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“El flagelo del desplazamiento aún se sigue dando en nuestros territorios todos los días, tanto masivo como individuales, gota a gota”, manifestó a Colombia +20 Jairo Rodolfo Satinga, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnicoterritoriales de Nariño (Asocoetnar).
Esta organización étnica tiene trabajo en las subregiones de Sanquianga y Telembí de Nariño, departamento que concentra la mayor afectación por desplazamiento forzado en el primer semestre del 2023. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), 14.026 personas han sido desplazadas en Nariño y 2.513 personas Chocó en este periodo de tiempo. El municipio de Magüí es uno de los más afectados, con 4.131 casos registrados; seguido de San Andrés de Tumaco con 3.442 casos.
Para las comunidades afro e indígenas de Nariño, la resistencia a estos hechos ha sido cada vez más fuerte, pues lo hacen en medio de la presencia y confrontación de grupos armados ilegales. El trabajo organizacional y permanecer en el territorio hacen parte de los mecanismos de resistencia empleados.
“Nosotros hacemos acompañamiento y resistencia desde el mismo territorio porque no nos pueden sacar de nuestro hábitat y contexto, por eso hacemos todas las acciones desde allí. Trabajamos el fortalecimiento organizacional de las asociaciones comunitarias que permitan el desarrollo de sus capacidades de gobernanza dentro de sus territorios”, explicó Satinga.
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Las comunidades étnicas hacen parte del 90% de la población afectada por desplazamientos masivos, especialmente las ubicadas en la región Pacífico, según documentó Acnur. Al vivir estos hechos de forma individual o colectiva, se generan afectaciones en lo cultural por su relación con el territorio que habitan, sus costumbres y modos de subsistencia fuertemente ligados a lo que producen de la tierra y extraen de los ríos.
En Chocó, las comunidades étnicas también siguen afrontando el desplazamiento forzado masivo e individual, que en los últimos años también ha estado acompañado de periodos de confinamiento por la presencia de los actores armados ilegales, confrontación entre los mismos y la siembra de minas antipersonal.
“Las comunidades afro e indígenas hemos vivido en carne propia los desplazamientos, confinamientos y el atropello de los derechos integrales que tenemos como población étnica. Las entidades u organizaciones han venido liderando el reclamo, el estado de cosas institucionales de nuestras comunidades y se ha convertido en un reto. Necesitamos plantear estrategias que ayuden a minimizar las afectaciones a las comunidades por diferentes circunstancias que se presenten”, resaltó a esta redacción Elizabeth Moreno, del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH).
Acnur documentó que los municipios de Nóvita, Bajo Baudó, Alto Baudó y Sipí, en el primer semestre del 2023, han sido los principales afectados por el confinamiento de más de 19 mil personas, es decir, cerca del 3% de la población total del departamento.
El desplazamiento forzado sigue siendo un hecho que afecta a las comunidades del país, aunque desde enero de 2004 esté en vigencia la sentencia T-025 que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en temas de desplazamiento forzado en Colombia. En otras palabras, una sentencia para evidenciar “una vulneración masiva de derechos sufrida por la población afectada, como resultado del conflicto armado, la violencia generalizada y las deficiencias estructurales en la respuesta institucional”.
Esta medida de la Corte Constitucional crea un marco para el respeto y garantía de los derechos de la población desplazada del país, como el derecho a la vida digna, la salud, el mínimo vital, la educación, el trabajo, entre otros.
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Para lideresas como Elizabeth Moreno, quien trabajó casi toda su vida en el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) del Chocó, esta sentencia ha sido uno de los mejores mecanismos diseñados para la población desplazada; sin embargo, su implementación ha sido corta.
“Nosotros podemos tener muchas herramientas para atender la problemática que se viven en los territorios frente al desplazamiento, al confinamiento, el asesinato, las masacres y las desapariciones, pero si no se implementan desde la institucionalidad, de nada nos sirve”, enfatizó.
Moreno también señaló que herramientas como la sentencia T-025 de 2004 y la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas) deben implementarse de forma integral para que las acciones contempladas se materialicen en los territorios para frenar estas acciones que no han cesado en departamentos como el Chocó y Nariño.
Y agregó: “Nosotros podemos hacer resistencia en los territorios al desplazamiento, a través de la cultura, nuestras prácticas ancestrales, pero en algún momento la palabra, el discurso, el decreto sigue siendo débil frente al accionar de las balas, porque aunque tengas el conocimiento, saldrás huyendo de las balas”.
“Nosotros podemos hacer resistencia en los territorios al desplazamiento, a través de la cultura, nuestras prácticas ancestrales pero en algún momento la palabra, el discurso, el decreto sigue siendo débil frente al accionar de las balas”
Elizabeth Moreno, Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH).
Los retos para frenar el desplazamiento forzado
Para organizaciones como Asocoetnar en Nariño y el FISCH en Chocó, la clave está en la implementación integral de los instrumentos y leyes creadas para las víctimas de desplazamiento forzado, el cual debe estar acompañado de un proceso pedagógico con las comunidades.
Desde Nariño, hacen énfasis en la implementación con un enfoque étnico real, donde se tengan en cuenta las cosmovisiones de las comunidades en la creación y ejecución de planes de desarrollo, políticas públicas y atención a la ciudadanía.
“En la práctica no existe un enfoque diferencial, se cree que se cumple al nombrar un funcionario negro que nos atienda y nada más. Necesitamos que den garantías y condiciones mínimas a las personas en situación de desplazamiento”, afirmó Jairo Rodolfo Satinga de Asocoetnar.
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Satinga, quien es presidente de la asociación desde 2021, le comentó a esta redacción que uno de los principales retos es construir desde las comunidades, junto con ellos, para poder dar una respuesta integral y articulada con sus resistencias y cosmovisiones, a las problemáticas que viven en sus territorios.
Desde Chocó, la pedagogía es un elemento clave para frenar el desplazamiento masivo e individual de la población, pues existe un desconocimiento sobre las herramientas y rutas que pueden activar en esos casos.
“Podemos comenzar con procesos de pedagogía a las comunidades desplazadas sobre la T-025 y la ley 1448, para que conozcan de primera mano la reglamentación, para saber qué se puede exigir, a dónde se puede ir, qué se puede buscar y cómo se pueden suplir las necesidades”, señaló Moreno.
Las comunidades étnicas del pacífico sueñan vivir pacíficamente en sus territorios, no tener que salir de ellos para sobrevivir y confían en las voluntades del gobierno desde la política de Paz Total y la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. Las herramientas, mecanismos y procedimientos existen en el papel, lo que esperan las comunidades es que esos lineamientos se materialicen en sus territorios para cesar el conflicto.