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Este fin de semana, algunos procesos de la paz total de Gustavo Petro tuvieron varios eventos en la COP16 en Cali, cuyo lema es “Paz con la naturaleza”.
La más activa fue la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con la disidencia denominada Estado Mayor de los Bloques, comandada por Calarcá Córdoba, que tuvo charlas el sábado y el domingo sobre las transformaciones territoriales en Catatumbo y Antioquia.
Sobre este último departamento, las partes dieron a conocer el sábado su plan ambiental. La presentación estuvo a cargo de Fabio Valencia Cossio, miembro de la delegación de Gobierno y representante de la oposición, más específicamente del Centro Democrático, en esa mesa de diálogos.
“Es un proyecto que surge a partir de encontrar patrones locales de aceleración de la deforestación, especialmente en la zona del sur de la Serranía de San Lucas y Nudo de Paramillo, con una confluencia de criminalidad entre altas tasas de deforestación, cultivos ilícitos, minería ilegal, entre otras situaciones que generan pobreza multidimensional. Es un proyecto integral, que ha servido de modelo para materializar las transformaciones territoriales, cuenta con una estrategia de multiactores, donde participan autoridades locales, nacionales, comunidad internacional, actores sociales, empresarios, entre otros”, dijo Valencia,
De acuerdo con Valencia, la mesa ha participado en la construcción de varias ideas de transformación territorial en al menos siete municipios de Antioquia bajo el liderazgo de Corantioquia. Además, se han presentado dos documentos CONPES “uno para el Micay y otro para Catatumbo que se encuentran a consideración del gobierno”, detalló.
Según la presentación que se hizo este sábado, con el proyecto en esas zonas de Antioquia, se espera tener impacto en 210 familias, aproximadamente 1.000 personas de esos siete municipios, que hasta el conteo de 2023 tenían 10.252 hectáreas de cultivos de uso ilícito, es decir el 54% del total de Antioquia; además de un área de deforestación de 2.818 hectáreas.
“Firmaremos 10 acuerdos cero deforestación y reforestaremos con 195.000 árboles. Así mismo, gestionaremos 21 negocios verdes a partir del desarrollo productivo y la asociatividad, a través de la reconversión laboral, las familias beneficiarias recibirán una compensación económica desde el día cero, así transitarán de las economías ilícitas a las lícitas”, dijo Valencia Cossio.
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El proyecto ha logrado, según el delegado, una articulación para la financiación con entidades nacionales a través de la oficina del Consejero Comisionado de Paz con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, pero también ha logrado recursos de la comunidad internacional a través del Fondo Multidonantes para la Paz y la Oficina de Drogas y Delito de las Naciones Unidas y Corantioquia.
El domingo esa mesa tuvo un espacio similar, pero donde se mostraron algunas apuestas territoriales en Catatumbo. En el panel estuvieron los delegados del Gobierno, Gloria Quiceno, Feliciano Valencia y Luz Dary Landázuri. También estaba presente Náder Calderón Calero, representantes de los empresarios del Valle del Cauca.
“Catatumbo esconde una riqueza humana y en biodiversidad de las más importantes del país que debemos cuidar y proteger (...) En este momento es importante priorizar el tema de tierras en esa región, sin eso es imposible que avancemos en la presencia estatal y en las condiciones para escuelas y salud”, dijo Quiceno.
Por su parte, el empresario Calderón dio cuenta de cómo se han ejecutado planes productivos con otros grupos que podrían replicarse en lugares como Catatumbo. “Estoy representando básicamente una unión entre lo que son los grupos del norte del Valle del Cauca, como son los indígenas, los antiguos combatientes y lo que hacemos en un trabajo bien articulado para que todo lo que ellos produzcan se pueda vender al empresariado de los supermercados (...) Queríamos contribuir a la paz y hemos podido lograr que los productos de los territorios lleguen a todos los vallecaucanos (...) Estoy feliz de que esto se pueda implementar”, dijo.
El panel tuvo otros invitados como Judith Azoira, consejera mayor del pueblo Barí, quien habló de la importancia que tiene para su comunidad el territorio y la defensa a ultranza que han hecho del mismo, especialmente por los impactos que dejan los grupos armados. En esa zona se están haciendo varios proyectos productivos con miel, arroz y cacao.
Según el informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (UIA), la deforestación en la Amazonía es uno de los problemas más alarmantes en el contexto del conflicto armado y las principales responsables son facciones disidentes de las FARC -tanto las de Iván Mordisco que se fueron de la mesa, como las de Calarcá Córdoba que siguen en la mesa-. Esos grupos, dice el informe, han destruido vastas áreas de selva en su lucha por controlar territorios estratégicos para el tráfico de drogas. Este fenómeno no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino también la supervivencia de las comunidades indígenas que habitan la región, como los pueblos pijao, tucano y piratapuyo.
La construcción de carreteras ilegales ha facilitado la entrada de actores criminales y ha generado un aumento en la deforestación. Estos caminos, que atraviesan áreas protegidas como el Parque Chiribiquete, representan una amenaza directa para los esfuerzos de conservación y para la integridad cultural de las comunidades indígenas que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia.
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Comuneros del Sur
El sábado también hubo una presentación de los avances del proceso con Comuneros del Sur, frente que se separó del ELN. En el panel estuvieron presentes, Carlos Erazo, jefe de la delegación de Gobierno en ese diálogo; y los delegados, Clemencia Carabalí, lideresa social, y Pablo Pardo, director del Fondo Paz. Por la delegación del grupo armado estuvo Antonio Ovallos y Royer Garzón.
En el evento se habló de los avances en la mesa, como el inicio oficial del proceso de desminado humanitario en Nariño y el acuerdo sobre la destrucción gradual de instrumentos de guerra, que debe pasar antes de diciembre.
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“El principal logro que hay en este proceso es que tanto los delegados de Comuneros como los del Gobierno hayamos logrado desde las primeras conversaciones hechos de paz que no respondían a ninguna negociación (...) Lo otro es la característica de ser territorial nos permite que quienes estamos sentados en ese proceso son los mismos actores del territorio, empezando por las comunidades, allá están los alcaldes, los indígenas, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, pero también están presente la Gobernación de Nariño. La paz no es simplemente el desarme del actor armado, sino la transformación del territorio, cambiar la vida de las comunidades”, dijo Erazo en el evento.
Esa mesa tiene actualmente cinco grupos de trabajo sobre el retorno de pobladores desplazados; la atención a niños en condición de reclutamiento; el tratamiento de casos de desaparecidos locales; el fortalecimiento de las autoridades étnicas y comunitarias de la zona; y el trabajo integral contra minas antipersonal-
Por su parte, Garzón afirmó que el grupo armado se acercó al Gobierno porque encontró en la apuesta de paz total las respuestas que estaban buscando como movimiento social para responder y ayudar a las comunidades, incluso en temas ambientales que son impactados por la guerra.
El martes a las 2:30 p.m. habrá un nuevo evento con los delegados de los procesos de la paz urbana que el Gobierno en Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
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