“La gran beneficiada de la zona de reserva campesina del Sumapaz es Bogotá”

Darío Fajardo Montaña se convirtió en noviembre pasado en viceministro de Desarrollo Rural. Luego de haber pasado décadas estudiando el campo colombiano, llegó al Gobierno de Gustavo Petro que tiene como una de sus banderas hacer la reforma agraria. Uno de los primeros cambios palpables de la actual administración se evidencia en el renovado impulso a las zonas de reserva campesina, figura que existe en la ley desde 1994.

Lea: Tras 11 años de dilaciones, Colombia tiene tres nuevas zonas de reserva campesina

Mientras en los 20 años anteriores solo se había aprobado una de estas zonas - en Montes de María -, en los primeros seis meses de este Gobierno ya se han aprobado cuatro, resaltó el viceministro en entrevista con Colombia+20: la de Santa Roca (Cauca), Losada-Guayabero y Güejar-Cafre, en Meta; y la del Sumapaz, en Cundinamarca. Esta última fue formalizada el pasado 4 de febrero en un acto histórico en San Juan del Sumapaz, donde la comunidad campesina rindió un homenaje a Darío Fajardo, quien entregó esa resolución de constitución.

¿Cuál es el origen de las Zonas de Reserva Campesina en Colombia?

Desde el siglo XIX cuando viene la expropiación de las tierras a la Iglesia, son los antiguos militares, comerciantes y terratenientes amigos del poder los que se apoderan de ellas. De allí derivan grandes procesos de avasallamiento de tierras en el país, piedra angular posteriormente de la constitución de grandes empresas nacionales y la ocupación de baldíos. Mientras esto pasaba, las guerras civiles del siglo XIX expulsaron grandes cantidades de campesinos de sus parcelas ubicadas en zonas como Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá. Esto generó procesos forzados de migración hacia otras regiones en donde mediante practicas precarizadas como “La Obligación”, los campesinos trabajaban en las tierras de hacendados a cambio de una casa para vivir y la siembra de cultivos no permanentes.

Ya en la segunda década del siglo XX, la entrada de capitales estadounidenses generó conflictos entre sectores campesinos y sectores gubernamentales aliados con empresarios por el control de la tierra en el país, principalmente frente a la explotación de Petróleo en el Medio Magdalena y las plantaciones de la United Fruit Company en la zona de Ciénaga y Fundación (Magdalena). Con el tiempo, estos reclamos legítimos de los campesinos fueron radicalizándose hasta llegar a movilizaciones importantes en el pleno de los años 20.

Igualmente, la entrada en escena de las manufacturas empezó a consolidar una especie de proletariado urbano. Así pues, las luchas ya no fueron solo organizadas por las Ligas Agrarias, sino además ahora por los sindicatos urbanos y los sectores medios, actores que transformaron el devenir de la sociedad colombiana para entonces. La aparición de la clase media rural y su importancia en la consolidación del mercado interno empujó los primeros cambios en la política de tierras que incluían escenarios de restitución de tierras bajo el control del Estado. Este es el punto clave para entender de ahí en adelante el acceso de los pequeños y medianos campesinos a la tierra. Sin consolidación de una clase media rural no existiría formación de mercado interno en Colombia. En medio de esto, surgen dos decretos en el marco de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el año 1927 para recuperar tierras públicas: El decreto 867 y el decreto 1110 de 1928, los cuales abren la vía para lo que posteriormente serían las colonias agrícolas. Estas colonias agrícolas fueron el reconocimiento que hizo el Estado a los campesinos mediante títulos individuales pero congregados en comunidades. Aquí empiezan realmente a configurarse comunidades campesinas con territorio.

Lea también: Ahora sí, Sumapaz es oficialmente zona de reserva campesina, tras décadas de lucha

¿De qué contexto político e internacional estamos hablando para la época?

Todo este escenario se da en medio de los años del Reformismo liberal – presidentes Olaya y Pumarejo –, alcanzando su punto máximo con la ley 200 de 1936, que realmente no fue tanto una ley de reforma agraria como algunos plantean, sino más bien una ley que establecía mecanismos de acceso a la tierra para campesinos ocupantes de tierras baldías, mas no planteaba una redistribución misma de la tierra.  A su vez, el fin de la segunda guerra mundial trajo efectivos negativos para Colombia porque pasó a imponerse inmediatamente el contexto de la Guerra Fría, alzándose un franquismo nacional a manos de la Iglesia Católica y una adhesión formal de Colombia al bando estadounidense en medio de la novena conferencia panamericana al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Esto último es muy importante porque esta adhesión no fue solo una declaración política, sino principalmente un escenario de cooperación entre las Fuerzas militares de Estados Unidos y las Fuerzas militares de Colombia para el despliegue de los primeros en el país. El impacto por la llegada de estos militares lo padecieron realmente los campesinos en zonas como Villarrica (Tolima), pues fueron bombardeados, teniendo que salir refugiados a otras zonas, como el Páramo de Sumapaz, en medio de condiciones precarias. Este encuentro entre pobladores locales del páramo y los desplazados de Villarrica fue lo que realmente organizó muchas de las bases campesinas en el país, irradiando principalmente después en zonas como el Piedemonte Llanero, Guaviare y Caquetá.

Bajo todo este marco de gestación de colonias campesinas, surge entonces desde los años 80 la discusión formal sobre las ZRC en Colombia, inscritas formalmente bajo la ley 160 de 1994. A partir de esta ley, viene entonces una movilización campesina muy grande para que el Estado implemente las primeras ZRC. Esto se expresa en la movilización de campesinos colonos (algunos los llaman cocaleros) en regiones del Caquetá, Putumayo y Guaviare. También se movilizaron los campesinos en el sur de Bolívar entre 1995 y 1996. Ante todo esto, el Gobierno junto con el Banco Mundial y organizaciones campesinas me piden a mí desarrollar el piloto de las primeras Zonas de Reserva Campesinas y así nacieron las zonas del Pato-Balsillas (Caquetá); Calamar (Guaviare) y Cabrera (Sumapaz).

¿Cuál es la importancia para el campesinado del reconocimiento de las zonas de reserva campesina?

Se inscribe principalmente en lo que significa la representación del campesinado en Colombia. El campesinado colombiano tiene una particularidad y es que tiene una participación mayor en la economía y en la cultura política a diferencia de otros campesinos en el mundo en condiciones similares de desarrollo. En nuestro caso, el campesinado es mucho más fuerte, aún con todo el peso que tiene el Latifundio en Colombia.

La apropiación de la tierra en Colombia siempre ha sido hegemónica, no solamente en el campo económico, sino también político. El censo de 2014 registro una variación desde el censo de 1960 evidenciando cómo las fincas de 500 hectáreas aún son hegemónicas en la estructura agraria colombiana. Esto solo quiere decir una cosa: la gran propiedad en Colombia tiene un peso muy grande. El fuerte campesinado nacional que ha sido sometido a condiciones de precariedad y restricción de participación política se enfrenta a los dueños de la gran propiedad produciéndose un conflicto agrario durante décadas. Los efectos estructurales del latifundio son de gran impacto en la sociedad colombiana pues han impedido un desarrollo moderno de la agricultura en regiones como la Costa Atlántica, Antioquia y el Valle del Cauca. Nuestra economía agraria sigue siendo atrasada.

Pero además de esto, el latifundio trajo violencia pues la apropiación de la tierra en Colombia está íntimamente ligada a los ejercicios de violencia. Violencia que se apropia de tierras, destruye comunidades, genera desplazamiento forzado y limita la organización del campesinado. Reconocerle a los campesinos colombianos las ZRC es también pagar una deuda histórica adquirida por la gran propiedad y la cultura política del gran latifundio en este país.

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¿Cuál es el estado actual de las ZRC constituidas hace años y qué se puede aprender de allí?

Con el proyecto piloto que tuve la fortuna de dirigir, comenzamos con tres ZRC a finales de los años 90 y apoyamos los procesos organizativos campesinos con los manuales e instructivos para la creación de más ZRC. Desafortunadamente, vino el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, desatándose una persecución feroz contra las ZRC incluyendo el asesinato a sus dirigentes y la judicialización de otros. En este orden de ideas, las ZRC entrarían a una fase de congelamiento durante ocho años. Luego, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos se creó un plan de choque para reactivar las ZRC, sin embargo, esto duro muy poco, por no decir nada.

Es clave entender que para los sectores afines al poder terrateniente, así no tengan tierra, los campesinos organizados en los territorios resultan inaceptables. Para ellos, los campesinos solo son productores de alimentos baratos y regulados por las normativas injustas que hacen los TLC.

Los acuerdos de paz en La Habana fueron tan solo un respiro para las ZRC, un respiro en medio de la precariedad vale la pena decir. Durante este periodo, apenas se sostuvieron las tres ZRC históricas y a regañadientes, se creó a finales del Gobierno Santos una ZRC más. Sin embargo, hasta ahí quedo y luego se estancaron. Realmente, es con el gobierno del presidente Petro que se retoman las ZRC, pues en 20 años no se creó ni una sola ZRC aparte de la ya mencionada, mientras en los primeros seis meses de este gobierno ya llevamos constituidas cuatro.

Sumapaz particularmente siempre ha sido una luz para los campesinos, un proceso de organización favorable pues más allá de ser una lucha romántica, es un frente directo contra el desabastecimiento alimentario en la región. La gran beneficiada de esta ZRC es Bogotá pues cuenta con una despensa agrícola impresionante y una fuente de agua única.

Hay que decirlo, la ideología anticampesina campeó en Colombia durante muchos años alimentando la guerra y la represión bajo la mala imagen del campesinado, siempre puesto como enemigo del bosque y de la naturaleza.

¿Qué otras ZRC se pueden esperar en este gobierno?

Tenemos la ZRC de Chaparral/Rioblanco andando con varios procesos. Ya tiene su plan de Desarrollo Sostenible y están comenzando los procesos de socialización. Tenemos propuesta de una ZRC en el Valle del Cauca, hacia Florida/Pradera y también en lugares inesperados como el Nudo del Paramillo. Lo complicado para los enemigos es que esa semilla ya se sembró y está germinando.

También tenemos una propuesta de ZRC en Boyacá. Podríamos seguir nombrando así y contar hasta 20 procesos de ZRC actualmente. Tal vez el más cercano e inmediato sea el de la ZRC del Catatumbo, pero hay otras que están caminando ya como la ZRC en la Serranía de la Macarena (Meta) y la ZRC en San Bernardo (Sumapaz). Esta última es importante porque el sueño es proteger el páramo de Sumapaz, rodearlo con ZRC para proteger el agua y regularizar los procesos de propiedad de la tierra.

Sin embargo, no nos agotemos solo en las ZRC. En el Macizo Colombiano hay una figura llamada “territorios agroalimentarios”, que según me comentaba el líder campesino Robert Daza tienen la misma idea, sin embargo, estos últimos no tienen reconocimiento legal. Sin embargo, es bajo el diálogo y la organización que avanzan los procesos para que las comunidades campesinas estén organizadas en territorios.

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Los indígenas reclaman ampliación de sus resguardos y las comunidades negras el reconocimiento de sus territorios autónomos ¿Qué se propone para ellos?

El punto 1 del Acuerdo de Paz en La Habana habla de una adquisición de tres millones de hectáreas para campesinos sin tierra y siete millones de hectáreas para formalización. Estas tres millones de hectáreas se adquieren pensando fundamentalmente en la producción alimentaria. Las tierras están vistas como un recurso productivo que a su vez estabilizan a las comunidades campesinas. Según el último censo agropecuario, los campesinos no tienen ni cuatro millones de hectáreas.

Tenemos que considerar ahora la manera de dar tierras a las comunidades indígenas y a las comunidades negras. Para el caso de los indígenas, ellos han venido planteando sus solicitudes a la Agencia Nacional de Tierras y la semana pasada a través de una mesa nacional de concertación llegamos a avances frente a la negociación que se tiene que dar entre el Estado y las comunidades indígenas para la adquisición de tierras, empezando por la búsqueda de estas tierras y sus superficies. A aquellos que dicen que los indígenas son los terratenientes más grandes del país, pues déjeme decirles que no lo son, porque muchas de las tierras de los resguardos que ellos ocupan no son aprovechables económicamente.

Aquí no se trata solo de atender a las comunidades campesinas e indígenas, se trata principalmente de resolver sus justos reclamos y también los de las comunidades negras, rom y raizales. Estamos intentando barajar el reparto de tierras en Colombia. Las comunidades actualmente viven en condiciones de mucha precariedad. Apenas estamos comenzando a construir la ruta de atención para resolver desde el Estado las demandas de las comunidades, identificarlas para darles respuesta y no para prometerles cosas que no se cumplan.

¿Qué función tendrán las ZRC en las regiones donde aún es muy alto el cultivo de hoja de coca?

En el Catatumbo estuvimos hace unas semanas y planteamos una perspectiva distinta de sustitución de cultivos bajo una mirada de sustitución paulatina. La idea es que no exista erradicación forzada de estos cultivos. Los grandes cultivos serán objeto de intervención, pero para el pequeño cultivador la idea es construir la ruta para una sustitución paulatina de los cultivos de coca y en el mismo camino gestar procesos de industrialización de la hoja de coca. Este gobierno no permitirá la persecución contra el pequeño productor, ni las personas vinculadas con este proceso.

Sin embargo, esta ruta no puede ir sola y, por ende, debe estar acompañada del fortalecimiento de los mercados de producción campesina. La coca nunca llegó porque sí a estos territorios, llegó por las condiciones de precariedad de los productores locales. Si uno mira los informes de la UNODC hay zonas del país donde la coca se instaló y está instalada ahí desde hace 30 años, zonas marginales donde el Estado no ha cumplido sus funciones para aminorar ese atraso, sino que, por el contrario, mantienen ese atraso porque tienen intereses dentro de la comercialización de la cocaína.

Las fumigaciones lo único para lo que han servido es para estabilizar la oferta de la hoja de coca. Cuando están expandiendo los cultivos por efecto de crecimiento del precio, fumigan para que no se amplié la oferta de la hoja de coca y en esa medida se caigan los precios de la cocaína.

Darío Fajardo Montaña se convirtió en noviembre pasado en viceministro de Desarrollo Rural. Luego de haber pasado décadas estudiando el campo colombiano, llegó al Gobierno de Gustavo Petro que tiene como una de sus banderas hacer la reforma agraria. Uno de los primeros cambios palpables de la actual administración se evidencia en el renovado impulso a las zonas de reserva campesina, figura que existe en la ley desde 1994.

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Mientras en los 20 años anteriores solo se había aprobado una de estas zonas - en Montes de María -, en los primeros seis meses de este Gobierno ya se han aprobado cuatro, resaltó el viceministro en entrevista con Colombia+20: la de Santa Roca (Cauca), Losada-Guayabero y Güejar-Cafre, en Meta; y la del Sumapaz, en Cundinamarca. Esta última fue formalizada el pasado 4 de febrero en un acto histórico en San Juan del Sumapaz, donde la comunidad campesina rindió un homenaje a Darío Fajardo, quien entregó esa resolución de constitución.

¿Cuál es el origen de las Zonas de Reserva Campesina en Colombia?

Desde el siglo XIX cuando viene la expropiación de las tierras a la Iglesia, son los antiguos militares, comerciantes y terratenientes amigos del poder los que se apoderan de ellas. De allí derivan grandes procesos de avasallamiento de tierras en el país, piedra angular posteriormente de la constitución de grandes empresas nacionales y la ocupación de baldíos. Mientras esto pasaba, las guerras civiles del siglo XIX expulsaron grandes cantidades de campesinos de sus parcelas ubicadas en zonas como Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá. Esto generó procesos forzados de migración hacia otras regiones en donde mediante practicas precarizadas como “La Obligación”, los campesinos trabajaban en las tierras de hacendados a cambio de una casa para vivir y la siembra de cultivos no permanentes.

Ya en la segunda década del siglo XX, la entrada de capitales estadounidenses generó conflictos entre sectores campesinos y sectores gubernamentales aliados con empresarios por el control de la tierra en el país, principalmente frente a la explotación de Petróleo en el Medio Magdalena y las plantaciones de la United Fruit Company en la zona de Ciénaga y Fundación (Magdalena). Con el tiempo, estos reclamos legítimos de los campesinos fueron radicalizándose hasta llegar a movilizaciones importantes en el pleno de los años 20.

Igualmente, la entrada en escena de las manufacturas empezó a consolidar una especie de proletariado urbano. Así pues, las luchas ya no fueron solo organizadas por las Ligas Agrarias, sino además ahora por los sindicatos urbanos y los sectores medios, actores que transformaron el devenir de la sociedad colombiana para entonces. La aparición de la clase media rural y su importancia en la consolidación del mercado interno empujó los primeros cambios en la política de tierras que incluían escenarios de restitución de tierras bajo el control del Estado. Este es el punto clave para entender de ahí en adelante el acceso de los pequeños y medianos campesinos a la tierra. Sin consolidación de una clase media rural no existiría formación de mercado interno en Colombia. En medio de esto, surgen dos decretos en el marco de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el año 1927 para recuperar tierras públicas: El decreto 867 y el decreto 1110 de 1928, los cuales abren la vía para lo que posteriormente serían las colonias agrícolas. Estas colonias agrícolas fueron el reconocimiento que hizo el Estado a los campesinos mediante títulos individuales pero congregados en comunidades. Aquí empiezan realmente a configurarse comunidades campesinas con territorio.

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¿De qué contexto político e internacional estamos hablando para la época?

Todo este escenario se da en medio de los años del Reformismo liberal – presidentes Olaya y Pumarejo –, alcanzando su punto máximo con la ley 200 de 1936, que realmente no fue tanto una ley de reforma agraria como algunos plantean, sino más bien una ley que establecía mecanismos de acceso a la tierra para campesinos ocupantes de tierras baldías, mas no planteaba una redistribución misma de la tierra.  A su vez, el fin de la segunda guerra mundial trajo efectivos negativos para Colombia porque pasó a imponerse inmediatamente el contexto de la Guerra Fría, alzándose un franquismo nacional a manos de la Iglesia Católica y una adhesión formal de Colombia al bando estadounidense en medio de la novena conferencia panamericana al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Esto último es muy importante porque esta adhesión no fue solo una declaración política, sino principalmente un escenario de cooperación entre las Fuerzas militares de Estados Unidos y las Fuerzas militares de Colombia para el despliegue de los primeros en el país. El impacto por la llegada de estos militares lo padecieron realmente los campesinos en zonas como Villarrica (Tolima), pues fueron bombardeados, teniendo que salir refugiados a otras zonas, como el Páramo de Sumapaz, en medio de condiciones precarias. Este encuentro entre pobladores locales del páramo y los desplazados de Villarrica fue lo que realmente organizó muchas de las bases campesinas en el país, irradiando principalmente después en zonas como el Piedemonte Llanero, Guaviare y Caquetá.

Bajo todo este marco de gestación de colonias campesinas, surge entonces desde los años 80 la discusión formal sobre las ZRC en Colombia, inscritas formalmente bajo la ley 160 de 1994. A partir de esta ley, viene entonces una movilización campesina muy grande para que el Estado implemente las primeras ZRC. Esto se expresa en la movilización de campesinos colonos (algunos los llaman cocaleros) en regiones del Caquetá, Putumayo y Guaviare. También se movilizaron los campesinos en el sur de Bolívar entre 1995 y 1996. Ante todo esto, el Gobierno junto con el Banco Mundial y organizaciones campesinas me piden a mí desarrollar el piloto de las primeras Zonas de Reserva Campesinas y así nacieron las zonas del Pato-Balsillas (Caquetá); Calamar (Guaviare) y Cabrera (Sumapaz).

¿Cuál es la importancia para el campesinado del reconocimiento de las zonas de reserva campesina?

Se inscribe principalmente en lo que significa la representación del campesinado en Colombia. El campesinado colombiano tiene una particularidad y es que tiene una participación mayor en la economía y en la cultura política a diferencia de otros campesinos en el mundo en condiciones similares de desarrollo. En nuestro caso, el campesinado es mucho más fuerte, aún con todo el peso que tiene el Latifundio en Colombia.

La apropiación de la tierra en Colombia siempre ha sido hegemónica, no solamente en el campo económico, sino también político. El censo de 2014 registro una variación desde el censo de 1960 evidenciando cómo las fincas de 500 hectáreas aún son hegemónicas en la estructura agraria colombiana. Esto solo quiere decir una cosa: la gran propiedad en Colombia tiene un peso muy grande. El fuerte campesinado nacional que ha sido sometido a condiciones de precariedad y restricción de participación política se enfrenta a los dueños de la gran propiedad produciéndose un conflicto agrario durante décadas. Los efectos estructurales del latifundio son de gran impacto en la sociedad colombiana pues han impedido un desarrollo moderno de la agricultura en regiones como la Costa Atlántica, Antioquia y el Valle del Cauca. Nuestra economía agraria sigue siendo atrasada.

Pero además de esto, el latifundio trajo violencia pues la apropiación de la tierra en Colombia está íntimamente ligada a los ejercicios de violencia. Violencia que se apropia de tierras, destruye comunidades, genera desplazamiento forzado y limita la organización del campesinado. Reconocerle a los campesinos colombianos las ZRC es también pagar una deuda histórica adquirida por la gran propiedad y la cultura política del gran latifundio en este país.

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¿Cuál es el estado actual de las ZRC constituidas hace años y qué se puede aprender de allí?

Con el proyecto piloto que tuve la fortuna de dirigir, comenzamos con tres ZRC a finales de los años 90 y apoyamos los procesos organizativos campesinos con los manuales e instructivos para la creación de más ZRC. Desafortunadamente, vino el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, desatándose una persecución feroz contra las ZRC incluyendo el asesinato a sus dirigentes y la judicialización de otros. En este orden de ideas, las ZRC entrarían a una fase de congelamiento durante ocho años. Luego, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos se creó un plan de choque para reactivar las ZRC, sin embargo, esto duro muy poco, por no decir nada.

Es clave entender que para los sectores afines al poder terrateniente, así no tengan tierra, los campesinos organizados en los territorios resultan inaceptables. Para ellos, los campesinos solo son productores de alimentos baratos y regulados por las normativas injustas que hacen los TLC.

Los acuerdos de paz en La Habana fueron tan solo un respiro para las ZRC, un respiro en medio de la precariedad vale la pena decir. Durante este periodo, apenas se sostuvieron las tres ZRC históricas y a regañadientes, se creó a finales del Gobierno Santos una ZRC más. Sin embargo, hasta ahí quedo y luego se estancaron. Realmente, es con el gobierno del presidente Petro que se retoman las ZRC, pues en 20 años no se creó ni una sola ZRC aparte de la ya mencionada, mientras en los primeros seis meses de este gobierno ya llevamos constituidas cuatro.

Sumapaz particularmente siempre ha sido una luz para los campesinos, un proceso de organización favorable pues más allá de ser una lucha romántica, es un frente directo contra el desabastecimiento alimentario en la región. La gran beneficiada de esta ZRC es Bogotá pues cuenta con una despensa agrícola impresionante y una fuente de agua única.

Hay que decirlo, la ideología anticampesina campeó en Colombia durante muchos años alimentando la guerra y la represión bajo la mala imagen del campesinado, siempre puesto como enemigo del bosque y de la naturaleza.

¿Qué otras ZRC se pueden esperar en este gobierno?

Tenemos la ZRC de Chaparral/Rioblanco andando con varios procesos. Ya tiene su plan de Desarrollo Sostenible y están comenzando los procesos de socialización. Tenemos propuesta de una ZRC en el Valle del Cauca, hacia Florida/Pradera y también en lugares inesperados como el Nudo del Paramillo. Lo complicado para los enemigos es que esa semilla ya se sembró y está germinando.

También tenemos una propuesta de ZRC en Boyacá. Podríamos seguir nombrando así y contar hasta 20 procesos de ZRC actualmente. Tal vez el más cercano e inmediato sea el de la ZRC del Catatumbo, pero hay otras que están caminando ya como la ZRC en la Serranía de la Macarena (Meta) y la ZRC en San Bernardo (Sumapaz). Esta última es importante porque el sueño es proteger el páramo de Sumapaz, rodearlo con ZRC para proteger el agua y regularizar los procesos de propiedad de la tierra.

Sin embargo, no nos agotemos solo en las ZRC. En el Macizo Colombiano hay una figura llamada “territorios agroalimentarios”, que según me comentaba el líder campesino Robert Daza tienen la misma idea, sin embargo, estos últimos no tienen reconocimiento legal. Sin embargo, es bajo el diálogo y la organización que avanzan los procesos para que las comunidades campesinas estén organizadas en territorios.

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Los indígenas reclaman ampliación de sus resguardos y las comunidades negras el reconocimiento de sus territorios autónomos ¿Qué se propone para ellos?

El punto 1 del Acuerdo de Paz en La Habana habla de una adquisición de tres millones de hectáreas para campesinos sin tierra y siete millones de hectáreas para formalización. Estas tres millones de hectáreas se adquieren pensando fundamentalmente en la producción alimentaria. Las tierras están vistas como un recurso productivo que a su vez estabilizan a las comunidades campesinas. Según el último censo agropecuario, los campesinos no tienen ni cuatro millones de hectáreas.

Tenemos que considerar ahora la manera de dar tierras a las comunidades indígenas y a las comunidades negras. Para el caso de los indígenas, ellos han venido planteando sus solicitudes a la Agencia Nacional de Tierras y la semana pasada a través de una mesa nacional de concertación llegamos a avances frente a la negociación que se tiene que dar entre el Estado y las comunidades indígenas para la adquisición de tierras, empezando por la búsqueda de estas tierras y sus superficies. A aquellos que dicen que los indígenas son los terratenientes más grandes del país, pues déjeme decirles que no lo son, porque muchas de las tierras de los resguardos que ellos ocupan no son aprovechables económicamente.

Aquí no se trata solo de atender a las comunidades campesinas e indígenas, se trata principalmente de resolver sus justos reclamos y también los de las comunidades negras, rom y raizales. Estamos intentando barajar el reparto de tierras en Colombia. Las comunidades actualmente viven en condiciones de mucha precariedad. Apenas estamos comenzando a construir la ruta de atención para resolver desde el Estado las demandas de las comunidades, identificarlas para darles respuesta y no para prometerles cosas que no se cumplan.

¿Qué función tendrán las ZRC en las regiones donde aún es muy alto el cultivo de hoja de coca?

En el Catatumbo estuvimos hace unas semanas y planteamos una perspectiva distinta de sustitución de cultivos bajo una mirada de sustitución paulatina. La idea es que no exista erradicación forzada de estos cultivos. Los grandes cultivos serán objeto de intervención, pero para el pequeño cultivador la idea es construir la ruta para una sustitución paulatina de los cultivos de coca y en el mismo camino gestar procesos de industrialización de la hoja de coca. Este gobierno no permitirá la persecución contra el pequeño productor, ni las personas vinculadas con este proceso.

Sin embargo, esta ruta no puede ir sola y, por ende, debe estar acompañada del fortalecimiento de los mercados de producción campesina. La coca nunca llegó porque sí a estos territorios, llegó por las condiciones de precariedad de los productores locales. Si uno mira los informes de la UNODC hay zonas del país donde la coca se instaló y está instalada ahí desde hace 30 años, zonas marginales donde el Estado no ha cumplido sus funciones para aminorar ese atraso, sino que, por el contrario, mantienen ese atraso porque tienen intereses dentro de la comercialización de la cocaína.

Las fumigaciones lo único para lo que han servido es para estabilizar la oferta de la hoja de coca. Cuando están expandiendo los cultivos por efecto de crecimiento del precio, fumigan para que no se amplié la oferta de la hoja de coca y en esa medida se caigan los precios de la cocaína.