Elecciones: ¿Cuáles deben ser las prioridades de la paz para el nuevo gobierno?
El próximo presidente recibirá un país con seis conflictos armados ocurriendo en simultáneo, según el CICR, y una implementación del Acuerdo de Paz con graves rezagos. Estos serán los retos más urgentes en la construcción de paz para quién sea elegido entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Sin embargo, las propuestas de los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta no profundizan en esas prioridades.
María de los Ángeles Reyes Mesa
Cuando faltaba menos de un mes para la primera ronda de elecciones presidenciales, el paro armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o el Clan del Golfo puso en evidencia la grave situación humanitaria y de conflicto que atraviesa Colombia. Este es solo uno de los retos que el nuevo presidente tendrá en cuanto a la construcción de paz en el país.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya había advertido, en su último informe humanitario sobre Colombia, que en el país hay varios conflictos armados cuyos protagonistas son el Estado, grupos residuales de los paramilitares, la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc. Además, según ha reportado Indepaz, solo en este año han ocurrido 44 masacres, 79 asesinatos de líderes sociales y 21 de firmantes del Acuerdo de Paz con las Farc.
El Acuerdo, que prometía ser una hoja de ruta para superar graves problemas estructurales que están detrás de las confrontaciones armadas, no fue una de las apuestas del gobierno de Iván Duque, que, de hecho, se posesionó habiendo hecho campaña en contra de este pacto.
Hablamos con expertos en paz y conflicto y con investigadores de algunos de los organismos de verificación del Acuerdo para conocer en qué estado recibirá el nuevo presidente tanto la implementación del Acuerdo como la situación humanitaria del país. También dieron recomendaciones sobre cómo el nuevo gobierno podrá hacerles frente a estos problemas.
Tierras, participación política y reparación a las víctimas
Carlos Mario Perea, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), afirma que uno de los problemas más grandes en materia de la implementación del Acuerdo durante el gobierno Duque fue la falta de voluntad política para avanzar en lo pactado: “La postura del Gobierno tuvo unas consecuencias verdaderamente nefastas sobre la legitimidad del Acuerdo”. Su recomendación es que, de entrada, el nuevo presidente llegue con una narrativa que le apueste al Acuerdo y a la paz.
(Vea: Elecciones 2022: ¿Cómo atravesó el conflicto armado a las fórmulas presidenciales?)
Para investigadores del Instituto Kroc —responsable de hacer un monitoreo independiente a la implementación— y del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) —que hace parte de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI)—, si bien se ha avanzado en la implementación, el ritmo al que lo ha hecho el saliente Gobierno no ha sido acorde con el Plan Marco de Implementación (PMI), que establece los pasos necesarios para la implementación integral. En este se planteaba que el Acuerdo sería implementado en quince años.
Con base en esa meta, Mateo Gómez Vásquez, líder técnico de Investigación del Instituto Kroc, explica que “el 30 % de disposiciones del Acuerdo marchan a un buen ritmo, como los protocolos de cese al fuego, la dejación de armas y otros compromisos a corto plazo. Luego, el 20 % de las disposiciones del Acuerdo se encuentran en un estado intermedio de implementación; es decir que tenemos evidencia de que van encaminadas a cumplirse en el término previsto. También tenemos alrededor de un 37 % de disposiciones que se encuentran en el Estado mínimo de implementación; es decir que se han adecuado instituciones, colocado algunos recursos, pero sobre los cuales todavía no tenemos la certeza de que serán cumplidas”.
La recomendación general, según Gómez, es que el nuevo presidente incluya, en su Plan Nacional de Desarrollo el PMI, que debe ser actualizado de cara a las recomendaciones de la CSIVI tras casi seis años de la firma del Acuerdo.
Tierras
Uno de los puntos más atrasados en la implementación del Acuerdo es el primero: Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral. Alejandra Grillo, investigadora del CINEP que ha hecho seguimiento a este punto, afirma que los temas en los que menos se han visto avances son la jurisdicción agraria, el catastro multipropósito y el fondo de tierras.
Cabe recordar que el proyecto en el Congreso para la jurisdicción agraria se hundió en esta legislatura. El catastro multipropósito ha recibido fuertes críticas de las organizaciones sociales y campesinas, porque avanza muy lento y no ha tenido en cuenta variables sociales y ambientales en la información recogida. El fondo de tierras, según el Gobierno, tiene ya más de 1’500.000 hectáreas. Sin embargo, Grillo afirma que “no es claro qué tipo de tierras hay, quién las usa en este momento, etc., ni es claro cuántas, de ese total, son adjudicables”.
Por eso, tanto Mateo Gómez como Alejandra Grillo creen que una de las prioridades del nuevo gobierno deberá ser darles celeridad a estos tres puntos. De su correcta articulación, explica, depende que se resuelvan problemas sobre la tenencia y el uso de la tierra en Colombia, que históricamente “se han resuelto en la guerra y no por vías institucionales”.
(Le puede interesar: ¿Glifosato? ¿Diálogos con el Eln? Las propuestas de paz de los presidenciables)
Los investigadores coinciden también en que es importante que el nuevo gobierno fortalezca su capacidad institucional en los territorios para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Casi todos los programas, 14 de 16, ya están planteados y dependerá del gobierno entrante que se puedan ejecutar. “Mucho del Acuerdo ya no está en la mesa, ni en el Capitolio sino en los territorios. Hay que fortalecer las instituciones allí, pues son las que lo harán funcionar”, dice Gómez.
Apertura democrática para la paz.
Daniel Amaya, investigador de la Secretaría Técnica para el punto 2: Participación política: apertura democrática para construir la paz, afirma que los indicadores de todos los organismos de verificación apuntan a que este es el punto más rezagado en el Acuerdo. A pesar de que el año pasado una sentencia de la Corte Constitucional permitió la creación de las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes, casi ninguno de los demás elementos en este punto ha avanzado.
Uno de los rezagos más graves, según Amaya, es sobre la Comisión de Garantías de Seguridad. “La mayor consecuencia de que esto no esté funcionando bien la vemos en el número de firmantes de la paz asesinados en estos cinco años. Cada una de esas muertes es una pérdida para el ejercicio de la democracia”, afirma.
En su trabajo de veeduría, el CINEP ha encontrado que el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que ya está creado, no ha sido reglamentado y, por tanto, todavía no ha entrado en funcionamiento. Este rezago también tiene consecuencias en los territorios. Según la MOE, el asesinato de líderes políticos, desde diciembre de 2021 hasta el 13 de marzo, día de las elecciones legislativas, se concentró en las zonas correspondientes a las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz.
Otros elementos que no han avanzado en la implementación del punto 2 son las garantías para el derecho al ejercicio de la protesta social y la política de no estigmatización. “Seguramente, por la crisis social que vivimos y el nivel de polarización electoral, veremos protestas en los próximos años y es necesario que existan garantías para que los ciudadanos ejerzan este derecho sin miedo a las brutales represiones que hemos visto”, dice Amaya.
Según este diagnóstico, para el investigador, el Gobierno debería priorizar que en su mandato la reforma política. Además, quien el presidente designe como alto comisionado para la Paz deberá incluir y comprometerse a trabajar por garantizar la seguridad de los excombatientes y líderes políticos, y así reducir la violencia en los territorios.
Víctimas
El punto 5 es uno de los más avanzados: las entidades del Sistema Integral para la Paz se mueven a un buen ritmo, según el seguimiento que han hecho los organismos de verificación. Para Vera Samudio, también investigadora de la Secretaría Técnica del CINEP, es imperativo que el próximo gobierno garantice el funcionamiento del sistema, destinando suficiente presupuesto para su funcionamiento y garantizando su independencia.
(Lea también: Votó por primera vez, de las armas a las urnas)
Pero el tema más urgente para el siguiente presidente será avanzar en la reparación integral a las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado. “Habrá que trabajar, primero, en la articulación entre el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) y el SIVJR, que “no han logrado entenderse en cinco años de funcionamiento paralelo”, dice Samudio.
Esta falta de articulación y el hecho de que no se haya reformado la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras, a la luz del Acuerdo Final, ha hecho que solo se haya avanzado un 5 % en el ritmo de la reparación a las víctimas, desde la firma del Acuerdo. En total, en diez años solo se ha reparado al 16 % de las víctimas en Colombia. La recomendación de Vera Samudio es que “el nuevo presidente le dé la importancia necesaria al tema y le asigne suficiente presupuesto dentro del Plan Nacional de Desarrollo”.
Otros grupos armados
El primer tema urgente, en el que todos los expertos entrevistados por Colombia+20 coinciden, es la necesidad de negociar con el Eln y buscar desmantelar a los otros grupos armados como las Agc o Clan del Golfo. “No ha habido una política clara para el tratamiento de los conflictos con otros grupos armados”, dice Carlos Mario Perea, del IEPRI.
Alejandra Grillo añade que el próximo presidente debe comprometerse a terminar de ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia. Este es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que busca, entre otras cosas, defender el trabajo de los líderes ambientales en esta región, una de las más peligrosas para el ejercicio de esta labor. En marzo la ratificación de Escazú pasó su primer debate en el Senado, pero aún tiene un camino por recorrer por vía legislativa para entrar al bloque constitucional.
Grillo dice que así se fortalecerían las capacidades del campesinado y añade que “la columna vertebral de la seguridad alimentaria de nuestro país está siempre vulnerable frente a otros actores con intereses sobre la tierra. El tratado ayudaría a equiparles para defender sus intereses”.
Carlos Mario Perea cree que además es importante repensar el modelo económico rural, para que las apuestas de desarrollo del Gobierno vayan de la mano con la creación de empleo en las regiones. Por ejemplo, dice Perea: “En el Cesar el 95 % del PIB viene de la minería, que solo crea el 1 % del empleo en este departamento”.
Finalmente, Perea opina que el próximo presidente deberá promover una agenda de equidad. Para él, muchos de los problemas de seguridad del país devienen de la grave desigualdad que existe, que está ligada a “una cultura de violencia inmersa no solo en el campo, con el conflicto armado, sino en las ciudades, colegios y hogares”.
¿Y los candidatos?
Colombia+20 revisó los programas de gobierno de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández sobre la implementación del Acuerdo y la construcción de paz. Esto es lo que contemplan.
Petro le dedica un eje completo a la paz y promete hacer realidad todo lo pactado en La Habana. Pone énfasis en el tema de tierras, dándole prioridad al proceso del catastro multipropósito, a fortalecer el fondo de tierras y a crear la jurisdicción agraria, todo con enfoque de género para impulsar el desarrollo económico y social de las mujeres rurales. También promete sacar adelante las iniciativas de los planes de los PDET. No es específico en su abordaje de los temas étnicos.
(Vea: Elecciones presidenciales: ¿cómo votaron las zonas más afectadas por el conflicto?)
En cuanto al recrudecimiento del conflicto, Petro habla específicamente de retomar diálogos con el Eln y desmantelar “los grupos sucesores del paramilitarismo y articulados al narcotráfico” de manera pacífica. También asegura que reactivará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, crucial para reducir la violencia territorial, según Daniel Amaya, del CINEP.
Rodolfo Hernández, por su parte, afirma que promoverá el Acuerdo de Paz, pero no tiene un apartado específico sobre este tema en su plan de gobierno.
En cuando al tema de tierras, habla de actualizar el catastro y modernizar el campo sin entrar en detalles sobre otros elementos del Acuerdo. No menciona la reforma rural, los PDET, temas de género ni étnicos.
Finalmente, su aproximación a negociar con el Eln, según su plan de gobierno, será hacer un otrosí al Acuerdo con las Farc, para que estos se adhieran a lo pactado. Sin embargo, tras su paso a la segunda vuelta, ha dicho en redes que sí negociará con este grupo armado. Promete que la Fuerza Pública cuidará a los excombatientes y habla de manera general de luchar contra las disidencias y el crimen organizado.
Segunda vuelta: expertos opinan
A la luz de los resultados del 29 de mayo, algunos de los expertos reiteraron que es importante que la paz sea central en los debates, para que los candidatos aclaren sus propuestas y aproximaciones al respecto. Algunas cosas de las que consideran más urgentes no están claramente planteadas en los planes de gobierno de Petro y Hernández; por ejemplo, el ritmo al que se mueve la reparación para las víctimas o el abordaje al Plan Marco de Implementación.
Desde la Secretaría Técnica del CSIVI, los investigadores dijeron: “En un escenario de segunda vuelta como el que quedó planteado el domingo, es perentorio que los candidatos refuercen el compromiso por el cumplimiento integral del Acuerdo Final. Una visión selectiva o parcial de su implementación, podría retrasar aún más las transformaciones esperadas con su firma”.
Cuando faltaba menos de un mes para la primera ronda de elecciones presidenciales, el paro armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o el Clan del Golfo puso en evidencia la grave situación humanitaria y de conflicto que atraviesa Colombia. Este es solo uno de los retos que el nuevo presidente tendrá en cuanto a la construcción de paz en el país.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya había advertido, en su último informe humanitario sobre Colombia, que en el país hay varios conflictos armados cuyos protagonistas son el Estado, grupos residuales de los paramilitares, la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc. Además, según ha reportado Indepaz, solo en este año han ocurrido 44 masacres, 79 asesinatos de líderes sociales y 21 de firmantes del Acuerdo de Paz con las Farc.
El Acuerdo, que prometía ser una hoja de ruta para superar graves problemas estructurales que están detrás de las confrontaciones armadas, no fue una de las apuestas del gobierno de Iván Duque, que, de hecho, se posesionó habiendo hecho campaña en contra de este pacto.
Hablamos con expertos en paz y conflicto y con investigadores de algunos de los organismos de verificación del Acuerdo para conocer en qué estado recibirá el nuevo presidente tanto la implementación del Acuerdo como la situación humanitaria del país. También dieron recomendaciones sobre cómo el nuevo gobierno podrá hacerles frente a estos problemas.
Tierras, participación política y reparación a las víctimas
Carlos Mario Perea, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), afirma que uno de los problemas más grandes en materia de la implementación del Acuerdo durante el gobierno Duque fue la falta de voluntad política para avanzar en lo pactado: “La postura del Gobierno tuvo unas consecuencias verdaderamente nefastas sobre la legitimidad del Acuerdo”. Su recomendación es que, de entrada, el nuevo presidente llegue con una narrativa que le apueste al Acuerdo y a la paz.
(Vea: Elecciones 2022: ¿Cómo atravesó el conflicto armado a las fórmulas presidenciales?)
Para investigadores del Instituto Kroc —responsable de hacer un monitoreo independiente a la implementación— y del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) —que hace parte de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI)—, si bien se ha avanzado en la implementación, el ritmo al que lo ha hecho el saliente Gobierno no ha sido acorde con el Plan Marco de Implementación (PMI), que establece los pasos necesarios para la implementación integral. En este se planteaba que el Acuerdo sería implementado en quince años.
Con base en esa meta, Mateo Gómez Vásquez, líder técnico de Investigación del Instituto Kroc, explica que “el 30 % de disposiciones del Acuerdo marchan a un buen ritmo, como los protocolos de cese al fuego, la dejación de armas y otros compromisos a corto plazo. Luego, el 20 % de las disposiciones del Acuerdo se encuentran en un estado intermedio de implementación; es decir que tenemos evidencia de que van encaminadas a cumplirse en el término previsto. También tenemos alrededor de un 37 % de disposiciones que se encuentran en el Estado mínimo de implementación; es decir que se han adecuado instituciones, colocado algunos recursos, pero sobre los cuales todavía no tenemos la certeza de que serán cumplidas”.
La recomendación general, según Gómez, es que el nuevo presidente incluya, en su Plan Nacional de Desarrollo el PMI, que debe ser actualizado de cara a las recomendaciones de la CSIVI tras casi seis años de la firma del Acuerdo.
Tierras
Uno de los puntos más atrasados en la implementación del Acuerdo es el primero: Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral. Alejandra Grillo, investigadora del CINEP que ha hecho seguimiento a este punto, afirma que los temas en los que menos se han visto avances son la jurisdicción agraria, el catastro multipropósito y el fondo de tierras.
Cabe recordar que el proyecto en el Congreso para la jurisdicción agraria se hundió en esta legislatura. El catastro multipropósito ha recibido fuertes críticas de las organizaciones sociales y campesinas, porque avanza muy lento y no ha tenido en cuenta variables sociales y ambientales en la información recogida. El fondo de tierras, según el Gobierno, tiene ya más de 1’500.000 hectáreas. Sin embargo, Grillo afirma que “no es claro qué tipo de tierras hay, quién las usa en este momento, etc., ni es claro cuántas, de ese total, son adjudicables”.
Por eso, tanto Mateo Gómez como Alejandra Grillo creen que una de las prioridades del nuevo gobierno deberá ser darles celeridad a estos tres puntos. De su correcta articulación, explica, depende que se resuelvan problemas sobre la tenencia y el uso de la tierra en Colombia, que históricamente “se han resuelto en la guerra y no por vías institucionales”.
(Le puede interesar: ¿Glifosato? ¿Diálogos con el Eln? Las propuestas de paz de los presidenciables)
Los investigadores coinciden también en que es importante que el nuevo gobierno fortalezca su capacidad institucional en los territorios para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Casi todos los programas, 14 de 16, ya están planteados y dependerá del gobierno entrante que se puedan ejecutar. “Mucho del Acuerdo ya no está en la mesa, ni en el Capitolio sino en los territorios. Hay que fortalecer las instituciones allí, pues son las que lo harán funcionar”, dice Gómez.
Apertura democrática para la paz.
Daniel Amaya, investigador de la Secretaría Técnica para el punto 2: Participación política: apertura democrática para construir la paz, afirma que los indicadores de todos los organismos de verificación apuntan a que este es el punto más rezagado en el Acuerdo. A pesar de que el año pasado una sentencia de la Corte Constitucional permitió la creación de las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes, casi ninguno de los demás elementos en este punto ha avanzado.
Uno de los rezagos más graves, según Amaya, es sobre la Comisión de Garantías de Seguridad. “La mayor consecuencia de que esto no esté funcionando bien la vemos en el número de firmantes de la paz asesinados en estos cinco años. Cada una de esas muertes es una pérdida para el ejercicio de la democracia”, afirma.
En su trabajo de veeduría, el CINEP ha encontrado que el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que ya está creado, no ha sido reglamentado y, por tanto, todavía no ha entrado en funcionamiento. Este rezago también tiene consecuencias en los territorios. Según la MOE, el asesinato de líderes políticos, desde diciembre de 2021 hasta el 13 de marzo, día de las elecciones legislativas, se concentró en las zonas correspondientes a las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz.
Otros elementos que no han avanzado en la implementación del punto 2 son las garantías para el derecho al ejercicio de la protesta social y la política de no estigmatización. “Seguramente, por la crisis social que vivimos y el nivel de polarización electoral, veremos protestas en los próximos años y es necesario que existan garantías para que los ciudadanos ejerzan este derecho sin miedo a las brutales represiones que hemos visto”, dice Amaya.
Según este diagnóstico, para el investigador, el Gobierno debería priorizar que en su mandato la reforma política. Además, quien el presidente designe como alto comisionado para la Paz deberá incluir y comprometerse a trabajar por garantizar la seguridad de los excombatientes y líderes políticos, y así reducir la violencia en los territorios.
Víctimas
El punto 5 es uno de los más avanzados: las entidades del Sistema Integral para la Paz se mueven a un buen ritmo, según el seguimiento que han hecho los organismos de verificación. Para Vera Samudio, también investigadora de la Secretaría Técnica del CINEP, es imperativo que el próximo gobierno garantice el funcionamiento del sistema, destinando suficiente presupuesto para su funcionamiento y garantizando su independencia.
(Lea también: Votó por primera vez, de las armas a las urnas)
Pero el tema más urgente para el siguiente presidente será avanzar en la reparación integral a las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado. “Habrá que trabajar, primero, en la articulación entre el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) y el SIVJR, que “no han logrado entenderse en cinco años de funcionamiento paralelo”, dice Samudio.
Esta falta de articulación y el hecho de que no se haya reformado la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras, a la luz del Acuerdo Final, ha hecho que solo se haya avanzado un 5 % en el ritmo de la reparación a las víctimas, desde la firma del Acuerdo. En total, en diez años solo se ha reparado al 16 % de las víctimas en Colombia. La recomendación de Vera Samudio es que “el nuevo presidente le dé la importancia necesaria al tema y le asigne suficiente presupuesto dentro del Plan Nacional de Desarrollo”.
Otros grupos armados
El primer tema urgente, en el que todos los expertos entrevistados por Colombia+20 coinciden, es la necesidad de negociar con el Eln y buscar desmantelar a los otros grupos armados como las Agc o Clan del Golfo. “No ha habido una política clara para el tratamiento de los conflictos con otros grupos armados”, dice Carlos Mario Perea, del IEPRI.
Alejandra Grillo añade que el próximo presidente debe comprometerse a terminar de ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia. Este es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que busca, entre otras cosas, defender el trabajo de los líderes ambientales en esta región, una de las más peligrosas para el ejercicio de esta labor. En marzo la ratificación de Escazú pasó su primer debate en el Senado, pero aún tiene un camino por recorrer por vía legislativa para entrar al bloque constitucional.
Grillo dice que así se fortalecerían las capacidades del campesinado y añade que “la columna vertebral de la seguridad alimentaria de nuestro país está siempre vulnerable frente a otros actores con intereses sobre la tierra. El tratado ayudaría a equiparles para defender sus intereses”.
Carlos Mario Perea cree que además es importante repensar el modelo económico rural, para que las apuestas de desarrollo del Gobierno vayan de la mano con la creación de empleo en las regiones. Por ejemplo, dice Perea: “En el Cesar el 95 % del PIB viene de la minería, que solo crea el 1 % del empleo en este departamento”.
Finalmente, Perea opina que el próximo presidente deberá promover una agenda de equidad. Para él, muchos de los problemas de seguridad del país devienen de la grave desigualdad que existe, que está ligada a “una cultura de violencia inmersa no solo en el campo, con el conflicto armado, sino en las ciudades, colegios y hogares”.
¿Y los candidatos?
Colombia+20 revisó los programas de gobierno de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández sobre la implementación del Acuerdo y la construcción de paz. Esto es lo que contemplan.
Petro le dedica un eje completo a la paz y promete hacer realidad todo lo pactado en La Habana. Pone énfasis en el tema de tierras, dándole prioridad al proceso del catastro multipropósito, a fortalecer el fondo de tierras y a crear la jurisdicción agraria, todo con enfoque de género para impulsar el desarrollo económico y social de las mujeres rurales. También promete sacar adelante las iniciativas de los planes de los PDET. No es específico en su abordaje de los temas étnicos.
(Vea: Elecciones presidenciales: ¿cómo votaron las zonas más afectadas por el conflicto?)
En cuanto al recrudecimiento del conflicto, Petro habla específicamente de retomar diálogos con el Eln y desmantelar “los grupos sucesores del paramilitarismo y articulados al narcotráfico” de manera pacífica. También asegura que reactivará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, crucial para reducir la violencia territorial, según Daniel Amaya, del CINEP.
Rodolfo Hernández, por su parte, afirma que promoverá el Acuerdo de Paz, pero no tiene un apartado específico sobre este tema en su plan de gobierno.
En cuando al tema de tierras, habla de actualizar el catastro y modernizar el campo sin entrar en detalles sobre otros elementos del Acuerdo. No menciona la reforma rural, los PDET, temas de género ni étnicos.
Finalmente, su aproximación a negociar con el Eln, según su plan de gobierno, será hacer un otrosí al Acuerdo con las Farc, para que estos se adhieran a lo pactado. Sin embargo, tras su paso a la segunda vuelta, ha dicho en redes que sí negociará con este grupo armado. Promete que la Fuerza Pública cuidará a los excombatientes y habla de manera general de luchar contra las disidencias y el crimen organizado.
Segunda vuelta: expertos opinan
A la luz de los resultados del 29 de mayo, algunos de los expertos reiteraron que es importante que la paz sea central en los debates, para que los candidatos aclaren sus propuestas y aproximaciones al respecto. Algunas cosas de las que consideran más urgentes no están claramente planteadas en los planes de gobierno de Petro y Hernández; por ejemplo, el ritmo al que se mueve la reparación para las víctimas o el abordaje al Plan Marco de Implementación.
Desde la Secretaría Técnica del CSIVI, los investigadores dijeron: “En un escenario de segunda vuelta como el que quedó planteado el domingo, es perentorio que los candidatos refuercen el compromiso por el cumplimiento integral del Acuerdo Final. Una visión selectiva o parcial de su implementación, podría retrasar aún más las transformaciones esperadas con su firma”.