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La “Casa de Trueno” por fin dejará de atemorizar a los niños embera dobidá que duermen en los tambos de la selva de Acandí, Chocó. Su cielo costero no volverá a iluminarse con destellos que parecen rayos fugaces y tampoco se escucharán otra vez los estruendos que deja el trabajo de desminado. Luego de tres años de trabajo, la ONG Humanity & Inclusion declaró ese territorio como el primer municipio chocoano libre de sospecha de artefactos explosivos y minas antipersonal.
Para ello, se exploraron 7.227 metros cuadrados de tierra en las que se habían identificado al menos nueve eventos relacionados con minas implantadas en el pasado, cuando Acandí era escenario de desplazamiento forzado y enfrentamientos entre actores armados en el contexto de la violencia que azota al departamento.
De todo el territorio extenso de ese municipio del Chocó, la mayor parte del despeje o liberación -como llaman ese trabajo de sacar minas de la tierra- se dio en el resguardo indígena Pescadito, en un terreno de 3.932 metros cuadrados al que los indígenas emberas bautizaron como “Casa de Trueno”.
Por años, la comunidad sospechó que esa selva estaba “contaminada” por la minas. “Nosotros reportamos, porque pensamos que allá había explosivos y dejamos esa área por allá lejos”, explicó a Colombia+20 Argenida Salazar, gobernadora del resguardo indígena de Pescadito.
Según información de los habitantes del sector, entre los años 1996 y 2021, este lugar fue utilizado por grupos armados como zona de tránsito, campamento y punto de observación estratégico. Por ese motivo, ante el temor por posible presencia de minas, la comunidad dejó de transitar ese territorio, lo que además significó el abandono de saberes ancestrales y culturales, así como el olvidó de sitios sagrados.
“Con el riesgo de minas en la comunidad nos movíamos muy poquito hacia ese lugar. Teníamos dificultades para ir a buscar materiales para las artesanías como el bejuco. No podíamos encontrar algunas plantas de medicina tradicional como la balsamina o la santa maría y tampoco lograbamos obtener maderas para la construcción de nuestras viviendas”, narró Javier Salazar, embera del resguardo.
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Luego de la liberación ocurrida hace unas semanas, los indígenas de Pescadito pudieron regresar a la montaña.
“La casa del trueno fue liberada. El municipio de Acandí se declara libre de sospecha de artefactos explosivos”, anunció HI durante el evento oficial de entrega del territorio. Ese día, la comunidad afro del municipio junto a los resguardos indígenas se unieron en una oración. Cerraron los ojos, juntaron las manos y dieron gracias a Dios, cada uno a su propio dios, dijeron amén y en el recinto sonaron los aplausos. Con este hecho, cerca de 11.000 personas pueden volver a caminar seguros sin el peligro de tener una mina bajo sus pies.
“Descontaminar nuestro nombre”
Para llegar hasta Acandí, primero hay que sobrevolar un mar espeso y verde de cultivos de plátano. Al aterrizar en Carepa hay que hacer un viaje por tierra de una hora hasta Turbo, de donde se sale en lancha hasta Acandí.
La llegada a esa terminal marítima está ambientada por grupos grandes de migrantes que esperan ansiosos el llamado de la operadora para abordar la lancha hasta ese municipio costero, pues en ese punto comienza su paso por el Tapón del Darién.
La sala de embarque está llena de mujeres con niños en brazos, tienen manillas de colores que los identifican con la empresa en la que compraron su pasaje. Una vez escuchan la voz que les avisa que es momento de abordar, todos se paran corriendo de sus sillas.
Una de las mujeres en la sala se echa la bendición, se besa la misma mano, carga a su bebé, mira al cielo y dice “ay Dios mío, ahora sí”. Acandí es un paso de migrantes en el que en la mayoría de los casos no se quedan en la costa sino que de una vez siguen su trayecto, muy pocas veces se quedan solo para reunir unos cuantos pesos y continuar. Esa situación ha impactado la economía de la zona, “ya casi no hay pescadores. Dejaron de pescar para irse a trabajar en el paso del Darién. Allá les pagan en dólares”, dijo un habitante del territorio.
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Mientras tanto, Acandí sigue igual. Al llegar, la bienvenida la dan las casas descoloridas por ese ambiente pesado que parece consumir todo a su paso. Antes eran casas moradas, rosadas, azules, verdes, naranjas y amarillas, pero ahora el color desteñido revela el paso del tiempo y del olvido. En los pasillos todavía se sienta la abuela con sus canas a recibir la briza de la tarde, y a un lado le busca espacio la nieta mientras juega con los cachorros callejeros del lugar. Desde ahí se divisa al pescador tejiendo las redes cerca al mar y también a los vecinos en junte debajo de las arboledas en las que cuelgan columpios rojos y verdes.
La tranquilidad solo la interrumpió el equipo de sonido que ambientaba el evento que anunció el desminado. La comunidad entera se reunió en el polideportivo donde entonaron el himno nacional como acto protocolario, como el encargado de sonido no preparó a tiempo el himno de Acandí, entonces todos lo corearon sin pista, a capella, para que se escuchara fuerte y no quedara duda del orgullo que sienten por su región. Se emocionaron cuando el alcalde Luis Fernando Martínez tomó la palabra y sentenció: “Acandí está listo para buenas noticias”.
“El conflicto ha hecho muchos estragos. Pasamos de ser un destino turístico de alta potencia a estar estigmatizados. Hoy tenemos una buena noticia, pero a veces tenemos que esperar organizaciones de afuera para que el campesino esté tranquilo y pueda retornar a su tierra. Acandí ahora está desminado, aquí se puede construir la paz”, dijo Martínez y la comunidad aplaudió y silbó como si sintieran una victoria.
Wilber Taborda, líder social hace 16 años de la comunidad Cocomanorte, también enlace comunitario durante todo el proceso de desminado, recuerda que había muchas fincas abandonadas a las que ahora la comunidad ha retornado voluntariamente. “Gracias al desminado, hoy podemos decirle a la comunidad que pueden regresar, que estén tranquilos, que ahora tenemos esperanza”, dijo.
Desminar en medio de un conflicto activo
Arturo Bureo, representante país para HI en Colombia, responde que en Colombia hay una particularidad con respecto al desminado en los territorios, pues muchos artefactos ya no tienen ningún valor estratégico, pero permanecen en medio de las comunidades, lo que significa un peligro latente. Además, resalta que aunque el conflicto está en curso, las organizaciones avanzan en el proceso hasta donde se pueda. “Cada víctima es algo que se pudo haber evitado, siempre”, explica.
Y ese es el panorama de Acandí, Chocó. Si bien en el municipio hace presencia por lo menos un solo actor armado, el denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, y algunos frentes occidente del ELN, el principal temor estaba plantado en las minas que pudieron dejar otros grupos armados que abandonaron el territorio como las extintas FARC.
Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, en los compromisos quedó pactado en el punto tres adelantar las labores de desminado y con ello se priorizaron territorios afectados por el conflicto armado. En ese contexto, Humanity & Inclusion, como operador de desminado civil humanitario, recibió la asignación del municipio de Acandí en abril de 2021 por parte de la OACP y con apoyo de cooperación internacional dieron inicio a las labores de desminado. Posteriormente, HI tuvo que regirse por unos principios humanitarios que incluían la neutralidad. Y es justo en ese punto en el que esas “minas sin dueño” cobran relevancia porque " la gente tenga la confianza de que no somos parte del Gobierno y de ningún actor. Solo trabajamos con artefactos que ya nadie quiere que estén ahí”, explicó Bureo.
Minas abandonadas: una violencia sin dueño
En el campo abierto colombiano quedaron las latas de atún cargadas de explosivos, las minas en forma de pelota de trapo, los frascos de café con clavos y pólvora enterrados en la tierra, los morteros, cartuchos de fusil, y explosivos artesanales de guerras pasadas que hasta ahora siguen explotando en las comunidades.
Según datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y el Servicio de Remoción de Minas de las Naciones Unidas (Unmas, por sus siglas en inglés), hasta febrero de 2023 se registraron 12.322 víctimas por minas antipersonal o munición sin explotar en las zonas rurales del país, lo que convierte a estos artefactos en una de las consecuencias más duraderas del conflicto armado.
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A esas minas se suman las que hoy por hoy siguen sembrando los actores armados que se disputan el territorio. El más reciente Balance Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que en el último año aumentó el número de víctimas por minas antipersonales. “El hecho de que aumenten los casos de víctimas de minas antipersonales es muy llamativo porque se utilizan esos dispositivos en la puja por el control territorial entre grupos armados”, señaló Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR.
Entre enero y diciembre del año pasado se reportaron al menos 99 víctimas por Minas Antipersonal o Artefactos Explosivos Improvisados, y los departamentos con mayores reportes fueron Nariño, Chocó, Cauca, y Bolívar, que concentraron el 80% de víctimas reportadas.
La comunidad en el centro
El reto está entonces en identificar esas minas que no pertenecen a ningún grupo armado. Para lograrlo y al mismo tiempo mantener el principio de neutralidad, HI se acerca a la comunidad como principal fuente de información y de esa manera se van definiendo las zonas con sospechas de artefactos explosivos. Campesinos, indígenas, comunidades afro y líderes sociales que llevan años en el territorio pueden conocer perfectamente los terrenos con posibilidades de minas porque recuerdan los enfrentamientos, los campamentos de antiguos grupos armados en la zona, accidentes con minas antipersonal o incluso los sonidos de las detonaciones.
Sin embargo, la confianza es un elemento que debe jugar siempre a favor en las operaciones de desminado. “Normalmente las minas hacen parte del conflicto armado del que la comunidad siempre ha sido víctima. Por eso, llegar preguntando por minas directamente genera mucha desconfianza. ¿Por qué nos tienen que entregar información de ese tipo sin más ni menos? La confianza es lo más complejo del proceso, por eso se crean los enlaces comunitarios”, explicó David Arteaga, director del proyecto en Acandí.
Sandra Vecinos es líder social de la comunidad Cocomaseco en Acandí. Gracias a su trabajo en la comunidad conoce de primera mano las dinámicas del territorio y hace las veces de puente entre HI y la comunidad. Esa articulación ayuda a contrarrestar el riesgo y permite que sean las mismas comunidades las que establezcan los límites que no se deben cruzar. Además, los líderes reciben formación en la identificación de artefactos explosivos, que a su vez comparten con los habitantes del territorio para alertar en caso de encontrar minas o elementos relacionados. “Nosotros dejamos claro que trabajamos con la comunidad y para la comunidad. Eso es importante porque así saben que no van a correr riesgos a la hora de decirnos si hay un artefacto explosivo cerca”, dijo.
Otra estrategia para generar confianza es vincular laboralmente personas de la comunidad en el proyecto de desminado. Daniela Moreno tiene 29 años. Cabello corto y mirada tímida. Es de pocas palabras, pero relata con emoción lo que fue su primera experiencia como desminadora en su propia tierra. Cuando pisó esos caminos, que en cualquier momento hubieran podido explotar, sintió terror, pero luego cuando aprendió a usar todos los implementos con exactitud, lo único que sentía era orgullo por devolverle la libertad a su comunidad.
“Es satisfactorio saber que fui desminadora. Saber que ayudé a que el pueblo fuera libre. Hoy lo estamos entregando y la gente anda feliz por donde antes tenía temor de pasar”, explicó Daniela y en sus ojos reflejó la alegría del trabajo bien hecho.
La paz que siembra nuevas oportunidades
El sonido del motor de la lancha es constante como un zumbido. El mar azul oscuro está calmado, pero el bote lo agita. El ambiente salado y húmedo hace sudar a Hernando Guerrero mientras con una mano controla la lancha y con la otra sostiene la carnada para los peces. Hernando dice que la pesca le llegó por accidente. Pero en realidad se volvió pescador por la violencia. El conflicto armado en la época de los 90 lo obligó a desplazarse hacia el casco urbano de Capurganá, corregimiento de Acandí, y dejar atrás sus cultivos en la vereda El Río. Era campesino. Cosechaba yuca y ñame, pero le tocó aprender a pescar “por cosas de la vida”, dice y sonríe recordando los más de 30 años que lleva en ese oficio.
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Aunque sabe hacer otras cosas para subsistir, como ser obrero en construcciones, Hernando lucha para que sus manos grandes y ásperas lo único que trabajen sea el mar. Por eso, agradece que hoy Acandí sea un municipio libre de minas, pues espera que con eso el turismo se reactive y las faenas de pesca se vendan completas. También agradece que el consejo comunitario de su zona se haya vinculado al proceso con HI que también les ayudó a sacar adelante un proyecto productivo.
“Con todos los proyectos nuestra calidad de vida ha mejorado. No podemos decir que los pescadores estamos en una pobreza extrema, todos nos hemos beneficiado. Nuestra comunidad hoy tiene garantizado el producto alimenticio. Aquí solo se vende lo que pescamos y los turistas siempre tienen un producto fresco”, dijo Hernando.
La ausencia del temor ahora que Acandí tiene la declaración de zona libre de sospecha de minas es una oportunidad para promover el desarrollo y las inversiones en el municipio. Los acandileros están seguros de que la paz les traerá una nueva vida. Esperan que el Estado los vuelva a mirar como una potencia para el turismo.
Hernando tiene siempre la mirada puesta en el horizonte y en su cara refleja la tranquilidad y la paciencia que ha cultivado con el tiempo en su bote. Prefiere la pesca tradicional, aunque sea más compleja, porque piensa en su nieto. Quiere que el mar y la vida le alcancen para verlo ser pescador.
