Las soluciones duraderas para garantizar los derechos de los desplazados en Colombia

Las dos décadas que cumple el histórico fallo que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el desplazamiento forzado en Colombia fue el motivo para hacer un alto en el camino y reflexionar en los avances, retos y aprendizajes que ha dejado la sentencia T-025 en la protección de los derechos de las víctimas. El segundo día del evento “Justicia Constitucional en Contextos de Conflicto”, organizado por la Corte Constitucional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), bajo el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID Colombia y ACDI-VOCA, estuvo enfocado en las soluciones y las garantías para seguir adelante.

En el auditorio Mario Laserna de la Universidad de Los Andes se dieron cita expertos y analistas de este fenómeno como Paula Gaviria, relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas desplazadas; Walter Kälin, antiguo Relator Especial del mismo tema, y Robert Piper, Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre soluciones a los desplazamientos internos.

El encuentro que fue transmitido por las redes sociales y el portal de Colombia+20 de El Espectador, inició este jueves y finalizó este viernes 24 de mayo con una reflexión del impacto de esa histórica sentencia, los desafíos que todavía enfrenta y las posibles soluciones a los mismos.

Inicialmente, el evento tuvo como enfoque los avances y desafíos en la implementación de políticas públicas desde el fallo. Además, se evaluó su papel en la mejora de las condiciones de vida de diversas comunidades afectadas, incluyendo campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad. Aquí puede leer en recuento del primer día.

El discurso de apertura para el segundo día estuvo a cargo de Robert Piper, Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Soluciones a los Desplazamientos Internos. En su intervención, Piper planteó salidas a la problemática que enfrentan las víctimas de desplazamiento forzado.

A su vez, le dio paso al primer panel del foro en el que participan Paula Gaviria, relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas desplazadas; Walter Kälin, antiguo Relator Especial del mismo tema; Mireille Girard, Representante de ACNUR en Colombia. La magistrada Natalia Ángel Cabo, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, fue la moderadora.

En la segunda parte de la conmemoración, se instaló un panel en el que se habló sobre la garantía de los derechos de las personas desplazadas desde una mirada jurídica. Posteriormente, se presentó una charla sobre las diferencias entre los tipos de desplazamiento desde lo ambiental pasando por el conflicto armado.

El cierre del evento estuvo a cargo de un panel conformado por Roberto Vidal López, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Denisse Velázquez, jefe de Misión Adjunta de la OIM en Colombia; Alejandro Gaviria, ex ministro de Educación y de Salud y Protección Social; Laura Borrero Fierro, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas; bajo la moderación de Juan Carlos Cortés González, magistrado de la Corte Constitucional. El tema central fue la respuesta a los desafíos del desplazamiento forzado de cara al futuro en Colombia.

Lea aquí el recuento del segundo día:

Para darle cierre al panel, Paula Gaviria, relatora Especial de Naciones Unidas, resaltó la importancia de la sentencia T-025 incluso en contextos internacionales. Sin embargo, hizo un llamado para que las respuestas sean prontas y duraderas.

“La sentencia es profundamente importante y sus mecanismos de seguimiento son relevantes. Detrás de los marcos legales contamos con una fuerte organización civil. (...) Hay que acelerar las respuestas. Me parece increíble que llevemos tanto tiempo y no tengamos una política específica de generación de ingresos. Hay que acercarse más a los territorios”, señaló.

Mireille Girard, Representante de ACNUR en Colombia, planteó que una de las soluciones para atender el tema de vivienda para las víctimas de desplazamiento forzado en las ciudades, es incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial los asentamientos que tienen las personas vulnerables.

“La solución es una intervención de urbanización, de valoración del territorio, de regularización del territorio en algo más seguro. Muchas veces los desplazados se asientan en zonas riesgosas porque no hay alternativas. Hay que dar una vivienda segura a las personas. Además, la concentración de personas genera demanda de consumo, entonces hay que pensarlo en un círculo virtuoso”, señaló.

En cuanto a las soluciones para los desplazados que llegan a las ciudades, Walter Kälin, antiguo Relator Especial, se refirió a la posibilidad de atender las necesidades de esas víctimas en cuanto a la vivienda.

“Creo que hay que enfocarse en las políticas acerca de habitacionalidad, no tanto en propiedad, sino integrarlos al mercado de arrendamiento para que puedan vivir. Ningún país puede construir 8 millones de casas para las personas”, explicó.

Paula Gaviria, relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas desplazadas, habló sobre la importancia de darle continuidad a soluciones duraderas para acabar con el desplazamiento forzado en Colombia. En ese contexto, Gaviria hizo especial énfasis en la participación activa que debe tener el Estado de cara a la atención de este fenómeno.

“Creo que el tema tiene que ser liderado por el Estado y con la participación de las comunidades que son las que saben. Ahí están las pistas. No se puede hacer sin ellas y sin sus ideas, pero claramente no se puede hacer sin el Gobierno. Esto solo se logra con voluntad política al más alto nivel. Esto es una visión de todo un Estado que quiere entender que las soluciones duraderas no son una opción, es una decisión. Si no se hacen soluciones duraderas entonces tenemos un desplazamiento prolongado”, dijo Gaviria.

Durante su intervención, Robert Piper, Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre soluciones a los desplazamientos internos, destacó la importancia de la sentencia T-025 que protege los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. “Ningún país en el mundo tiene un estado judicial como Colombia. Este es uno de los regímenes más robustos alrededor del desplazamiento”, dijo.

Posteriormente, Piper explicó un panorama de la situación actual en el país con respecto a ese fenómeno e hizo un llamado al Estado para que siga trabajando en la terminación de la problemática.

“La disputa ha creado suficientes diferencias y personas desplazadas así como muchos desafíos porque sus derechos han sido violados. Queremos que el desplazamiento sea un estado pasado. No queremos que las personas continúen con esa marca un día más. Necesitamos soluciones durables. Un proceso de restauración como camino que termine el ECI. Colombia tiene una organización que está enfocada en las necesidades de las víctimas, pero el mover a las personas de su desplazamiento a las soluciones requiere actores. Se ha construido una maquinaria de respuesta poderosa pero las soluciones todavía están por verse. Requiere de un liderazgo político muy fuerte y una alineación entre Bogotá y las regiones”, explicó.

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