En medio de hostigamientos, cocaleros del Catatumbo definieron propuestas a Petro
En medio de un ambiente enrarecido por la Fuerza Pública que desde el aire arrojó volantes en el lugar donde estaban los cultivadores de coca, se llevó a cabo este fin de semana la cumbre en Tibú. Gradualidad en la sustitución, sacar a los campesinos cultivadores de las cárceles y compra de tierras a palmeros son algunas de las peticiones.
Sebastián Forero Rueda
Habían pasado apenas las primeras horas del encuentro cuando varios helicópteros empezaron a sobrevolar el área de Campo Dos, corregimiento de Tibú. Al cabo de un rato, dejaron caer centenares de volantes justo en la zona donde se reunían las comunidades campesinas de la región que acudían a la asamblea de cocaleros del Catatumbo. “CampesiNO diga NO a los cultivos ilícitos, al daño ambiental, al tráfico ilícito de drogas. Denuncie el narcotráfico”, se leía en los volantes que cayeron del cielo, firmados por el Comando Aéreo de Combate No. 1 y que dejaban dos números de celular para comunicarse.
Lea: Las peticiones que cultivadores de coca del Putumayo le plantearon al gobierno Petro
El hecho podría pasar apenas como un episodio coincidencial y desafortunado, si no fuera porque además ese mismo día, horas antes, casi paralelo al inicio del encuentro de campesinos cocaleros, integrantes del Ejército llegaron a las veredas El retiro, 20 de julio, Orú 7 y Caño Indio, a escasos kilómetros del lugar de la asamblea, a erradicar forzadamente los cultivos de coca de esas comunidades. De hecho, por esos operativos las comunidades de esos poblados no pudieron acudir a la cita por hacerle frente a la erradicación.
Los campesinos denunciaron dos hechos más: por un lado, en un coliseo alterno al que se desarrollaba el encuentro, en el que se alojaban las comunidades que habían venido de diferentes partes del Catatumbo, la Policía entró a requisar las carpas y las maletas de los asistentes, en lo que la comunidad consideró un hecho arbitrario y sin explicación. Y, por otro lado – aunque no hay prueba alguna para afirmarlo – los líderes del encuentro sostienen que la caída de la señal de celular y de comunicaciones en la zona justo en los días de trabajo puede estar relacionada con actividades de la Fuerza Pública.
“Para nosotros es un ejercicio de saboteo que no tiene nada que ver con las propuestas de cambio del actual Gobierno. Aquí la pregunta es: ¿la Fuerza de Tarea Vulcano se manda sola? ¿La Fuerza Aérea se manda sola? Nosotros no creemos que esta sea una posición institucional, sino de mandos de la Fuerza Pública que operan en el territorio”, dijo Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), una de las organizaciones que convocaron el encuentro cocalero.
Lea también: ¿Quién es Gloria Miranda, la próxima directora de política de drogas?
Las denuncias fueron escuchadas y documentadas por el delegado del Gobierno Nacional que acudió al encuentro cocalero, Raúl Delgado, recién posesionado como director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y quien se comprometió con ellos: “Solicitaremos, encabezados por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, y quienes en nombre del Gobierno Nacional estuvimos hoy acá, acompañados del delegado de la Defensoría del Pueblo, de los parlamentarios que estuvieron acá, una cita lo más pronto posible con el ministro de Defensa para ponerle en conocimiento esa situación”, dijo, al lado de congresistas como César Pachón, del Pacto Histórico y Sandra Ramírez, de Comunes.
El funcionario enfatizó que el asunto que más le preocupa es la erradicación forzada que inició – según le informaron – “casi que simultáneamente” al encuentro. “Todo esto lo vamos a poner en conocimiento a la mayor brevedad posible del ministro de Defensa, solicitándole una directriz para que las acciones de la fuerza pública sean coherentes con las directrices del presidente”.
Ese fue el ambiente que precedió al encuentro regional de cocaleros del Catatumbo, al que pese a ello acudieron 1.050 personas de diferentes zonas con el mismo propósito: trazar la hoja de ruta para el futuro de las miles de familias que viven de la coca en la región, particularmente en el municipio con más hectáreas sembradas de esa mata en Colombia, con más de 22.000 hectáreas.
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Durante dos días, los centenares de campesinos se agruparon en cuatro mesas de trabajo para escuchar las voces de las veredas, las expectativas y las propuestas de los cultivadores y no cultivadores. El consenso se fue decantando: el compromiso con la sustitución de los cultivos permanece firme, pero necesita ajustes para volver al planteamiento original del programa de sustitución, que después de la firma de la paz se fue desviando y luego fue incumplido por el Gobierno Nacional. Estos fueron los puntos claves definidos en el encuentro:
Gradualidad en la sustitución, el nuevo enfoque
La condición a los campesinos para ingresar al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) era una inamovible: arrancar todas las matas de coca y luego sí acceder a los beneficios. Hoy, nadie confía en esa premisa, como lo reiteraron de forma unánime los campesinos que acudieron a la cita.
Prácticamente la única manera en que volverían a creer en algún programa de sustitución es que se aplique de forma gradual. Así lo explica Luis David Rincón, campesino de la vereda Caño Indio. “La ruta que yo he mirado es: nosotros nos vamos a mantener con la coca mientras el otro proyecto empieza a dar; ejemplo, si yo me meto con un proyecto de palma, cuando la palma empiece a dar nosotros empezamos a quitar la coca. Eso sí es sustitución”, explica.
Lo que ocurrió desde 2017 en adelante es que los campesinos arrancaron la coca que les daba el sustento, llegaron los primeros pagos durante un año, pero los proyectos productivos nunca llegaron: se quedaron sin coca y sin proyectos, es decir, sin comida, por lo cual hubo meses en los que las comunidades aguantaron hambre. Ahora, la gradualidad será una línea roja para las comunidades campesinas.
Lea también: Entre el hambre y la coca: el fracaso del plan de sustitución en el Guaviare
“La premisa es que hay que sustituir gradualmente ingresos y renglones económicos, no mata por mata”, resume Aura María Puyana, de la Corporación Viso Mutop, que acompañó los diálogos del encuentro. “Que haya una vía nacional como Cúcuta - Tibú priorizada con el PDET, con aviso de entrega, y que sea una vía totalmente destrozada vuelve inviable y poco serio proponer desde el gobierno ofertas de sustitución de renglones agrícolas, porque no serían competitivos. Si las empresas de palma y de carbón están destruyendo la vía, pues tiene que ser también reconstruida con impuestos de ellos”, sostuvo.
Se refiere al tramo que va desde la Y de Astilleros, a una hora de Cúcuta, hasta el municipio de Tibú. Por esa vía, en la misma semana del encuentro cocalero, se contaron tres camiones volcados por los cráteres que hay que en el camino.
Por eso los campesinos volvieron a insistir en que de la mano de la sustitución debe ir la implementación del PDET. Raúl Delgado estará a cargo de ambos programas y allí en el encuentro se comprometió a regresar en menos de un mes al Catatumbo para examinar en detalle con las comunidades el estado de avance tanto del PNIS como del PDET. Esos reclamos también tendrá que enfrentarlos el que será el nuevo director de sustitución de cultivos, Felipe Tascón Recio, cuyo nombramiento se hará oficial en los próximos días.
Sacar de las cárceles a campesinos presos por cultivar coca
Una de las deudas del cuarto punto del Acuerdo de Paz es el tratamiento penal diferenciado, proyecto que se debe tramitar en el Congreso, donde se ha hundido ya tres veces. Lo que busca el proyecto, básicamente, es dejar de perseguir penalmente a los campesinos cultivadores de hoja de coca. Y ello aplicaría no sólo de ahora en adelante, sino también con quienes ya fueron condenados y están privados de la libertad en cárceles del país.
“Eso implica tanto cesar las acciones de inicio de procesos contra quienes subsisten de esa economía, como extinguir las condenas contra quienes ya están condenados por los delitos que contempla el tratamiento penal diferenciado; o sea que quienes están privados de la libertad producto de los artículos del código penal que son referentes a la esta ley, saldrían en libertad y serían beneficiarias del conjunto de los mecanismos del PNIS”, explicó Juan Manuel Gómez, del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo), que participó en la mesa de trabajo referente a este punto.
La hoja de ruta que se trazó es consolidar primero una especie de censo con la población de la región que está privada de la libertad por esos delitos en las cárceles de Ocaña y de Cúcuta.
Revitalizar la organización cocalera: Coccam
Tras la firma de la paz, en 2016, la plataforma que se consolidó para la interlocución con el Gobierno y direccionar el PNIS fue la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que tendría presencia en las instancias de decisión del programa y delegados y representantes en todas las regiones del país. Sin embargo, después de cuatro años en los que el Gobierno Nacional no los consideró como un interlocutor válido y luego de persecuciones que costaron los asesinatos de varios de sus dirigentes, esa organización se fue a pique.
Una de las apuestas que se hicieron en este encuentro fue fortalecer de nuevo esa coordinadora, que también convocó esa asamblea cocalera. De hecho, Nidia Quintero, una de las dirigentes nacionales de ese movimiento, estuvo allí presente para mejorar la articulación nacional. Para ello, entre otras, proponen que las juntas tengan un delegado para la Coccam que facilite esa articulación.
Compra de tierras a palmeros del Catatumbo
“El Catatumbo no tiene extensiones ganaderas; aquí el conflicto por la tierra es con grandes palmeros”, sentencia Juan Carlos Quintero. Luego del anuncio de la compra de tierra por parte del Gobierno a Fedegan, desde esta región plantean que la oferta de compra incluya también a los palmeros del Catatumbo.
Una de las líneas rojas del campesinado de la zona es que no aceptarían tierras en otras regiones, pues tienen un arraigo consolidado con esta región el país. Por eso, la propuesta es que la reforma agraria también se nutra con esas tierras hoy sembradas en palma de aceite, que no implicarían llevarse a los campesinos para otras zonas.
Habían pasado apenas las primeras horas del encuentro cuando varios helicópteros empezaron a sobrevolar el área de Campo Dos, corregimiento de Tibú. Al cabo de un rato, dejaron caer centenares de volantes justo en la zona donde se reunían las comunidades campesinas de la región que acudían a la asamblea de cocaleros del Catatumbo. “CampesiNO diga NO a los cultivos ilícitos, al daño ambiental, al tráfico ilícito de drogas. Denuncie el narcotráfico”, se leía en los volantes que cayeron del cielo, firmados por el Comando Aéreo de Combate No. 1 y que dejaban dos números de celular para comunicarse.
Lea: Las peticiones que cultivadores de coca del Putumayo le plantearon al gobierno Petro
El hecho podría pasar apenas como un episodio coincidencial y desafortunado, si no fuera porque además ese mismo día, horas antes, casi paralelo al inicio del encuentro de campesinos cocaleros, integrantes del Ejército llegaron a las veredas El retiro, 20 de julio, Orú 7 y Caño Indio, a escasos kilómetros del lugar de la asamblea, a erradicar forzadamente los cultivos de coca de esas comunidades. De hecho, por esos operativos las comunidades de esos poblados no pudieron acudir a la cita por hacerle frente a la erradicación.
Los campesinos denunciaron dos hechos más: por un lado, en un coliseo alterno al que se desarrollaba el encuentro, en el que se alojaban las comunidades que habían venido de diferentes partes del Catatumbo, la Policía entró a requisar las carpas y las maletas de los asistentes, en lo que la comunidad consideró un hecho arbitrario y sin explicación. Y, por otro lado – aunque no hay prueba alguna para afirmarlo – los líderes del encuentro sostienen que la caída de la señal de celular y de comunicaciones en la zona justo en los días de trabajo puede estar relacionada con actividades de la Fuerza Pública.
“Para nosotros es un ejercicio de saboteo que no tiene nada que ver con las propuestas de cambio del actual Gobierno. Aquí la pregunta es: ¿la Fuerza de Tarea Vulcano se manda sola? ¿La Fuerza Aérea se manda sola? Nosotros no creemos que esta sea una posición institucional, sino de mandos de la Fuerza Pública que operan en el territorio”, dijo Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), una de las organizaciones que convocaron el encuentro cocalero.
Lea también: ¿Quién es Gloria Miranda, la próxima directora de política de drogas?
Las denuncias fueron escuchadas y documentadas por el delegado del Gobierno Nacional que acudió al encuentro cocalero, Raúl Delgado, recién posesionado como director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y quien se comprometió con ellos: “Solicitaremos, encabezados por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, y quienes en nombre del Gobierno Nacional estuvimos hoy acá, acompañados del delegado de la Defensoría del Pueblo, de los parlamentarios que estuvieron acá, una cita lo más pronto posible con el ministro de Defensa para ponerle en conocimiento esa situación”, dijo, al lado de congresistas como César Pachón, del Pacto Histórico y Sandra Ramírez, de Comunes.
El funcionario enfatizó que el asunto que más le preocupa es la erradicación forzada que inició – según le informaron – “casi que simultáneamente” al encuentro. “Todo esto lo vamos a poner en conocimiento a la mayor brevedad posible del ministro de Defensa, solicitándole una directriz para que las acciones de la fuerza pública sean coherentes con las directrices del presidente”.
Ese fue el ambiente que precedió al encuentro regional de cocaleros del Catatumbo, al que pese a ello acudieron 1.050 personas de diferentes zonas con el mismo propósito: trazar la hoja de ruta para el futuro de las miles de familias que viven de la coca en la región, particularmente en el municipio con más hectáreas sembradas de esa mata en Colombia, con más de 22.000 hectáreas.
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Durante dos días, los centenares de campesinos se agruparon en cuatro mesas de trabajo para escuchar las voces de las veredas, las expectativas y las propuestas de los cultivadores y no cultivadores. El consenso se fue decantando: el compromiso con la sustitución de los cultivos permanece firme, pero necesita ajustes para volver al planteamiento original del programa de sustitución, que después de la firma de la paz se fue desviando y luego fue incumplido por el Gobierno Nacional. Estos fueron los puntos claves definidos en el encuentro:
Gradualidad en la sustitución, el nuevo enfoque
La condición a los campesinos para ingresar al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) era una inamovible: arrancar todas las matas de coca y luego sí acceder a los beneficios. Hoy, nadie confía en esa premisa, como lo reiteraron de forma unánime los campesinos que acudieron a la cita.
Prácticamente la única manera en que volverían a creer en algún programa de sustitución es que se aplique de forma gradual. Así lo explica Luis David Rincón, campesino de la vereda Caño Indio. “La ruta que yo he mirado es: nosotros nos vamos a mantener con la coca mientras el otro proyecto empieza a dar; ejemplo, si yo me meto con un proyecto de palma, cuando la palma empiece a dar nosotros empezamos a quitar la coca. Eso sí es sustitución”, explica.
Lo que ocurrió desde 2017 en adelante es que los campesinos arrancaron la coca que les daba el sustento, llegaron los primeros pagos durante un año, pero los proyectos productivos nunca llegaron: se quedaron sin coca y sin proyectos, es decir, sin comida, por lo cual hubo meses en los que las comunidades aguantaron hambre. Ahora, la gradualidad será una línea roja para las comunidades campesinas.
Lea también: Entre el hambre y la coca: el fracaso del plan de sustitución en el Guaviare
“La premisa es que hay que sustituir gradualmente ingresos y renglones económicos, no mata por mata”, resume Aura María Puyana, de la Corporación Viso Mutop, que acompañó los diálogos del encuentro. “Que haya una vía nacional como Cúcuta - Tibú priorizada con el PDET, con aviso de entrega, y que sea una vía totalmente destrozada vuelve inviable y poco serio proponer desde el gobierno ofertas de sustitución de renglones agrícolas, porque no serían competitivos. Si las empresas de palma y de carbón están destruyendo la vía, pues tiene que ser también reconstruida con impuestos de ellos”, sostuvo.
Se refiere al tramo que va desde la Y de Astilleros, a una hora de Cúcuta, hasta el municipio de Tibú. Por esa vía, en la misma semana del encuentro cocalero, se contaron tres camiones volcados por los cráteres que hay que en el camino.
Por eso los campesinos volvieron a insistir en que de la mano de la sustitución debe ir la implementación del PDET. Raúl Delgado estará a cargo de ambos programas y allí en el encuentro se comprometió a regresar en menos de un mes al Catatumbo para examinar en detalle con las comunidades el estado de avance tanto del PNIS como del PDET. Esos reclamos también tendrá que enfrentarlos el que será el nuevo director de sustitución de cultivos, Felipe Tascón Recio, cuyo nombramiento se hará oficial en los próximos días.
Sacar de las cárceles a campesinos presos por cultivar coca
Una de las deudas del cuarto punto del Acuerdo de Paz es el tratamiento penal diferenciado, proyecto que se debe tramitar en el Congreso, donde se ha hundido ya tres veces. Lo que busca el proyecto, básicamente, es dejar de perseguir penalmente a los campesinos cultivadores de hoja de coca. Y ello aplicaría no sólo de ahora en adelante, sino también con quienes ya fueron condenados y están privados de la libertad en cárceles del país.
“Eso implica tanto cesar las acciones de inicio de procesos contra quienes subsisten de esa economía, como extinguir las condenas contra quienes ya están condenados por los delitos que contempla el tratamiento penal diferenciado; o sea que quienes están privados de la libertad producto de los artículos del código penal que son referentes a la esta ley, saldrían en libertad y serían beneficiarias del conjunto de los mecanismos del PNIS”, explicó Juan Manuel Gómez, del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo), que participó en la mesa de trabajo referente a este punto.
La hoja de ruta que se trazó es consolidar primero una especie de censo con la población de la región que está privada de la libertad por esos delitos en las cárceles de Ocaña y de Cúcuta.
Revitalizar la organización cocalera: Coccam
Tras la firma de la paz, en 2016, la plataforma que se consolidó para la interlocución con el Gobierno y direccionar el PNIS fue la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que tendría presencia en las instancias de decisión del programa y delegados y representantes en todas las regiones del país. Sin embargo, después de cuatro años en los que el Gobierno Nacional no los consideró como un interlocutor válido y luego de persecuciones que costaron los asesinatos de varios de sus dirigentes, esa organización se fue a pique.
Una de las apuestas que se hicieron en este encuentro fue fortalecer de nuevo esa coordinadora, que también convocó esa asamblea cocalera. De hecho, Nidia Quintero, una de las dirigentes nacionales de ese movimiento, estuvo allí presente para mejorar la articulación nacional. Para ello, entre otras, proponen que las juntas tengan un delegado para la Coccam que facilite esa articulación.
Compra de tierras a palmeros del Catatumbo
“El Catatumbo no tiene extensiones ganaderas; aquí el conflicto por la tierra es con grandes palmeros”, sentencia Juan Carlos Quintero. Luego del anuncio de la compra de tierra por parte del Gobierno a Fedegan, desde esta región plantean que la oferta de compra incluya también a los palmeros del Catatumbo.
Una de las líneas rojas del campesinado de la zona es que no aceptarían tierras en otras regiones, pues tienen un arraigo consolidado con esta región el país. Por eso, la propuesta es que la reforma agraria también se nutra con esas tierras hoy sembradas en palma de aceite, que no implicarían llevarse a los campesinos para otras zonas.