2022, el año en que por fin se eligieron las curules de paz

Durante cinco años distintos sectores del Congreso se opusieron a las curules de paz, pero tras una batalla legal, la Corte Constitucional las revivió en 2021 y en 2022, por fin fueron elegidas.

La votación de los escaños destinados en el punto 2 del Acuerdo de Paz de 2016 para que las víctimas del conflicto armado tuvieran representación en el Congreso, se dio el pasado 13 de marzo durante las elecciones legislativas. Ese día los 170 municipios que fueron priorizados por ser los más azotados del conflicto eligieron las nuevas 16 curules que llegaron a la Cámara de Representantes.

Especial multimedia: Curules de paz, las víctimas llegan al Congreso

Su llegada al Legislativo no solo significó el cumplimiento de lo pactado en La Habana, sino también el acto de participación política más grande del país para quienes fueron más azotados por la guerra.

Pero la campaña no fue nada fácil por problemas en la financiación y otros obstáculos en la participación efectivas de las víctimas. Además, dentro de los elegidos -13 hombres y tres mujeres- entraron figuras que tienen cercanía con clanes políticos regionales o partidos políticos tradicionales, algo contrario a la norma. En este especial multimedia puede leer más sobre la elección.

Su llegada al Congreso

Unos meses antes del inicio de la legislatura, los 16 elegidos a la Cámara de Representantes recibieron apoyo de organizaciones internacionales que los instruyeron en el funcionamiento del Congreso y en la Ley 5 de 1992 -el reglamento de esa corporación-.

Las reuniones no solo resultaron fructíferas para conocer la dinámica y minucia legislativa, sino que también los unió para que conformaran la bancada de paz en el Congreso que fue oficializada el 18 de mayo, dos meses antes del inicio de la legislatura.

“Los 16 congresistas acuerdan construir la primera bancada de paz y de las víctimas en la historia de Colombia. (…) Le comunicamos al Congreso la voluntad de integrar nuestras representaciones en una sola bancada para actuar de manera conjunta como la cuarta fuerza política en la Cámara de Representantes para el período 2022-2026″, dijeron en su momento.

Con la bancada buscaban impulsar la agenda de las víctimas, de sus territorios e impulsar la implementación del Acuerdo de Paz, pero también llegar con impulso a las negociaciones intrínsecas que se dan dentro del Congreso.

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El primer reto de cara a las otras fuerzas políticas y a la arquitectura del Congreso fue lograr tener una silla en las siete comisiones que tiene la Cámara de Representantes. Como estas curules de paz son especiales y transitorias (solo estarán por dos períodos legislativos: 2022-2026 y 2026-2030), hizo falta una reforma a la Ley 3 de 1992 para que los 16 representantes pudiera integrarlas.

El 26 de julio, durante las sesiones extraordinarias del Congreso, se aprobó su ingreso a esas comisiones. Los cupos se otorgaron por asignación directa y no a través de cociente electoral (que surge de surge de la división de votos válidos por el número de escaños).

Así las cosas, los elegidos en las curules de paz lograron tener dos representantes en cada una de las siete comisiones de la Cámara de Representantes y tres en las comisiones Primera y Quinta de esa corporación. Además, pudieron integrar con dos miembros adicionales la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Ética, la de la Equidad para la Mujer, la de Comisión Legal de Cuentas y de la Acusaciones.

En video: ¿Cuáles son los retos de los representantes de las víctimas en el Congreso?

“Estos cupos no fueron una moneda de cambio, por lo menos así lo leemos desde la Misión porque eran un detalle más técnico y de operación. De todas maneras, no deja de ser muy importante para la inclusión que lograran entrar en las comisiones porque tienen un enfoque regional”, explica a Colombia+20 Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Los primeros logros

Ni la bancada de paz ni los representantes de las curules de paz han tenido aún una figuración importante en el Congreso, básicamente porque -como era de esperarse- el protagonismo lo ha tenido la bancada de Gobierno que ha puesto la pauta en los proyectos de ley presentados aprovechando las mayorías y la “luna de miel” que siempre tiene el gobierno entrante.

“Por ahora hubo muy poco espacio para liderazgos tan particulares y eso no permitió que resaltarán en las negociaciones. Hay que esperar cómo se avanza en las próximas legislaturas cuando se necesiten más acuerdos y más intercambios para los proyectos”, explica Rubiano.

Pese a ello, los congresistas han tratado de sentar posición en los debates importantes del Congreso como por ejemplo en la discusión el Presupuesto General cuando dijeron que no lo votarían si no aumentaba la asignación para víctimas. La bancada terminó votando a favor de esa ley tras lograr un acuerdo con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y con el del Interior, Alfonso Prada, para aumentar ese presupuesto de víctimas de la Bolsa de Paz.

También fueron parte de los congresistas que cambiaron la forma de financiación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la punta de lanza del Acuerdo de Paz para que los campesinos arrancaran esas siembras y las reemplazaran por proyectos productivos en el marco de la legalidad.

La ponencia contemplaba en principio que el 100 % de la destinación del impuesto de carbono fuera destinado a las acciones ambientales, pero la bancada de paz, junto con los senadores Humberto De la Calle, Angélica Lozano, miembros del partido Comunes y la representante a la Cámara Julia Miranda, propusieron que la repartición fuera 80% para las causas ambientales y 20 % para el PNIS, con lo que se salvó los recursos para el programa- También consiguieron que la priorización del PNIS se realizara en los municipios PDET.

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Además, lograron la eliminación de los aranceles para los insumos agropecuarios importados y que las obras por impuestos -dentro de la reforma tributaria- se hagan solo en las regiones PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto) y la Amazonía. También lograron que se priorizaran los pagos por servicios ambientales en municipios PDET donde haya presencia de economías ilícitas, y apoyaron la reducción de 5% del impuesto de la renta para las micro y pequeñas.

En la Ley de Paz Total que se aprobó el pasado 10 de diciembre también tuvieron alguna participación. El ponente y conciliador de esa ley fue Diógenes Quintero, representante de la curul de paz de Catatumbo. “Logramos que algunos municipios fueron incluidos en las regiones de paz, y que el ejercicio de la defensa de derechos humanos fuera incluido en el servicio social para la paz”, detalla el congresista.

Los representantes de las curules también apoyaron el proyecto que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos.

Lo que se viene

Para Rubiano, tras poco más de seis en el Congreso la bancada de paz aún no ha mostrado un peso significativo en las votaciones, pero esto podría cambiar en cuanto la mayoría que tiene la bancada de Gobierno empiece a debilitarse. “Si se mantienen como bancada, esas 16 nuevas curules podrían ser muy significativas”, explica.

Pero sin duda su mayor reto será llevar las necesidades y peticiones de las víctimas al Congreso. La idea de que estos escaños existieran era justamente que esta población tuviera representación y las demandas y urgencias de sus territorios llegaran a la agenda legislativa.

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Eso implica, entre muchas otras cosas, un seguimiento a la actualización de la Ley 1448 o de Víctimas. Es fundamental el seguimiento y vigilancia a la misma, así como temas de desarrollo rural y la nueva ruta para la política de drogas.

Esto último es especialmente importante por el cambio en la lucha contra las drogas que ha planteado el presidente Gustavo Petro, pero también por el aumento en las hectáreas sembradas con coca en el país que entre 2020 y 2021 crecieron un 43 %. En solo un año, el área neta pasó de 143.000 hectáreas a 204.000 hectáreas. Es decir, el máximo histórico desde que el Gobierno y La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) realizan el monitoreo desde 2001. Los representantes de curules de regiones como Cauca y Nariño (Alto Patía - Norte del Cauca), Putumayo, Cauca y Norte de Santander, donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas de siembra de coca, tienen que entrar en ese debate.

Además, también tendrá que verse cuál será su papel en la política de Paz Total de Gustavo Petro. Si su papel se fortalece en las regiones podrían ser una figura clave en los próximos encuentros regionales que se darán en el marco de la Paz Total e incluso en llevar a las regiones y apoyar a las comunidades en los acuerdos humanitarios que se logren en la mesa de diálogo con el Eln. Algunas de las zonas representadas por esos congresistas son justamente las regiones donde tiene presencia esa guerrilla, así como otros grupos armados.

En otros ámbitos, aún sigue pendiente qué pasara con la elección de varios representantes de las curules de paz que tiene denuncias vigentes ante el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado.

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La más notoria es la del representante del Caquetá Jhon Fredy Núñez, cuya elección fue suspendida por el Consejo de Estado dos días antes de su posesión el pasado 20 de julio. Esta decisión se dio porque, según la norma, no podían aspirar quienes pertenecieron a colectividades con representación en el Congreso que hubieran perdido la personería jurídica en los 5 años anteriores a la fecha de inscripción de candidatos a curules de paz. El Partido Opción Ciudadana (en el que militó Núñez y del que también fue directivo) perdió su personería en 2018 y este hecho presuntamente inhabilitaría a Núñez.

Varias denuncias se han conocido sobre maniobras dilatorias que ha hecho Núñez para que la investigación no avance en el Consejo de Estado. Además, la Unidad Nacional de Protección denunció que Núñez intentó conducir el vehículo asignado para su movilidad mientras se encontraba en estado de embriaguez y luego maltrató y lastimó a los miembros de su esquema de seguridad. Por estos hechos la Procuraduría le abrió otra investigación la última semana de diciembre.

Otra denuncia pesa sobre Diógenes Quintero, representante de Catatumbo, por supuestos apoyos indebidos de alcaldes y funcionarios a su campaña, así como dádivas a cambio de votos. También hay dos demandas contra la elección de Jorge Rodrigo Tovar Vélez (representante de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá) por presuntas ayudas del director territorial de la Unidad de Víctimas en Cesar y La Guajira. Colombia+20 expuso las denuncias en esta nota.