Más de 500 familias cocaleras piden pista en el programa de sustitución gradual
La alcaldía de Yondó (Antioquia) y siete organizaciones sociales cocaleras del Magdalena Medio enviaron una carta a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en la que manifiestan su voluntad de entrar al programa para abandonar gradualmente la coca, mientras los cultivos sustitutos dan resultados.
Campesinos cocaleros en Yondó (Antioquia), así como de Simití, Montecristo, Arenal, Morales, Río Viejo, Tiquisio y Nechí (en el sur de Bolívar) ya manifestaron su voluntad de ser incluidos en un programa de sustitución gradual de cultivos ilícitos en la región del Magdalena Medio. Aseguran que el actual Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no los tuvo en cuenta en 2017, a pesar de estar en una de las regiones con más siembra de hoja de coca en el país.
La función principal del PNIS era reformular la estrategia creada por el Acuerdo de Paz para que los cultivadores de coca transiten a una economía legal. A la fecha tiene vinculados a más de 99.100 hogares, pero su alcance no ha sido timo en Zonas de Manejo Especial (que concentran el 48% de la coca en Colombia), de acuerdo con un informe del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes. El PNIS estaba planeado a 24 meses, que el Gobierno Duque extendió a 29, pero más de cinco años después no le ha cumplido ni al 3% de las familias inscritas.
Colombia+20 conoció siete cartas de intención que ya fueron enviadas a Felipe Tascón, director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dirección encargada de implementar el PNIS, para que designe unos técnicos en territorio que puedan comenzar el trabajo de identificación y caracterización de las familias. En esta región, justamente, el director regional es Melkin Castrillón, líder campesino y comunitario del sur de Bolívar designado para dirigir en el Magdalena Medio.
Henry Portela, líder social de Yondó, señala que una de las razones que han incrementado los cultivos en su municipio es su ubicación geográfica, pues colinda con el de Cantagallo (Bolívar) que es uno de los que más tiene hectáreas sembradas en ese departamento. Sin embargo, Yondó no fue tenido en cuenta en el PNIS, a pesar de que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) determinó en su más reciente informe que entre Briceño, Yarumal, Turbo, Yalí, Remedios, Segovia, Yondó, Vegachí, San Francisco, Murindó, Apartadó, Chigorodó, Yolombó, San Luis y Mutatá, se concentra el 47 % de los cultivos ilícitos del departamento de Antioquia.
La carta de intención para que Yondó entre al nuevo programa de sustitución gradual la envió el alcalde Fabián Antonio Echavarría Rangel el pasado 6 de febrero. De manera preliminar, la administración municipal determinó que en este municipio habría al menos 80 familias cultivadoras. “Estamos seguros de que los campesinos y campesinas productores de la hoja de coca están esperando esta oportunidad de sustitución voluntaria de la mano de la implementación de proyectos productivos integrales”, dice el documento.
En contexto: Gobierno nombra a líderes campesinos para dirigir sustitución de coca en el país
Otro de los municipios que manifestaron su voluntad es Montecristo (Bolívar). Luis David Díaz Luna, líder campesino asegura que desde las organizaciones sociales ya arrancaron un proceso de caracterización de la población cocalera en el municipio. “Identificamos que la región de Caribona es la que más tiene concentrados los cultivos de coca. En total tenemos 14 corregimientos y más de 60 veredas. En total, el 45 % de las familias del municipio tiene esos cultivos”.
La mayoría de familias, según el líder, hace parte de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, (Coccam). El 11 de enero de este año, la Coccam envió una carta a la Dirección del Programa manifestando su voluntad de que al menos 200 familias que integran su organización sean tenidas en cuenta en la sustitución. De hecho, esta organización anunció una cumbre cocalera del sur de Bolívar para comenzar con el proceso de inscripción de las familias interesadas y poder entregarle al Gobierno un censo actualizado.
El 7 de febrero de 2023 los campesinos cocaleros de la vereda Ciénega de Vija en La Peña (Bolívar), enviaron una carta en la que aseguran que el 90 % de las personas en esa vereda son cultivadores de coca o raspachines. En el documento, firmado a mano y dirigido a Melkin Castrillón, también le hacen una invitación para que este 12 de febrero asista a una reunión en esa zona para socializar los cambios que tendrá el PNIS en el nuevo Gobierno.
Vea: “EE. UU. puede ser aliado en la sustitución gradual de la coca”: Felipe Tascón
Las cartas responden a una propuesta que aceptó el presidente Gustavo Petro en diciembre pasado tras un encuentro cocalero en Catatumbo de permitir abandonar gradualmente los cultivos de coca, mientras los cultivos sustitutos dan resultados.
Isidro Alarcón, de la Mesa de Paz del sur de Bolívar, asegura que “la clave del éxito” para que el programa funcione en este nuevo gobierno radica en que los proyectos productivos propuestos por las familias tengan salidas inmediatas para empezar con la sustitución gradual lo antes posible. De hecho, esa es una de las razones por las que 34 líderes y lideresas de 17 municipios de Bolívar consolidaron la Mesa de Paz, que nació apenas en agosto del año pasado y que tiene como fin consolidar propuestas para avanzar en la nueva política de drogas del gobierno Petro.
Los tropiezos de la sustitución de cultivos en el gobierno Duque
Una de las razones por las que el nuevo gobierno anunció la reformulación de la política de sustitución de cultivos ilícitos es, precisamente, por los problemas que tuvo el PNIS en el cuatrienio pasado y por que desde 2017 se denunció que el programa comenzó desfinanciado-
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Otra de las denuncias que han hecho campesinos es que no todos los municipios con siembra de cultivos de coca fueron priorizados. En el caso de Yondó, por ejemplo, Henry Portela explicó que en varios de los municipios del Magdalena Medio eso se debió a razones políticas. “Varios alcaldes lo que hacían era negar que en sus municipios hubiera cultivos ilícitos porque eso implicaba tener que enviar una caracterización y un censo de población que trabajaba en eso, entonces muchas veces lo omitían y por eso varios municipios quedaron por fuera”.
El tema de la política de drogas es, sin duda, una de las prioridades del nuevo Gobierno. En diciembre, por ejemplo, se produjo la primera Convención Nacional Campesina de Colombia a la que asistieron varios funcionarios y hablaron sobre cultivos ilícitos. En octubre y noviembre y diciembre pasado también se desarrollaron dos asambleas cocaleras en el país: la primera en Puerto Asís (Putumayo) y la segunda en Campo 23 (región del Catatumbo). En diciembre, en el municipio de El Tarra (Catatumbo) el presidente citó el primer Encuentro Cocalero al que asistieron más de 2.000 cultivadores.
Aunque una de las apuestas de la nueva dirección del PNIS es establecer la gradualidad en la sustitución para garantizar el cumplimiento del Estado, también se ha llegado a poner sobre la mesa una solicitud para sacar a los campesinos cultivadores de las cárceles, para cumplir con el punto de tratamiento penal diferenciado establecido por el Acuerdo de paz, y de comprarle tierras a las empresas de palma, propuesta que está relacionada con los Territorios Agroalimentarios y su oposición a irse de la región.
Campesinos cocaleros en Yondó (Antioquia), así como de Simití, Montecristo, Arenal, Morales, Río Viejo, Tiquisio y Nechí (en el sur de Bolívar) ya manifestaron su voluntad de ser incluidos en un programa de sustitución gradual de cultivos ilícitos en la región del Magdalena Medio. Aseguran que el actual Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no los tuvo en cuenta en 2017, a pesar de estar en una de las regiones con más siembra de hoja de coca en el país.
La función principal del PNIS era reformular la estrategia creada por el Acuerdo de Paz para que los cultivadores de coca transiten a una economía legal. A la fecha tiene vinculados a más de 99.100 hogares, pero su alcance no ha sido timo en Zonas de Manejo Especial (que concentran el 48% de la coca en Colombia), de acuerdo con un informe del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes. El PNIS estaba planeado a 24 meses, que el Gobierno Duque extendió a 29, pero más de cinco años después no le ha cumplido ni al 3% de las familias inscritas.
Colombia+20 conoció siete cartas de intención que ya fueron enviadas a Felipe Tascón, director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dirección encargada de implementar el PNIS, para que designe unos técnicos en territorio que puedan comenzar el trabajo de identificación y caracterización de las familias. En esta región, justamente, el director regional es Melkin Castrillón, líder campesino y comunitario del sur de Bolívar designado para dirigir en el Magdalena Medio.
Henry Portela, líder social de Yondó, señala que una de las razones que han incrementado los cultivos en su municipio es su ubicación geográfica, pues colinda con el de Cantagallo (Bolívar) que es uno de los que más tiene hectáreas sembradas en ese departamento. Sin embargo, Yondó no fue tenido en cuenta en el PNIS, a pesar de que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) determinó en su más reciente informe que entre Briceño, Yarumal, Turbo, Yalí, Remedios, Segovia, Yondó, Vegachí, San Francisco, Murindó, Apartadó, Chigorodó, Yolombó, San Luis y Mutatá, se concentra el 47 % de los cultivos ilícitos del departamento de Antioquia.
La carta de intención para que Yondó entre al nuevo programa de sustitución gradual la envió el alcalde Fabián Antonio Echavarría Rangel el pasado 6 de febrero. De manera preliminar, la administración municipal determinó que en este municipio habría al menos 80 familias cultivadoras. “Estamos seguros de que los campesinos y campesinas productores de la hoja de coca están esperando esta oportunidad de sustitución voluntaria de la mano de la implementación de proyectos productivos integrales”, dice el documento.
En contexto: Gobierno nombra a líderes campesinos para dirigir sustitución de coca en el país
Otro de los municipios que manifestaron su voluntad es Montecristo (Bolívar). Luis David Díaz Luna, líder campesino asegura que desde las organizaciones sociales ya arrancaron un proceso de caracterización de la población cocalera en el municipio. “Identificamos que la región de Caribona es la que más tiene concentrados los cultivos de coca. En total tenemos 14 corregimientos y más de 60 veredas. En total, el 45 % de las familias del municipio tiene esos cultivos”.
La mayoría de familias, según el líder, hace parte de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, (Coccam). El 11 de enero de este año, la Coccam envió una carta a la Dirección del Programa manifestando su voluntad de que al menos 200 familias que integran su organización sean tenidas en cuenta en la sustitución. De hecho, esta organización anunció una cumbre cocalera del sur de Bolívar para comenzar con el proceso de inscripción de las familias interesadas y poder entregarle al Gobierno un censo actualizado.
El 7 de febrero de 2023 los campesinos cocaleros de la vereda Ciénega de Vija en La Peña (Bolívar), enviaron una carta en la que aseguran que el 90 % de las personas en esa vereda son cultivadores de coca o raspachines. En el documento, firmado a mano y dirigido a Melkin Castrillón, también le hacen una invitación para que este 12 de febrero asista a una reunión en esa zona para socializar los cambios que tendrá el PNIS en el nuevo Gobierno.
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Las cartas responden a una propuesta que aceptó el presidente Gustavo Petro en diciembre pasado tras un encuentro cocalero en Catatumbo de permitir abandonar gradualmente los cultivos de coca, mientras los cultivos sustitutos dan resultados.
Isidro Alarcón, de la Mesa de Paz del sur de Bolívar, asegura que “la clave del éxito” para que el programa funcione en este nuevo gobierno radica en que los proyectos productivos propuestos por las familias tengan salidas inmediatas para empezar con la sustitución gradual lo antes posible. De hecho, esa es una de las razones por las que 34 líderes y lideresas de 17 municipios de Bolívar consolidaron la Mesa de Paz, que nació apenas en agosto del año pasado y que tiene como fin consolidar propuestas para avanzar en la nueva política de drogas del gobierno Petro.
Los tropiezos de la sustitución de cultivos en el gobierno Duque
Una de las razones por las que el nuevo gobierno anunció la reformulación de la política de sustitución de cultivos ilícitos es, precisamente, por los problemas que tuvo el PNIS en el cuatrienio pasado y por que desde 2017 se denunció que el programa comenzó desfinanciado-
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Otra de las denuncias que han hecho campesinos es que no todos los municipios con siembra de cultivos de coca fueron priorizados. En el caso de Yondó, por ejemplo, Henry Portela explicó que en varios de los municipios del Magdalena Medio eso se debió a razones políticas. “Varios alcaldes lo que hacían era negar que en sus municipios hubiera cultivos ilícitos porque eso implicaba tener que enviar una caracterización y un censo de población que trabajaba en eso, entonces muchas veces lo omitían y por eso varios municipios quedaron por fuera”.
El tema de la política de drogas es, sin duda, una de las prioridades del nuevo Gobierno. En diciembre, por ejemplo, se produjo la primera Convención Nacional Campesina de Colombia a la que asistieron varios funcionarios y hablaron sobre cultivos ilícitos. En octubre y noviembre y diciembre pasado también se desarrollaron dos asambleas cocaleras en el país: la primera en Puerto Asís (Putumayo) y la segunda en Campo 23 (región del Catatumbo). En diciembre, en el municipio de El Tarra (Catatumbo) el presidente citó el primer Encuentro Cocalero al que asistieron más de 2.000 cultivadores.
Aunque una de las apuestas de la nueva dirección del PNIS es establecer la gradualidad en la sustitución para garantizar el cumplimiento del Estado, también se ha llegado a poner sobre la mesa una solicitud para sacar a los campesinos cultivadores de las cárceles, para cumplir con el punto de tratamiento penal diferenciado establecido por el Acuerdo de paz, y de comprarle tierras a las empresas de palma, propuesta que está relacionada con los Territorios Agroalimentarios y su oposición a irse de la región.