Falta de recursos y violencia, los mayores riesgos para las curules de paz
Las pocas garantías de participación política están entre los principales riesgos para las elecciones de los 16 escaños que ocuparán las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes. Esto fue lo que se discutió durante el evento “Las víctimas de cara a las curules de paz”.
El 13 de marzo próximo, los habitantes de los territorios donde están las Circunscripciones Especiales para la Paz elegirán a las 16 víctimas que los van a representar en el Congreso de la República, tal y como lo definió hace cinco años el Acuerdo de Paz. Son 398 candidatos por las regiones más golpeadas por el conflicto, como Arauca, Catatumbo, Nariño y Cauca, las cuales hoy día siguen con altos niveles de violencia.
Este 21 de enero, Colombia+20 de El Espectador, en alianza con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), abrieron el espacio “Las víctimas de cara a las curules de paz”, donde se resolvieron algunas de las dudas sobre las curules de paz, como su financiación y la logística para su votación, pero también se tocaron las preocupaciones sobre estas elecciones, como la violencia en los territorios, las amenazas sobre algunos de los candidatos y las pocas garantías de participación política que hay debido a la falta de presencia estatal.
(Le puede interesar: Esta es la lista oficial de los 398 candidatos a las 16 curules de paz)
Armando Novoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que la cedulación en zonas rurales tan alejadas y de difícil acceso es precaria, por lo cual el Estado tiene que solventarlo a través de campañas pedagógicas y unidades móviles para hacer este trámite. “Además hay que garantizar que las personas participen masivamente, por eso hay que tener en cuenta que los puestos de votación pueden estar muy alejados de los lugares de vivienda en estos municipios”, añadió.
También se habló de los inconvenientes para las y los habitantes de zonas rurales al inscribir sus cédulas para votar, ya sea por falta de información, desinterés, dificultad en la movilización o por la situación de inseguridad en sus territorios. Esto podría acarrear bajos niveles de votación, pero también problemas en la financiación de las campañas de los candidatos, como lo señaló Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electora de la Misión de Observación Electoral (MOE): “Si no se sabe cuánta gente hay en estas zonas apartadas aptas para votar, los candidatos tampoco recibirán los anticipos que necesitan para sus campañas”.
De acuerdo con el acto legislativo 2 del 25 de agosto de 2021, la financiación de las campañas por las curules de paz será “preponderantemente” estatal según el número de ciudadanos que integran el censo electoral de la respectiva circunscripción, de ahí el llamado de Vela.
Sobre este tema, el representante de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Carlos Leyva, respondió durante el evento que esta entidad hizo campaña de cedulación e inscripción de cédulas en los 167 municipios que acogen las 16 circunscripciones de paz. “Como consecuencia tuvimos 1.029 trámites para cédulas nuevas en 388 corregimientos. Antes del 13 de marzo les estaremos entregando su cédula a estas personas para que vayan a votar”. Explicó que para las votaciones de este año, la Registraduría creó 441 puestos en zonas rurales a nivel nacional, de estos, 177 se instalaron en los corregimientos de las 16 circunscripciones. “En total, son 1966 puestos de votación en los lugares que van a votar por las curules de paz”.
Sobre el censo electoral de cada región, sobre el cual se define el monto de financiación, Leyva explicó que a la fecha hay 1′156.761 personas habilitadas para votar en las zonas rurales de los 167 municipios, y que es sobre este número que el CNE hará la distribución de los recursos para los candidatos.
Durante el diálogo también se habló del cobro de una póliza entre los $5 y $7 millones que deben pagarle los candidatos al Estado para “salvaguardar” los recursos públicos. Esta fue una denuncia que publicó Colombia+20 a comienzos de este mes. El valor de esta póliza es demasiado alto para personas indígenas, campesinas o afros candidatas que son de bajos recursos. “Si no llegan estos desembolsos de manera oportuna, la financiación será un saludo a la bandera y no habrá campaña electoral”, resaltó el exconsejero Novoa.
Seguridad
De acuerdo con Vela, de la MOE, el 30 % de todos los hechos contra los liderazgos sociales en el país se dan en los municipios de las 16 circunscripciones y el 86 % de los 167 municipios tienen algún nivel de riesgo por violencia, por eso señaló que la protección a las y los candidatos a las curules de paz debe ser una prioridad del Estado.
“Los desplazamientos masivos son uno de los temas críticos en estos departamentos. Y que haya tantas acciones armadas, hace que las personas no piensen en las elecciones, sino en proteger su vida”, añadió.
Vea también: Las voces de las mujeres en las curules de paz
En esa misma vía también habló Wilfredo Grajales Rosas, defensor delegado para la asesoría de las víctimas del conflicto armado de la Defensoría del Pueblo: “Tenemos que garantizar que las personas que van a participar en las elecciones tengan las condiciones suficientes, que los líderes y la organización tengan seguridad. Hay que salvaguardar este espacio político”.
Indicó que en febrero esta entidad emitirá una alerta temprana nacional sobre los riesgos de violencia y seguridad en las elecciones a Congreso y Presidencia.
Finalmente, el exconsejero Armando Novoa explicó que si bien es imposible que el Estado le brinde protección a cada uno de los candidatos a las curules de paz, la seguridad se debe pensar en función de la presencia del Estado en estos territorios.
Aquí puede ver el evento completo:
El 13 de marzo próximo, los habitantes de los territorios donde están las Circunscripciones Especiales para la Paz elegirán a las 16 víctimas que los van a representar en el Congreso de la República, tal y como lo definió hace cinco años el Acuerdo de Paz. Son 398 candidatos por las regiones más golpeadas por el conflicto, como Arauca, Catatumbo, Nariño y Cauca, las cuales hoy día siguen con altos niveles de violencia.
Este 21 de enero, Colombia+20 de El Espectador, en alianza con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), abrieron el espacio “Las víctimas de cara a las curules de paz”, donde se resolvieron algunas de las dudas sobre las curules de paz, como su financiación y la logística para su votación, pero también se tocaron las preocupaciones sobre estas elecciones, como la violencia en los territorios, las amenazas sobre algunos de los candidatos y las pocas garantías de participación política que hay debido a la falta de presencia estatal.
(Le puede interesar: Esta es la lista oficial de los 398 candidatos a las 16 curules de paz)
Armando Novoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que la cedulación en zonas rurales tan alejadas y de difícil acceso es precaria, por lo cual el Estado tiene que solventarlo a través de campañas pedagógicas y unidades móviles para hacer este trámite. “Además hay que garantizar que las personas participen masivamente, por eso hay que tener en cuenta que los puestos de votación pueden estar muy alejados de los lugares de vivienda en estos municipios”, añadió.
También se habló de los inconvenientes para las y los habitantes de zonas rurales al inscribir sus cédulas para votar, ya sea por falta de información, desinterés, dificultad en la movilización o por la situación de inseguridad en sus territorios. Esto podría acarrear bajos niveles de votación, pero también problemas en la financiación de las campañas de los candidatos, como lo señaló Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electora de la Misión de Observación Electoral (MOE): “Si no se sabe cuánta gente hay en estas zonas apartadas aptas para votar, los candidatos tampoco recibirán los anticipos que necesitan para sus campañas”.
De acuerdo con el acto legislativo 2 del 25 de agosto de 2021, la financiación de las campañas por las curules de paz será “preponderantemente” estatal según el número de ciudadanos que integran el censo electoral de la respectiva circunscripción, de ahí el llamado de Vela.
Sobre este tema, el representante de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Carlos Leyva, respondió durante el evento que esta entidad hizo campaña de cedulación e inscripción de cédulas en los 167 municipios que acogen las 16 circunscripciones de paz. “Como consecuencia tuvimos 1.029 trámites para cédulas nuevas en 388 corregimientos. Antes del 13 de marzo les estaremos entregando su cédula a estas personas para que vayan a votar”. Explicó que para las votaciones de este año, la Registraduría creó 441 puestos en zonas rurales a nivel nacional, de estos, 177 se instalaron en los corregimientos de las 16 circunscripciones. “En total, son 1966 puestos de votación en los lugares que van a votar por las curules de paz”.
Sobre el censo electoral de cada región, sobre el cual se define el monto de financiación, Leyva explicó que a la fecha hay 1′156.761 personas habilitadas para votar en las zonas rurales de los 167 municipios, y que es sobre este número que el CNE hará la distribución de los recursos para los candidatos.
Durante el diálogo también se habló del cobro de una póliza entre los $5 y $7 millones que deben pagarle los candidatos al Estado para “salvaguardar” los recursos públicos. Esta fue una denuncia que publicó Colombia+20 a comienzos de este mes. El valor de esta póliza es demasiado alto para personas indígenas, campesinas o afros candidatas que son de bajos recursos. “Si no llegan estos desembolsos de manera oportuna, la financiación será un saludo a la bandera y no habrá campaña electoral”, resaltó el exconsejero Novoa.
Seguridad
De acuerdo con Vela, de la MOE, el 30 % de todos los hechos contra los liderazgos sociales en el país se dan en los municipios de las 16 circunscripciones y el 86 % de los 167 municipios tienen algún nivel de riesgo por violencia, por eso señaló que la protección a las y los candidatos a las curules de paz debe ser una prioridad del Estado.
“Los desplazamientos masivos son uno de los temas críticos en estos departamentos. Y que haya tantas acciones armadas, hace que las personas no piensen en las elecciones, sino en proteger su vida”, añadió.
Vea también: Las voces de las mujeres en las curules de paz
En esa misma vía también habló Wilfredo Grajales Rosas, defensor delegado para la asesoría de las víctimas del conflicto armado de la Defensoría del Pueblo: “Tenemos que garantizar que las personas que van a participar en las elecciones tengan las condiciones suficientes, que los líderes y la organización tengan seguridad. Hay que salvaguardar este espacio político”.
Indicó que en febrero esta entidad emitirá una alerta temprana nacional sobre los riesgos de violencia y seguridad en las elecciones a Congreso y Presidencia.
Finalmente, el exconsejero Armando Novoa explicó que si bien es imposible que el Estado le brinde protección a cada uno de los candidatos a las curules de paz, la seguridad se debe pensar en función de la presencia del Estado en estos territorios.
Aquí puede ver el evento completo: