“Debimos investigar las esterilizaciones forzadas en Perú”: excomisionada de la Verdad

En 2001, en Perú, se instaló la Comisión de la Verdad y Reconciliación que debía esclarecer los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos, entre 1980 y 2000, por las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y el Estado, es decir, la Fuerza Pública y la dictadura de Alberto Fujimori. Para entonces, los subversivos estaban presos y empezaba a restaurarse la democracia en el país.

(Lea también: Las mujeres que se reconstruyen juntas en el Alto Ariari)

Esta Comisión, que terminó su mandato y entregó su informe en 2003, estuvo conformada por 12 personas, entre ellas Sofía Macher Batanero, una socióloga y defensora de derechos humanos que estuvo a cargo de las Audiencias Públicas en las que las víctimas dieron testimonio.

Macher visitó la Comisión de la Verdad de Colombia para conversar, junto con Olandina Caeiro, excomisionada de la Verdad de Timor Oriental y las comisionadas colombianas, sobre cómo se implementó o no, el enfoque de género en sus comisiones. Macher, en entrevista con este medio, se refirió también a la ausencia de las figuras femeninas como transformadoras de sus territorios en Perú y de la no investigación de las esterilizaciones quirúrgicas forzadas durante la dictadura.

El informe publicado por la Comisión no le gustó a la derecha ni a Sendero Luminoso, ¿qué les dice eso a ustedes?

Cuando uno habla de la verdad hay muchos conceptos. Está la verdad subjetiva y la verdad histórica, que tiene que reconstruir eventos. Eso fue lo que hizo la Comisión de la Verdad, que tenía una metodología de cruzar tres o cuatro fuentes de información antes de dar por confirmada una situación. De alguna manera, muy cerca de las voces de las víctimas. Pero hay otras verdades, por ejemplo, la del militar o del subversivo, de Sendero o del MRTA. Y son diferentes. Y entran en disputa. Es inevitable. En el Perú hay un grupo de gente, algunos empresarios y sobre todo los militares que tuvieron cargos de mando durante el conflicto, que sienten riesgo de que se les pueda iniciar algún proceso judicial. La verdad es un terreno de disputa y si hay culpables de violaciones de derechos humanos, esto se exacerba.

En el Perú no se ha terminado con esa disputa, pero, por ejemplo, hay una nueva generación de militares que no participaron directamente en la lucha antisubversiva que pueden tener una distancia mayor sobre lo que sucedió. Y tienes senderistas que pueden tener una actitud de reflexión y otros que se mantienen en que todo lo que hicieron fue correcto.

¿Cómo se evidencia esa resistencia a reconocer el daño?

Me acuerdo de Sendero Luminoso frente a una matanza que hicieron en una comunidad que se llama Lucanamarca. En un solo día mataron a 69 personas, entre esos 17 niñitos y bebés, en una matanza a pedradas, con hachazos. Y era porque esa comunidad había asesinado a un militante senderista, entonces había que vengar o castigar a los que se habían atrevido a matarlo. Esa matanza fue alabada y felicitada por Abimael Guzmán, que era el presidente de Sendero.

Pasados los años, cuando pusimos eso en el informe, nosotros recibimos dos cartas. Una de la cárcel de hombres en la que un grupo de senderistas se ratificaba en la medida tomada, y que terminó con esas muertes. Y recibimos otra de la cárcel de mujeres, de senderistas que se arrepentían totalmente de lo que había sido y que les parecía horroroso que su partido hubiera asesinado a esas 69 personas. También hay algunos policías, por ejemplo, que han visto y tienen compañeros mutilados por ataques senderistas, y es dificilísimo que estén tomando distancia o aceptando que algunos de sus compañeros violaron derechos humanos cuando estaban defendiendo el país.

¿Hubo reconocimiento?

Yo conversé con Abimael Guzmán. Estaba en una cárcel especial dentro de la Marina, aislado. Y cuando hablé con él le pregunté sobre los desaparecidos, él tenía acceso a la televisión en ese momento y había visto en las audiencias públicas cómo denunciaban los asesinatos que ellos habían ordenado. No tenía absolutamente ninguna reflexión frente a su responsabilidad en las matanzas. No hubo ningún reconocimiento. Él era un tercero. Fíjate que el informe dice que el 52 % de las víctimas mortales son responsabilidad de sendero. Ellos mataron más que los militares.

Cuando llegué me dijo: “doctora, qué importantes las audiencias públicas. Me parece muy bien que la gente cuente lo que ha sufrido. Entonces le quiero pedir que también le tome su testimonio a Elena Iparaguirre (su esposa que estaba ahí con él), porque ella también tiene derecho a contar su historia”. Era un ciudadano más. Casi que una víctima. Sin ninguna responsabilidad. No hay ningún proceso de parte de Sendero de arrepentimiento, de reflexión negativa.

(Lea también: Hombres violentados sexualmente en el conflicto armado hablan por primera vez)

¿Ustedes documentaron la responsabilidad estatal en la creación de comités de autodefensas que desembocaron en violaciones a los derechos humanos?

Sí, y están documentados los casos de las violaciones cometidas por los comités. Los presentamos para que se inicie la judicialización. Son paramilitares, pero de alguna manera controlados y no han seguido después de la derrota de Sendero. Muchos de ellos son ahora las autoridades y es un problema porque hay zonas en que ellos han asesinado y desaparecido a personas. Y ahorita son una barrera para la búsqueda de desaparecidos porque si siguen investigando, los van a meter a la cárcel a ellos.

¿Cómo se ven las mujeres en su informe?

La Comisión no tuvo enfoque de género ni vio de manera particular qué había pasado con las mujeres, pero nosotros decidimos incorporarlo. En 2001 pusimos los reflectores en la violencia sexual. Y así como fue el gran aporte de mi Comisión, tuvimos un capítulo para eso, también fue limitado. Nos concentramos demasiado en documentar a las víctimas, lo que habían sufrido, y no las documentamos como sujetos históricos.

Hay que garantizar esto, averiguar cuál fue el papel de la mujer, rompiendo el esquema de los roles que cada uno tiene. También cómo valoramos el rol de cuidado, de protección de la familia, que no se le da el peso que tiene en una guerra donde te han matado a los hombres, donde tú tienes que salir y cuidar los que están bajo tu responsabilidad, que pueden ser tus hijos o pueden ser los enfermos o los viejos. Las mujeres son las que asumen ese rol, y debemos ver cómo empezamos a valorar y a darle a eso un peso de sujeto histórico. Es ahí donde se siguen reproduciendo las comunidades, son las que han permitido que se siga.

En Perú, Sendero asesinaba a los alcaldes y quienes los reemplazaban eran las mujeres, y se volvían alcaldesas enfrentándose incluso a Sendero Luminoso. Eso no figura en nuestra historia.

¿Por qué en el informe no quedaron las esterilizaciones forzadas?

En ese momento fue una decisión purista, si puedo llamarlo de alguna manera. El mandato de la Comisión era documentar qué pasó con las víctimas en el contexto del conflicto armado interno. Las esterilizaciones quirúrgicas forzadas fueron parte de una política de estado que aplicó Fujimori en salud. No fueron parte de la estrategia antisubversiva. Y cuando nosotros nos negamos a incorporar la documentación de las esterilizaciones quirúrgicas forzadas era porque no obedecía a la lucha antisubversiva y pensábamos que no debía esconderse esta política de estado que implementó con cuotas de esterilización desde el Ministerio de Salud. Y esa fue la razón. Consideramos en ese momento que eso era una investigación particular y gravísima de una política de estado. Han pasado 25 años y hasta ahora los juicios sobre la esterilización forzada siguen encontrando obstáculos, no se logra la judicialización de estos casos. Ahora, con el paso de los años digo, si no hubiésemos sido tan ortodoxos, puristas, otro habría sido el destino de estas mujeres, porque de haber estado dentro del paquete de víctimas de la Comisión de la Verdad, hubiesen tenido atención y tal vez se habría podido forzar justicia. Debió investigarse porque seguramente hubiéramos encontrado algún argumento para incorporarlas.

¿El decreto que le da el mandato a la Comisión no habla de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura?

No, pero sí abarca el período de Fujimori y sí se habla del desmantelamiento de todas las instituciones democráticas del país. Se hubiera podido conectar.

¿Qué más le faltó a su informe?

Creo que el gran vacío de nuestro informe fue la corrupción. Señalamos cómo Fujimori utilizó el terrorismo y el miedo como un arma política de control del poder, incluso para esconder el robo de dinero diciendo que era secreto porque era para combatir al terrorismo., pero no tuvimos un capítulo dedicado a corrupción y que sí está totalmente ligado a la lucha antisubversiva.

En 2001, en Perú, se instaló la Comisión de la Verdad y Reconciliación que debía esclarecer los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos, entre 1980 y 2000, por las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y el Estado, es decir, la Fuerza Pública y la dictadura de Alberto Fujimori. Para entonces, los subversivos estaban presos y empezaba a restaurarse la democracia en el país.

(Lea también: Las mujeres que se reconstruyen juntas en el Alto Ariari)

Esta Comisión, que terminó su mandato y entregó su informe en 2003, estuvo conformada por 12 personas, entre ellas Sofía Macher Batanero, una socióloga y defensora de derechos humanos que estuvo a cargo de las Audiencias Públicas en las que las víctimas dieron testimonio.

Macher visitó la Comisión de la Verdad de Colombia para conversar, junto con Olandina Caeiro, excomisionada de la Verdad de Timor Oriental y las comisionadas colombianas, sobre cómo se implementó o no, el enfoque de género en sus comisiones. Macher, en entrevista con este medio, se refirió también a la ausencia de las figuras femeninas como transformadoras de sus territorios en Perú y de la no investigación de las esterilizaciones quirúrgicas forzadas durante la dictadura.

El informe publicado por la Comisión no le gustó a la derecha ni a Sendero Luminoso, ¿qué les dice eso a ustedes?

Cuando uno habla de la verdad hay muchos conceptos. Está la verdad subjetiva y la verdad histórica, que tiene que reconstruir eventos. Eso fue lo que hizo la Comisión de la Verdad, que tenía una metodología de cruzar tres o cuatro fuentes de información antes de dar por confirmada una situación. De alguna manera, muy cerca de las voces de las víctimas. Pero hay otras verdades, por ejemplo, la del militar o del subversivo, de Sendero o del MRTA. Y son diferentes. Y entran en disputa. Es inevitable. En el Perú hay un grupo de gente, algunos empresarios y sobre todo los militares que tuvieron cargos de mando durante el conflicto, que sienten riesgo de que se les pueda iniciar algún proceso judicial. La verdad es un terreno de disputa y si hay culpables de violaciones de derechos humanos, esto se exacerba.

En el Perú no se ha terminado con esa disputa, pero, por ejemplo, hay una nueva generación de militares que no participaron directamente en la lucha antisubversiva que pueden tener una distancia mayor sobre lo que sucedió. Y tienes senderistas que pueden tener una actitud de reflexión y otros que se mantienen en que todo lo que hicieron fue correcto.

¿Cómo se evidencia esa resistencia a reconocer el daño?

Me acuerdo de Sendero Luminoso frente a una matanza que hicieron en una comunidad que se llama Lucanamarca. En un solo día mataron a 69 personas, entre esos 17 niñitos y bebés, en una matanza a pedradas, con hachazos. Y era porque esa comunidad había asesinado a un militante senderista, entonces había que vengar o castigar a los que se habían atrevido a matarlo. Esa matanza fue alabada y felicitada por Abimael Guzmán, que era el presidente de Sendero.

Pasados los años, cuando pusimos eso en el informe, nosotros recibimos dos cartas. Una de la cárcel de hombres en la que un grupo de senderistas se ratificaba en la medida tomada, y que terminó con esas muertes. Y recibimos otra de la cárcel de mujeres, de senderistas que se arrepentían totalmente de lo que había sido y que les parecía horroroso que su partido hubiera asesinado a esas 69 personas. También hay algunos policías, por ejemplo, que han visto y tienen compañeros mutilados por ataques senderistas, y es dificilísimo que estén tomando distancia o aceptando que algunos de sus compañeros violaron derechos humanos cuando estaban defendiendo el país.

¿Hubo reconocimiento?

Yo conversé con Abimael Guzmán. Estaba en una cárcel especial dentro de la Marina, aislado. Y cuando hablé con él le pregunté sobre los desaparecidos, él tenía acceso a la televisión en ese momento y había visto en las audiencias públicas cómo denunciaban los asesinatos que ellos habían ordenado. No tenía absolutamente ninguna reflexión frente a su responsabilidad en las matanzas. No hubo ningún reconocimiento. Él era un tercero. Fíjate que el informe dice que el 52 % de las víctimas mortales son responsabilidad de sendero. Ellos mataron más que los militares.

Cuando llegué me dijo: “doctora, qué importantes las audiencias públicas. Me parece muy bien que la gente cuente lo que ha sufrido. Entonces le quiero pedir que también le tome su testimonio a Elena Iparaguirre (su esposa que estaba ahí con él), porque ella también tiene derecho a contar su historia”. Era un ciudadano más. Casi que una víctima. Sin ninguna responsabilidad. No hay ningún proceso de parte de Sendero de arrepentimiento, de reflexión negativa.

(Lea también: Hombres violentados sexualmente en el conflicto armado hablan por primera vez)

¿Ustedes documentaron la responsabilidad estatal en la creación de comités de autodefensas que desembocaron en violaciones a los derechos humanos?

Sí, y están documentados los casos de las violaciones cometidas por los comités. Los presentamos para que se inicie la judicialización. Son paramilitares, pero de alguna manera controlados y no han seguido después de la derrota de Sendero. Muchos de ellos son ahora las autoridades y es un problema porque hay zonas en que ellos han asesinado y desaparecido a personas. Y ahorita son una barrera para la búsqueda de desaparecidos porque si siguen investigando, los van a meter a la cárcel a ellos.

¿Cómo se ven las mujeres en su informe?

La Comisión no tuvo enfoque de género ni vio de manera particular qué había pasado con las mujeres, pero nosotros decidimos incorporarlo. En 2001 pusimos los reflectores en la violencia sexual. Y así como fue el gran aporte de mi Comisión, tuvimos un capítulo para eso, también fue limitado. Nos concentramos demasiado en documentar a las víctimas, lo que habían sufrido, y no las documentamos como sujetos históricos.

Hay que garantizar esto, averiguar cuál fue el papel de la mujer, rompiendo el esquema de los roles que cada uno tiene. También cómo valoramos el rol de cuidado, de protección de la familia, que no se le da el peso que tiene en una guerra donde te han matado a los hombres, donde tú tienes que salir y cuidar los que están bajo tu responsabilidad, que pueden ser tus hijos o pueden ser los enfermos o los viejos. Las mujeres son las que asumen ese rol, y debemos ver cómo empezamos a valorar y a darle a eso un peso de sujeto histórico. Es ahí donde se siguen reproduciendo las comunidades, son las que han permitido que se siga.

En Perú, Sendero asesinaba a los alcaldes y quienes los reemplazaban eran las mujeres, y se volvían alcaldesas enfrentándose incluso a Sendero Luminoso. Eso no figura en nuestra historia.

¿Por qué en el informe no quedaron las esterilizaciones forzadas?

En ese momento fue una decisión purista, si puedo llamarlo de alguna manera. El mandato de la Comisión era documentar qué pasó con las víctimas en el contexto del conflicto armado interno. Las esterilizaciones quirúrgicas forzadas fueron parte de una política de estado que aplicó Fujimori en salud. No fueron parte de la estrategia antisubversiva. Y cuando nosotros nos negamos a incorporar la documentación de las esterilizaciones quirúrgicas forzadas era porque no obedecía a la lucha antisubversiva y pensábamos que no debía esconderse esta política de estado que implementó con cuotas de esterilización desde el Ministerio de Salud. Y esa fue la razón. Consideramos en ese momento que eso era una investigación particular y gravísima de una política de estado. Han pasado 25 años y hasta ahora los juicios sobre la esterilización forzada siguen encontrando obstáculos, no se logra la judicialización de estos casos. Ahora, con el paso de los años digo, si no hubiésemos sido tan ortodoxos, puristas, otro habría sido el destino de estas mujeres, porque de haber estado dentro del paquete de víctimas de la Comisión de la Verdad, hubiesen tenido atención y tal vez se habría podido forzar justicia. Debió investigarse porque seguramente hubiéramos encontrado algún argumento para incorporarlas.

¿El decreto que le da el mandato a la Comisión no habla de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura?

No, pero sí abarca el período de Fujimori y sí se habla del desmantelamiento de todas las instituciones democráticas del país. Se hubiera podido conectar.

¿Qué más le faltó a su informe?

Creo que el gran vacío de nuestro informe fue la corrupción. Señalamos cómo Fujimori utilizó el terrorismo y el miedo como un arma política de control del poder, incluso para esconder el robo de dinero diciendo que era secreto porque era para combatir al terrorismo., pero no tuvimos un capítulo dedicado a corrupción y que sí está totalmente ligado a la lucha antisubversiva.