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Mujeres y hombres de las áreas rurales más afectadas por el conflicto armado en Colombia salieron a votar el domingo 13 de marzo para alcanzar 16 curules en la Cámara de Representantes y que así sus voces y peticiones como víctimas del conflicto sean escuchadas en el próximo período de gobierno en el Congreso.
Luego de cinco años de tropiezos y dificultades, tras haberse pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016, esta oportunidad histórica se hizo realidad y 533.664 personas votaron para elegir las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (Citrep). Con un total de 1’264.634 personas habilitadas para votar a esas curules, la abstención fue del 57 %, una cifra levemente superior al 54 % de abstención que se presentó para el Senado.
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El coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), Mauricio Vela, explicó que una de las principales razones de ese nivel de abstención es la persistencia del conflicto armado en estas zonas y las constantes amenazas de los grupos armados ilegales. “Esto está asociado al panorama de violencia que está ocurriendo, porque estamos hablando de un período donde se intensificó el conflicto por parte de los grupos armados ilegales y, por lo tanto, esto pudo desmotivar muchísimo a la gente a salir a votar por el riesgo que implicaba”, expresó Vela.
Y así fue. En la Troncal del Caribe, que cubre la ruta entre Santa Marta y Riohacha, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada declararon un paro armado y prohibieron a los habitantes ubicados a orillas de esta vía salir a votar. Según la carta presentada por los líderes de 43 veredas de la zona, vía Whatsapp circuló la advertencia según la cual “se declaraba objetivo militar a todo aquel que vote”.
La circunscripción afectada por estos hechos fue Sierra Nevada-Perijá, conformada por 13 municipios de los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Allí mismo, tres días antes de las elecciones, cerca de 20 candidatos renunciaron masivamente por la falta de garantías y las presiones de clanes políticos de la región como el Gnecco, el Castro Araújo y el de Jorge Rodrigo Tovar, el hijo del exparamilitar Jorge 40.
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Fue precisamente este último, con 14.943 votos, quien se terminó quedando con la curul de paz en esa región, pese a la polémica que había suscitado su candidatura. Tovar ha argumentado desde hace años que él es hijo de la guerra y que quiere ser padre de la paz. Rodrigo Tovar Pupo es su papá y fue el comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien cometió más de 300 masacres entre 1999 y 2001 en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira y Bolívar.
Los Tribunales Electorales Transitorios de Paz debieron haber entrado en funcionamiento tres meses antes de las elecciones, pero nunca lo hicieron.
Para evaluar casos como este, y muchas otras denuncias sobre candidatos en varias regiones del país, el Acto legislativo 02 de 2021 había contemplado la creación de Tribunales Electorales Transitorios de Paz que debieron haber entrado en funcionamiento tres meses antes de las elecciones, pero nunca lo hicieron.
Igualmente, se había establecido que la financiación sería preponderantemente estatal y que la autoridad electoral entregaría los anticipos para hacer campaña, lo cual tampoco pasó. Pero si el Estado no entregó los dineros y estaban prohibidos los aportes directos a las campañas, la pregunta que quedó en el aire para muchos candidatos que vieron a sus rivales con pomposas campañas fue: ¿de dónde salió la plata?
El próximo 20 de julio llegarán al Congreso las 16 personas que eligieron este domingo en esas circunscripciones especiales, cuyos nombres puede consultar aquí. Sin embargo, al menos en Caquetá, Catatumbo, Chocó, Córdoba, Tolima, Urabá y, por supuesto, la Sierra Nevada, la curul quedó en manos de candidatos a quienes se les señaló de tener el respaldo de maquinarias tradicionales, financiar de forma irregular sus campañas o tener vínculos con personas condenadas por su relación con el paramilitarismo.
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Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), lamentó que “lo que debió ser un espacio para que desde el Congreso de la República se promovieran acciones legislativas y de control político para sacar a esos territorios del abandono, la pobreza y la violencia, hoy quede en manos de personas vinculadas a la clase política tradicional, con el paramilitarismo, lo cual podría redundar en que desde el Congreso se sigan desarrollando los actos de sabotaje a la implementación del Acuerdo”.
“El Estado no se puede olvidar de los y las candidatas que perdieron, ya que estos requieren algún tipo de reposición porque tuvieron que endeudarse, pues no recibieron nunca los dineros del Estado”.
El coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE resaltó la importancia de hacerles seguimiento a las 16 personas electas para que realmente cumplan con su labor legislativa de trasladar las necesidades de las víctimas en las regiones al Congreso. Pero también enfatizó en que el Estado no se puede olvidar de los y las candidatas que perdieron, ya que “estos requieren algún tipo de reposición porque tuvieron que endeudarse, pues no recibieron nunca los dineros del Estado”.