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Este sábado, la delegación de Gobierno y de la disidencia de FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques (EMB) y comandada por Calarcá Córdoba, presentaron en la COP16 la propuesta ambiental que esa mesa de diálogos tiene para Antioquia.
La presentación se hizo en la Casa Pacífica, ubicada dentro de la zona verde -destinada para público abierto- y estuvo a cargo de Fabio Valencia Cossio, miembro de la delegación de Gobierno y representante de la oposición, más específicamente del Centro Democrático, en esa mesa de diálogos.
El político, de origen antioqueño, explicó que el plan que se ha denominado Proyecto para la restauración ecológica, economía y paz”, se realizará en el norte, Nordeste y el bajo Cauca antioqueño.
“Es un proyecto que surge a partir de encontrar patrones locales de aceleración de la deforestación, especialmente en la zona del sur de la Serranía de San Lucas y Nudo de Paramillo, con una confluencia de criminalidad entre altas tasas de deforestación, cultivos ilícitos, minería ilegal, entre otras situaciones que generan pobreza multidimensional. Es un proyecto integral, que ha servido de modelo para materializar las transformaciones territoriales, cuenta con una estrategia de multiactores, donde participan autoridades locales, nacionales, comunidad internacional, actores sociales, empresarios, entre otros”, dijo Valencia,
De acuerdo con Valencia, la mesa ha participado en la construcción de varias ideas de transformación territorial en al menos siete municipios de Antioquia bajo el liderazgo de Corantioquia. Además, se han presentado dos documentos CONPES “uno para el Micay y otro para Catatumbo que se encuentran a consideración del gobierno”, detalló.
La idea de este proyecto, que hace parte de los planes de transformación territorial que vienen adelantando ambas delegaciones en zonas donde hace presencia ese grupo armado. En esas regiones, la mesa ha tenido encuentros con organizaciones de la sociedad civil, campesinos, indígenas, afro, líderes y lideresas sociales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, entre otros, para priorizar, categorizar y echar a andar los proyectos que beneficien a esas comunidades.
Según la presentación que se hizo este sábado, con el proyecto en esas zonas de Antioquia, se espera tener impacto en 210 familias, aproximadamente 1.000 personas de esos siete municipios, que hasta el conteo de 2023 tenían 10.252 hectáreas de cultivos de uso ilícito, es decir el 54% del total de Antioquia; además de un área de deforestación de 2.818 hectáreas.
“Firmaremos 10 acuerdos cero deforestación y reforestaremos con 195.000 árboles. Así mismo, gestionaremos 21 negocios verdes a partir del desarrollo productivo y la asociatividad, a través de la reconversión laboral, las familias beneficiarias recibirán una compensación económica desde el día cero, así transitarán de las economías ilícitas a las lícitas”, dijo Valencia Cossio.
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El proyecto ha logrado, según el delegado, una articulación para la financiación con entidades nacionales a través de la oficina del Consejero Comisionado de Paz con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, pero también ha logrado recursos de la comunidad internacional a través del Fondo Multidonantes para la Paz y la Oficina de Drogas y Delito de las Naciones Unidas y Corantioquia.
Este evento fue uno de los conversatorios denominados La naturaleza en los Acuerdos de Paz que se realizarán entre el sábado 26 y domingo 27 de octubre en la COP16 donde se presentarán las iniciativas más importantes para la Transformación Territorial en las zonas priorizadas impulsada por las comunidades.
¿En qué va esa mesa de diálogos?
Las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y el Estado Mayor de Bloques cerraron el pasado viernes 18 de octubre el sexto ciclo de la mesa de diálogos. El principal resultado de esta ronda fue la extensión, por seis meses, del cese al fuego bilateral, que se dio a conocer el miércoles, 16 de octubre.
Así mismo se pactaron acuerdos claves para la transformación territorial de dos regiones del país, y se sentaron las bases de un tema crucial en este proceso: la participación de la sociedad civil.
El tema de la participación contará con un acuerdo y un protocolo y recogerá lo avanzado en algunas actividades que se han realizado durante los últimos meses y han involucrado a más de 15.000 personas procedentes de organizaciones de base, campesinos, indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros, de víctimas, mujeres, jóvenes y firmantes de paz, con presencia de autoridades territoriales municipales, departamentales y nacionales.
“Este proceso es diferente a otros porque incluye a las comunidades campesinas, y eso nos permite tener la voz de quienes han padecido la confrontación armada en los territorios. Este acuerdo de participación nos ha de permitir avanzar en la construcción de un protocolo. También abordamos una hoja de ruta sobre la agenda, porque hay unos problemas estructurales que se mantienen en el país”, dijo al cierre del ciclo Andrey Avendaño, delegado del grupo disidente.
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Las zonas de intervención será una primera región que incluye a Catatumbo (con eje en Tibú), sur de Bolívar y, justamente, el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño.
La segunda incluye zonas como San Vicente de Caguán (con eje en las sabanas del Yarí y otras áreas del Caquetá), sur del Meta en los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, áreas de San José del Guaviare y Putumayo.
También se avanzó la discusión sobre un tema espinoso: la gestión de las acciones humanitarias que garanticen los derechos y vida digna de las personas privadas de la libertad, pertenecientes a esta disidencia. Una Comisión Jurídica Mixta se comprometió a continuar el trámite de las solicitudes al respecto, que incluyen la libertad de algunos miembros del Estado Mayor de los Bloques.
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