Así se desmovilizaron hace 20 años las AUC, el proceso que Petro busca “finiquitar”
El mandatario anunció este jueves que era necesario un proceso de negociación para “finiquitar” lo acordado entre los bloques paramilitares y el Gobierno de Álvaro Uribe. Esta es la historia del proceso que comenzó en 2002.
Dos décadas después de que el expresidente Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) adelantaran un proceso de desmovilización y se acogieran a la Ley de Justicia, el ahora presidente Gustavo Petro quiere abrir una mesa de paz con alguno de los exjefes paramilitares para “finiquitar” ese proceso.
Según el mandatario, que lanzó la idea el jueves durante un evento de entrega de tierras en el que estuvieron dos de los grandes jefes de las AUC —Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, conocida como Macaco—, el objetivo de la propuesta sería entregar bienes a la víctimas.
“Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”, aseguró Petro en un mensaje directo a Mancuso, que participaba por primera vez en un encuentro con Petro tras su llegada a Colombia el pasado febrero luego de 15 años de extradición.
La idea del jefe de Estado puede estar sustentada en la reciente denuncia de Mancuso quien dijo que faltan más de 380 bienes que entregó a la Unidad para las Víctimas durante el Gobierno Uribe.
Sin embargo, aún se desconoce cómo se haría y bajo qué marco jurídico. Esto último, especialmente, porque para muchos analistas, si Petro no ha conseguido tener una base jurídica que sustente los diálogos con miras al sometimiento que lleva durante dos años con bandas criminales (Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó), es menos probable que logre una estrategia jurídica para los exparamilitares en tiempo récord.
Y no menos importante es que ese plan debe contemplar que la jurisdicción primaria que cobija a los ‘exparas’ es Justicia y Paz, un tribunal que sigue vigente en el país. Cualquier marco jurídico nuevo, podría generar roces con esa ley, cuya vigencia termina en 2025.
¿Cómo se dio el proceso de desmovilización de las AUC?
Una carta pública enviada al presidente Uribe en el 2002 ponía en la mira del país el posible acuerdo de paz entre el Gobierno y las ahora desmovilizadas AUC. En la misiva, el grupo paramilitar había declarado un cese de hostilidades nacional que llegó desde el primero de diciembre de ese año y que marcó el inicio de las conversaciones con el Ejecutivo.
Los trámites de la instalación del diálogo avanzaron con prontitud y para el 23 de diciembre, el Gobierno ya tenía lista la Comisión Exploratoria que comenzaría a trabajar en las negociaciones con el actor armado. El 2002 cerró con la esperanza de una tregua y quizás una de las grandes banderas del expresidente Uribe en su primer año de Gobierno.
Los diálogos avanzaron en los primeros meses del año y para el 15 de julio ya estaba sobre la mesa el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, un pacto mediante el cual el Gobierno y las AUC iniciaron formalmente el acuerdo de paz con el objetivo de “fortalecer la gobernabilidad y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado”.
Un documento de apenas tres páginas y 10 puntos que cumplió 20 años en 2023 sentenció la desmovilización de las AUC. En el Acuerdo de Ralito —que no es lo mismo que el Pacto de Ralito—, el gobierno de Uribe Vélez y los paramilitares, comandados por Carlos Castaño, concertaron la desintegración de ese grupo armado, la entrega paulatina de las armas que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2005 y el tránsito de las tropas hacia la vida civil a cambio de una serie de beneficios.
Para el comienzo del milenio, las AUC ya se habían consolidado como un ejército federado, poderoso y rico. La estructura armada llegó a ocupar 26 de los 32 departamentos del país, especialmente en la zona norte y, según los registros de derechos humanos, fueron los responsables del asesinato de 205.028 personas. Además, en 2001 fueron declarados por Estados Unidos como una organización terrorista que era parte del entramado del narcotráfico.
Le recomendamos leer: Diálogo de paz de Quibdó en vilo tras anuncio de bandas de levantarse de la mesa
El proceso de desmovilización comenzó el 25 de noviembre de 2003, cuando el bloque Cacique Nutibara entregó las armas en la ciudad de Medellín. Meses más tarde lo hizo el bloque Catatumbo, en el que se desmovilizó una de las fichas claves en el entramado criminal: Salvatore Mancuso.
Las negociaciones avanzaron y para el 7 de octubre de 2004, los paramilitares reiteraron su intención de desmovilizarse, acordando una extensión para dejar las armas hasta el 11 de abril de 2006. El último grupo se desarmó en Urabá y con esta desmovilización se daba fin a las 36 estructuras de los bloques armados que habían logrado reclutar 30.944 hombres y mujeres a lo largo del país.
Durante el proceso de desmovilización también se acordó que los jefes paramilitares iban a ser recluidos en un centro especial en La Ceja, Antioquia, y que luego iban a ser trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Itagüí.
Años más tarde, múltiples denuncias aseguraron que comandantes paramilitares seguían delinquiendo desde las cárceles y fue entonces cuando comenzaron los procesos de extracción para los máximos responsables de los crímenes de las AUC.
El 7 de mayo de 2008, Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, fue enviado a una cárcel de Estados Unidos, mientras que la semana siguiente fueron enviados otros 13 comandantes que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz.
Entre el grupo de comandantes que fue extraditado también estaban Mancuso, Diego Fernando Murillo “Don Berna” y Jorge 40. A estos hombres y a todos quienes pertenecieron a las AUC se les atribuyen delitos como asesinatos selectivos, más de 400 masacres, torturas, descuartizamientos, desplazamientos forzados y crímenes de guerra. ,
Las negociaciones con este grupo armado también dejaron la creación de la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se buscaba facilitar la reincorporación individual o colectiva de los miembros del paramilitarismo a la sociedad civil.
Además: La lista de 27 mujeres amenazadas por el Clan del Golfo
Con el proceso de la desmovilización paramilitar también llegó el alivio para muchas comunidades que sintieron el desescalamiento de la violencia en sus territorios. No obstante, el rearme veloz de muchos frentes marcó el inicio del fracaso de un proceso de paz.
La configuración de los nuevos grupos paramilitares tomó los espacios que habían dejado las AUC y de hecho, se dice que los comandantes que se desmovilizaron dejaron en cada región sus fichas clave para poder seguir controlando las rutas de narcotráfico y otras economías ilegales.
¿Qué faltó en el proceso con los ‘paras‘?
Entre otras cosas, la desmovilización del paramilitarismo dejó muchas dudas sobre la eficacia del proceso, ya que cuando muchos exjefes fueron extraditados a Estados Unidos se vio interrumpida la entrega de verdad y reparación a las víctimas.
Además, aparecieron otras inconsistencias que estarían relacionadas con las armas que entregaron los excombatientes, pues sería un arsenal viejo que no correspondía a lo pactado en el acuerdo.
Otra de las revelaciones hechas tras la desmovilización fue que en el intento de mostrarse como un grupo armado de gran tamaño, los paramilitares utilizaron un centenar de jóvenes y campesinos para que se unieran a sus filas solo durante la ceremonia de entrega de armas.
Se dice que esta práctica habría sido usada en las 39 estructuras que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, según la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), organismo adscrito al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
La Comisión de la Verdad resaltó en su informe sobre las AUC que una de las causas que este proceso no se haya completado en su totalidad fue la falta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
Dos décadas después de que el expresidente Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) adelantaran un proceso de desmovilización y se acogieran a la Ley de Justicia, el ahora presidente Gustavo Petro quiere abrir una mesa de paz con alguno de los exjefes paramilitares para “finiquitar” ese proceso.
Según el mandatario, que lanzó la idea el jueves durante un evento de entrega de tierras en el que estuvieron dos de los grandes jefes de las AUC —Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, conocida como Macaco—, el objetivo de la propuesta sería entregar bienes a la víctimas.
“Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”, aseguró Petro en un mensaje directo a Mancuso, que participaba por primera vez en un encuentro con Petro tras su llegada a Colombia el pasado febrero luego de 15 años de extradición.
La idea del jefe de Estado puede estar sustentada en la reciente denuncia de Mancuso quien dijo que faltan más de 380 bienes que entregó a la Unidad para las Víctimas durante el Gobierno Uribe.
Sin embargo, aún se desconoce cómo se haría y bajo qué marco jurídico. Esto último, especialmente, porque para muchos analistas, si Petro no ha conseguido tener una base jurídica que sustente los diálogos con miras al sometimiento que lleva durante dos años con bandas criminales (Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó), es menos probable que logre una estrategia jurídica para los exparamilitares en tiempo récord.
Y no menos importante es que ese plan debe contemplar que la jurisdicción primaria que cobija a los ‘exparas’ es Justicia y Paz, un tribunal que sigue vigente en el país. Cualquier marco jurídico nuevo, podría generar roces con esa ley, cuya vigencia termina en 2025.
¿Cómo se dio el proceso de desmovilización de las AUC?
Una carta pública enviada al presidente Uribe en el 2002 ponía en la mira del país el posible acuerdo de paz entre el Gobierno y las ahora desmovilizadas AUC. En la misiva, el grupo paramilitar había declarado un cese de hostilidades nacional que llegó desde el primero de diciembre de ese año y que marcó el inicio de las conversaciones con el Ejecutivo.
Los trámites de la instalación del diálogo avanzaron con prontitud y para el 23 de diciembre, el Gobierno ya tenía lista la Comisión Exploratoria que comenzaría a trabajar en las negociaciones con el actor armado. El 2002 cerró con la esperanza de una tregua y quizás una de las grandes banderas del expresidente Uribe en su primer año de Gobierno.
Los diálogos avanzaron en los primeros meses del año y para el 15 de julio ya estaba sobre la mesa el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, un pacto mediante el cual el Gobierno y las AUC iniciaron formalmente el acuerdo de paz con el objetivo de “fortalecer la gobernabilidad y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado”.
Un documento de apenas tres páginas y 10 puntos que cumplió 20 años en 2023 sentenció la desmovilización de las AUC. En el Acuerdo de Ralito —que no es lo mismo que el Pacto de Ralito—, el gobierno de Uribe Vélez y los paramilitares, comandados por Carlos Castaño, concertaron la desintegración de ese grupo armado, la entrega paulatina de las armas que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2005 y el tránsito de las tropas hacia la vida civil a cambio de una serie de beneficios.
Para el comienzo del milenio, las AUC ya se habían consolidado como un ejército federado, poderoso y rico. La estructura armada llegó a ocupar 26 de los 32 departamentos del país, especialmente en la zona norte y, según los registros de derechos humanos, fueron los responsables del asesinato de 205.028 personas. Además, en 2001 fueron declarados por Estados Unidos como una organización terrorista que era parte del entramado del narcotráfico.
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El proceso de desmovilización comenzó el 25 de noviembre de 2003, cuando el bloque Cacique Nutibara entregó las armas en la ciudad de Medellín. Meses más tarde lo hizo el bloque Catatumbo, en el que se desmovilizó una de las fichas claves en el entramado criminal: Salvatore Mancuso.
Las negociaciones avanzaron y para el 7 de octubre de 2004, los paramilitares reiteraron su intención de desmovilizarse, acordando una extensión para dejar las armas hasta el 11 de abril de 2006. El último grupo se desarmó en Urabá y con esta desmovilización se daba fin a las 36 estructuras de los bloques armados que habían logrado reclutar 30.944 hombres y mujeres a lo largo del país.
Durante el proceso de desmovilización también se acordó que los jefes paramilitares iban a ser recluidos en un centro especial en La Ceja, Antioquia, y que luego iban a ser trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Itagüí.
Años más tarde, múltiples denuncias aseguraron que comandantes paramilitares seguían delinquiendo desde las cárceles y fue entonces cuando comenzaron los procesos de extracción para los máximos responsables de los crímenes de las AUC.
El 7 de mayo de 2008, Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, fue enviado a una cárcel de Estados Unidos, mientras que la semana siguiente fueron enviados otros 13 comandantes que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz.
Entre el grupo de comandantes que fue extraditado también estaban Mancuso, Diego Fernando Murillo “Don Berna” y Jorge 40. A estos hombres y a todos quienes pertenecieron a las AUC se les atribuyen delitos como asesinatos selectivos, más de 400 masacres, torturas, descuartizamientos, desplazamientos forzados y crímenes de guerra. ,
Las negociaciones con este grupo armado también dejaron la creación de la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se buscaba facilitar la reincorporación individual o colectiva de los miembros del paramilitarismo a la sociedad civil.
Además: La lista de 27 mujeres amenazadas por el Clan del Golfo
Con el proceso de la desmovilización paramilitar también llegó el alivio para muchas comunidades que sintieron el desescalamiento de la violencia en sus territorios. No obstante, el rearme veloz de muchos frentes marcó el inicio del fracaso de un proceso de paz.
La configuración de los nuevos grupos paramilitares tomó los espacios que habían dejado las AUC y de hecho, se dice que los comandantes que se desmovilizaron dejaron en cada región sus fichas clave para poder seguir controlando las rutas de narcotráfico y otras economías ilegales.
¿Qué faltó en el proceso con los ‘paras‘?
Entre otras cosas, la desmovilización del paramilitarismo dejó muchas dudas sobre la eficacia del proceso, ya que cuando muchos exjefes fueron extraditados a Estados Unidos se vio interrumpida la entrega de verdad y reparación a las víctimas.
Además, aparecieron otras inconsistencias que estarían relacionadas con las armas que entregaron los excombatientes, pues sería un arsenal viejo que no correspondía a lo pactado en el acuerdo.
Otra de las revelaciones hechas tras la desmovilización fue que en el intento de mostrarse como un grupo armado de gran tamaño, los paramilitares utilizaron un centenar de jóvenes y campesinos para que se unieran a sus filas solo durante la ceremonia de entrega de armas.
Se dice que esta práctica habría sido usada en las 39 estructuras que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, según la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), organismo adscrito al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
La Comisión de la Verdad resaltó en su informe sobre las AUC que una de las causas que este proceso no se haya completado en su totalidad fue la falta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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