Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“La desaparición forzada provoca un dolor permanente. A él se lo llevaron un 13 de mayo, pero para mí es como si estuviera pasando hoy. Lo sigo buscando y aún no tengo respuestas”, dice Candelaria Vergara, quien lleva 31 de sus 64 años buscando a Pedro Julio Movilla, su esposo, que fue desaparecido por el Estado colombiano en 1993.
“No volví a estar con nadie porque la desaparición de mi hijo me generó un dolor y una angustia que no se va. Es vivir en la incertidumbre de no saber qué pasó, dónde está, qué ha sido de él. Aunque han pasado más de 23 años, lo extraño todos los días”, relata Rocío del Pilar Castillo, que a sus 63 años sigue buscando a su hijo Iván Darío López, reclutado forzosamente y desaparecido por las antiguas FARC el 25 de enero de 2001.
“Después de la desaparición de Rubén paré mi vida en todos los aspectos porque uno está siendo señalado siempre; si me fijaba en alguien era malo, si empezaba una nueva vida, también. Me terminé cohibiendo de vivir por el ‘qué dirán’ que me enseñaron desde niña”, confiesa Luz Liliana Salamanca, de 55 años, quien busca a su esposo Rubén Darío Ramírez, secuestrado y desaparecido por las antiguas FARC.
La vida como la conocían estas tres mujeres no volvió a ser la misma después de la desaparición de sus seres queridos. Desde ese momento sus días han estado atravesados por el dolor. Han tenido que convivir con él de todas las formas y en todos los lugares que han habitado, pero no han logrado deshacerse de su compañía; ni siquiera cuando concilian el sueño porque, incluso allí, las persigue el peso de la ausencia, la incertidumbre y la falta de respuestas.
Lea también: La historia de las familias que luchan por hallar a sus desaparecidos desde 1982
“En primer lugar, es esencial reconocer que la desaparición tiene afectaciones diferenciadas por género. La mayoría de las personas desaparecidas son hombres, como lo refleja el hecho de que más del 78 % de nuestras solicitudes corresponden a hombres, mientras que solo el 12 % se refieren a mujeres. El 10 % restante corresponde a solicitudes sin información de género”, comentó Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Son principalmente las mujeres quienes han sobrevivido a este tipo de violencia en el contexto del conflicto armado. Y lo han hecho, en parte, para emprender la búsqueda. Hasta el 15 de agosto de 2024 había 28.497 solicitudes de búsqueda impulsadas por 33.805 familiares, de las cuales alrededor del 60 % (19.937) son mujeres, según datos de la UBPD.
El desgaste físico y emocional derivado de esos procesos de búsqueda de seres queridos desaparecidos en la guerra ha causado graves afectaciones en el curso de vida de las mujeres, desde volver a construir un vínculo sexoafectivo con otras personas hasta desistir de los planes de tener más hijos (para quienes son madres), y sobrecargarse con la responsabilidad que implica el cuidado del hogar y la familia.
Esta es la historia de Candelaria, Rocío del Pilar y Luz Liliana, que ellas esperan que nunca nadie más tenga que vivir.
“Para que nuestros desaparecidos no sigan siendo un número más”
El día que conocí a Candelaria llevaba en su blazer una cometa que había bordado. También tenía un pin de Pedro Julio y un collar con una foto de él en blanco y negro. “Nuestros desaparecidos terminan siendo números y el fenómeno se va desfigurando”, dijo mientras explicaba la importancia de entender las razones que han perpetuado la existencia de este crimen para que no se repita nunca más.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, más de 121.700 personas fueron desaparecidas forzosamente en Colombia entre 1985 y 2016. Aunque estiman que hay un subregistro y que las víctimas de este delito podrían ser alrededor de 210.000. La Comisión también documentó que, si bien los principales responsables de las desapariciones forzadas en Colombia son paramilitares, guerrillas y fuerza pública, “dentro de los servicios de inteligencia y fuerzas militares se establecieron, en muchos casos, entramados institucionales que facilitaron que sus miembros cometieran” este tipo de crímenes.
Uno de los casos más emblemáticos es, por ejemplo, el de las mujeres buscadoras de la Comuna 13, en Medellín, que por más de 20 años han reclamado que los cuerpos de sus familiares están enterrados en La Escombrera, lugar que ha sido declarado fosa común a cielo abierto, pero solo hace un par de semanas la JEP y la UBPD hallaron los primeros restos óseos.
Le puede interesar: La Escombrera: buscadoras de la Comuna 13 se pronuncian tras 22 años de impunidad
También está el caso de Pedro Julio, esposo de Candelaria. “Salimos a las siete de la mañana de la casa. Nos fuimos juntos hasta la avenida Caracas. Yo cogí mi transporte y me fui pa’l trabajo. Y él se fue con Jenny pa’ la escuela. Fue la última vez que vi a Pedro, la última vez que me dio un beso, que nos abrazamos. Todo eso sin saber que era la última vez”, recuerda.
Pedro era líder sindical y militante del Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista (PCC-ML). Como consecuencia del hostigamiento y la persecución que estaba sufriendo por su labor de liderazgo y militancia, tuvo que desplazarse dos veces: la primera en 1982, cuando salió de Montería, Córdoba, su ciudad natal, para irse a Medellín; el segundo desplazamiento ocurrió pocos años después, cuando tuvo que huir con su familia a Bogotá.
En los casos de Rubén, esposo de Liliana, e Iván, hijo de Rocío, el paso previo a la desaparición fue una retención por integrantes de la que hasta hace unos años fue la guerrilla más antigua de Colombia: las FARC. De acuerdo con un informe que publicó en 2018 el Centro Nacional de Memoria Histórica, los grupos subversivos fueron responsables de unas 5.800 desapariciones cometidas entre 1970 y 2015.
A Iván Darío se lo llevaron a sus 16 años el 25 de enero de 2001. Supuestamente solo lo iban a tener en su poder durante dos meses como castigo por pelearse con otro muchacho en Chupave, un caserío en el sur del departamento de Vichada, zona que, desde la década de los 80, cautivó la atención de varios actores, entre esos grupos armados como las FARC, por el cultivo de hoja de coca.
“Traté de negociar, ofrecí pagar una multa y no quisieron soltarlo. Me arrodillé ante el comandante, pero mi hijo me dijo: ‘Madre, estos dos meses pasan rápido, no se afane’”. Desde ese momento hasta ahora han pasado más de 23 años.
A Rubén Darío, comerciante de accesorios para vehículos en el barrio Siete de Agosto, en Bogotá, lo secuestraron el 19 de diciembre de 2002. Durante más de un año, el Bloque Oriental de las antiguas FARC estuvo extorsionando a su familia para una supuesta liberación que nunca ocurrió.
“Nos llegó a nosotros esa tristeza, nos tocó en nuestra propia piel el conflicto. Creían que él era millonario porque en el Siete lo veían como una persona ejemplar, que iba creciendo, pero limpiamente, sin hacerle daño a nadie”, evocó Liliana.
La desaparición forzada fue reconocida como un delito en Colombia apenas desde el año 2000. Como lo documentó la Comisión de la Verdad, antes de esa fecha, “se trataba de un crimen no reconocido y los casos denunciados eran considerados secuestros u otros delitos”.
Las cicatrices de la desaparición en los proyectos de vida de las buscadoras
“Volver a ser mujer después de vivir una desaparición forzada no es fácil, es como si uno no tuviera derecho a ser feliz”, contó Liliana con un tono de voz que rompió con su templanza.
El informe “La verdad de las mujeres”, que recoge 1.000 testimonios como parte de un proyecto de la Comisión de la Verdad y de Memoria de Mujeres Colombianas, llevado a cabo por Ruta Pacífica, documenta que la violencia y las vulneraciones de derechos humanos experimentadas durante el conflicto armado inciden en la sexualidad de las víctimas.
“Las mujeres que han experimentado algún tipo de agresión en contextos de guerra sufren afectaciones importantes en la relación con su propio cuerpo, con el placer y en las relaciones sexuales”.
Diana Carvajal, profesional psicosocial de la Comisión Colombiana de Juristas, organización defensora de los derechos humanos en Colombia que acompaña y representa a víctimas de agentes del Estado y de las antiguas FARC, explicó que “para las mujeres buscadoras es muy difícil retomar su proyecto de vida después de una desaparición porque viven en un duelo suspendido. Dedican sus días a encontrar a ese ser querido que se perdió y el resto de aspectos quedan en pausa”.
Liliana lo resume así: “Se rompió mi sueño de casarme con el padre de mis hijos. Se rompió el sueño de trabajar, de estudiar. Cuando uno queda viudo lo condenan, lo pisotean”.
Pasó más de una década de la desaparición de Rubén para que ella volviera a establecer un vínculo con otra persona: “Me di la oportunidad después de ir a retiros, a psicólogos, a psiquiatras. No fue fácil. Sentía que estaba siendo desleal”.
Para Rocío tampoco fue posible retomar su proyecto de vida después del reclutamiento y la posterior desaparición de su hijo, mucho menos por el secuestro que vivió como parte de las acciones de búsqueda que emprendió para que le devolvieran a Iván. Después de esperar más de los dos meses que supuestamente estaría castigado su hijo, decidió ir hasta el campamento donde se suponía que lo tenían. Ese día tuvo un altercado con el comandante, quien, asegura, la retuvo junto con sus dos hijos de cinco y 10 años. La llevaron a la finca La Gorgona, en Chupave, donde tuvo que pasar como cinco meses. Allí la obligaron a hacer trabajos forzados como cocinar y servir a las personas que vivían en ese lugar. A sus hijos también los obligaron a cargar armamento. Cuando Rocío recuperó su libertad decidió separarse del papá de sus dos hijos más pequeños, con los que fue secuestrada, mientras buscaba respuestas sobre el paradero de Iván, reclutado a los 16 años.
Como señala el informe de Ruta Pacífica, algunas de las mujeres que perdieron a un ser querido como consecuencia del conflicto armado en Colombia “no establecieron una nueva relación íntima con un hombre debido a la permanencia de los impactos sufridos o a la imposibilidad de superar la pérdida”. El documento añade que vivir “bajo amenaza y tensión, sometidas a un alto nivel de estrés (…) fue una de las causas de la pérdida de la vida sexual para las mujeres” que experimentaron algún hecho victimizante.
Candelaria tampoco volvió a casarse ni tuvo más hijos después de la desaparición forzada de Pedro Julio, el hombre del que se enamoró cuando tenía 14 años. A Pedro lo desaparecieron cuando tenía 43. Al igual que Liliana y Rocío, Candelaria también ha dedicado su vida a la búsqueda. Pasó más de una década para que estableciera otro vínculo sexoafectivo con alguien, pero contó que esa persona “sabía muy bien que no estaba enamorada” y decidieron dejarse. “Siempre se piensa que los derechos sexuales y reproductivos más violados en materia de búsqueda son los derechos a una vida libre de violencia sexual, por el gran riesgo y la gran exposición a la que se someten las mujeres buscadoras, pero hay derechos asociados a explorar y disfrutar una vida sexual placentera, a acceder a servicios integrales en salud ginecológica, al autocuidado, que se van quedando atrás”, explicó Forero, directora de la UBPD, y agregó que “por eso muchas mujeres que dedican su vida a la búsqueda terminan falleciendo por enfermedades o patologías relacionadas con el sistema reproductor femenino. Queda como en la supremacía el derecho que ellas están exigiendo en relación con sus desaparecidos, pero el resto de derechos que no les están siendo garantizados no se visibilizan”.
El cuerpo como primer territorio de paz
El informe “La verdad de las mujeres” documenta que la reparación de las personas que han vivido algún hecho victimizante en el contexto del conflicto armado colombiano no debe entenderse como “una ayuda asistencial, sino como una oportunidad de tener una vida digna con autonomía económica y proyección social que las haga saberse útiles a la sociedad”.
En abril de 2024, como resultado de la labor de incidencia de siete organizaciones de mujeres buscadoras en Colombia, se aprobó en el Congreso un proyecto de ley que reconoce su labor de búsqueda, además de adoptar medidas de protección constitucional, así como de atención y reparación integral. Cuando les pregunté cómo se sentirían reparadas, Candelaria, Rocío y Liliana coincidieron en que lo más importante para ellas es conocer la ubicación exacta de su ser querido, saber la verdad sobre lo que pasó con Pedro Julio, Iván y Rubén; además, poder hablar de ellos, sobre sus vidas; esta es una forma de decirle al mundo que esa persona que desaparecieron, ese hermano, esposo, padre, hijo, hermano, tuvo un lugar y ocupó un espacio en la tierra. Ellas saben que sus vidas y las de las mujeres que buscan a víctimas de desaparición forzada en Colombia no volverán a ser las mismas, ni con el regreso a casa de su ser querido, vivo o muerto, pero sería, al menos, un primer paso para sanar las heridas con las que han convivido por décadas.
*Este texto fue originalmente publicado por Consejo de Redacción.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.