Defensora del año: Luz Marina Becerra y su lucha por las mujeres negras
La lideresa de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados y de La Comadre recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Un reconocimiento a su lucha para que las afectaciones de la guerra sobre el pueblo negro y las mujeres sean reconocidas y no queden en la impunidad.
Apenas se cumple un mes desde la última vez que la vida de Luz Marina Becerra Panesso estuvo en peligro. El 21 de septiembre pasado, Día Internacional de la Paz, esta lideresa negra estaba en Tumaco (Nariño), recopilando información sobre casos de desaparición forzada de la mano de otras mujeres negras que han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Desde allí grabó un video para pedirle a los violentos que pararan la guerra y lo puso a circular por redes sociales. Al día siguiente, el 22, se fue para el mar a limpiarse, a descargarse. Ya de regreso, dos hombres a bordo de una motocicleta, uno de ellos armado, la interceptaron a ella y a la mujer que la acompañaba y les atravesaron la moto. Un carro de Policía que pasaba en ese momento por la vía, cree Luz Marina, les terminó salvando la vida. No supo nunca si se trataba de sicarios que venían a cobrarle su defensa de la vida o de un episodio de delincuencia común, pero dos décadas en el trabajo social le han enseñado a pensar lo peor. Quizá por eso sigue viva.
Para el pueblo negro víctima de la guerra, desplazado y despojado de su tierra, hay varios hitos en la legislación colombiana que han marcado precedente en materia de sus derechos fundamentales. Unos cuantos autos de la Corte Constitucional sobre comunidades afro desplazadas (005 de 2009), sobre mujeres desplazadas (092 de 2008) y sobre mujeres líderes en esa misma situación (098 de 2013); así como el decreto 4635 que le siguió a la Ley de víctimas de 2011 y que reguló la reparación a los pueblos negros. Detrás de todas esas decisiones, impulsándolas con un trabajo sigiloso, ha estado Luz Marina Becerra.
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Se ha dedicado con ahínco a documentar las afectaciones que la guerra le ha dejado al pueblo negro, principalmente desplazado de sus territorios en el andén Pacífico, y a recogerlas en informes y documentos técnicos que entrega a las altas cortes y a otras entidades del Estado, para que tomen decisiones. Incluso, los documentos en los que participado han llegado a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lo hace porque cree firmemente que esa documentación y visibilización de las violencias que ha sufrido su pueblo debe tener el poder de sacar a la gente del “anestesiamiento” en el que se encuentra frente a la violencia. “Hoy da lo mismo escuchar que salieron 20.000 personas desplazadas de su territorio; la mayoría de la gente no dice nada, no pregunta por qué, qué pasa, qué hay que hacer para frenar eso. Se escucha de una masacre en Cauca, en Cali, en Chocó y nadie cuestiona, nadie se detiene”, dice con frustración.
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Se ha enfocado fundamentalmente en documentar las violencias que la comunidad negra vive después del desplazamiento, cuando llega a las grandes urbes. Ella misma lo ha vivido, porque salió a finales de los noventa primero del Chocó y luego de Apartadó (Antioquia), cuando a un sobrino suyo lo amarraron a un árbol y lo prendieron con gasolina y al otro lo asesinaron con un tiro de gracia. En las capitales del país, dice, enfrentan al menos dos racismos: uno institucional, cuando los funcionarios del Estado les cierran las puertas en la cara y el otro, geográfico, porque siempre llegan a las periferias de las ciudades. Por eso, muchos de sus hijos terminan siendo reclutados para las filas de los grupos que dominan las goteras de las urbes y para alimentar las redes del microtráfico que se nutren de estos jóvenes pobres. Han tenido que enterrar a muchos de ellos en Soacha y en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, en Bogotá, dice Luz Marina.
De eso conoce bien porque cuando llegó a Bogotá, estuvo al lado de Marino Córdoba en las correrías por las calles de la capital ante las oficinas estatales para conformar la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). Córdoba, que la conoce bien desde ese momento, 1999, dice que Luz Marina es el ejemplo de cómo las víctimas le han dado un giro al dolor para convertirse en líderes y lideresas que impulsan políticas públicas que atiendan a esa población desplazada.
De hecho, el liderazgo en la búsqueda de personas desaparecidas que ejerce ella nace de un caso que resquebrajó a su propia familia. Cuando llegaron a Bogotá, su hermano menor salía todos los días a tratar de conseguir trabajo en lo que fuera y volvía por las noches con las manos vacías. En una de esas, salió y no volvió más. Han pasado 22 años y nunca volvieron a verlo. En lo que han encontrado dieron con una información de la Sijín, según la cual Uber Abel Becerra Panesso habría sido reclutado por el frente séptimo de las Farc en Puerto Concordia (Meta). Para su familia, podría tratarse de un “falso positivo”. Siguen buscándolo.
Luz Marina es la cara más visible de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre), que ella misma fundó en 2007, y que hoy recoge alrededor de 5.000 mujeres en todo el país. Desde allí acompañan a las mujeres negras víctimas de la guerra, particularmente víctimas de violencia sexual. Desde ese colectivo, el pasado 27 de julio entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe que documentó 109 casos de mujeres negras víctimas de esa violencia. También desde ese espacio entregaron a la Corte Constitucional y a la CIDH un informe sobre las afectaciones desproporcionadas que la pandemia del Covid-19 estaba dejando sobre las mujeres afro, y principalmente sobre las desplazadas que sobrevivían en el día a día.
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Hoy, esta lideresa negra de 47 años, confiesa que a veces se siente cansada. Pero no por cuenta de las amenazas y los hostigamientos que le han pisado los talones por lo menos la mitad de su vida y que incluso la llevaron a tener que salir a Estados Unidos para resguardar su vida. Dice que el cansancio viene más de la falta de respuesta del Estado que no se inmuta ante la magnitud de la tragedia que tiene en frente. Dice que debería haber un matrimonio entre las instituciones y los líderes y lideresas que van a las regiones, hablan con las comunidades, recopilan y documentan las afectaciones y se las ponen en los escritorios a los funcionarios para que diseñen políticas públicas. Pero en vez de ello, dice, hay un divorcio, porque a los funcionarios les llega la información, pero poco hacen con ella.
Este jueves, en Bogotá, la ciudad que la forjó como lideresa negra y le endureció la piel, a Luz Marina Becerra le entregaron el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, como defensora del año. Un reconocimiento a su lucha por las mujeres negras y por el pueblo negro desplazado: no se podrá contar la historia de cómo las comunidades negras despojadas de sus tierras se organizaron fuera de su territorio para reclamar el cumplimiento de sus derechos sin que quede estampado su nombre.
Apenas se cumple un mes desde la última vez que la vida de Luz Marina Becerra Panesso estuvo en peligro. El 21 de septiembre pasado, Día Internacional de la Paz, esta lideresa negra estaba en Tumaco (Nariño), recopilando información sobre casos de desaparición forzada de la mano de otras mujeres negras que han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Desde allí grabó un video para pedirle a los violentos que pararan la guerra y lo puso a circular por redes sociales. Al día siguiente, el 22, se fue para el mar a limpiarse, a descargarse. Ya de regreso, dos hombres a bordo de una motocicleta, uno de ellos armado, la interceptaron a ella y a la mujer que la acompañaba y les atravesaron la moto. Un carro de Policía que pasaba en ese momento por la vía, cree Luz Marina, les terminó salvando la vida. No supo nunca si se trataba de sicarios que venían a cobrarle su defensa de la vida o de un episodio de delincuencia común, pero dos décadas en el trabajo social le han enseñado a pensar lo peor. Quizá por eso sigue viva.
Para el pueblo negro víctima de la guerra, desplazado y despojado de su tierra, hay varios hitos en la legislación colombiana que han marcado precedente en materia de sus derechos fundamentales. Unos cuantos autos de la Corte Constitucional sobre comunidades afro desplazadas (005 de 2009), sobre mujeres desplazadas (092 de 2008) y sobre mujeres líderes en esa misma situación (098 de 2013); así como el decreto 4635 que le siguió a la Ley de víctimas de 2011 y que reguló la reparación a los pueblos negros. Detrás de todas esas decisiones, impulsándolas con un trabajo sigiloso, ha estado Luz Marina Becerra.
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Se ha dedicado con ahínco a documentar las afectaciones que la guerra le ha dejado al pueblo negro, principalmente desplazado de sus territorios en el andén Pacífico, y a recogerlas en informes y documentos técnicos que entrega a las altas cortes y a otras entidades del Estado, para que tomen decisiones. Incluso, los documentos en los que participado han llegado a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lo hace porque cree firmemente que esa documentación y visibilización de las violencias que ha sufrido su pueblo debe tener el poder de sacar a la gente del “anestesiamiento” en el que se encuentra frente a la violencia. “Hoy da lo mismo escuchar que salieron 20.000 personas desplazadas de su territorio; la mayoría de la gente no dice nada, no pregunta por qué, qué pasa, qué hay que hacer para frenar eso. Se escucha de una masacre en Cauca, en Cali, en Chocó y nadie cuestiona, nadie se detiene”, dice con frustración.
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Se ha enfocado fundamentalmente en documentar las violencias que la comunidad negra vive después del desplazamiento, cuando llega a las grandes urbes. Ella misma lo ha vivido, porque salió a finales de los noventa primero del Chocó y luego de Apartadó (Antioquia), cuando a un sobrino suyo lo amarraron a un árbol y lo prendieron con gasolina y al otro lo asesinaron con un tiro de gracia. En las capitales del país, dice, enfrentan al menos dos racismos: uno institucional, cuando los funcionarios del Estado les cierran las puertas en la cara y el otro, geográfico, porque siempre llegan a las periferias de las ciudades. Por eso, muchos de sus hijos terminan siendo reclutados para las filas de los grupos que dominan las goteras de las urbes y para alimentar las redes del microtráfico que se nutren de estos jóvenes pobres. Han tenido que enterrar a muchos de ellos en Soacha y en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, en Bogotá, dice Luz Marina.
De eso conoce bien porque cuando llegó a Bogotá, estuvo al lado de Marino Córdoba en las correrías por las calles de la capital ante las oficinas estatales para conformar la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). Córdoba, que la conoce bien desde ese momento, 1999, dice que Luz Marina es el ejemplo de cómo las víctimas le han dado un giro al dolor para convertirse en líderes y lideresas que impulsan políticas públicas que atiendan a esa población desplazada.
De hecho, el liderazgo en la búsqueda de personas desaparecidas que ejerce ella nace de un caso que resquebrajó a su propia familia. Cuando llegaron a Bogotá, su hermano menor salía todos los días a tratar de conseguir trabajo en lo que fuera y volvía por las noches con las manos vacías. En una de esas, salió y no volvió más. Han pasado 22 años y nunca volvieron a verlo. En lo que han encontrado dieron con una información de la Sijín, según la cual Uber Abel Becerra Panesso habría sido reclutado por el frente séptimo de las Farc en Puerto Concordia (Meta). Para su familia, podría tratarse de un “falso positivo”. Siguen buscándolo.
Luz Marina es la cara más visible de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre), que ella misma fundó en 2007, y que hoy recoge alrededor de 5.000 mujeres en todo el país. Desde allí acompañan a las mujeres negras víctimas de la guerra, particularmente víctimas de violencia sexual. Desde ese colectivo, el pasado 27 de julio entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe que documentó 109 casos de mujeres negras víctimas de esa violencia. También desde ese espacio entregaron a la Corte Constitucional y a la CIDH un informe sobre las afectaciones desproporcionadas que la pandemia del Covid-19 estaba dejando sobre las mujeres afro, y principalmente sobre las desplazadas que sobrevivían en el día a día.
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Hoy, esta lideresa negra de 47 años, confiesa que a veces se siente cansada. Pero no por cuenta de las amenazas y los hostigamientos que le han pisado los talones por lo menos la mitad de su vida y que incluso la llevaron a tener que salir a Estados Unidos para resguardar su vida. Dice que el cansancio viene más de la falta de respuesta del Estado que no se inmuta ante la magnitud de la tragedia que tiene en frente. Dice que debería haber un matrimonio entre las instituciones y los líderes y lideresas que van a las regiones, hablan con las comunidades, recopilan y documentan las afectaciones y se las ponen en los escritorios a los funcionarios para que diseñen políticas públicas. Pero en vez de ello, dice, hay un divorcio, porque a los funcionarios les llega la información, pero poco hacen con ella.
Este jueves, en Bogotá, la ciudad que la forjó como lideresa negra y le endureció la piel, a Luz Marina Becerra le entregaron el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, como defensora del año. Un reconocimiento a su lucha por las mujeres negras y por el pueblo negro desplazado: no se podrá contar la historia de cómo las comunidades negras despojadas de sus tierras se organizaron fuera de su territorio para reclamar el cumplimiento de sus derechos sin que quede estampado su nombre.