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En un esfuerzo por recordar y reflexionar sobre los avances y desafíos en la protección de las personas desplazadas, la Corte Constitucional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) realizarán el jueves 23 y viernes 24 de mayo la conferencia “Justicia Constitucional en Contextos de Conflicto: aprendizajes de la Sentencia T-025 de 2004 y reflexiones hacia futuro sobre el desplazamiento forzado interno”.
El evento se realizará en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de Los Andes, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID Colombia y ACDI-VOCA. La conferencia es parte de la conmemoración de los 20 años de esa sentencia, considerada un hito en la jurisprudencia constitucional tras declarar el Estado de Cosas Inconstitucional -también conocido como ECI- en la garantía de los derechos de las personas desplazadas. Este fallo histórico reveló la ineficacia del Estado en la protección de esta población vulnerable y demandó soluciones estructurales.
Un ECI es una situación declarada por la Corte cuando se identifica una violación masiva de derechos que requiere soluciones estructurales en las políticas públicas del Estado. Este mecanismo se aplica también cuando los hechos ocurren contra sujetos de especial protección constitucional, por ejemplo mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y población de la tercera edad. En enero de 2022, la Corte declaró un ECI por la violación masiva del Acuerdo de Paz de 2016 en materia de garantías seguridad para los exintegrantes de las FARC que regresaron a la vida civil.
La conferencia será transmitida por los canales, redes sociales y la página de Colombia+20 de El Espectador.
Programación del evento
El evento promete ser un espacio de profunda reflexión y diálogo, con la participación de víctimas del desplazamiento forzado, representantes de la sociedad civil, organismos internacionales, académicos y expertos en derechos humanos y justicia constitucional. Entre los ponentes destacados se encuentran Paula Gaviria, relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas desplazadas; Manuel José Cepeda, magistrado ponente de la sentencia; Walter Kälin, antiguo Relator Especial del mismo tema, y Robert Piper, Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre soluciones a los desplazamientos internos.
Durante el primer día, el evento se enfocará en el análisis de la sentencia T-025 y su impacto en la vida de las personas desplazadas. Se discutirá sobre los avances y desafíos en la implementación de políticas públicas desde el fallo y se evaluará su papel en la mejora de las condiciones de vida de diversas comunidades afectadas, incluyendo campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad.
El segundo día, se centrará en las mejores prácticas y recomendaciones para proteger los derechos humanos de los desplazados y buscar soluciones duraderas al desplazamiento forzado. Se destacarán las experiencias y recomendaciones de las Naciones Unidas y se abordará el desplazamiento causado por factores ambientales y el conflicto armado.
¿Por qué es tan importante esa sentencia?
El desplazamiento forzado es el hecho que más ha generado víctimas en el conflicto armado colombiano. Según el Registro Único de Víctimas, de las poco más de 9,5 millones de víctimas que ha dejado la guerra en Colombia, 8,5 millones han vivido desplazamiento forzado; es decir, el 89 %.
Aunque el Congreso de la República creó la Ley 387 de 1997 para prevenir el desplazamiento forzado y reglamentar la atención, protección, consolidación y estabilización de esa población, la situación se salió de control.
Según documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe “Una nación desplazada”, en 1997 se registraron 215.756 personas desplazadas y cinco años después la cifra aumentó en un 186 %, con 618.058 desplazados. Desde entonces, hombres, mujeres, menores de edad y población de la tercera edad, tanto campesinos como indígenas y afrocolombianos, continuaron saliendo de sus territorios.
La inoperancia del Estado y el avance vertiginoso de ese flujo de desplazados, que nunca se ha tenido, llevó a la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-025, a declarar el ECI sobre la población desplazada, en 2004.
La sentencia T-025 de 2004 fue un llamado a la acción para el Estado colombiano, que se vio obligado a revisar y fortalecer su respuesta al desplazamiento forzado. La Corte Constitucional identificó una política pública insuficiente y descoordinada, que resultaba en violaciones masivas de derechos fundamentales. La declaración de Estado de Cosas Inconstitucional subrayó la urgencia de reformas estructurales y coordinadas para garantizar la protección de los desplazados.