Delegación del Gobierno pide a ELN parar las agresiones contra Petro y ex-FARC
A través de un comunicado, los negociadores le pidieron a la guerrilla no perder tiempo en el cumplimiento de los acuerdos y exigieron que Antonio García, máximo comandante del grupo armado, detenga los ataques personales. También se refirieron a los señalamientos contra firmantes de paz.
Un duro comunicado de parte de la delegación de Gobierno en el proceso con el ELN se dio a conocer este lunes. En el documento, los negociadores le piden, entre otras cosas, a la guerrilla detener las agresiones contra el presidente Gustavo Petro y los integrantes del equipo de paz.
“Hemos guardado pacientemente silencio para no seguir en la lógica de la confrontación mediática. Entendemos que, en desarrollo del Sexto Congreso del ELN, se estén realizando discusiones para definir posiciones. Pero esto no justifica la estrategia de agresión al Presidente de la República e integrantes del equipo de paz del gobierno, ni reclamos infundados de incumplimientos. No aporta al proceso de paz utilizar reclamos externos para zanjar contradicciones internas”, dice el comunicado.
En otro documento, publicado en la tarde de este martes, los negociadores del Ejecutivo rechazaron los señalamientos recientes del comandante del ELN, Antonio García, respecto de excombatientes de las FARC. En algunas publicaciones de X, García vinculó sin pruebas a miembros del Partido Comunes con supuestos contratos de desminado humanitario y habló de nexos con grupos ilegales.
“La delegación llama a no lanzar acusaciones contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz de 2016, así como contra las labores y los proyectos que adelantan en su proceso de reincorporación”, señalaron en un comunicado
El llamado a avanzar en la negociación
El comunicado del lunes también hace referencia a los recientes compromisos adquiridos entre las partes, como la histórica firma del acuerdo del primero punto de la agenda de diálogos sobre la participación de la sociedad civil. De acuerdo con la delegación, pese a las decisiones de la guerrilla, como el de volver a los secuestros extorsivos, se han seguido cumpliendo los acuerdos.
“Acabamos de firmar el primer punto de la Agenda de Diálogos sobre la Participación -Acuerdo No. 28- para cumplirle a las comunidades y a los sectores que depositaron su confianza en el diseño de la intervención democrática en este proceso, aun en medio del rechazo que la no renuncia del ELN al secuestro por razones económicas ha generado en la sociedad colombiana”, dice el texto.
Y agrega: “Hemos mantenido este compromiso y el cese al fuego, a pesar de los anuncios de ‘congelamiento’ del ELN. Hemos cumplido todos los compromisos, que incluye proponer soluciones a las crisis”.
El tema del congelamiento hace referencia a las declaraciones que miembros de la delegación de esa guerrilla dieron el pasado 30 de mayo -apenas unos días después de la firma del acuerdo- en las que decían que la mesa seguía “congelada”.
Finalmente, el equipo de paz del Gobierno solicitó a Antonio García, máximo comandante del ELN, “renunciar a la estrategia del ataque y de la difamación personal”. Este lunes, García publicó una columna en la que acusa al Gobierno de “esquivar acuerdos o incumplirlos” y dice que la “paz total se está virando a la total incertidumbre”.
“Invitamos al conjunto de la organización a trabajar, sin perder tiempo, en el cumplimiento del acuerdo de la participación, el cese al fuego, la suspensión del secuestro por razones económicas, y las dinámicas humanitarias que reclaman hoy las comunidades y el país. Y sobre todo, a tomar decisiones de fondo sobre su compromiso con la paz”, finaliza el comunicado.
Hace unos días, García también acusó sin pruebas a Álvaro Jiménez, asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y Rodrigo Londoño, último comandante de las antiguas FARC y presidente de Comunes, de tener contratos de desminado con el Gobierno. Sobre Comunes dijo que lo hacía en “sociedad con bandas paramilitares del Chocó”.
Aunque García no lo mencionó, sus señalamientos se relacionan con tareas de desminado humanitario que se han adelantado en Nariño con Comuneros del Sur, un antiguo frente del ELN que se escindió de esa guerrilla el pasado 7 de mayo. Desde entonces, esa estructura es tratada por el Gobierno como una organización distinta al ELN.
¿Qué se firmó en el acuerdo de participación con el ELN?
Luego de 18 meses de haber dado inicio formal a los diálogos de paz, las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron el primer punto de la agenda de negociación: el acuerdo de participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Se trata no solo del mayor logro en el proceso actual, sino del avance más significativo en más de 30 años de intentos de negociación de varios Gobiernos con este grupo guerrillero.
El documento de 10 páginas que se firmó en Caracas se divide en nueve puntos, y plantea cuatro grandes ejes de transformaciones a abordar: en el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y la educación y cultura.
En el tema político contempla nueve iniciativas, entre ellas, la creación de una “democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano”, una reforma a la doctrina de seguridad y a la actuación de la Fuerza Pública, una reforma electoral, transformaciones del sistema de justicia y el desmantelamiento de toda forma de paramilitarismo, de los clanes políticos y grupos criminales y de narcotráfico.
En cuanto al modelo económico, este punto ha generado controversia desde que fue incluido en la agenda de los diálogos durante el segundo ciclo en marzo de 2023. En ese documento, que fue firmado en México, se dijo que se examinaría el modelo económico. En su momento, eso representó un cambio radical frente a lo que fueron las negociaciones con las antiguas FARC en La Habana, en las que para el Estado colombiano esa fue una línea roja: no negociar el modelo económico.
Ese punto también incluye otros puntos que han movido la discusión, como una revisión de la propiedad, uso y tenencia de la tierra y del modelo extractivista y la transición energética en todas las escalas. Ambas propuestas están alineadas con apuestas del presidente y con las demandas globales para disminuir el impacto del cambio climático
En cuanto al tema ambiental, hay temas que generan más consenso como la necesidad de frenar la contaminación ambiental y la urgencia de implementar el Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo internacional legalmente vinculante para garantizar la protección de ambiental y que reconoce a los líderes y defensores ambientales y su necesidad de seguridad.
El documento solo enumera las propuestas, pero, por ahora, no las desarrolla. Varias de esas iniciativas también están contenidas en las reformas sociales del Gobierno o en proyectos que han presentado sus ministerios. Pero para expertos el camino para lograr esos cambios debe ser el Congreso y no una mesa de negociación con un grupo armado.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
Un duro comunicado de parte de la delegación de Gobierno en el proceso con el ELN se dio a conocer este lunes. En el documento, los negociadores le piden, entre otras cosas, a la guerrilla detener las agresiones contra el presidente Gustavo Petro y los integrantes del equipo de paz.
“Hemos guardado pacientemente silencio para no seguir en la lógica de la confrontación mediática. Entendemos que, en desarrollo del Sexto Congreso del ELN, se estén realizando discusiones para definir posiciones. Pero esto no justifica la estrategia de agresión al Presidente de la República e integrantes del equipo de paz del gobierno, ni reclamos infundados de incumplimientos. No aporta al proceso de paz utilizar reclamos externos para zanjar contradicciones internas”, dice el comunicado.
En otro documento, publicado en la tarde de este martes, los negociadores del Ejecutivo rechazaron los señalamientos recientes del comandante del ELN, Antonio García, respecto de excombatientes de las FARC. En algunas publicaciones de X, García vinculó sin pruebas a miembros del Partido Comunes con supuestos contratos de desminado humanitario y habló de nexos con grupos ilegales.
“La delegación llama a no lanzar acusaciones contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz de 2016, así como contra las labores y los proyectos que adelantan en su proceso de reincorporación”, señalaron en un comunicado
El llamado a avanzar en la negociación
El comunicado del lunes también hace referencia a los recientes compromisos adquiridos entre las partes, como la histórica firma del acuerdo del primero punto de la agenda de diálogos sobre la participación de la sociedad civil. De acuerdo con la delegación, pese a las decisiones de la guerrilla, como el de volver a los secuestros extorsivos, se han seguido cumpliendo los acuerdos.
“Acabamos de firmar el primer punto de la Agenda de Diálogos sobre la Participación -Acuerdo No. 28- para cumplirle a las comunidades y a los sectores que depositaron su confianza en el diseño de la intervención democrática en este proceso, aun en medio del rechazo que la no renuncia del ELN al secuestro por razones económicas ha generado en la sociedad colombiana”, dice el texto.
Y agrega: “Hemos mantenido este compromiso y el cese al fuego, a pesar de los anuncios de ‘congelamiento’ del ELN. Hemos cumplido todos los compromisos, que incluye proponer soluciones a las crisis”.
El tema del congelamiento hace referencia a las declaraciones que miembros de la delegación de esa guerrilla dieron el pasado 30 de mayo -apenas unos días después de la firma del acuerdo- en las que decían que la mesa seguía “congelada”.
Finalmente, el equipo de paz del Gobierno solicitó a Antonio García, máximo comandante del ELN, “renunciar a la estrategia del ataque y de la difamación personal”. Este lunes, García publicó una columna en la que acusa al Gobierno de “esquivar acuerdos o incumplirlos” y dice que la “paz total se está virando a la total incertidumbre”.
“Invitamos al conjunto de la organización a trabajar, sin perder tiempo, en el cumplimiento del acuerdo de la participación, el cese al fuego, la suspensión del secuestro por razones económicas, y las dinámicas humanitarias que reclaman hoy las comunidades y el país. Y sobre todo, a tomar decisiones de fondo sobre su compromiso con la paz”, finaliza el comunicado.
Hace unos días, García también acusó sin pruebas a Álvaro Jiménez, asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y Rodrigo Londoño, último comandante de las antiguas FARC y presidente de Comunes, de tener contratos de desminado con el Gobierno. Sobre Comunes dijo que lo hacía en “sociedad con bandas paramilitares del Chocó”.
Aunque García no lo mencionó, sus señalamientos se relacionan con tareas de desminado humanitario que se han adelantado en Nariño con Comuneros del Sur, un antiguo frente del ELN que se escindió de esa guerrilla el pasado 7 de mayo. Desde entonces, esa estructura es tratada por el Gobierno como una organización distinta al ELN.
¿Qué se firmó en el acuerdo de participación con el ELN?
Luego de 18 meses de haber dado inicio formal a los diálogos de paz, las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron el primer punto de la agenda de negociación: el acuerdo de participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Se trata no solo del mayor logro en el proceso actual, sino del avance más significativo en más de 30 años de intentos de negociación de varios Gobiernos con este grupo guerrillero.
El documento de 10 páginas que se firmó en Caracas se divide en nueve puntos, y plantea cuatro grandes ejes de transformaciones a abordar: en el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y la educación y cultura.
En el tema político contempla nueve iniciativas, entre ellas, la creación de una “democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano”, una reforma a la doctrina de seguridad y a la actuación de la Fuerza Pública, una reforma electoral, transformaciones del sistema de justicia y el desmantelamiento de toda forma de paramilitarismo, de los clanes políticos y grupos criminales y de narcotráfico.
En cuanto al modelo económico, este punto ha generado controversia desde que fue incluido en la agenda de los diálogos durante el segundo ciclo en marzo de 2023. En ese documento, que fue firmado en México, se dijo que se examinaría el modelo económico. En su momento, eso representó un cambio radical frente a lo que fueron las negociaciones con las antiguas FARC en La Habana, en las que para el Estado colombiano esa fue una línea roja: no negociar el modelo económico.
Ese punto también incluye otros puntos que han movido la discusión, como una revisión de la propiedad, uso y tenencia de la tierra y del modelo extractivista y la transición energética en todas las escalas. Ambas propuestas están alineadas con apuestas del presidente y con las demandas globales para disminuir el impacto del cambio climático
En cuanto al tema ambiental, hay temas que generan más consenso como la necesidad de frenar la contaminación ambiental y la urgencia de implementar el Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo internacional legalmente vinculante para garantizar la protección de ambiental y que reconoce a los líderes y defensores ambientales y su necesidad de seguridad.
El documento solo enumera las propuestas, pero, por ahora, no las desarrolla. Varias de esas iniciativas también están contenidas en las reformas sociales del Gobierno o en proyectos que han presentado sus ministerios. Pero para expertos el camino para lograr esos cambios debe ser el Congreso y no una mesa de negociación con un grupo armado.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.