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Este lunes, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación Emilio Archila, aseguró que el Gobierno tiene listo un proyecto de decreto que pretende poner plazos y condiciones para que la extinta guerrilla de las Farc entregue todos los bienes que consiguió durante la guerra. Archila mencionó que, aunque aún es un proyecto y que se discutirá con miembros del partido FARC, lo que se pretende es cumplirle a las víctimas como quiera que son el centro de atención del Acuerdo de Paz.
No obstante, Pastor Alape, el vocero del ahora partido político FARC para esta materia, le dijo a Colombia2020 que la antigua insurgencia entregó todos sus bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) el año pasado, “cuya entidad era encargada de recuperarlos y custodiarlos”, expresó. “Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en estos tres años del proceso para que se ejecuten las operaciones necesarias para la recepción de dichos bienes. Ese proyecto de decreto que presenta el Gobierno Nacional y que pretende aprobar, lo consideramos como un nuevo ataque al Acuerdo de Paz”, dijo Alape.
Dos miradas diferentes sobre lo que ha sido este compromiso suscrito en La Habana. Por un lado, a través de este decreto el Gobierno pretende decir que la exguerrilla es la responsable de entregar todos los bienes hasta el 31 de diciembre próximo, mientras tanto, para la FARC, manifestó Alape, se les quiere endilgar una responsabilidad que, a través del decreto 1407 de 2017, asumió la SAE como administradora del patrimonio autónomo que serviría para reparar a las víctimas.
Así las cosas, a corte de noviembre del año pasado, por ejemplo, según esa entidad del Gobierno, se había recibido los siguientes bienes: $ 2.114 millones, el 18,3% de los bienes reportados; 450.000 dólares, el 100% de los bienes reportados; 255.238 gramos de oro y otros metales, el 67,2% de los bienes reportados; 9 predios rurales, es decir, el 1,2 % de los bienes reportados; 299 inmuebles rurales identificados con coordenadas para iniciar su recepción; 224 cabezas de ganado, o sea, el 0,92 % de los bienes reportados; 996 unidades de muebles y enseres, es decir, el 1,97 % de los bienes registrados como patrimonio de la insurgencia.
(También lea: Los primeros 25 predios de las Farc para) reparar a las víctimas
Sin embargo, para el consejero Archila, aún hay muchos bienes por recuperar y, como funcionario del Gobierno, dio estas cifras ante los medios de comunicación: “Las Farc inicialmente anunciaron que entregarían más de $ 900 mil millones, de los cuales, unos $ 400 mil millones no pueden ser utilizados porque se trata de la valoración que hicieron a jornadas de ortodoncia, construcción de calles, limpieza de caminos, etc., entonces quedaron más de $ 500 mil millones que se podían monetizar. De esos, si se suma el dinero en efectivo (pesos y dólares), son un poco más de $ 3 mil millones”.
Declaración que, según Alape, es una mala interpretación de lo entregado por la exguerrilla. “La SAE sencillamente recoge todo lo monetizable, pero todos los bienes e inversiones que tenía las Farc no pueden traducirse en dinero en efectivo. Por ejemplo, en los bienes entregados se reportó la construcción de carreteras, escuelas, y todo eso el Gobierno no lo quiere reconocer y, pues lógicamente, eso no se puede vender. Igualmente, recoge los predios que están en las zonas de reserva y los que son baldíos, donde se desarrolló el conflicto y se establecieron las economías de la tropa. Entonces, esos son temas sobre los que no hay la suficiente claridad en la normativa y en la concepción de lo que son esos bienes de la guerra. Y eso es lo que está utilizando este Gobierno para establecer una estratégica mediática ad-portas de las elecciones territoriales para entrar a decir que hemos incumplido”.
Así pues, mientras que el consejero Archila ha dicho que la exguerrilla tiene plazo para entregar lo que falta hasta finales de este año, la FARC, a través de Alape, insiste en que, si bien hay bienes pendientes por recuperar en operativos, principalmente predios y semovientes, han entregado el total del dinero y el oro que estaba en su poder producto de su economía de guerra. Por lo pronto, se espera que en el marco de una reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) se desarrolle este debate, aunque la antigua insurgencia ya anticipó que se opondrá a dicho acto administrativo.
A través de un comunicado, el partido FARC también expresó su descontento con este proyecto de decreto toda vez que el 15 de febrero de 2018, dicha colectividad solicitó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) la adopción de medidas cautelares para proteger los bienes inventariados y entregados por la exguerrilla a la SAE posterior a la dejación de las armas. "Sin embargo, después de dos años ninguna autoridad ha desplegado medidas efectivas para proteger los bienes (...) En varias ocasiones se ha advertido sobre la potencialidad de pérdida de bienes si no se aseguran", concluye la misiva.