron los gaitanistas en varias zonas del departamento, lo que les permitió expandirse.
Para entonces, la Defensoría ya tenía identificado que el Clan o ilegal ejercía “control territorial, poblacional y sobre las economías legales e ilegales, principalmente las relacionadas con la extracción de minerales”.
La entidad ya hablaba del “desastre ambiental-ecológico” que se vivía en la región, así como la “omisión de algunas entidades y/o instituciones del gobierno con funciones ambientales” para atender la crisis, que se ha profundizado.
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Entre los riesgos que se advirtieron desde 2020 está la profundización de agresiones, señalamientos, actos de estigmatización y homicidios selectivos contra líderes de comunidades negras, indígenas, comunitarios, sociales, comunales, personas defensoras de DDHH y funcionarios.
Esa alerta temprana también encendió las alarmas por el reclutamiento forzado y utilización de menores de edad por parte de los grupos y el incremento de las conflictividades socioambientales. Cuatro años después, todas las advertencias se materializaron en el territorio.
La sombra del Clan en el fenómeno migratorio y su huella ambiental
En la alerta binacional 14-23, publicada el 11 de abril de 2023, las defensorías de Colombia y Panamá enfatizaron en la vulnerabilidad de la población migrante que atraviesa la región del Darién en su paso hacia Norteamérica, así como en la afectación ambiental de esta actividad (solo el año pasado, medio millón de personas utilizaron este corredor).
“La sobrepoblación en las comunidades de recepción ha generado un desgaste ambiental por la contaminación de los residuos sólidos que deja el paso de los migrantes en el día a día, lo que ha generado también un aumento de enfermedades, principalmente respiratorias, tanto por el contagio interpersonal, como por el mal manejo de las basuras y la consecuente afectación a la flora y fauna y en general al ecosistema del Parque Nacional del Darién. A dicha contaminación se suma también la de los ríos Tuqueza, Membrillo y Chucunaque”, advierte el documento.
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La Defensoría encontró que desde 2015 el fenómeno migratorio se empezó a posicionar como “una fuente significativa de financiación” para el Clan del Golfo.
“El control territorial y social que ostentan en la zona del Darién continúa siendo hegemónico. Su capacidad criminal va desde la producción, transformación de hoja de coca, el tráfico de clorhidrato de cocaína, el tráfico de armas, tráfico ilegal de migrantes, extorsión a diferentes sectores de la economía local, microtráfico, entre otras actividades que ocasionan violaciones sobre los derechos de la población”, se lee en la alerta temprana.
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