Defensores de la vida, resistentes a amenazas

Ligia María Chaverra, una vida de lucha en Chocó

En febrero de 1997, cuando cerca de 1.200 campesinos de Jiguamiandó y Curvaradó, en Chocó, fueron desplazados por una incursión paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -en connivencia con miembros del Ejército- a Ligia María Chaverra le cambió la vida. Tuvo que salir de su tierra sin mayor certeza que la necesidad de sobrevivir y con la esperanza de regresar. Lo hizo años después, y en donde antes estaban sus tierras encontró solo cultivos de palma de aceite. “Cielo y palma era lo que había”, relata.

Fue entonces cuando emprendió la que sería quizá la mayor batalla de su vida: una lucha por la defensa de su territorio. Una labor tan titánica, que a lo largo de los años la convirtió en blanco de amenazas y que incluso la revictimizó en su propia tragedia de desplazamiento. Su trabajo, dedicado, arduo y casi silencioso, fue este miércoles motivo de homenaje público: fue galardonada en la categoría “Reconocimiento a toda una vida”, en el marco del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos.

Chaverra pisó por primera vez el territorio del municipio de Curvaradó casi cuatro décadas antes de aquel desplazamiento, cuando ella tenía 17 años y estaba recién llegada de Beté, Medio Atrato, el municipio donde nació. Era 1958 y llegó allí acompañada de su compañero de vida y de luchas, Celedonio Martínez.

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“Nos levantábamos a la hora que nos daba la gana, a medianoche; estábamos tranquilos; sembrábamos plátano, arroz, maíz, yuca, ñame y caña. De eso vivíamos”, cuenta. Producto de esos años de vida en la agricultura nacerían sus ocho hijos que hoy ya le han dejado 40 nietos.

Llevó una vida sin mayores sobresaltos el tiempo que pudo, hasta aquel febrero de 1997, cuando su cotidianidad se resquebrajó. Con el tiempo quedó comprobado que en el desplazamiento masivo del que fueron víctimas Ligia y las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó participaron no solo integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), sino también miembros de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia.

Al menos así lo dictaminó la juez quinta penal del Circuito Especializado de Medellín, quien además determinó que empresarios de la palma formaron parte de la estrategia criminal con el propósito de emprender un proyecto agroindustrial de enormes dimensiones en la zona que tenía gran potencial de explotación económica. Monocultivo de palma y ganadería extensiva serían las actividades.

Fue así como, en el marco de la que se conoció como Operación Génesis, grupos armados desplazaron a las comunidades y las empresas de palma lograron asentarse tres años después para poner en marcha el proyecto que tenía como gestor al jefe paramilitar Vicente Castaño Gil.

Mientras la palma llenaba estas tierras, Ligia María decidió resistir: “Tuve 13 desplazamientos dentro del territorio. Pero nunca salí a ninguna cabecera municipal, a ningún pueblo, a nada. Aguanté ahí con el esposo y tres hijas”. Lejos de acudir a un centro urbano, Chaverra se internó en el monte, en donde vivió junto con otras siete familias durante seis meses.

Nunca quiso irse a una ciudad por su profunda convicción de que el campesino no tiene nada que hacer en los grandes centros urbanos. Ella y las otras familias se rehusaban a tener que abandonar la vocación de la tierra por la presencia de los actores armados. Por eso, en 2005, tomaron la determinación de regresar a los que alguna vez fueron sus predios. Al verlos llenos de palma decidieron erradicarla: “Esa palma la tumbamos con hacha, con machete, con motosierra, y la que no se pudo tumbar, la mató un virus que no hubo quién controlara”.

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A pesar de que eliminaron esos cultivos, el rastro de la palma sigue presente. Según Chaverra, los químicos que se usan para la siembra de ese cultivo afectan la tierra de manera considerable. “No quedaron ni mariposas”, dice.

La palma ya no estaba, pero los actores armados continuaban los hostigamientos. Fue a través de la declaratoria de ese territorio como zona humanitaria que lograron mantener al margen al Ejército, a la guerrilla y a los paramilitares. Ligia María Chaverra estuvo en Canadá, España, Suiza, Bélgica, entre otros países, visibilizando su historia.

Con apoyo internacional lograron establecer la zona humanitaria Las Camelias, en Curvaradó, de la cual ella es representante y vocera. Ese camino le ha dejado marcas. Su esposo y compañero de lucha ya no está. Falleció el 26 de julio de 2017. Muchos de sus hijos y nietos no viven en ese territorio, y hace menos de un año recibió nuevas amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Para las cerca de 60 familias que hoy habitan la zona humanitaria Las Camelias, la lucha que ha liderado Ligia María Chaverra no ha sido solo de ella, sino de todos; y su logro no es el premio que recibió ayer, sino haber llevado una vida en la resistencia.

Germán Graciano, el poder colectivo

El 29 de diciembre pasado, Germán Graciano Posso le vio, una vez más, la cara a la muerte. Se encontraba en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de la cual es representante legal, cuando dos paramilitares llegaron con la orden de acabar con su vida. La oportuna reacción de sus compañeros detuvo el dedo que estaba listo para jalar del gatillo. El episodio simboliza a cabalidad lo que es Graciano y lo que es la Comunidad de Paz. Él: la cara visible de un proceso social que ha costado más de 300 muertos. Ellos: la fuerza de la unidad, sin la cual no habría Graciano.

Por lo que representa este hombre de 36 años, líder de una comunidad que se declaró neutral hace 22 años, en pleno auge de las masacres paramilitares, ayer fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos al Defensor del Año. Aunque es joven, tiene sobre sus hombros una historia de violencia y dignidad de novela. Le han asesinado a 13 familiares, entre ellos a su padre y dos hermanos mayores. Nació en 1982 en la vereda El Porvenir, área rural de San José de Apartadó.

En 1996, la violencia paramilitar, que venía desde Tierralta (Córdoba), arrasó con las veredas de San José de Apartadó. Los campesinos se desplazaron hacia Antioquia, pero los ejércitos de la muerte les pisaban los talones. Por esos días, la familia Graciano Posso se instaló en el abandonado casco urbano de San Josecito. Más se demoraron en bajar sus maletas que en volver a empacar sus enseres. Germán tenía 15 años, era huérfano de padre y le habían asesinado a sus dos hermanos. Su madre, con siete niños, buscaba refugio.

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A principios del año 97, un grupo de 800 personas, apoyados por la Iglesia católica, se declaró neutral de los grupos armados y fundaron la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Graciano es hijo de ese proceso. Campesino hasta la médula, defiende con su vida la neutralidad, el territorio y el trabajo colectivo. Es reacio a los protagonismos, a los elogios y siempre conjuga los verbos en plural. No cree en el individuo, sino en la colectividad. Por eso no sale ni a la carretera si no es acompañado de su gente. Es el único sistema de protección que les ha funcionado: el poder colectivo.

Tiene tres hijos y todos los días se levanta a cumplir con sus responsabilidades en la comunidad. La mañana la dedica a las labores del campo, ayudar a sembrar a los niños, darles de comer a los animales y recoger una cosecha. Luego pasa a la venta, como le llaman en la comunidad a las oficinas donde se compra el cacao y se hacen las labores administrativas de la empresa de chocolate Chocopaz. El mismo lugar donde en diciembre trataron de asesinarlo. Después del almuerzo se reúne con los ocho miembros del Consejo.

Las reuniones son extensas y se realizan incluso los domingos. Allí discuten desde lo más pequeño, como la solicitud de una entrevista a algún miembro de la comunidad, hasta el plan de trabajo de todo un mes. Germán solo habla en presente, afirma que en su comunidad no creen en el futuro, viven el día a día con solemne intensidad: “No estaremos en el futuro, solo tenemos este presente. No sabemos si mañana nos maten o muramos, por eso tenemos que pensar solo en nuestro tiempo, en los pasos que damos, que será el camino de los que vengan atrás”, asegura Graciano con imperturbable calma.

Una calma que se ha construido con más de dos décadas de trabajo colectivo, que caracteriza a Graciano y a todos los miembros de la Comunidad de Paz. Una calma que no la rompen ni los nuevos vientos de la guerra, esos que parecieron irse con la salida de las Farc de las veredas del Urabá antioqueño, pero que regresaron con el Clan del Golfo. Por eso, la gente está en máxima alerta de tensión tras el atentado a Graciano y es la razón por la que han multiplicado su trabajo de denuncia y visibilización internacional. “Nosotros lo que más hacemos es denunciar, es una constancia histórica. Eso es lo que hacemos en esta comunidad”, concluye Graciano.

Ligia María Chaverra, una vida de lucha en Chocó

En febrero de 1997, cuando cerca de 1.200 campesinos de Jiguamiandó y Curvaradó, en Chocó, fueron desplazados por una incursión paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -en connivencia con miembros del Ejército- a Ligia María Chaverra le cambió la vida. Tuvo que salir de su tierra sin mayor certeza que la necesidad de sobrevivir y con la esperanza de regresar. Lo hizo años después, y en donde antes estaban sus tierras encontró solo cultivos de palma de aceite. “Cielo y palma era lo que había”, relata.

Fue entonces cuando emprendió la que sería quizá la mayor batalla de su vida: una lucha por la defensa de su territorio. Una labor tan titánica, que a lo largo de los años la convirtió en blanco de amenazas y que incluso la revictimizó en su propia tragedia de desplazamiento. Su trabajo, dedicado, arduo y casi silencioso, fue este miércoles motivo de homenaje público: fue galardonada en la categoría “Reconocimiento a toda una vida”, en el marco del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos.

Chaverra pisó por primera vez el territorio del municipio de Curvaradó casi cuatro décadas antes de aquel desplazamiento, cuando ella tenía 17 años y estaba recién llegada de Beté, Medio Atrato, el municipio donde nació. Era 1958 y llegó allí acompañada de su compañero de vida y de luchas, Celedonio Martínez.

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“Nos levantábamos a la hora que nos daba la gana, a medianoche; estábamos tranquilos; sembrábamos plátano, arroz, maíz, yuca, ñame y caña. De eso vivíamos”, cuenta. Producto de esos años de vida en la agricultura nacerían sus ocho hijos que hoy ya le han dejado 40 nietos.

Llevó una vida sin mayores sobresaltos el tiempo que pudo, hasta aquel febrero de 1997, cuando su cotidianidad se resquebrajó. Con el tiempo quedó comprobado que en el desplazamiento masivo del que fueron víctimas Ligia y las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó participaron no solo integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), sino también miembros de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia.

Al menos así lo dictaminó la juez quinta penal del Circuito Especializado de Medellín, quien además determinó que empresarios de la palma formaron parte de la estrategia criminal con el propósito de emprender un proyecto agroindustrial de enormes dimensiones en la zona que tenía gran potencial de explotación económica. Monocultivo de palma y ganadería extensiva serían las actividades.

Fue así como, en el marco de la que se conoció como Operación Génesis, grupos armados desplazaron a las comunidades y las empresas de palma lograron asentarse tres años después para poner en marcha el proyecto que tenía como gestor al jefe paramilitar Vicente Castaño Gil.

Mientras la palma llenaba estas tierras, Ligia María decidió resistir: “Tuve 13 desplazamientos dentro del territorio. Pero nunca salí a ninguna cabecera municipal, a ningún pueblo, a nada. Aguanté ahí con el esposo y tres hijas”. Lejos de acudir a un centro urbano, Chaverra se internó en el monte, en donde vivió junto con otras siete familias durante seis meses.

Nunca quiso irse a una ciudad por su profunda convicción de que el campesino no tiene nada que hacer en los grandes centros urbanos. Ella y las otras familias se rehusaban a tener que abandonar la vocación de la tierra por la presencia de los actores armados. Por eso, en 2005, tomaron la determinación de regresar a los que alguna vez fueron sus predios. Al verlos llenos de palma decidieron erradicarla: “Esa palma la tumbamos con hacha, con machete, con motosierra, y la que no se pudo tumbar, la mató un virus que no hubo quién controlara”.

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A pesar de que eliminaron esos cultivos, el rastro de la palma sigue presente. Según Chaverra, los químicos que se usan para la siembra de ese cultivo afectan la tierra de manera considerable. “No quedaron ni mariposas”, dice.

La palma ya no estaba, pero los actores armados continuaban los hostigamientos. Fue a través de la declaratoria de ese territorio como zona humanitaria que lograron mantener al margen al Ejército, a la guerrilla y a los paramilitares. Ligia María Chaverra estuvo en Canadá, España, Suiza, Bélgica, entre otros países, visibilizando su historia.

Con apoyo internacional lograron establecer la zona humanitaria Las Camelias, en Curvaradó, de la cual ella es representante y vocera. Ese camino le ha dejado marcas. Su esposo y compañero de lucha ya no está. Falleció el 26 de julio de 2017. Muchos de sus hijos y nietos no viven en ese territorio, y hace menos de un año recibió nuevas amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Para las cerca de 60 familias que hoy habitan la zona humanitaria Las Camelias, la lucha que ha liderado Ligia María Chaverra no ha sido solo de ella, sino de todos; y su logro no es el premio que recibió ayer, sino haber llevado una vida en la resistencia.

Germán Graciano, el poder colectivo

El 29 de diciembre pasado, Germán Graciano Posso le vio, una vez más, la cara a la muerte. Se encontraba en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de la cual es representante legal, cuando dos paramilitares llegaron con la orden de acabar con su vida. La oportuna reacción de sus compañeros detuvo el dedo que estaba listo para jalar del gatillo. El episodio simboliza a cabalidad lo que es Graciano y lo que es la Comunidad de Paz. Él: la cara visible de un proceso social que ha costado más de 300 muertos. Ellos: la fuerza de la unidad, sin la cual no habría Graciano.

Por lo que representa este hombre de 36 años, líder de una comunidad que se declaró neutral hace 22 años, en pleno auge de las masacres paramilitares, ayer fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos al Defensor del Año. Aunque es joven, tiene sobre sus hombros una historia de violencia y dignidad de novela. Le han asesinado a 13 familiares, entre ellos a su padre y dos hermanos mayores. Nació en 1982 en la vereda El Porvenir, área rural de San José de Apartadó.

En 1996, la violencia paramilitar, que venía desde Tierralta (Córdoba), arrasó con las veredas de San José de Apartadó. Los campesinos se desplazaron hacia Antioquia, pero los ejércitos de la muerte les pisaban los talones. Por esos días, la familia Graciano Posso se instaló en el abandonado casco urbano de San Josecito. Más se demoraron en bajar sus maletas que en volver a empacar sus enseres. Germán tenía 15 años, era huérfano de padre y le habían asesinado a sus dos hermanos. Su madre, con siete niños, buscaba refugio.

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A principios del año 97, un grupo de 800 personas, apoyados por la Iglesia católica, se declaró neutral de los grupos armados y fundaron la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Graciano es hijo de ese proceso. Campesino hasta la médula, defiende con su vida la neutralidad, el territorio y el trabajo colectivo. Es reacio a los protagonismos, a los elogios y siempre conjuga los verbos en plural. No cree en el individuo, sino en la colectividad. Por eso no sale ni a la carretera si no es acompañado de su gente. Es el único sistema de protección que les ha funcionado: el poder colectivo.

Tiene tres hijos y todos los días se levanta a cumplir con sus responsabilidades en la comunidad. La mañana la dedica a las labores del campo, ayudar a sembrar a los niños, darles de comer a los animales y recoger una cosecha. Luego pasa a la venta, como le llaman en la comunidad a las oficinas donde se compra el cacao y se hacen las labores administrativas de la empresa de chocolate Chocopaz. El mismo lugar donde en diciembre trataron de asesinarlo. Después del almuerzo se reúne con los ocho miembros del Consejo.

Las reuniones son extensas y se realizan incluso los domingos. Allí discuten desde lo más pequeño, como la solicitud de una entrevista a algún miembro de la comunidad, hasta el plan de trabajo de todo un mes. Germán solo habla en presente, afirma que en su comunidad no creen en el futuro, viven el día a día con solemne intensidad: “No estaremos en el futuro, solo tenemos este presente. No sabemos si mañana nos maten o muramos, por eso tenemos que pensar solo en nuestro tiempo, en los pasos que damos, que será el camino de los que vengan atrás”, asegura Graciano con imperturbable calma.

Una calma que se ha construido con más de dos décadas de trabajo colectivo, que caracteriza a Graciano y a todos los miembros de la Comunidad de Paz. Una calma que no la rompen ni los nuevos vientos de la guerra, esos que parecieron irse con la salida de las Farc de las veredas del Urabá antioqueño, pero que regresaron con el Clan del Golfo. Por eso, la gente está en máxima alerta de tensión tras el atentado a Graciano y es la razón por la que han multiplicado su trabajo de denuncia y visibilización internacional. “Nosotros lo que más hacemos es denunciar, es una constancia histórica. Eso es lo que hacemos en esta comunidad”, concluye Graciano.