Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una nueva imputación por los crímenes relacionados al reclutamiento forzado y violencia sexual contra menores de edad en el marco del macrocaso 07. La decisión judicial cobija a seis de los siete últimos miembros del último secretariado de las antiguas FARC.
La Sala de Reconocimiento de Verdad tuvo en cuenta otros crímenes de guerra que fueron cometidos al interior de las filas de la extinta guerrilla de las FARC como los malos tratos, torturas, homicidios y violencias sexuales reproductivas y por prejuicio en contra de los menores. Según las investigaciones de la Jurisdicción, entre 1996 y 2006 fueron reclutados 18.677 niños y niñas.
Los imputados por estos crímenes y quienes también están llamados a reconocer verdad son los miembros del secretariado y máximos responsables Rodrigo Londoño (conocido en la guerra como Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) De acuerdo con la Sala, los seis comparecientes fueron determinantes para la comisión de estos crímenes.
Respecto a Rodrigo Granda, según especificó la magistratura, él fue compareciente suplente del secretariado y no habría participado en la definición de políticas de reclutamiento.
El miércoles mismo, el antiguo secretariado se pronunció sobre la imputación a través de un comunicado donde se aceptaron los hechos. “Como lo declaramos desde los diálogos en La Habana, reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido.”, dice el comunicado.
¿Quiénes son los imputados? Aquí un perfil
El quindiano Rodrigo Londoño, en el secretariado desde 1987 y miembro del antiguo Estado Mayor de las Farc desde 1982, ha pasado por varios procesos de reconocimiento desde que firmó la paz. Entre ellos se destacan sus aportes a la verdad con las víctimas del club El Nogal, los reconocimientos en los casos de San Adolfo y Palestina (Huila), el acto temprano de reconocimiento de responsabilidades en el caso de Vélez (Santander), los diálogos intersectoriales con víctimas de la masacre de La Chinita (Apartadó, 1993), su proceso de reconocimiento a víctimas en Caicedo, principalmente por los asesinatos de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry y su comisión de actividades relacionadas con desminado humanitario en Mesetas (Meta) y Briceño (Antioquia).
Milton de Jesús Toncel, quien fue en su momento negociador en el Caguán y 14 años después delegado negociador en La Habana, ha participado en actos de perdón colectivo con las comunidades indígenas de Coreguaje, entre Caquetá y Putumayo; encabezó un proceso de reconocimiento de responsabilidades con los familiares de los diputados del Valle asesinados por las Farc; estuvo presente en actos de reconocimiento por La Chinita, en Apartadó; lo propio en actos por afectaciones a políticos caqueteños; y junto con otros máximos comandantes ha estado en campañas de desminado en Briceño (Antioquia).
Contexto: JEP acusa a ocho excomandantes de las Farc por secuestro
Pablo Catatumbo Torrres, que en 1991 fungió como delegado negociador de las Farc en el proceso fallido de Tlaxcala (México), ha participado en actos de reconocimiento con víctimas de Puracé (Cauca) y ha trabajado con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en comisiones a lo largo del occidente colombiano, en departamentos como Nariño, Valle y Cauca, lugares en los que ha dado contexto sobre el posible paradero de personas desaparecidas por la ex guerrilla.
Pastor Alape Lascarro, miembro titular del secretariado desde 2010, además de liderar campañas de reincorporación de firmantes de paz desde 2017, ha estado en actos de perdón en Granada y Remedios (Antioquia), fue con Rodrigo Londoño al acto temprano de reconocimiento de Vélez (Santander), reconoció “pescas milagrosas” en Pipiral, ha hecho procesos de diálogo con las víctimas de la masacre de Bojayá y realizó trabajos comunitarios y de desminado en Landázuri (Santander) y Briceño (Antioquia), respectivamente. Alape se presentó a las elecciones regionales de 2022 para ser alcalde de Puerto Berrío, Antioquia, el municipio donde nació. Sin embargo, no logró los votos necesarios.
Jaime Alberto Parra, encargado de instruir guerrilleros en temas de atención de salud entre 1990 y 1993, ha reconocido responsabilidades en afectaciones a campesinos e indígenas Jiw, Sikuani y Nukak en el Guaviare; ha participado en procesos con víctimas del Cauca, y Antioquia, departamento en el cual ha estado acompañando campañas de desminado humanitario.
Julián Gallo, senador y antiguo comandante de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), ha participado en campañas de búsqueda con la UBPD, rastreando víctimas del Bloque Oriental de las Farc. Asimismo, también estuvo en reconocimientos en El Orejón, por la masacre de La Chinita, el atentado al Club El Nogal y ha sido parte del desminado humanitario en Briceño (Antioquia).
Lea también: Exguerrilleros de las Farc aceptaron el delito de secuestro ante la JEP
¿Qué viene en este proceso dentro de la JEP?
De acuerdo con el comunicado, en cuanto obtenga la notificación, su equipo de defensa hará un estudio y revisión de la imputación para “dar respuesta oportuna a los requerimientos de la jurisdicción”.
La JEP afirmó que tras ser notificados, los seis exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. “También pueden presentar argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones respecto a lo determinado en esta decisión”, explicó esa jurisdicción.
Le puede interesar: Lo que está detrás del posible traslado al menos 12 poblados de ex-FARC
Luego de este período, “la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad”, pero solo en caso de que haya reconocimiento y aporte a la verdad plena. Una audiencia así ya ha ocurrido antes. El 21 de junio de 2022, el antiguo secretariado de las FARC pidió perdón y reconoció los secuestros.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación donde de ser vencidos en juicio, podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel. Si hay reconocimiento, una vez realizada la audiencia de reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz para que este imponga una sanción propia, si es el caso. Esas sanciones podrían ir entre los 5 y los 8 años, pero no son privativas de la libertad.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com