En tiempos en que la implementación del Acuerdo de Paz vuelve a estar en el centro de la agenda pública, Humberto de la Calle, exjefe de la delegación del Gobierno en La Habana con las extintas FARC, y Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado para la Paz, emitieron un comunicado público en el que cuestionan algunas de las medidas que anunció el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU para acelerar la puesta en marcha de lo pactado en 2016.
El documento titulado “Volvamos al Acuerdo”, los arquitectos del Gobierno en ese pacto, expusieron por lo menos 11 puntos centrales para continuar con la discusión alrededor de su cumplimiento. Dentro de lo más llamativo del comunicado, De la Calle y Jaramillo celebraron la designación del nuevo Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y señalaron que “como coordinador de la implementación del Acuerdo debería facilitar la supervisión de estos esfuerzos y el cumplimiento de las metas”.
Asimismo, aprobaron la idea del presidente Petro sobre la extensión del tiempo para cumplir con la implementación, sin embargo, le hicieron observaciones. “Es una propuesta razonable en relación con los procesos que exijan esfuerzos fiscales, pero no se debería extender a medidas transicionales que tienen límites legales e incluso constitucionales”, apuntaron.
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Por otro lado, ambos estuvieron de acuerdo en el plan de choque que propuso el mandatario para acelerar el cumplimiento y señalaron que es una apuesta necesaria principalmente para adelantar la implementación en lo que tiene que ver con los cultivos de uso ilícito. “Hay que volver al enfoque territorial del Acuerdo, en lugar de las transferencias individuales a los cultivadores, y hay que innovar con programas y proyectos de mucha mayor envergadura”, propusieron.
Sin embargo, De la Calle y Jaramillo rechazaron algunas propuestas que hizo el mandatario frente a la ONU. Precisamente, una de ellas ha sido tema de debate nacional y al respecto dijeron que “tampoco creemos necesario apelar a mecanismos de “fast track”, que en todo caso exigen reformas constitucionales que retrasarían en al menos un año la implementación del Acuerdo”.
Esa medida de “fast track” fue implementada durante el gobierno de Juan Manuel Santos y ambos negociadores recordaron que en ese momento surgió como “una garantía en un momento crítico” que fue la dejación de armas y tránsito a la legalidad de las extintas FARC. Sin embargo, hicieron énfasis en que hoy por hoy esa urgencia no existe, por lo que creen que la medida no tiene justificación y tampoco se debe implementar para temas ajenos del Acuerdo.
Como alternativa a la propuesta de Petro, los negociadores apuntaron que un mejor mecanismo sería el acuerdo nacional que quedó establecido como un compromiso en el Acuerdo. “Si se logran consensos políticos alrededor de puntos críticos de la implementación, en paso por el Congreso de las leyes que se deriven de ese acuerdo no debería presentar mayor dificultad”, sostuvieron. Sin embargo, aclararon que la asamblea constituyente nunca fue el propósito del acuerdo nacional que finalmente quedó pactado.
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En esa misma línea, ambos rechazaron la idea de un tribunal de cierre en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señalaron la propuesta como “equivocada”. “No es solamente un asunto de costos: la idea de un tribunal de cierre que conduzca a un “perdón social” echaría al traste con todos estos esfuerzos y derrumbaría la seguridad jurídica de quienes hoy están sometidos a la JEP. Alentamos a la JEP a trabajar de forma expedita y ceñida a los fines del Acuerdo”.
De la Calle y Jaramillo se acogieron a las recomendaciones de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU quienes hicieron un llamado a implementar de manera decidida el Acuerdo de Paz. Ambos negociadores sentenciaron que, sin esfuerzo, en los próximos años el Acuerdo “puede naufragar”.
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